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Economía

El Gobierno socialcomunista recorta su previsión de crecimiento del empleo y eleva el déficit al 1,8%

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Rueda de prensa del Consejo de Ministros
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El Gobierno prevé que los Presupuestos de 2020 eleven el déficit y el gasto. Así figura en la senda de objetivos de estabilidad que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros y que contemplan un desequilibrio del 1,8% del PIB en 2020: 1,3 puntos más que el vigente aprobado por Rajoy y una por encima de lo que preveía el mismo Ejecutivo en octubre, sin tener en cuenta los Presupuestos para este año. De este 1,8%, la Seguridad Social acumulará la mayor parte de los números rojos (1,1% de objetivo) frente a Estado (0,5%) y comunidades autónomas (0,2%).

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El Consejo de Ministros ha aprobado también este martes la nueva senda de estabilidad presupuestaria del conjunto de administraciones públicas para el periodo 2020-2023. El Gobierno ha recortado sus previsiones de crecimiento para 2020 en dos décimas al 1,6%, que seguirá bajando al 1,5% en 2021 para luego registrar un 1,6% en 2022 y un 1,7% un año más tarde.

El empleo también sufre un duro recorte: de crecer un 2% en 2020 como estimaban en octubre ha pasado de hacerlo un 1,4% en 2020, 2021, 2022 y 2023. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, señaló en rueda de prensa que el crecimiento del PIB es “más robusto y equilibrado” que en anteriores fases expansivas y que supera al de la UE.

Con menos crecimiento, la Administración relaja su proyección de mejora de sus números rojos. Para los siguientes años, el déficit se va al 1,5% en 2021 (con un punto de déficit de la Seguridad Social, una décima en las regiones y cuatro en el Estado), el 1,2% en 2022 (tres décimas del Estado y nueve de la Seguridad Social) y un 0,9% en 2023 (con ocho décimas del sistema y una décima del Gobierno Central). En el caso de las corporaciones locales, el objetivo es de equilibrio financiero.

El límite de gasto no financiero, que fija el máximo de desembolso ministerial para la elaboración de los Presupuestos de 2020, alcanza los 127.609 millones de euros, un 3,8% más que los 122.899 de la prórroga de las cuentas de 2018 en 2019. Ello supone un aumento del techo de gasto de 4.710 millones que da una idea de las medidas expansivas que contendrán las cuentas de 2020. Solo la subida de las pensiones este año arrojaban un aumento del gasto de 1.400 millones, por lo que el alza del gasto que contendrán las cuentas, más allá de la vinculación de las prestaciones con el IPC, estará en el entorno de los 3.300 millones de euros.

Eso sí, pese a este aumento del déficit y del gasto, choca que el objetivo de deuda pública permaneza inalterable frente a lo previsto en octubre, con un 94,6% del PIB frente al 95,8% que el Ejecutivo auguraba para 2019. El pasivo de las administraciones no bajará de la frontera psicológica del 90% hasta 2023: en 2021 adelgazará al 93,4%, en 2022 se irá al 91,7% y, por fin, en 2023 menguará al 89,8%. Las metas vigentes aprobadas por Rajoy preveían un pasivo del 92,5% para este año.

Montero ha apuntado que estas previsiones no incorporan el impacto que pueda tener una futura reforma de las pensiones, pero ha abierto la puerta a que se modifiquen en el futuro, de forma que “el Estado asuma más déficit y descargue gastos a la Seguridad Social más propio de los Presupuestos que del sistema”.

La ministra ha anunciado que aprobarán próximamente en Consejo de Ministros la creación del impuesto a los servicios digitales, a las transacciones financieras y el nuevo plan de lucha antifraude, en forma de proyecto de Ley, mientras que el resto de alzas fiscales figurarán en los Presupuestos de 2020, que el Ejecutivo presentará “lo antes posible” y que prevé “entren en verano”.

Calviño no ha aclarado si la Comisión Europea, con la que tiene un “diálogo constante”, ha dado su visto bueno a la senda de déficit, aunque ha incidido en que “no tiene por qué pronunciarse ahora” sino que lo hará cuando el Gobierno presente los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno también ha aprobado la compra centralizada de medicamentos de 391 millones de euros para diez comunidades, que han decidido y que, en palabras de Montero, recogerán ahorros por esta decisión, además del Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.


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Economía

Los trabajadores afectados por un ERE suben un 22% en 2019

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El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas subió un 22% en 2019 en comparación con 2018, hasta sumar 88.927 afectados, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En 2019 destacaron los EREs de extinción puestos en marcha por Banco Santander, Caixabank y Vodafone, que en conjunto afectaron a más de 6.000 empleados, y las suspensiones de contrato en la factoría de Ford en la localidad valenciana de Almussafes.

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Así, por tipo de procedimiento, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos se disparó un 54,7% en tasa interanual, hasta sumar 30.871 trabajadores afectados.

Por su parte, las suspensiones de contrato afectaron a 55.285 trabajadores, un 12,1% más, mientras que los afectados por expedientes de reducción de jornada bajaron un 23,2%, hasta los 2.771 trabajadores. Según Trabajo, las empresas inmersas en un procedimiento de regulación de empleo aumentaron un 4,5% entre enero y diciembre de 2019, hasta un total de 2.169, en tanto que los expedientes aumentaron un 3%, hasta 3.220 procedimientos. Del total de procedimientos registrados en el año pasado, el 90,4% contaban con acuerdo entre las partes, según los datos del Ministerio de Trabajo.

Por sectores, industria y servicios concentraron el mayor número de afectados por ERE en 2019, con 52.175 y 33.680 trabajadores, respectivamente, con un repunte del 15,9% en el primer caso y del 33,8% en el caso de los servicios.

La construcción, por su parte, registró 2.243 trabajadores afectados por regulaciones de empleo, un 42,1% más, en tanto que en la agricultura se vieron inmersos en un ERE un total de 829 trabajadores, un 27,5% menos que en 2018.

COMUNIDAD VALENCIANA, LA COMUNIDAD CON MÁS AFECTADOS POR ERE

Por comunidades autónomas, la que registró un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo en 2019 fue la Comunidad Valenciana, con 27.494 trabajadores implicados, cifra un 52,6% superior a la del mismo periodo de 2018.

Casi todos los trabajadores afectados en esta región se vieron inmersos en un ERE de suspensión de contrato (24.458). En ello han tenido mucho que ver los EREs temporales de suspensión de contratos que se aplicaron a lo largo del año pasado en la factoría de Ford en Almussafes.

Tras Comunidad Valenciana destacan Madrid, con 13.498 afectados por ERE durante del año pasado (+13,8%); Cataluña, con 11.898 (+78%), y Andalucía, con 5.289 afectados (+32,2%). El número de trabajadores afectados por ERE bajó en 2019 en un total de cinco comunidades y subió en doce y en Ceuta y Melilla.

Los mayores descensos se los anotaron Navarra (-77,3%) y La Rioja (-38,4%), mientras que los mayores ascensos correspondieron a Cantabria (+183%), Castilla y León (+88,4%), Canarias (+85%) y Cataluña (+78%).


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Economía

Los agricultores vuelven a cortar carreteras en Andalucía para reclamar precios justos en origen

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Los agricultores mantienen las protestas para pedir precios justos, tras más de un mes de manifestaciones en las calles, con cortes de carreteras en Andalucía el mismo día que el Gobierno va a modificar la ley de la cadena alimentaria para garantizar que los precios cubren los costes de producción.

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Desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), su secretario general, Lorenzo Ramos, valora como un avance las medidas del Ejecutivo pero “echa de menos un plan de choque para la gente que lo está pasando muy mal en sectores como el de frutas, hortalizas, aceite de oliva o aceituna de mesa”, según ha señalado.

Unos trescientos olivareros de Jaén han cortado la autovía A-4 en Despeñaperros provocando grandes retenciones en el tráfico en la localidad de Santa Elena en la vía que es la entrada y salida a Andalucía por carretera a través de esta provincia y el nivel es negro, según informa la DGT en su página web.

El corte de carretera ha comenzado antes de las ocho de la mañana a la altura del kilómetro 262 de la A-4 en ambos sentidos, tanto hacia Madrid como hacia Sevilla. Se trata de un corte de carretera ni solicitado, ni autorizado por la Subdelegación del Gobierno, del que se desmarcan las organizaciones agrarias.
Carreteras cortadas

Las protestas se centran sobre todo en la provincia de Sevilla. Los agricultores y ganaderos esperan colapsar la capital andaluza con una gran tractorada que acabará ante la Delegación del Gobierno.

En la provincia de Sevilla, los agricultores han cortado cuatro autovías, la A-49 entre Benacazón, Umbrete y Sanlúcar la Mayor. Además los cortes también pueden afectar a la A-92 en Aguadulce. A esto se suman la AP-4 y la A-4 en dirección Madrid, en esta última carretera la circulación se encuentra interrumpida desde primera hora de la mañana.

Los agricultores y ganaderos de la provincia de Alicante han organizado otra tractorada que ha arrancado desde el polígono del Fondonet de Novelda, y que tendrá su punto central en la rotonda de Agrosum, en la carretera de Monforte del Cid y Agost.

La Unio de Llauradors exige precios justos para los productos agrícolas y evitar así que se mueran los pueblos. El lema de la concentración-tractorada es “Precios y seguros justos para la uva de mesa del Vinalopó” y “`Sin agricultura, nuestros pueblos se hunden”.

Sostienen que la situación “es mala para todos sin excepción y es hora de que los gobernantes actúen porque esto ya no va a parar hasta lograr soluciones”. Reclaman a las distintas Administraciones “medidas a corto, medio y largo plazo que garanticen una rentabilidad digna para los agricultores”.


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Economía

La Bolsa no levanta cabeza y toca mínimos del año

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Los mercados siguen de capa caída. Después del «lunes negro», las principales Bolsas europeas registran pérdidas ante el temor del coronavirus. A pesar de que la jornada empezó con un ligero rebote, minutos después todos los parqués se han dado la vuelta y se han teñido de rojo. El Ibex, que ayer perdió la cota de los 9.500 puntos tras desplomarse un 4,07%, está tocando mínimos del año tras perder los 9.400 puntos. A media sesión cae un 1,38%, lastrado sobre todo por la banca. Así, Bankia pierde el 2,39%; el Banco Sabadell el 3,08%; Bankinter el 2,39 %; CaixaBank el 2,33%; el Banco Santander el 2,15% y el BBVA el 1,97%.

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La gran parte del resto de valores del selectivo español están cayendo. Sufren, sobre todo, dos de las empresas relacionadas con turismo, como son Amadeus y Meliá Hoteles, que ceden un 3,72% y un 2%, respectivamente. Además, IAG, que ayer se desplomó más de un 9%, ha borrado el rebote de los primeros compases y cae un 0,33%.

La Bolsa española sigue la senda del resto de las principales plazas europeas, que se ven influidas también por el desplome de Tokio hoy y de Wall Street ayer. En concreto, Milán pierde un 1,49%, mientras que Londres cae un 0,92%, París un 1,13% y Fráncfort un 1,15%.

Asimismo, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, repuntaba ligeramente y se situaba en los 56 dólares, mientras que el Texas se colocaba en los 51 dólares.

Asimismo, la prima de riesgo española se situaba en 68 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,2%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,0855 ‘billetes verdes’.


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