“Adviértase… la facilidad con que los hombres se corrompen, y cambian de costumbres, aunque sean buenos y bien educados, trocando en malas sus buenas costumbres. Bien estudiados tales sucesos por los legisladores en las repúblicas o en los reinos, les inducirán a dictar medidas que refrenen rápidamente los apetitos humanos y quiten toda esperanza de impunidad a los que cometan faltas arrastrados por sus pasiones.” (Maquiavelo, Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio)

Raro es el estudio de opinión en el que se le pregunte a los españoles qué, o cuáles, son los problemas que más les preocupan y que son más urgentes de hincarles el diente, en el que los encuestados no respondan que la corrupción.

España, aparte de caos e indigencia intelectual, está gravemente afectada por los mediocres y los malvados que han acabado ocupando todos los resortes del poder, los golfos y gánsteres que están presentes en todas las instituciones, desde los municipios hasta el gobierno de la nación. La corrupción impone su presencia y se deja sentir, ¡Y de qué manera!, en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y por supuesto, en la prolongación de estos: los medios de información y creadores de opinión. Y hasta en las universidades.

Ni que decir tiene que la percepción de que lo caracteriza a España se llama podredumbre, va acompañada de la sensación de impunidad, de que nadie, ninguna institución hace nada por evitarla, de que ningún poder del Estado tiene voluntad de hacerle frente y ponerle freno. Como mucho, los partidos políticos con representación en las instituciones, nos dicen que están sumamente preocupados y deciden crear un “observatorio”, en el que colocan a gente afín (no podía ser de otro modo) que acaba elaborando un sesudo informe en el que acaban afirmando que los españoles somos “así”, que la picaresca es una seña de identidad de la cultura española, y que, bueno, en el fondo no nos va tan mal… que hay otros lugares del mundo más corruptos, que en todos sitios cuecen habas, y en mi tierra a calderadas.

El malestar de los ciudadanos ha llegado a ser tal, que ha dejado de ser descontento y se ha convertido cada vez más en desafección. La percepción general de los españoles es que todos los partidos políticos son “iguales”, iguales de golfos, iguales de bandidos.

La corrupción aparece cada vez más como el gran caballo de Troya de la democracia, que desprestigia a políticos y partidos por igual. A ello se suma la constatación permanente de que muchos políticos viven en una realidad tan distante a la de la ciudadanía, que les resulta imposible aterrizar y palpar la realidad en la que vive la mayoría de la población. Entre la gente, la percepción más extendida es la de que quienes gobiernan, lo hacen para una minoría, cada día que pasa existe un mayor descontento hacia las élites y el poder político, que inevitablemente conduce a un mayor rechazo hacia la democracia representativa.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción, que elabora “Transparencia internacional”, España es el país de Europa en el que más ha empeorado la percepción de corrupción y ocupa un lugar destacado en el ranking de países más corruptos. Evidentemente, no solo influye en el estado de ánimo de los españoles, es un asunto bastante serio y que afecta de forma muy dañina a la imagen de España y a sus posibilidades de atraer inversiones honestas y a largo plazo. Una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo no puede encabezar el ranking de los países más corruptos, si quiere mantener una buena imagen y poseer competitividad.

Ya Maquiavelo, hace cinco siglos, nos indicaba que cuando todo está corrompido, hay que empezar desde cero.
“Quien en los actuales tiempos quisiera fundar una república, le sería más fácil conseguirlo con hombres montaraces y sin civilización alguna, que con ciudadanos de corrompidas costumbres; como un escultor obtendrá mejor una bella estatua de un trozo informe de mármol que de un mal esbozo hecho por otro.” (Maquiavelo, Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio)

Cuando se emprende la construcción de un edificio, se descubre que el armazón de la obra tiene termitas, es mejor deshacerse de él y comenzar con otra madera nueva, que, incluso aunque inicialmente sea de peor calidad, esté sin contaminar.

Es mejor dictar normas que impidan la corrupción (por aquello de más vale prevenir…) que aprobar leyes para castigar a los corruptos, una vez extendido el mal. La experiencia demuestra que los humanos en general, tienden a las malas costumbres, y que es conveniente frenar cuanto antes, sin dilación ni aplazamientos las conductas no virtuosas, de forma ajustada a derecho.

Bien, y… ¿qué hacer al respecto? No será fácil, por supuesto. Para empezar, es imprescindible una administración de justicia independiente de lobbies y de partidos políticos que, actúe de forma rápida y con contundencia, sin arbitrariedad.

Por otro lado, es imprescindible eliminar la posibilidad de que los gobiernos concedan indultos a personas condenadas por corrupción.

Quienes estén tentados de corromperse deben saber que no van a tener ninguna posibilidad futura de ser perdonados e indultados.

Hay que reducir el número de aforados a su mínima expresión (ningún país en Europa tiene tantos aforados como España), y disminuir también, las situaciones de aforamiento, limitándolo exclusivamente a las actividades y actuaciones relacionadas con el ejercicio del cargo público.

Para hacer frente al clientelismo político, es urgente disminuir el número de cargos de libre designación, y que sean ocupados por empleados públicos, mediante algún procedimiento de concurso-oposición.

Es, también, inaplazable la aprobación de una Ley de protección a los denunciantes, de manera que los ciudadanos se sientan protegidos legalmente cuando sepan de hechos delictivos, y deseen presentar denuncias por corrupción.

Regulación de los Lobbies: Es necesario que se legisle sobre los lobbies, se les exija transparencia, y se creen Registros de grupos de interés en las distintas instituciones públicas y asambleas parlamentarias.

También es necesario el cumplimiento de la normativa legal sobre publicidad de contratos de obras y compra de bienes y servicios, por parta de las diversas administraciones. También es imprescindible reformar la actual ley de “régimen local” para que los alcaldes y concejales dejen de tener la enorme capacidad de decisión que poseen en la actualidad, y particularmente lo que respecta a intervenir en el mercado inmobiliario, recalificando terrenos, aprovechando ellos y sus allegados y testaferros la información privilegiada que les da el ser alcaldes y concejales; e igualmente, es necesario desposeer a las corporaciones locales de su capacidad de contratar bienes y servicios con la arbitrariedad que actualmente lo hacen, evitando por todos los medios que favorezcan a empresarios amigos, e incluso creen empresas ad hoc, en la idea de que los ayuntamientos son su cortijo particular y que lo de menos es el interés de los administrados.

Y ya para terminar, aunque ya lo haya mencionado en otros de mis escritos, no está de más retomarlo, es urgente legislar acerca de la responsabilidad de los funcionarios y de los cargos electos en las diversas administraciones, y reinstaurar “los juicios de residencia”, una institución jurídica que tuvo gran importancia en la gestión política, la supervisión y el control de los empleados públicos que desempeñaban sus funciones en la América Española, aunque no era exclusivo del Nuevo Mundo, pues, también se utilizaba en el resto de los territorios del Imperio Español.

El juicio de residencia era propio del derecho castellano, aunque, al parecer, su origen estaba en el derecho romano tardío, fue introducido por Alfonso X el Sabio en las Partidas. Era un procedimiento judicial mediante el cual funcionarios de cierto rango (Virreyes, Presidentes de Audiencia, alcaldes y alguaciles) eran juzgados por su actuación en sus funciones de gobierno, tratando de ese modo de minimizar y evitar posibles abusos y corruptelas en el uso de su poder. Dicho proceso se realizaba al finalizar su mandato, al acabar el ejercicio de su cargo y era ejecutado normalmente por la persona que le iba a sustituir. En el “Juicio de Residencia” se analizaba detenidamente con pruebas documentales y entrevistas a testigos el grado de cumplimiento de las órdenes reales y su labor al frente del gobierno. La investigación y la labor de recabar pruebas e información las realizaba un juez elegido por el rey en el mismo lugar encargado de reunir todos los documentos y de realizar las entrevistas.

La “residencia”, que es como acabó llamándose para abreviar, era todo un evento público que se pregonaba a los cuatro vientos para que toda la comunidad participase y tuviese conocimiento del mismo. Estaba compuesto por dos fases: una secreta y otra pública. En la fase secreta el juez interrogaba de forma confidencial a gran número de testigos para que declararan sobre la conducta y actuación de los funcionarios juzgados, y examinaba también los documentos de gobierno. Con toda esta información el magistrado redactaba los posibles cargos contra los residenciados. En la segunda fase, la pública, los vecinos interesados eran libres de presentar todo tipo de querellas y demandas contra los funcionarios y estos debían proceder a defenderse de todos los cargos que se hubiesen presentado en ambas fases del proceso.

Posteriormente, el juez redactaba la sentencia, dictaba las penas y las costas y toda la documentación del proceso era remitida al Consejo de Indias, o a la Audiencia correspondiente para su aprobación. Las penas a los que se castigaba a los enjuiciados eran multas económicas que llevaban aparejadas la inhabilitación temporal o perpetua en el ejercicio de cargo público.

Los juicios de residencia funcionaron hasta que fueron derogados por las Cortes de Cádiz de 1812. Es muy sorprendente que fueran los liberales los que eliminaron una herramienta tan potente para el control de las corruptelas y abusos políticos de los gobernantes.

Bien, alguno preguntará ¿Existe el agente político capaz de todo ello en nuestro país?

Por desgracia no parece que haya nadie, ningún cirujano de hierro (como decía Joaquín Costa) que tenga tal propósito, dispuesto a actuar con contundencia, sin complejos… Pero, no se olvide lo que Maquiavelo afirmaba que debe ser uno de los principales atributos de “un buen príncipe”: debe tener tanto de zorro como de león para buscar el contexto y tener la oportunidad.