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Economía

Funcionarios de prisiones se encierran en Interior a la espera de ser recibidos para comunicar su huelga

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Una protesta de funcionarios de prisiones en Córdoba, en 2014
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Representantes de los sindicatos de trabajadores de Instituciones Penitenciarias de ACAIP, CSIF, CC.OO., UGT y USO permanecen desde esta mañana encerrados en el Ministerio del Interior después de que la subsecretaria del Interior cancelara la reunión que había confirmado con ellos a las 11h y en espera de ser recibidos por la secretaria de Estado del departamento, Ana Botella. El encuentro con Botella tampoco se ha producido, y en los últimos minutos se ha personado el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, para interesarse por la situación, según han informado a este diario fuentes sindicales.

La cita con el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska había sido solicitada por la Junta de Personal de los funcionarios de prisiones para comunicar la decisión adoptada ayer de convocar seis días de huelga general para el 24 y 26 de octubre y el 6, 8, 13 y 15 de noviembre para exigir al Ministerio del Interior que retome la negociación para mejorar las condiciones económicas y laborales de los funcionarios de prisiones.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se comprometió públicamente el pasado 24 de septiembre a acometer una subida salarial para los funcionarios de prisiones «cuando presupuestariamente sea posible», una mejora que -dijo- a la vez se iría ampliando progresivamente las plantillas que trabajan en las cárceles españolas. Marlaska reafirmó ese compromiso durante su intervención en el acto de entrega de las condecoraciones concedidas con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de la Institución Penitenciaria. Lo hizo mientras un grupo de funcionarios del sindicato CSIF se concentraba frente al Ministerio de Sanidad, donde tuvo lugar la ceremonia de entrega de condecoraciones, para reivindicar equiparación salarial con los funcionarios de las prisiones catalanas.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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