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Tribunales

Fiscalía de Barcelona acusa de abusos a seis jóvenes por violar por turnos a una menor ebria

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La Fiscalía acusa de un delito de abusos sexuales, por el que pide penas de entre diez y doce años de cárcel, a seis jóvenes acusados de haber violado, por turnos, a una chica de 14 años que estaba ebria, en un “botellón” en una fábrica abandonada de los alrededores de Manresa (Barcelona), en octubre de 2016.

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En la sección 22ª de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado hoy el juicio contra los seis jóvenes y un séptimo acusado de haberse masturbado mientras presenciaba la violación múltiple de la menor, sin impedirla. Solo uno de los acusados ha permanecido dos años en prisión preventiva por estos hechos.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía imputa un delito de abuso sexual continuado contra menor a los seis procesados, por el que les pide entre diez y doce años de cárcel, las máximas de ese tipo penal previsto para castigar los ataques en que no concurre violencia ni intimidación, sino que la voluntad de la víctima está anulada por el consumo de alcohol o drogas.

Por el contrario, la acusación particular ejercida por la víctima califica el ataque de agresión sexual, al entender que la menor fue intimidada y sometida mediante violencia, con lo que eleva la petición de pena a entre quince y veinte años de prisión.

Precisamente, en medio de la polémica suscitada por la sentencia de “La Manada”, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció a principios de año que preparaba una reforma del Código Penal para eliminar el delito de abusos sexuales -por los que inicialmente fueron condenados los autores de la violación múltiple de los sanfermines, hasta que el Supremo lo rectificó-, de forma que las únicas figuras serían la violación y la agresión sexual.

La declaración de la víctima del ataque sexual múltiple, prevista para mañana, resultará clave para que la Fiscalía y la acusación particular definan en sus respectivos escritos de conclusiones definitivas si califican los hechos de agresión o de abuso.

En la sesión de hoy, los acusados han negado que ni ellos ni el resto de procesados -que no en todos los casos se conocían entre sí, según su versión- mantuvieran relaciones sexuales con la denunciante, que relató haber sido atacada por turnos en una caseta abandonada situada junto a la fábrica en la que pasaban la noche de “botellón”.

En su relato ante el tribunal, los presuntos violadores han esgrimido distintas versiones exculpatorias, desde negar que mantuvieran contacto alguno con la menor durante la fiesta hasta incriminar a dos asistentes al “botellón” que no están encausados o señalar que la chica estaba borracha y se jactaba de querer “tirarse a todo el mundo”.

Las pruebas biológicas practicadas a la menor sólo hallaron restos de ADN de uno de los procesados, Daniel David R., quien ha dicho que no se explica cómo se pudieron encontrar esos fluidos en la ropa de la víctima cuando en ningún momento intimó con ella y ha denunciado como una “injusticia” los dos años que ha pasado en prisión preventiva por este caso. Según mantiene la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, los siete acusados asistieron a una fiesta en una fábrica abandonada en el Camí Torre d’En Viñas de Manresa, a la que asistían en su mayoría menores de edad, entre ellas la víctima y una amiga suya.

Aprovechando que se encontraba de forma “evidente” bajo los efectos del alcohol y las drogas, añade la Fiscalía, el acusado Bryan Andrés M. se llevó a la menor a una caseta abandonada y la violó, tras lo que regresó al lugar donde estaban sus amigos y les instó a agredir a la chica, por turnos de unos 15 minutos cada uno, añade el ministerio público.

Posteriormente, añade la Fiscalía, entraron en la caseta y violaron a la menor otros cinco de los acusados, conocedores de su edad y del estado de embriaguez en que se encontraba, mientras que otro de los asistentes a la fiesta se masturbaba observando la agresión, sin impedirla.

Tras la violación, según el ministerio público, el procesado Marco Antonio R. exhibió una pistola de fogueo y amenazó a varios menores que estaban en el lugar, advirtiéndoles de que su familia tendría problemas si contaban algo de lo sucedido, hechos por los que la Fiscalía le pide año y medio de cárcel, además de los 10 por abuso.

Horas después de la violación múltiple, según el escrito de acusación, cuando en la fábrica abandonada solo quedaban la víctima y su amiga junto a dos de los procesados, estos volvieron a agredirla sexualmente.

Los días posteriores a los hechos, Bryan Andrés M. se puso presuntamente en contacto con varios menores que asistían a la fiesta y les advirtió de que no debían contar nada, por lo que la Fiscalía pide para él otros dos años y medio de cárcel -sumados a los doce de abusos- por un delito de obstrucción a la justicia.

 


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Tribunales

El PP recurrirá al Supremo el nombramiento de Delgado como fiscal general

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La portavoz del grupo parlamentario popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha afirmado este martes que el PP recurrirá ente el Tribunal Supremo el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por “no cumplir los criterios de idoneidad, neutralidad e imparcialidad requeridos para el cargo”.

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En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, Álvarez de Toledo se ha referido a la última comparecencia de Delgado en el Congreso y ha subrayado “el grado de odio, animadversión y hostilidad que destila” la exmninistra a “todo lo que no es de su cuerda”.

La portavoz parlamentaria, que ha recurrido a la hemeroteca para argumentar sus declaraciones, ha informado a los periodistas que tenía en su haber multitud de frases en su etapa de ministra contra el PP, algo que, en su opinión, “la inhabilita para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado”.

Álvarez de Toledo ha insistido en que el nombramiento de Delgado sólo beneficia “al Ejecutivo, a Pedro Sánchez y al separatismo y perjudica a la democracia, al Estado de derecho y al principal partido de la oposición, a quien ha dirigido su animadversión de manera sistemática”.


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Sociedad

Un padre pierde la custodia de sus hijos por dejarlos al cuidado de los abuelos

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Un padre de Zaragoza ha perdido la custodia de sus dos hijos, de 4 y 9 años, por haberlos dejado al cuidado de sus abuelos con demasiada frecuencia. Considera la juez que «delegó por completo sus obligaciones» y que, por ello, procede reiterarle la custodia compartida y otorgársela por completo a su exmujer, tal y como ella demandó judicialmente. El matrimonio se separó a mediados de 2016, y pactó la custodia compartida de sus hijos.

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La sentencia de esta juez de Zaragoza se suma a otro fallo que dictó la Audiencia Provincial de La Coruña hace menos de un año, en un sentido similar. En aquella sentencia también se le retiró la custodia a un padre en beneficio de la madre, por haber dejado a sus hijos al cuidado de los abuelos paternos y entender que el progenitor no había ejercido funciones «de obligado cumplimiento».

En el caso sentenciado ahora en Zaragoza, la juez reconoce el valor de la atención prestada por los abuelos, el correcto cuidado que han prestado en todo momento a sus nietos, «su cariño y dedicación». En la misma sentencia, que ha publicado Heraldo de Aragón, la magistrada María José Moseñe también reconoce que la relación del padre con sus hijos es buena, algo que queda avalado por los informes psicológicos. La Fiscalía no estaba a favor de que al padre se le retirara la custodia.

En la sentencia de la juez han pesado los datos recabados por el detective privado al que contrató la madre de los niños para seguir sus movimientos y los del padre. Eso es lo que lleva a la juez a indicar en su sentencia que entre las 7.00 y las 19.00 horas era el abuelo quien se ocupaba de los niños de forma regular.

Los condicionantes laborales expuestos por el padre no han surtido efecto en esta sentencia. Alegó que se había reducido la jornada de trabajo para poder pasar estar más con sus hijos, pero la juez, en su sentencia, considera probado que los pequeños han estado demasiado tiempo al cuidado de sus abuelos paternos. «Una cosa es disponer de apoyo de familiares y otra delegar por completo sus obligaciones», indica la sentencia.


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Tribunales

El PP llevará ante el Constitucional el polémico decreto de la vivienda de Cataluña

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El presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, ha anunciado que la formación llevará ante el Tribunal Constitucional la ley de vivienda que ratificó el Parlamento catalán a principios de febrero. Considera que la normativa protege a los okupas y desprotege a los propietarios.

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“Este decreto es profundamente antisocial porque, mientras las familias humildes, trabajadoras y honradas esperan pacientemente en las listas de alquiler y de compra social, mafias violentas ocupan viviendas por la vía de los hechos consumados y encima reciben el apoyo del Govern”, ha explicado Fernández.

El decreto, que fue aprobado con los votos a favor de JXCat, ERC, Comuns y la CUP (el PSC se abstuvo y Ciudadanos y el PP votaron en contra), obliga a los inversores a ofrecer un alquiler social a los okupas que lleven en la casa seis meses y eleva al 40% el porcentaje de suelo destinado a VPO en las nuevas promociones del Área Metropolitana de Barcelona.

También contempla la creación de un índice de referencia de precios de alquiler de viviendas y obliga al arrendador a comunicarlo al inquilino antes de firmar el contrato de arrendamiento y que conste en dicho contrato (en caso de incumplimiento el propietario puede acarrear multas de hasta 9.000 euros), así como la puesta en marcha de medidas para activar y generar más suelo destinado a levantar VPO. Por otro lado, la calificación de las viviendas protegidas construidas en suelos públicos pasa a ser permanente.

Las medidas que recoge que el Decreto Ley 17/2019 de 23 de diciembre de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda han levantado ampollas en el sector privado. En su opinión, el contenido de la normativa es un “drama” y provoca “desprotección” a los propietarios en toda la comunidad autónoma.

El responsable del PP en Cataluña también ha avanzado que va a animar al Gobierno central a que presente un recurso de inconstitucionalidad y que la formación va a presentar una nueva ‘ley antiokupa’.

En otras regiones como Madrid, el partido ya ha dejado claro que no dudará en acudir al Tribunal Constitucional para defender sus competencias, en clara alusión a la intención del Ejecutivo de crear un índice de precios del alquiler. Una propuesta que llegará en primavera, según ha explicado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, y cuyo objetivo es servir de referencia para que ayuntamientos y comunidades autónomas regulen los precios en las zonas más tensionadas.


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