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INSEGURIDAD Y ABANDONO DE LA GUARDIA CIVIL EN LA ESPAÑA “VACIADA”

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Independientes de la Guardia Civil (IGC), Muestra su preocupación por la falta de personal, que afecta gravemente al ciudadano y a los componentes del cuerpo, ante el aumento desbocado de hechos delictivos, principalmente en las zonas menos pobladas, donde se puede tardar más de una hora en llegar a una urgencia.

      Independientes de la Guardia Civil (IGC), Muestra su preocupación por la falta de personal, que afecta gravemente al ciudadano y a los componentes del cuerpo, ante el aumento desbocado de hechos delictivos, principalmente en las zonas menos pobladas, donde se puede tardar más de una hora en llegar a una urgencia.

Según datos del Ministerio de Política Territorial, en España hay una ratio aproximada de unos 310 funcionarios de Policía Nacional y Guardia Civil por cada 100.000 habitantes, muy inferior a la tasa que había en 2019 de 367 por cada 100.000 personas, según Eurostat, lo que situaba a España en el puesto número 12 de entre los Estados miembros de la Unión Europea con más policías por habitante.

La última oferta de empleo público para la Guardia Civil de 2023, con 2.070 plazas de acceso, frente a las 2.456 de CNP, supone una nueva merma de la plantilla ante la notablemente la falta de reposición, pero la situación aún se agrava más, en la denominada “España Vaciada”, donde comienza a volverse insostenible, ya que los efectivos actuales no solventan con garantías las necesidades operativas.

Hay núcleos de población tan pequeños, en los que la única representación oficial del Estado es un cuartel de la Guardia Civil y sus vecinos pasan días enteros en los que no observan la presencia del Cuerpo.

La capacidad de respuesta de la Guardia Civil en esas demarcaciones es claramente insuficiente, llegando a hacer acto de presencia una hora después de recibir el aviso, perjudicando gravemente con ello la seguridad de los ciudadanos y los agentes, que no cuentan con refuerzos en caso de ser necesarios, además de generar una grave discriminación con respecto a otros territorios del Estado.

La exdirectora general de la Guardia Civil, María Gámez, avanzó en la comisión de Interior del Senado, en marzo de 2021, las líneas generales de lo que denominó “nuevo plan estratégico de la Guardia Civil sobre el reto demográfico” y que incentivaría a los agentes para que permanecieran en la “España vaciada”, si bien hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida a este respecto.

En el último movimiento de personal publicado el pasado 21 de febrero de 2023, Cantabria es la gran olvidada.

– Albacete, es según estadísticas de Interior, la provincia castellano manchega que más ha sufrido el cierre de Unidades, destacando los de Villapalacios y Pozocañada en 2018.

– Salamanca se da la peculiaridad de que tan solo 15 agentes se encargan de una demarcación que cuenta con 16.000 habitantes y 27 pueblos, a todas luces insuficiente para garantizar una buena seguridad, donde un alcalde mostró su preocupación, ya que en los últimos años “no se ha dado una respuesta firme a las bandas de ladrones que tienen preocupada a la población de la comarca por esta falta de personal. Un problema que se sufre en toda la provincia por la falta de plantilla”.

Guadalajara ha visto como el puesto de Budia, echaba el cierre en 2016 y el Puesto Auxiliar de Condemios de Arriba en 2019.

– Soria, el Puesto de San Esteban de Gormaz, es uno de los casos más llamativos, ya que, con la escasa plantilla de agentes que tiene, nunca podrá dar un buen servicio a los más de 4.000 vecinos de los 36 pueblos repartidos en los más de 400 kilómetros/2 con los que cuenta su demarcación.

– Cuenca, Burgos y Zamora, son otras de las provincias más afectadas.

Estos son solo algunos de los casos que evidencian la falta de personal en la Institución, donde prácticamente la totalidad de sus Unidades tienen un severo déficit en sus catálogos de plantilla, a los que habría que sumar, los agentes que figuran prestando servicio en Seguridad Ciudadana, pero que realmente se encuentran realizando otras actividades en los grupos funcionales, como los equipos VIOGEN, ROCA, @, entre otros, que restan y se nutren principalmente de personal de patrulla, ya que no cuentan con un catálogo propio.

IGC solicita a las administraciones públicas responsables, que se aumente la plantilla con una tasa de reposición cercana al 200% durante los próximos cinco años, además de acometer una profunda reestructuración territorial de las unidades, para poder paliar la sangría de personal, especialmente en las zonas más despobladas.

Invitamos a las corporaciones locales a que se impliquen más, si cabe, en la solicitud de refuerzo, incentivando a su vez la presencia de efectivos en sus poblaciones y reclamando mejoras tanto para los agentes como recursos y servicios que incentiven el asentamiento de población en la “España vaciada´´.

En Sede Central, a 10 de abril de 2023

Junta Nacional

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España

«La ceja» corrupta de la PSOE: El juez señala la intervención de Zapatero en operaciones de oro, petróleo, acciones y divisas

Redacción

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El expresidente del Gobierno está citado en la Audiencia Nacional el 2 de junio como investigado por tres delitos

José Luis Rodríguez Zapatero tenía una «intervención directa» en operaciones internacionales «de alto valor económico». Entre esas operaciones se insertan las relativas a productos petrolíferos, de oro, acciones y divisas. La trama presuntamente liderada por el presidente del Gobierno, citado a declarar el próximo 2 de junio como imputado, operaba tanto en España como en el extranjero. Tenía contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos, según el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El exdirigente socialista niega haber hecho gestiones a favor del rescate de Plus Ultra, aunque las intervenciones telefónicas a los directivos de la aerolínea le mencionan de forma constante.

Calama atribuye a Zapatero el liderazgo de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad «es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra». El magistrado imputa al expresidente del Gobierno tres delitos: tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

«La operativa de la red presenta rasgos comunes: (creación de documentación ficticia (contratos, facturas, informes), coordinación digital constante mediante correos electrónicos, mensajería y archivos compartidos, canalización de fondos a través de sociedades sin actividad real, ocultación deliberada de la documentación contable y fiscal, uso de administradores testaferros, e intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petróleo, oro, compraventa de acciones o divisas», señala el auto.

Los pagos a Zapatero

El juez insiste en que los indicios recabados muestran que los clientes de la red, entre los que se encontrarían Plus Ultra y dos de las empresas registradas este martes, Inteligencia Prospectiva y Softgestor, abonaban cantidades significativas por «servicios de asesoría inexistentes». Estos fondos redistribuidos al entorno de Zapatero, como su amigo Julio Martínez Martínez y las empresas de sus hijas, Whathefav. Calama cifra en casi dos millones de euros la cantidad obtenida de forma ilícita.

Las comunicaciones intervenidas revelan que la red actuaba tanto en España como en el extranjero, manteniendo contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos, pero también de otros países, con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala.

La correspondencia entre Julio Martínez Martínez y Domingo Arnaldo Amaro Chacón, de Inteligencia Prospectiva, confirma que este último es cliente de la red organizada. La empresa actuaría como vehículo de pago de servicios prestados por la trama. Las comunicaciones intervenidas revelan que el empresario venezolano y el presunto testaferro de Zapatero mantienen una relación mercantil continuada desde al menos septiembre de 2021, vinculada a operaciones internacionales de alto valor económico a las que se refiere Calama en su auto de 85 páginas.

En esas conversaciones, Amaro Chacón remite a Julio Martínez Martínez cartas de intención dirigidas a la Oficina del presidente Zapatero, lo que evidenciaría la conexión directa entre Inteligencia Prospectiva, su administrador y la red organizada para el ejercicio de influencias. La secuencia de comunicaciones muestra que el empresario venezolano actúa como intermediario en operaciones internacionales, mientras que Inteligencia Prospectiva se utiliza como canal financiero para efectuar pagos a Análisis Relevante y otras sociedades del entramado.

Fondos extranjeros

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sostiene que Inteligencia Prospectiva es una sociedad instrumental, cuya función es introducir fondos en España y redistribuirlos mediante contratos ficticios de asesoría. La empresa realizó pagos a Whathefav y Gate Center, entidades vinculadas directamente a Zapatero. Según el auto, esto «refuerza la hipótesis de que la sociedad forma parte del circuito económico de la red organizada, actuando como punto de entrada de fondos extranjeros y como nodo de redistribución hacia los beneficiarios finales».

Calama señala que de los mensajes analizados se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo en Venezuela, era necesario solicitarlo a la red presuntamente liderada por Zapatero mediante la preceptiva carta de intenciones o Letter of Intent (LOI). Los interlocutores revelan que desconocen el tipo de crudo que van a adquirir (que precisarán con posterioridad), al señalar que «necesitan la información sobre qué producto se hace la carta de intención». Estos identifican a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la que denominan La Dama, como la persona que controla la asignación de los buques.

«La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos». Finalmente, remiten la LOI en la que constan los datos de contacto de Zapatero y la dirección postal designada para su envío. «Ello evidencia el modo de proceder y pone de manifiesto la participación e influencia determinante» del expresidente del Gobierno, quien «dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política». Delcy Rodríguez fue ministra de Economía y Comercio de Venezuela entre septiembre de 2020 y agosto de 2024 y desde ese momento hasta el pasado marzo, titular de la cartera de Hidrocarburos.

Los interlocutores insisten en las comunicaciones intervenidas en que se trata de «una empresa que depende del Partido Comunista Chino», que revela la implicación o participación de actores de relevancia estatal en la operativa del negocio, reforzando la conclusión de que la actividad descrita trasciende con mucho el ámbito propio de una transacción mercantil ordinaria. El auto subraya que Gate Center, un think tank sin ánimo de lucro creado en Madrid en 2022, recibió 266.200 euros de Inteligencia Prospectiva mientras Zapatero era presidente de su consejo asesor.

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