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Internacional

Estados Unidos, un país desgarrado por el “nuevo socialismo” de los demócratas y al borde de la guerra civil

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Thierry Meyssan.- Mientras se acerca la elección presidencial, Estados Unidos se divide en dos bandos que ‎sospechan cada uno que el de enfrente está preparando un golpe de Estado. De un lado están el ‎Partido Demócrata y los republicanos que de hecho actúan contra el candidato de su propio ‎partido. En el otro bando figuran los jacksonianos, que se han hecho mayoritarios en el Partido ‎Republicano sin compartir la ideología de esa formación política. ‎

No está de más recordar que ya en noviembre de 2016, una empresa dedicada a la manipulación ‎de los medios y encabezada por el maestro de la agitación-propaganda, David Brock, recogía más ‎de 100 millones de dólares para destruir la imagen del presidente electo, Donald Trump, antes de ‎su investidura. Desde aquel ‎momento, o sea, antes de que hubiese tenido tiempo de hacer absolutamente nada, la prensa ‎internacional describió al presidente electo como un incapaz y como un enemigo del pueblo. ‎Varios diarios incluso exhortaron a asesinarlo. Durante los 4 años siguientes, su propia ‎administración lo ha denunciado como un traidor a sueldo de Rusia y la prensa internacional lo ‎ha estigmatizado constantemente con la mayor violencia. ‎

Otro grupo, el Transition Integrity Project (TIP), elabora actualmente varios guiones con vista a ‎derrocar a Trump en ocasión de la elección de 2020, independientemente de que gane o pierda el ‎escrutinio. El asunto alcanzó repercusión nacional desde que la fundadora del TIP, la profesora Rosa ‎Brooks, publicó un ‎largo artículo en el Washington Post, diario en el cual tiene el estatus de colaboradora.‎

El Transition Integrity Project organizó en junio pasado 4 “juegos” donde simuló diversos ‎resultados para anticipar las reacciones de los dos candidatos a la elección presidencial ‎estadounidense. Todos los participantes eran demócratas y republicanos, en el sentido ideológico ‎de esas denominaciones, pero no «republicanos» en cuanto a ser miembros del Partido ‎Republicano. No había jacksonianos entre los participantes. ‎

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De manera nada sorprendente, todos los participantes consideran, sin excepción, que ‎‎«la administración Trump ha socavado sistemáticamente las normas fundamentales de ‎la democracia y del Estado de derecho. Ha adoptado numerosas prácticas corruptas y ‎autoritarias». Así que concluyeron que el presidente Trump trataría de dar un golpe de Estado y ‎que ellos tenían el deber de preparar, a título preventivo, un golpe de Estado “democrático” ‎.‎

Una característica del pensamiento político contemporáneo consiste en proclamarse defensor de ‎la democracia mientras se rechazan las decisiones democráticas que contradicen los intereses de ‎la clase dirigente. Lo interesante es que los miembros del TIP reconocen de buena gana que ‎el sistema electoral estadounidense, que sin embargo defienden, es profundamente ‎‎«antidemocrático». Basta recordar que la Constitución estadounidense no pone la elección del ‎presidente en manos de la ciudadanía sino de un colegio electoral que se compone de ‎‎538 personas designadas por los gobernadores de los Estados. La participación de la ciudadanía ‎‎–que no estaba prevista en tiempos de la independencia– fue imponiéndose poco a poco en la ‎práctica, pero sólo a título indicativo para los gobernadores. Fue así como, luego de la ‎‎“elección” de George W. Bush, en el 2000, la Corte Suprema del Estado de la Florida recordó ‎que no tenía por qué aclarar cómo habían votado los electores de aquel Estado y que lo único ‎importante era lo que habían decidido los 26 “grandes electores” designados por el gobernador ‎de la Florida. ‎

A pesar de lo que todo el mundo cree saber, la Constitución de los Estados Unidos de América ‎no reconoce la soberanía popular sino únicamente la soberanía de los gobernadores. Además, el ‎colegio electoral concebido por Thomas Jefferson –tercer presidente de Estados Unidos– dejó de ‎funcionar correctamente desde 1992 y el candidato electo ya no dispone de la mayoría de ‎los votos emitidos por la ciudadanía en los Estados donde se decide la elección.‎

El Transition Integrity Project o TIP sacó a la luz casi todo lo que pudiera ocurrir en los 3 meses ‎que separan el escrutinio y el momento mismo de la investidura. Y reconoce que el uso del voto ‎por correspondencia en periodo de pandemia hará difícil comprobar los resultados de la ‎votación. El TIP evitó deliberadamente explorar la hipótesis de que el Partido Demócrata ‎proclame la elección de Joe Biden aun sin respaldo de los resultados del escrutinio y de que la ‎presidente de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, juramente a Biden ‎sin que Donald Trump haya sido declarado perdedor. En ese caso, habría en Estados Unidos ‎dos presidentes rivales, lo cual podría llevar a una segunda guerra civil.‎

Esa posibilidad incita a muchos a plantearse la siguiente variante: declararse en secesión y ‎proclamar unilateralmente la independencia de su Estado. Eso pudiera ocurrir sobre todo en la ‎costa oeste. En previsión de ese proceso de desmoronamiento del país, algunos aconsejan dividir ‎el Estado de California para que la población californiana tenga más representantes en el colegio ‎electoral. Pero esa solución constituye en sí misma una forma de posicionamiento en el conflicto ‎nacional ya que privilegia la representación popular en detrimento del actual poder de ‎los gobernadores. ‎

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Por otro lado, yo había mencionado, en marzo pasado, la tentación golpista de ciertos militares, a la que varios oficiales superiores hicieron referencia ‎después.‎

Estos diferentes puntos de vista son muestra de la profunda crisis que Estados Unidos atraviesa en ‎este momento. El «Imperio estadounidense» habría tenido que desintegrarse después de la ‎disolución de la Unión Soviética. Eso no sucedió y siempre apareció, ¿o se inventó?, un nuevo ‎conflicto exterior (división étnica de Yugoslavia, atentados del 11 de septiembre de 2001, etc.) ‎que viniera a revivir el imperio agonizante. Pero ya no parece posible seguir posponiendo el ‎desenlace. ‎

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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