Los dueños del complejo de apartamentos Puerto Bello, ubicado en el municipio turístico de Puerto Rico (Gran Canaria), reclaman al Gobierno de Canarias cerca de un millón de euros por los destrozos ocasionados por un grupo de menores migrantes no acompañados acogidos allí durante varios meses bajo la tutela del Ejecutivo autonómico.

Según los propietarios, algunos de los desperfectos se derivaron de una revuelta que tuvo lugar en febrero de 2021 organizada por un hombre. Fuentes de la Consejería de Derechos Sociales han explicado a este periódico que cuando el responsable del motín fue detenido, se probó que era mayor de edad.

La convivencia entre menores y adultos en centros reservados para niños extranjeros que llegan solos a Canarias es un problema que arrastra el Archipiélago desde que se reactivó la ruta atlántica. Las principales causas son los errores en la primera filiación que realiza la Policía Nacional y el tapón en la realización de las pruebas de determinación de edad y en la obtención de los resultados. Este bloqueo ha impedido que se escolarice a los jóvenes hasta que no se determine su edad.

La sociedad Hermanos Medina La Herradura SL reclamará a la comunidad autónoma el pago de los daños por vía administrativa, por lo que se ha retirado como acusación particular en la causa que se sigue contra el joven marroquí cuyo juicio se iba celebrar este martes en la Audiencia de Las Palmas y que ha sido suspendido al no haber sido citados los testigos, según fuentes de la Fiscalía.

El abogado de la propiedad del complejo, Álvaro Campanario, ha recordado que la Fiscalía reclama por los desperfectos ocasionados en la revuelta presuntamente protagonizada por Ahmed H. 10.092 euros, aunque han sido muchos más los que se produjeron en los apartamentos durante el tiempo que se destinó como centro de acogida de menores llegados en patera.

El contrato de la sociedad con la comunidad autónoma extinguió el pasado 31 de julio y el complejo desde finales de 2021 ha comenzado a operar de nuevo como alojamiento turístico, ha indicado. 

Durante el tiempo que se destinó a centro de alojamiento de menores inmigrantes no acompañados fue tutelado por la ONG Respuesta Social.

El joven marroquí se enfrenta a cinco años de cárcel como presunto autor de delitos de desórdenes público en concurso ideal con los de atentado y daños, por haber liderado supuestamente la noche del 8 de febrero de 2021 la revuelta en compañía de otros menores de edad a los que la Fiscalía no acusa.

Según la acusación pública, el procesado, con una pata de madera arrancada de la cama de una habitación y en compañía de otros cuatro menores -que también portaban cadenas, palos de madera o cristales- amedrentaron a los residentes del complejo que no se sumaban a su revuelta y lograron que unos veinte se unieran.

Como consecuencia de estos hechos, el acusado y los demás menores causaron destrozos en todas las plantas del complejo Puerto Bello, consistentes en rotura de los cristales de las puertas y de las ventanas, rotura de todo tipo de muebles y electrodomésticos, de vigas, de enganches o de tomas de luz, señala la Fiscalía en su escrito.

Asimismo, detalla que los menores lanzaron diversos objetos, como microondas, sillas o mesas, por los balcones de las habitaciones de las plantas superiores hacia las inferiores, provocando que los educadores del centro tuvieran que esconderse para evitar que los lesionaran y a la espera de la llegada de las fuerzas de seguridad,

Los agentes, cuando se personaron en el complejo, observaron la colocación de barricadas construidas con sillas, microondas y cristales en el suelo, además de agua con jabón derramada para impedir su acceso y la detención de los autores, lo que les llevó varias horas, añade el escrito de acusación.

Un centro donde se denunciaron abusos

Un grupo de trabajadores de este centro denunciaran de forma anónima abusos sexuales y explotación sexual entre los usuarios dentro y fuera del establecimiento. Según el texto, al que tuvo acceso este periódico, al menos tres menores del centro habían ejercido la prostitución en el interior del recurso y también fuera con personas mayores de edad.

De acuerdo con el escrito de los trabajadores, un menor también habría sufrido abusos sexuales por otros usuarios adultos que, a pesar de que se había probado su mayoría de edad, no habían sido derivados a otros recursos de acogida para adultos instalados en el Archipiélago.

Los técnicos aseguraron que la dirección del centro era conocedora de los hechos, pero “se negaron a solicitar pruebas diagnósticas de enfermedades de transmisión sexual a los menores». A raíz de esta denuncia, el Gobierno de Canarias ordenó dos inspecciones en las que no se logró obtener información que probara las acusaciones. Pocos días después de que se conociera el contenido del documento en los medios de comunicación, la Fiscalía de Las Palmas, a través de la Sección de Menores, llamó a declarar a los responsables del recurso.