A. Robles.- Los europeos autóctonos somos esclavos del resto de pueblos del mundo y tenemos que trabajar gratis para ellos, regalarles nuestro dinero, nuestros recursos, nuestros conocimientos… salvarlos de la muerte a causa de su absoluta incapacidad para prosperar por medios propios. Lo único que tienen que hacer es votar a los partidos de izquierda. Solo por nacer de otra raza en un país de blancos se tienen muchos más derechos y menos obligaciones.

Muchos españoles de origen europeo se sienten extranjeros en su propio país. En algunos barrios se han convertido en una minoría oprimida. Unas costumbres extranjeras les son impuestos en el espacio público. Los paisajes urbanos son transformados por la edificación de mezquitas, que son la expresión de una toma de control simbólico del territorio español. Los programas escolares y su aplicación son adaptados según las exigencias de las minorías llegadas de fuera. Los principios constitucionales son pisoteados. España se está convirtiendo en multicultural y por lo tanto en multiconflictiva.

Por efecto de la continuación incesante de la inmigración, los salarios bajan en muchos sectores y oficios: obreros de la construcción y las obras públicas, empleados de la hostelería o de los servicios de ayuda a las personas, artesanos, pero también técnicos e ingenieros, sobre todo en informática, se ven afectados. Los jóvenes que entran en el mercado laboral son las primeras víctimas de este fenómeno. La apertura de las fronteras ofrece un inmensa reserva de mano de obra a las sociedades industriales capitalistas mientras que el estado del bienestar garantiza a todos unos ingresos mínimos. De ahí el desarrollo simultáneo del paro, la baja de los salarios y la subida de los déficits.

En un país de subempleo, toda entrada de personas suplementarias en el territorio acrecienta las cargas sociales y los costes generales de la nación, sin las partidas correspondientes. Se calcula en unos 10 mil millones de euros el coste anual relacionado con la entrada de miles de nuevos inmigrantes en España cada año (viviendas, hospitales, escuelas, transportes, prisiones, ayudas y prestaciones sociales de todo tipo). Los que sostienen, a contramano de todo sentido común y contra los mismos datos, que la inmigración mejora las cuentas generales del Estado se olvidan de dos cosas: que no es correcto comparar una población inmigrada joven con una población española de más edad, ya que ésta última cuenta entre sus filas a muchos inmigrantes mayores nacionalizados, y que una parte de los salarios y de las ayudas sociales percibidas por la inmigración se va, en forma de remesas, hacia los países de origen (7268 millones de euros en 2017), lo que agrava el déficit de la balanza de pagos española.

Asistiremos a una substitución de población. Es ya el caso en Cataluña, donde casi un tercio de la población procede de fuera de Europa. Este lento genocidio tiene dos causas: la llegada masiva de poblaciones extranjeras muy fecundas, y también de la baja dramática de la natalidad de los españoles europeos que se enfrentan a grandes dificultades para conseguir trabajo, vivienda y escuelas adecuadas para sus hijos. La excesiva natalidad extranjera y la inmigración, con los problemas y tensiones que aportan, son causas de la caída de la natalidad española. La catástrofe demográfica es evidentemente la más grave ya que es potencialmente irreversible.

Ciertamente, el conjunto de las dificultades españolas no puede ser reducido a la inmigración. La crisis existencial del pueblo español es la mayor causa de la decadencia de España como nación. Pero sería vano encarar –por ceguera, pereza intelectual, cobardía moral, oportunismo mediático o cinismo político- cualquier propuesta para salir de esta crisis económica, social, política y moral sin que sea abordada la cuestión de la inmigración. Por una simple razón: atreverse a enfrentarse al problema de la inmigración es la primera etapa de la recuperación, ya que es el tabú más fuerte que hay que romper: el de la mala conciencia y del arrepentimiento.