Sucesos
En España el principio de Igualdad ante la Ley ha dejado de existir, y yace, pudriéndose, en el «Ministerio de la Igualdad»
Un juez ordena poner una pulsera a una mujer acosadora y rectifica: «sólo es posible para hombres».
Un juez acuerda colocar una pulsera telemática a una mujer que ha quebrantado en varias ocasiones la orden de alejamiento que tiene de su ex pareja.
Minutos después, la decisión se rectifica: «no es posible colocar la pulsera de alejamiento a una mujer porque está sólo prevista para hombres.»
Entre los episodios por los cual quebrantó la orden de alejamiento estaban, además de presentarse en la casa y en el trabajo del denunciante, rayarle el coche y provocar un pequeño incendio en su garaje. La abogada pidió que se impusiera el control telemático a la mujer para controlar que se cumplía el alejamiento.
Desde el juzgado llamaron al teléfono de Cometa, el sistema de colocación y control de las pulseras. En esa llamada, desde Cometa se informó de que no era posible, porque los dispositivos sólo estaban previstos para mujeres víctimas de violencia de género.
Asi pues, la fiscal del caso apoyó la implantación del dispositivo electrónico. Concluida la vista, el juez informó inmediatamente de que su decisión era la de emplear la pulsera y que se aplicaría de forma inmediata. La mujer debía dirigirse al despacho del letrado de la Administración de Justicia, donde se le colocaría el dispositivo. Desde el juzgado llamaron al teléfono de Cometa, el sistema de colocación y control de las pulseras. En esa llamada, desde Cometa se informó de que no era posible, porque los dispositivos sólo estaban previstos para mujeres víctimas de violencia de género.
Es una previsión que está en la Ley de Violencia de Género de 2004, pero que en la vista del pasado lunes quedó claro que no conocían el juez, la fiscal y los abogados de las partes, que participaron en una vista cuya petición principal resultaba imposible. En los juzgados de instrucción apenas se dan casos de este tipo, porque el supuesto habitual en que la víctima es mujer se tramita en los juzgados especializados de Violencia sobre la Mujer.
Sucesos
El estafador millonario: aparecen grafitis con el rostro de un presunto defraudador ucraniano en los muros de Port Adriano
El exclusivo enclave de Port Adriano, en Mallorca, tradicionalmente asociado al lujo, los megayates, el servicio de alto nivel y la máxima discreción, se ha visto inesperadamente situado en el centro de un escándalo internacional. En las últimas semanas, la preocupación se ha extendido entre los vecinos de la zona tras conocerse que allí se estaría ocultando Borys Konovalenko, un ciudadano ucraniano al que tribunales federales de Estados Unidos han declarado responsable en un caso relacionado con una de las mayores tramas internacionales de fraude financiero de los últimos años.
Para una comunidad como la de Mallorca, acostumbrada a un perfil de residentes muy diferente, la presencia de una persona vinculada a una investigación internacional de fraude ha causado una profunda conmoción. En los últimos días han aparecido en carreteras y muros de contención de Port Adriano varios grafitis en blanco y negro con el rostro de Konovalenko. Según el planteamiento del artículo original, mediante esta forma de protesta artistas urbanos y activistas pretenden alertar a los vecinos de que un fugitivo reclamado por la justicia internacional estaría residiendo muy cerca de sus familias.

En Estados Unidos, Konovalenko ya fue declarado responsable en un procedimiento tramitado al amparo de la ley federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), diseñada para combatir el crimen organizado, las conspiraciones delictivas y las redes de extorsión. Un tribunal federal de Florida ordenó el pago de aproximadamente 225 millones de dólares en concepto de sanciones e indemnizaciones. Asimismo, se le atribuye la creación de RoFx.net, una plataforma descrita en la investigación como un esquema internacional relacionado con criptomonedas y el mercado Forex, que habría causado pérdidas de entre 57 y 75 millones de dólares a inversores de distintos países. La investigación también sostiene que la red financiera Mayon habría funcionado durante años como una estructura destinada al presunto blanqueo de capitales procedentes de operadores ilegales de juego online en Rusia mediante intermediarios financieros europeos. Según el texto original, la presencia de Konovalenko en España supone un riesgo tanto para la reputación como para la seguridad financiera del país.
Formalmente, Konovalenko se encuentra actualmente inmerso en un procedimiento de extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a una posible condena de larga duración. Sin embargo, los procedimientos judiciales en España suelen prolongarse durante meses e incluso años, y, según la investigación, el equipo jurídico contratado por Konovalenko está aprovechando todos los recursos y mecanismos procesales disponibles para retrasar al máximo el desenlace del caso.
Lo que más preocupa a vecinos y colectivos ciudadanos no es únicamente el historial que se le atribuye, sino su actividad actual en Mallorca. Según la información disponible, Konovalenko estaría intentando introducir el dinero presuntamente obtenido mediante fraude en el mercado español del lujo. La investigación sostiene que podría recurrir a ciudadanos españoles como testaferros o administradores nominales para reorganizar la titularidad de sus activos. De confirmarse estos extremos, cualquier persona podría verse involucrada, incluso sin ser plenamente consciente, en una presunta trama internacional de blanqueo de capitales, con las consiguientes responsabilidades penales.
Vecinos de Port Adriano reclaman a la Policía Nacional y a las autoridades judiciales una respuesta inmediata y un estricto control sobre los movimientos de Konovalenko mientras continúan los procedimientos abiertos. La aparición espontánea de grafitis en el paseo marítimo constituye, según los residentes, un claro mensaje dirigido a las autoridades: Mallorca no está dispuesta a aceptar en silencio la presencia de una persona reclamada por la justicia internacional.
