El vicepresidente de los Populares Europeos, Esteban González Pons, ha admitido que la misión de la UE en Polonia que él dirige busca derribar al Gobierno de Mateusz Morawiecki. «Intentaremos ayudar a la sociedad polaca a cambiar las autoridades que no parecen ser buenas para Polonia», ha señalado en una entrevista concedida a euractiv.pl.

El propio eurodiputado del PP, que lidera la investigación del Parlamento Europeo contra Polonia por el programa Pegasus, ha declarado que quiere que los polacos sepan que las acciones de su Ejecutivo -que no asuman el decálogo ideológico socialdemócrata- tendrán «consecuencias económicas».

Así, ha sostenido que la Unión Europea es «una comunidad de estados democráticos y tiene derecho a advertir a uno de sus miembros que tenga cuidado al infringir las reglas comunes». «También puede castigarlo (…) por no seguir las reglas comunes», ha añadido, al tiempo que ha aseverado que «la democracia está en peligro, pero no solo en Polonia».

VOX ha pedido su dimisión inmediata: «Gravísima aunque ya nada sorprendente confesión de González Pons (…) admitiendo que su papel como jefe de la misión del Europarlamento en Polonia es intentar tumbar al gobierno conservador. Debería dimitir inmediatamente y Bruselas cancelar la misión».

En esta línea, el jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha afirmado que Pons ha dejado de creer en España… «y para aliviar su conciencia quiere ver sometidas a todas las naciones». «Cuando González Pons dice que va a Polonia a interferir en la política interna sabes que la UE va a la deriva», ha manifestado.

Así, el eurodiputado Hermann Tertsch ha señalado que Pons «tiene que dimitir inmediatamente de esa investigación que él mismo ha declarado ya como un golpe desde la UE contra Polonia». «La chulería de Pons le ha llevado a descubrir sus cartas y su plan, derribar al gobierno democrático de Polonia».

Pons fue uno de los eurodiputados que mostró el pasado verano su «firme condena» de la ley de Hungría que impone penas más duras para pedófilos y prohíbe la propaganda LGTBI en las escuelas, y reclamó acciones represivas contra el Gobierno de Viktor Orbán. Así, apoyó la resolución contra el Ejecutivo húngaro redactada por el eurodiputado laborista maltés Cyrus Engerer, condenado a dos años de cárcel por distribuir ‘pornografía vengativa’ contra su exnovio, que informó a la Policía de que Engerer quería vengarse por la cancelación de la relación.