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España

Elecciones autonómicas o juegos florales. Por Jesús Salamanca Alonso

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«El próximo domingo, salvo aprendizaje rápido de Santiago Abascal y sus huestes, en Castilla y León podemos vernos en la misma tesitura que en Extremadura. Sería Mañueco el hazmerreír y Abascal el muñeco de feria».

Trascurrido el 8-M con división, amenazas entre las diversas «tribus» innombrables, desnudos malogrados –aunque ellas mismas se llamen feministas o «feminazistas»– esputos, amenazas e insultos a las periodistas que cubrían la noticia, parece que volvemos a la normalidad diaria que, en estas fechas, son las elecciones de las distintas comunidades, siendo las más cercanas las de Castilla y León.

Tal comunidad, decíamos hace unos días, que tenía sus revoluciones pendientes; incluso León (solo) trabaja por su independencia uniprovincial, otra revolución pendiente y que ya huele. Sigue insistiendo Fernández Mañueco que va a exigir a Vox que, si hay acuerdo, lo sea para toda la legislatura. Él tiene la impresión de que el Mediterráneo estaba sin descubrir hasta que llegó a presidente con su declaración rimbombante. Algo que es lógico y que no se cumplió la legislatura pasada por la falta de cuadros y la división interna del partido que «acaudilla» un tal Santiego Abascal y del que empiezan a mofarse sus seguidores más jóvenes y buena parte de la ciudadanía madura. En fin, si la incompetencia volara…seguramente no nos daría el sol.

Alguien dijo eso de que «éramos pocos y parió la abuela». Pues justamente es lo que está sucediendo en el partido a la derecha del Partido Popular. Abascal se ha ido quedando sin los mejores por las cacicadas que se han impuesto desde la cúpula ultraderechista. Recordarán a Macarena Olona, a Espinosa de los Monteros, la ejecutiva de Murcia y más recientemente a Ortega Smith. Quienes mejor podían conformar los cuadros de gestión están en la calle y durante la campaña electoral tan sólo se ha visto a Abascal. ¿Le molesta que otros chupen cámara? ¿Acaso piensa que le van a destronar de un plumazo por su caudillismo mal enfocado? ¿quiere seguir presumiendo de su enfrentamiento pasado con ETA?

Por mucho que hable Alfonso Fernández Mañueco de exigir compromisos para toda la legislatura, eso no lo puede hacer con Vox porque hay una tremenda deficiencia en sus inexistentes cuadros de gestión. Carece de banquillo, como se dice ahora. Lo estamos viendo en Extremadura y en Aragón, aquí parece que los militantes son más sensatos. En Extremadura ha sido calamitosa la actuación del líder regional de Vox, asesorado por los de más arriba, por eso se están marchando los militantes a chorro. No olviden que los políticos son como los libros de una biblioteca, cuanto más latos están menos sirven.

Casi un 70% de la población extremeña culpa a la formación de Abascal de huir, de no dar la cara y de no haber entendido el voto de las urnas. Han aterrizado en política como podían haber planeado y caído en una vaquería. Si quieren presumir de torpeza, allá ellos, pero la ciudadanía no se lo va a consentir. No deben olvidar que los atropellos se pagan siempre en las urnas y, a veces, antes.

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En Castilla y León de prevé un proceso parecido al de Extremadura: «aguanto como que soy fuerte, pero en dos meses te desgasto». Eso no es hacer política, sino terrorismo electoralista y con ello se parece a EH Bildu, pero desde otra perspectiva. ¡Qué poca cabeza tiene el líder extremeño de Vox, si al final acabará claudicando, como dejaba constancia de ello el 53% de los extremeños! La actitud de Vox en Extremadura se conoce en mi pueblo como «enmarranar más al cerdo». En otros tiempos le hubieran «hecho los perrillos» como hacíamos en el colegio a quienes presumían de algo o fantasmeaban demasiado. Y lo hacíamos por su mala fe, tocapelotas, imbécil e insensato.

Tan sólo el 31% de extremeños culpa a María Guardiola del bloqueo por no haber sabido atraerse a los de Santiago Abascal. Posiblemente, la peor noticia para Vox sería convocar ahora mismo nuevas elecciones porque, según las dos encuestas consultadas, esa formación ultraderechista perdería entre dos y cuatro diputados, que sumaría el PP y dos perdería el PSOE.

Si Vox no tiene más que estratagema, esa se combarte con una buena estrategia. Siempre ha sido así. Al PSOE de Extremadura le hundió los engaños del «hermanísimo», las trampas mafiosas de Garrido y la desconfianza de los socialistas. Si se hubieran convocado antes las elecciones generales sería otro el resultado, pero donde no hay mata, no hay patata.

Según veo en una encuesta de Signa Dos para El Mundo, siguen divididos los deseos de los extremeños y mientras uno de cada cuatro apoya que el PSOE permita un gobierno de la derecha pepera en solitario, entre quienes se dicen votantes socialistas, un 40% quiere ese gobierno en solitario del PP. Un 22% de extremeños prefiere que haya repetición electoral porque creen que la ultraderecha acabará de morros contra las urnas. Y créanme que no van descaminados.

El próximo domingo, salvo aprendizaje rápido de Santiago Abascal y sus huestes, en Castilla y León podemos vernos en la misma tesitura que en Extremadura. Sería Mañueco el hazmerreír y Abascal el muñeco de feria. Ni Castilla ni León van a permitir tonterías, ni se va a esperar a que caiga el higo de la higuera o a Abascal lo alumbre San Apapucio, patrón de la estupidez.

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Cuando ese santo alumbra, la estupidez y la torpeza ya están instaladas en la persona. Y si no ceden las partes todo lo que haya que ceder, que dejen la política y se vayan a poner copas y cacahuetes a los lupanares de Pedro Sánchez y malversadora señora «catedrática» o a República Dominicana a contar los aterrizajes del Falcon sin transparencia.

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España

Dimisión forzada del máximo mando operativo de la Policía tras una querella por agresión sexual

Redacción

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En noviembre de 2024, Marlaska dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años para que continuara en el cargo de por vida.

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, ha renunciado a su cargo después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella que lo sitúa como investigado por un presunto delito de agresión sexual contra una subordinada, además de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. La decisión judicial ha precipitado una salida que ya no podía sostenerse desde el punto de vista institucional, dada la extrema gravedad de los hechos denunciados y la posición de poder del investigado dentro del cuerpo.

La citación judicial está fijada para el próximo 17 de marzo, cuando el juez escuchará tanto a González como a la agente denunciante. La mera admisión de la querella —no una condena— resulta, sin embargo, incompatible con la permanencia en el cargo de quien ha sido durante años el máximo responsable operativo de la Policía Nacional, con capacidad directa de mando y decisión sobre miles de agentes.

Una acusación que apunta a abuso de poder institucional

Según el escrito judicial, la denunciante mantuvo en el pasado una relación afectiva con el DAO que derivó en una supuesta dinámica de abuso de poder, marcada por una asimetría jerárquica extrema. La querella sostiene que la agente se vio incapaz de poner fin a la relación pese a su voluntad expresa, debido al control ejercido por su superior, lo que introduce un elemento especialmente perturbador para cualquier organización jerarquizada como es la Policía Nacional.

Los hechos denunciados se sitúan el 23 de abril de 2025, cuando la agente se encontraba de servicio en la comisaría de Coslada. Según la querella, González habría utilizado su autoridad para ordenar a la funcionaria abandonar su puesto y desplazarse en un vehículo policial camuflado para reunirse con él. Tras un encuentro casual con otro comisario, ambos se trasladaron a la vivienda oficial del DAO, donde, siempre según la acusación, se produjo un acercamiento sexual reiteradamente rechazado por la denunciante.

El relato judicial describe una conducta persistente pese a las negativas, caracterizada por violencia física e intimidación ambiental. La agente habría logrado abandonar finalmente el domicilio y regresar a la comisaría para devolver el vehículo oficial, antes de dirigirse a su casa. Posteriormente, la querella habla de una cadena de acoso telefónico, manipulación psicológica e intentos de ofrecer compensaciones laborales para evitar la denuncia, un extremo que, de confirmarse, dibujaría un escenario de utilización del poder público con fines estrictamente personales.

El papel del ministro Marlaska y una protección política cuestionada

José Ángel González ocupaba el cargo de DAO desde 2018, cuando fue nombrado por el ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska. Durante estos años se consolidó como una figura clave dentro del aparato policial y de seguridad del Estado, participando en órganos de alto nivel como el CECOR y el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus. Su cercanía al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y al propio ministro reforzó una posición de poder prácticamente incontestable.

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Especialmente controvertida fue la decisión adoptada en noviembre de 2024 por Grande‑Marlaska de dejar sin efecto la jubilación obligatoria del DAO al cumplir 65 años, recurriendo a una modificación legal ad hoc para permitir su continuidad indefinida. Aquella maniobra fue duramente cuestionada por la oposición y por sectores del propio cuerpo policial, que alertaron del precedente que suponía blindar políticamente a un alto mando de forma tan explícita.

La admisión a trámite de la querella ha terminado por hacer insostenible esa protección. La presión institucional y mediática, unida a las reacciones políticas posteriores, ha forzado una dimisión que llega tarde para muchos y que vuelve a colocar el foco no solo sobre el investigado, sino sobre las responsabilidades políticas de quienes lo mantuvieron en el cargo hasta el último momento.

Una crisis de credibilidad para Interior y la Policía

Cuando el máximo mando operativo se ve envuelto en una investigación por presunta agresión sexual a una subordinada, la respuesta política no puede limitarse a una dimisión forzada por los acontecimientos. El caso expone con crudeza los riesgos de concentrar poder, prolongar mandatos de forma excepcional y confundir lealtad política con control institucional. Y plantea una pregunta incómoda pero inevitable: quién supervisa a quienes mandan cuando el sistema decide mirar hacia otro lado.

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