Año y medio después del 1 de octubre de 2017, los responsables del «procés» responden por sus actos en sede judicial. El banquillo de los acusados del Tribunal Supremo es ya su nuevo hábitat; las soflamas independentistas eclipsan a diario la resaca que dejó -y deja- en Cataluña un referéndum y procedimiento de desconexión de España suspendidos por el Tribunal Constitucional. Consecuencias del todo sociales pero también, y especialmente, económicas. Los datos demuestran una «factura» con platos que nadie ha pedido a sus responsables.

«El principal impacto ha sido relegar a Cataluña como motor económico del conjunto de España», dice José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. Y añade: «Ha pasado de liderar el crecimiento económico del país a formar parte del pelotón». Lo cierto es que habla con conocimiento de causa porque los indicadores de la comunidad autónoma son en un 56% de las veces peores que la media nacional, cuando en el año 2016 apenas lo eran el 41%. Ahora, de lo general a lo concreto, porque son muchas las variables en las que la región dirigida por Quim Torra sale mal parada.

Si bien, tal como ha venido publicando ABC, la acción y adoctrinamiento exteriores eran prioritarios para la Generalitat, no lo era tanto que el capital foráneo recalara en la región. Prueba de ello son las cifras de inversión extranjera bruta de los dos últimos años: Cataluña registró un pico de 8.296,7 millones de euros en 2016 y, dos años después, la cifra queda en 3.077,1 millones. Un descenso del 63% en solo dos ejercicios que contrasta con el comportamiento de los datos para el total de España y la Comunidad de Madrid. En el primer caso, el alza fue del 44,8% y, en el segundo, del 167%. La capital acapara ya el 84,42% del capital foráneo que llega a nuestro país, cuando hace dos ejercicios era el 45,79%; Cataluña, en cambio, ha pasado de representar el 22,75% de la inversión de fuera a apenas el 5,83%.

Sin embargo, estos datos obedecen -en buena parte- a una razón: operaciones concretas relacionadas con cambios de sede social. A finales de 2017, Abertis trasladó su sede de Barcelona a Madrid y, en el año 2018, fructificó la opa de Hochtief (ACS) y Atlantia sobre ella, con la consiguiente entrada masiva de dinero extranjero. Miles de millones que un cambio de sede por culpa del «procés» le arrebata a la comunidad autónoma. De haber permanecido Abertis en Barcelona, habría computado a Cataluña.

Por sectores, son el inmobiliario, comercio al por mayor, energía y actividades auxiliares a los servicios financieros los que más sufren. El penúltimo, relacionado con el traslado de sede de la sociedad de distribución de Endesa y la entonces Gas Natural (Naturgy) y el último, con los movimientos de Caixabank y Banco Sabadell.

María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas, considera que el impacto económico está siendo «moderado» y limitado; y habla del desplome en la inversión extranjera como problema en el largo plazo: «Si se va a mantener de forma permanente un nivel inversión inferior, puede tener efecto. La inversión de hoy es la actividad del mañana. Esas diferencias se van acumulando y a lo largo de los años supone un nivel de actividad que podría ser inferior para el caso de no haber sucedido esto». Todo ello contrasta con que los inversores ya no pregunten en las reuniones por la situación catalana: «Ya no sale en los temas de conversación». La excepción, aquí, sería el sector inmobiliario. Según un informe de Pwc y el Urban Land Institute, Barcelona ha pasado del puesto 11 al 27 en destinos europeos de inversión en un año. La razón: la inestabilidad política iniciada desde el 1-O.

Fuga de empresas

Más allá de ello, la fuga de empresas ha sido constante desde el referéndum ilegal de 2017. Con cifras definitivas de traslado efectivo de sede del Colegio de Registradores, un total de 2.359 compañías abandonaron Cataluña en 2018, una cifra similar a la de los tres últimos meses del año anterior, en pleno apogeo del «procés», pero sin datos oficiales exactos. En total, según fuentes empresariales, la huida real de sociedades desde el 1-O ha sido de unas 5.500.

Siguiendo la estadística del Colegio de Registradores de 2018 -única oficial, pero con datos incompletos-, 1.288 compañías tuvieron como destino Madrid, seguidas de las 256 que acogió la Comunidad Valenciana y las 184 de Aragón, estas dos por cercanía geográfica. Muy pocas han regresado, siendo Aguas de Barcelona la única de entre las grandes que lo ha hecho.

«En general, las empresas no volverán en bastante tiempo. Una vez dado el paso no van a estar cambiando; en la mayoría de los casos ya es definitivo», dice la experta de Funcas, al tiempo que señala que, a su juicio, estos cambios de sede «no es que tengan un efecto excesivamente importante sobre su economía», en referencia a los impuestos autonómicos.

Asimismo, mientras miles de sociedades han abandonado Cataluña, la factura de la causa secesionista también ha impactado en la creación de nuevas empresas. Desde octubre de 2017 a enero de 2019 -último mes con datos-, en España se han alumbrado 125.828 compañías, apenas un 0,07% más respecto a los 16 meses anteriores. La variación llegó por comunidades. Madrid pasó de una media de 1.623 empresas a 1.779 desde el «procés»; Cataluña, en cambio, pasó de 1.637 a 1.455. En el centro peninsular el crecimiento es evidente y en territorio catalán el hundimiento también. Lo que ha transcurrido entre medias ha sido la deriva secesionista, con sus idas y venidas e incertidumbre.

Caída de los depósitos y el crédito

Desde el 1-O las consecuencias se han visto plasmadas en los datos. Los primeros meses se constató en una actividad bancaria frenética que hoy se traduce en fuga de depósitos y reducción de crédito. En septiembre de 2017, los depósitos en Cataluña ascendían a 184.734 millones de euros y ahora se sitúan en 164.783 millones, después de una ligera recuperación, aunque insuficiente, los dos últimos trimestres. En el caso del crédito, la estadística ha transcurrido desde los 232.878 millones hasta los 208.104 millones actuales. Suma y sigue, de lo cual la región podría no llegar a recuperarse. «Si se mantiene la inacción del Gobierno catalán en un contexto de desaceleración económica general, no creo posible que la economía catalana mejore», reseña Bonet, de la Cámara de Comercio.

La traducción de esto hay quien podría pensar que está en el Producto Interior Bruto de la comunidad, pero la realidad es bien distinta. Marisol Blázquez, analista de la agencia de calificación Moody’s, hace hincapié en que «Cataluña sigue siendo la región con mayor peso en la economía de España con un 19.2% al cierre del año 2017, unas décimas por encima de Madrid con un 18.9%». Sin embargo, el Colegio de Economistas de Madrid vaticinó hace escasamente diez días que el PIB catalán en 2018 quedó por debajo del madrileño -en peso relativo sobre el total- debido a la situación de inacción e inestabilidad política y al buen desarrollo de la capital. Ambos factores explican la pérdida de protagonismo de una Cataluña que pierde en todos los sentidos, incluso en elaboración legislativa. El Govern ha frenado en buena medida el desarrollo de leyes autonómicas, lo que da cuenta del parón en la región. «Si se mantuviera una tensión política constante como la de finales de 2017 sí tendría un efecto más importante sobre el consumo, confianza, inversión…», afirma Fernández, de Funcas. Aunque añade: «Al final aquello ha quedado en nada, en unos cuantos gestos, y todo el mundo ha asumido ya que la independencia no va a ocurrir». Un sueño, que se diría, que ahora se juzga en el Tribunal Supremo pero cuyas aristas continúan perjudicando a Cataluña.

Así las cosas, uno de los motores de la costa española, como lo es esta comunidad, ha logrado sortear la cifra negativa en el turismo, pero no el desplome en el crecimiento. España al completo recibió 82,77 millones de turistas extranjeros el año pasado, por 81,87 millones del ejercicio inmediatamente anterior. Eso supuso incrementos del 1,1% y 8,7% respectivamente en cada año; Cataluña, en cambio, se apuntó alzas del 0,02% en 2018 y 5,4% en 2017. En otras palabras, el año pasado el turismo tuvo un comportamiento plano, peor que la cifra nacional.

Es cierto que en todo el país las visitas se ralentizaron, principalmente por la recuperación de destinos alternativos pero también por efecto del «procés». Así lo ha venido explicando en reiteradas comparecencias de prensa Exceltur, el lobby turístico a nivel nacional.

Sin embargo, solo el pasado está escrito y el futuro aún está por hacerse. Los expertos alertan del riesgo que supone para el territorio perpetuar la situación de incertidumbre. «No es deseable» es una frase que puede ser puesta en boca de los economistas consultados para no repetir los errores de 2017. Lo cierto es que los indicadores, por una parte, siguen sin ser halagüeños en su mayoría, pero, por otra, hay algunos que invitan al optimismo. Lo peor ya ha pasado -dicen- y el descalabro se evitó con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, tal como constata Moody’s en su último informe sobre la comunidad autónoma.

La Justicia, ahora, juzga los hechos que han llevado a Cataluña por un camino empedrado; una de las ruedas de su economía ya está pinchada y el riesgo de que suceda también con las demás todavía es alto. Esta es la «factura del procés».