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Economía

España agota sus ingresos y financiará el gasto solo con deuda hasta fin de año

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A partir de este domingo España agotará su fuente de ingresos y pasará a financiar todos los gastos en los que incurren todas las administraciones públicas solo con la deuda que pide prestada, según los cálculos realizados por el Foro Regulación Inteligente e Institut Économique Molinari.

Se trata del ‘Día de la Deuda’, la jornada a partir de la cual estas organizaciones han calculado que se vacían las arcas del Estado, ya que los gastos ejecutados a partir de ese día son mayores a los ingresos recaudados por el Estado a lo largo del año.

Así, el Día de la Deuda supone también que, a partir de ese momento, las administraciones públicas tiran del dinero prestado, es decir de la deuda, para poder hacer frente a todos los gastos planificados.

Solo Polonia, Rumanía, Francia y Portugal llegan a este punto antes de que lo haga España, mientras que nueve países miembros, entre los que figuran Alemania, Dinamarca, Holanda y Suecia, al contar con un superávit en sus cuentas públicas que le permite disponer de ingresos para cubrir los gastos los 365 días del año, no alcanzan en ningún momento el Día de la Deuda.

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18 días antes que la UE

De media, los países de la UE-28 alcanzan este día el 13 de diciembre, 18 jornadas más tarde que España. El principal obstáculo para el país es el “grave problema” con las cuentas de la Seguridad Social, que obtienen el mayor desajuste de la Unión Europea. De hecho, solo Hungría y Bulgaria tienen números ‘rojos’ en esta rúbrica.

El año en el que España alcanzó el Día de la Deuda con mayor precocidad fue en 2009, año en el que el país tuvo que recurrir a la deuda los últimos 150 días del año, frente al desajuste de 37 días al que tendrá que hacer frente este año.

No obstante, no todas las administraciones se comportan igual. Las comunidades autónomas, de media, solo obtienen un saldo negativo durante nueve días, mientras que los ayuntamientos logran un excedente fiscal de 38 días al registrar, en su conjunto, superávit.

De cara al año que viene, el desajuste presupuestado por el Gobierno arroja un descuadre de hasta 4.000 millones de euros. Frente a esta situación, el Foro Regulación Inteligente y el Institut Économique Molinari sugiere “congelar el gasto público y reducir al 50% las subvenciones ofrecidas a diversos sectores de actividad”, unas medidas que permitirían pasar del déficit al superávit.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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