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Opinión

ERE que ERE con la Educación, que la izquierda hace doctrina, y otras hEREncias del socialismo

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No cabe duda de que cualquiera de las grandes noticias de esta semana, con sus flecos, darían, por sí solas, para mucho más que un artículo, pero habrá que tratar de limitar los comentarios e insistir en la valoración y trasfondo que desde mi punto de vista subyacen en las raíces de los problemas que ahora afloran como consecuencia de lo mucho mal hecho hasta ahora.

Me permito la licencia del juego de palabras que me deja el caso ERE para aplicarla a algo que los lectores que tienen la paciencia de seguir mis reflexiones desde que 2008 empecé a compartirlas en mi muro de Facebook y desde 2014 en algún Blog y medios digitales, saben que es de mi especial preocupación, la Educación con mayúscula, cuyo deterioro progresivo de los últimos cincuenta años trae causa en el pésimo nivel educativo que hoy tiene España en líneas generales. Y digo bien, cincuenta -que nadie piense que exagero como buen andaluz-, aunque las transferencias en la materia empezaron hace treinta y nueve, porque, a mi juicio y si no me falla la memoria, fue la reforma de José Luis Villar Palasí, Ley General de Educación de 1970, la que dio el primer paso al eliminar el Plan de 1957 -que modificaba, creo que para bien, el de 1953- en el que la Enseñanza General Básica -la conocida EGB- y el Bachillerato Unificado Polivalente -ese BUP de hace unos años- que se completaba con el Curso de Orientación Universitaria -el COU- dejaban para el recuerdo las famosas Reválidas -de 4º y 6º- de los anteriores Bachilleratos Elemental y Superior y el Preuniversitario de aquellos “Chicos del Preu” entre los que me incluyo.

Y traigo de nuevo a colación este asunto de la Educación, después del exabrupto que la ministra en disfunciones y portavoz -en esta ocasión más bien “portacoz” (a sus anfitriones)- del señor Plagio cum Fraude, en la inauguración del Congreso de Escuelas Católicas el pasado jueves. En lo que algunos interpretan como “un guiño a sus socios preferentes”, la vasca Isabel Celáa -víctima al parecer de un resentimiento y sectarismo impropios- dijo sin despeinarse que «De ninguna manera puede decirse que la elección de los padres a elegir una formación religiosa o a elegir centro educativo, podrían ser parte de la libertad de enseñanza”, añadiendo que “Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte de derechos que puedan tener los padres-madres en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el art. 27 de la CE. De esto da cuenta la sentencia del TC de 1981”, supongo que se referirá a la STC 5/1981 que recoge respecto al derecho a la educación en su punto 3 “El derecho de los padres a escoger libremente entre centros públicos y privados”. No obstante la citada “portacoz” remata su evidente demostración de ignorancia real o irresponsabilidad premeditada con esta afirmación: “No quiere decir que no haya libertad, quiere decir que no está dentro del artículo 27”, pero como en mi opinión no hay mejor método que contrarrestar la mentira con datos, me parece interesante recoger lo que dice al respecto el Art. 27 de la CE que tan arteramente cita la portavoz: “1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones…” y en su tendenciosidad omite referirse a la STC 77/85 que recoge que “Es necesaria la implantación de la gratuidad no solamente a los centros de Primaria sino en todos los centros educativos de enseñanza Secundaria”, apostillando lo dicho en la que ella citaba: “El derecho a la educación se rige por el principio de libertad, que se traduce en que los padres tienen derecho a escoger centro docente, ya sea público o privado” y que “Los poderes públicos deben garantizar a todos el ejercicio del derecho a la educación financiando y protegiendo los centros privados que reúnan los requisitos que establece la ley”.

Y no lejos de esa pobreza moral que a la larga produce siempre el desmoronamiento del rigor educativo, se puede encuadrar la retrasada -interesadamente sin duda- sentencia del caso de los ERE diseñado por la cúpula socialista andaluza en una red clientelar que se benefició directamente del despilfarro de fondos públicos, llegando a la barbaridad de que unos de los condenados, el que fuera consejero de Empleo, Antonio Fernández, figuraba “por error” en uno de los Expedientes de Regulación de Empleo con una fecha de antigüedad en su empresa que era la de su nacimiento, 15 de julio de 1956, pero ahora va a tener ocho años de cárcel para enmendarlo. Nada menos que dos presidentes de la durante muchos años -como ahora se ha demostrado- “Unta” de Andalucía, Manuel Chaves (1990/2009) y José Antonio Griñán (2009/13), y ministros de Felipe González -recordemos el famoso “clan de la tortilla”-, de Trabajo y Seguridad Social el primero y de lo mismo, tras haberlo sido de Sanidad y Consumo, el segundo; los dos, además, secretarios generales del partido de los “100 años de honradez” en la región más poblada de España y los dos también, para más inri, presidentes nacionales del Partido Siempre Opuesto a España, más conocido como PSOE, entre 2000 y 2012, y 2012 y 2014, respectivamente, y también diputados y/o senadores en diversas legislaturas y el amigo Chaves, cuando ya era sospechoso de ser cómplice si no partícipe en el caso, fue recogido como ministro de Política Territorial y vicepresidente tercero y segundo entre Abril de 2009 y Diciembre de 2011 en gobiernos de Rodríguez Zapatero, como todo el mundo sabía y esperaba, son ya culpables por sentencia judicial, junto a otros diecinueve “colegas” de latrocinio, del mayor caso -hasta ahora- de prevaricación y malversación de fondos públicos que inhabilitan a uno por nueve años y llevan a la sombra a otro por seis más quince de inhabilitación que, en ambos casos debería ser a perpetuidad.

No voy a repetir aquí el resto de condenados y penas, de sobra conocidos y citados desde ayer en los diferentes medios e informativos, pero sí, aunque sea también reiterativo algunas de las reacciones de los actuales líderes socialistas en su tradicional política de “balones fuera y la culpa a otros” que los caracteriza cuando es para atacar con todo -altavoces mediáticos incluidos- al principal partido de la Oposición. Así, el genial “magister” sin estrenar José Luis Ábalos, hoy ministro de “fomento de la hermandad comunista” dice sin rubor alguno que el de los ERE “no es un caso del PSOE, sino de antiguos responsables públicos de la Junta de Andalucía” y no miembros del PSOE, claro, como lo que dijo Pedro Sánchez en Mayo de 2018 “no lo había dicho” el presidente del gobierno, ya que no lo fue hasta Junio, como descaradamente “dixit” Carmen Calvo, añadiendo que “Son hechos de la pasada década, es un caso que no afecta al actual Gobierno ni a la actual dirección del PSOE” ni, seguramente, a Susana Díaz, la niña de Chaves y favorita y sucesora de Griñán que “tampoco sabía nada” habiendo sido secretaria de Organización del PSOE andaluz con el primero y consejera de Presidencia e Igual-da con éste último .

Mientras tanto, aquel que decía no hace mucho que “Chaves y Griñán son personas honestas. Yo confío en su inocencia” y al que le preocupaba mucho “el silencio de Rajoy ante los casos de corrupción de su partido” añadiendo que “en política, como en la vida, el que calla otorga” -menudo personaje para dar lecciones- se mantiene ahora en silencio total en su intento de romper amarras con el “antiguo PSOE”, pero tras la del caso MAREA asturiano y esta de los ERE andaluces, parece que se abrió el melón y pueden venir en cascada otras sentencias que se le pueden atragantar al socialismo español: lo que queda de los ERE, Cursos de Formación y sus derivadas, EDU en varias provincias andaluzas, Jeremie e Invercaria, también en Andalucía, Interligare en Madrid, LIMUSA en Murcia, PSPV en Valencia y un sinfín de casos más que superan el centenar y arrojan una cifra de mareo de muchos miles de millones de euros malversados. Ya sabemos que el PSOE practica eso de “la caridad bien entendida, empieza por uno mismo” y mira tanto por la pobreza que no deja de producir pobres, por eso se alía de nuevo con los comunistas -en este caso Podemos-, de los que decía Winston Churchill que, “si los pones a cargo del desierto del Sahara, en cinco años habrá escasez de arena”. Menos mal que no administraban el Sol de Andalucía, porque Málaga sería Londres hoy.

Termino con un recuerdo que me vino mientras escribía esto ayer, 20 de Noviembre, y creí de recibo dedicar un recuerdo a tres acontecimientos de los que se conmemoraba su aniversario indiscutible y de innegable influencia en la Historia de España actual. Por un lado se cumplían ochenta y tres años del asesinato del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera en la cárcel modelo de Alicante, al que la lectura de alguno de sus textos ponen de absoluta actualidad porque parecerían escritos hoy mismo y que de no haber ocurrido deja la incógnita de cual habría sido su papel durante esos tres años de Guerra Civil y después del 1 de Abril de 1939.

Por otro, se recordaba el cuarenta y cuatro aniversario de la muerte en la cama de Francisco Franco Bahamonde, tras larga enfermedad, y “por fin”, algunos desalmados vieron satisfechos su inquina y sectarismo -tras la vulneración de los derechos más elementales de la familia-, al exhumar con carácter de “urgencia” sus restos mortales y su posterior inhumación donde al dictador desgobierno socialista se le antojaba y del que hace unos días escuchaba decir a uno de sus dos ministros vivos hoy, Fernando Suárez que, lejos de ser considerado franquista o no -movimiento, si lo hubo, que murió con su creador-, “habría que agradecer a Franco, al menos, haber dejado instaurado en España un orden y unas bases que permitieron pasar de una ‘dictadura’ a un régimen democrático de forma modélica” que se ha puesto como ejemplo fuera de nuestras fronteras.

El tercero de los hechos, mucho más reciente, fue el de aquel 20-N de 2011 en el que casi once millones de españoles le dimos la llave a Mariano Rajoy para abordar los cambios y reformas legislativas que España necesitaba, eso sí con absoluta urgencia, tras el nefasto paso del citado ZParo, un impresentable sectario y resentido por no se sabe muy bien qué -tal vez las leyendas de su abuela- que dejó a España, después de siete años de tristísimo recuerdo, en la peor de las crisis educativa, moral, social, de empleo y económica de la etapa contemporánea más reciente, de las que la última -o no se sabe tampoco que- debió cegarlo para no ver las otras, mucho más estructurales que ésta, de carácter más coyuntural, aunque gravísima, que dejaban abiertas de nuevo “las dos Españas” de Antonio Machado que a punto estuvieron de haber hecho que esta fecha hubiera supuesto un cuarto hecho para el recuerdo, el del inicio del fin de la España Unida que la Historia, primero, y Franco, después, han conseguido mantener durante más de cinco siglos. Para los dos primeros mi sincero deseo de que descansen en la Paz que sin duda se ganaron en vida y para el tercero la paz -esta con minúscula- que le pueda deparar su recuperado despacho en el Registro Mercantil de Madrid, después de su abrupta salida -en “extracciones” abruptas son especialistas los socialistas- del Gobierno y del Parlamento previa transmutación en bolso, pero de eso ya he escrito ampliamente y no es el caso ahora. Sobre los del “preacuerdo del 12-N” ya dije algo en mi artículo anterior y, me temo, darán materia para los próximos.

 

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España

El Régimen de la Impunidad: Manual de supervivencia del socialista que nunca dimite

Redacción

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Pedro Sánchez no ha venido a Madrid a gobernar. Ha venido a colonizar. Y lo ha hecho con la misma eficacia metódica con la que el cáncer coloniza un órgano: sin prisa pero sin pausa, destruyendo las defensas institucionales una a una hasta convertir el Estado en un aparato de su supervivencia política. La corrupción, en el sanchismo, no es un accidente del sistema. Es el sistema.

Mientras la izquierda mediática nos vende el relato del progresismo ilustrado que combate la corrupción «de la derecha», el Gobierno más caro de la democracia española —en ministros, en asesores, en chiringuitos institucionales— ha construido una fortaleza de impunidad que haría sonrojar a cualquier república bananera del Caribe. Pero aquí no hay plátanos: hay millones de euros públicos desviados, fondos europeos malversados, y una red clientelar que transforma cada ministerio en una sucursal del Partido Socialista Obrero Español.

La economía de la corrupción: cuando el expolio es política de Estado

Empecemos por lo tangible, porque los progres adoran hablar de «justicia social» mientras vacían las arcas públicas. El impacto económico del sanchismo no se mide solo en la deuda pública desbocada —ya rozamos el 120% del PIB, para alegría de nuestros nietos— sino en el coste oportunidad de una España que podría haber prosperado y, en cambio, se ha convertido en un parque temático de subvenciones a fundaciones afines y chiringuitos ideológicos.

El caso más escandaloso no es uno solo: es la constelación. Los ERE andaluces, que dejaron en evidencia décadas de saqueo sistemático del dinero público para comprar votos y financiar estructuras partidarias, fueron apenas el aperitivo. La trama de los fondos Next Generation, donde el criterio de reparto parece dictado más por la proximidad al PSOE que por la viabilidad empresarial, ha convertido la reconstrucción post-pandemia en un reparto de botín. Mientras tanto, el Banco de España alerta de la inflación galopante y el empobrecimiento de la clase media, Sánchez y su séquito de ministros viven en una realidad paralela donde la corrupción —eso que ellos llaman «presuntas irregularidades» cuando afecta a los suyos— es un mal necesario para mantener el poder.

Pero el daño económico va más allá de los millones desfalcados. Es el efecto crowding-out de la inversión privada que huye de un país donde las reglas del juego se escriben en el despacho de Moncloa según convenga a la agenda del día. Es el cierre de empresas que no pueden competir con los monopolios subvencionados por el Estado amigo. Es la juventud española condenada al exilio laboral porque aquí el mérito ha sido sustituido por el carnet de afiliado.

La hipocresía progre: cuando el anticorrupción es solo un hashtag

Aquí llegamos al núcleo ideológico del engaño. La izquierda española —y su brazo mediático en los grandes periódicos y televisiones públicas— ha construido su identidad moral en torno a la supuesta superioridad ética. Son los «demócratas» contra los «fascistas». Los «honrados» contra la «derecha corrupta». Han llenado espacios televisivos y plataformas digitales con la retórica del «no es no» y la «transparencia radical».

Y luego llega la realidad, incómoda como un invitado no deseado.

Pedro Sánchez, el hombre que prometió «regeneración democrática», ha convertido la Moncloa en un bunker de opacidad. El caso de los fondos reservados de la Casa Real —que el Gobierno se apresuró a destapar para humillar a la monarquía— contrasta obscenamente con el hermetismo absoluto sobre los gastos de la Presidencia del Gobierno, los contratos de emergencia sanitaria sin concurso público, o los informes de inteligencia que convenientemente desaparecen cuando apuntan a altos cargos socialistas.

La contradicción es brutal: exigen la transparencia extrema para el adversario mientras blindan con leyes mordaza y reformas del código penal —sí, esa reforma que rebaja penas para delitos de corrupción justo cuando sus socios del procés y sus propios militantes enfrentan tribunales— la suya propia. El «solo sí es sí» se ha convertido en el chiste legal del año cuando vemos cómo rebajan las penas por malversación mientras envían a la policía a registrar despachos de opositores.

Esta no es hipocresía ingenua. Es estrategia calculada. La izquierda cultural ha comprendido algo que la derecha española tardó en asimilar: el poder no se ejerce solo desde las instituciones, sino desde la narrativa. Si controlas los términos del debate —si puedes llamar «corrupción» a la donación de una empresa privada a un partido conservador pero «gestión necesaria» al desvío millonario de fondos públicos a una fundación afín— no necesitas ser honesto. Necesitas controlar los tribunales, los medios y las universidades.

El coste cultural: la normalización del robo como virtud progresista

Pero quizás el daño más profundo —y este es el que debería mantener despiertos a los españoles que aún creen en la política como servicio público— es la erosión cultural que el sanchismo ha provocado en el tejido moral de España.

Hemos pasado de una democracia donde la corrupción era un escándalo que provocaba dimisiones —recuérdese el caso Filesa o el impacto del caso Gürtel en el Partido Popular— a un régimen donde la impunidad es el precio de la gobernabilidad. Sánchez no dimite. Sus ministros no dimiten. Sus socios —condenados por sedición, por malversación, por terrorismo— no solo no dimiten: son recibidos con alfombra roja y ministerios estratégicos.

Esta normalización del cinismo político tiene un efecto corrosivo en la sociedad civil. Cuando el ciudadano observa que el presidente miente descaradamente sobre su tesis doctoral, sobre su patrimonio, sobre sus pactos con filoetarras, y no solo no paga consecuencias sino que es reelegido con mayorías artificiales, está aprendiendo una lección perversa: la honestidad es para perdedores.

La izquierda cultural —esa que nos sermonea sobre valores, ética y «bien común»— ha construido un sistema donde el fin justifica absolutamente todos los medios. Donde comprar votos con subvenciones es «política social». Donde el clientelismo es «cohesión territorial». Donde la mentira institucionalizada es «narrativa estratégica». Y donde quien señala estas contradicciones es, cómo no, «fascista», «reaccionario» o «negacionista».

Este es el daño cultural más profundo: la transformación de la política española en un mercado de vicios donde la virtud cívica ha sido sustituida por la lealtad tribal. Ya no importa qué se hace, sino para quién se hace. Ya no importa la legalidad, sino la «legitimidad histórica» que se otorgan a sí mismos quienes se consideran herederos de una verdad moral superior.

La resistencia empieza por llamar a las cosas por su nombre

Concluyo donde empecé, pero con la claridad que da el final del texto: España no tiene un problema de corrupción. Tiene un problema de régimen. Un régimen donde la división de poderes es una ficción literaria, donde el Consejo General del Poder Judicial es tomado por asalto, donde la Fiscalía actúa como bufete del partido en el Gobierno, y donde el presidente puede cambiar de opinión sobre la inviolabilidad del Rey, la unidad de España o la naturaleza de la democracia según le convenga para mantenerse una semana más en La Moncloa.

La izquierda española ha construido un sistema donde la corrupción no es un bug. Es una feature. Una herramienta de gobierno tan necesaria como el BOE. Porque cuando tu proyecto político consiste en transformar España en un laboratorio de experimentos identitarios que la mayoría rechaza, necesitas fondos públicos ilimitados, medios de comunicación domesticados y una justicia que mire hacia otro lado.

Pedro Sánchez no es un presidente corrupto por accidente. Es un presidente que ha entendido que en la España de 2024, la impunidad es el último recurso del progresismo cuando el debate de ideas ha fracasado. Y mientras la derecha española siga intentando jugar con reglas democráticas en un tablero donde el adversario ha cambiado las reglas por la pura voluntad de poder, seguiremos perdiendo no solo elecciones, sino el país mismo.

La batalla cultural no es una metáfora. Es la única batalla que queda cuando la corrupción institucionalizada ha reemplazado a la política. Y en esa batalla, la primera arma es la verdad: Sánchez no gobierna. Saquea. Y lo hace con la impunidad de quien sabe que, en su España, los corruptos de izquierdas nunca pagan.

 

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