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Isabel Díaz Ayuso: «El Gobierno nos está impidiendo acceder a material sanitario»

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La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, en aislamiento tras haber dado positivo por coronavirus hace unos días, ha denunciado que el gobierno central está impidiendo a su CC.AA. adquirir material sanitario para hacer frente a la pandemia.

Díaz Ayuso ha señalado que está centrando todos sus esfuerzos “en pedirle al Gobierno más material sanitario que no llega”. “El material sanitario se pide a través del Gobierno. Teníamos ya encargado material y habíamos planificado su distribución. Pero el Gobierno nos está impidiendo adquirir todo ese material sanitario para proteger a los médicos y adquirir mascarillas, gafas y respiradores. Es imposible trabajar así”, ha dicho. Pese a todo, la presidenta madrileña ha asegurado que mantendrá su lealtad y que no será “como otros presidentes autonómicos” en referencia directa a Torra y Urkullu.

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Ayuso ha defendido que la Comunidad de Madrid se adelantó a la ola de contagios y cerró centros escolares y comercios. Además, aplaude la gran cooperación entre la sanidad pública y privada y la iniciativa de muchas empresas que están ayudando en estos difíciles momentos. “Algunas firmas están repartiendo comida para niños entre familias con pocos recursos, hoteles están poniendo camas disponibles para enfermos con síntomas leves, algunas empresas están haciendo importanres donaciones y se han desarrollado aplicaciones móviles para descongestionar el número de teléfono del coronavirus”, ha enumerado.

Sobre el impacto económico que la situación de ‘parálisis’ va a generar en la región, Ayuso ha cuantificado las pérdidas en 1.190 millones de euros. “Nos va a afectar un 4% del PIB”, ha dicho. Pese a todo, Díaz Ayuso antepone la salud a la economía. “La vida es lo primero. Da igual la edad del fallecido. Y tengo muy claro que vamos a salir hacia adelante. Pero hace falta que el Gobierno aclare qué hay para los autónomos, la hostelería o el turismo”, ha dicho.

Díaz Ayuso está bien de salud

A nivel personal, Díaz Ayuso asegura que se encuentra bien. “Por las tardes acabo muy cansada y me cambian los sabores. Este virus no siempre tiene los mismos síntomas”, ha dicho. Según ella, el coronavirus lleva entre nosotros “más tiempo de lo que pensamos” y cree que el 80% de la población va a acabar contagiada. “No sé cuándo podré hacer vida normal. Supongo que en alrededor de un mes. Mientras tanto, estoy recluida en un aparthotel para no molestar a nadie y poder trabajar”, ha concluido.

TEXTO ÍNTEGRO DE LA CARTA REMITIDA POR AYUSO A SÁNCHEZ

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Excelentísimo señor Presidente del Gobierno:

Coincidimos en que la situación que vivimos en Madrid y en toda España es extraordinaria. Nuestra obligación como gobernantes es garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos a los que servimos. Por eso, hoy todos tenemos la mente puesta, principalmente, en nuestro sistema sanitario, que está reaccionando de forma impecable para afrontar la peor crisis de salud de nuestra historia. Gracias a la profesionalidad, a la compromiso y a una implicación sin fisuras de todos los profesionales sanitarios de nuestro país, tanto del sector público como del privado, podremos lograr lo que todos los madrileños y españoles desean: ganar la batalla al virus.

Me gustaría, en este punto, agradecerle la colaboración estrecha que estamos manteniendo entre el Ministerio de Sanidad del gobierno de España y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Solo podremos superar esta situación cooperando y manteniendo una visión global de la situación.

Como acordamos, y para asegurar el correcto funcionamiento de los servicios públicos fundamentales de la Comunidad de Madrid en una situación de alarma como en la que estamos inmersos, desde mi equipo de gobierno hemos reunido una serie de necesidades que no podemos cubrir desde nuestras competencias autonómicas.

La más importante, para salvar vidas de profesionales y pacientes, es el material sanitario. Desde la Consejería de Sanidad hemos realizado una estimación de las necesidades de material sanitario para afrontar esta crisis, teniendo en cuenta una duración de este pico de nuevos casos de 20 días.

Además, le añado las necesidades de todas las Consejerías del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es la siguiente:

MONOS IMPERMEABLES 64.660

GAFAS DE PROTECCIÓN 60.110

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS 11.921.700

MASCARILLAS FPP2 1.641.260

MASCARILLAS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA FFP3 123.080

CALZAS ALTAS 64.760

BATAS DESECHABLES 254.690

CAJAS DE GUANTES 7.212

TRAJES 3-B 2.000

RESPIRADORES 586

MONITORES 315

CAMAS 223

Igualmente, resulta crucial poder disponer de todos los test necesarios para poder detectar al mayor número de infectados posible y, de este modo, luchar de forma más eficaz contra la extensión de la enfermedad, en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para empezar, estimamos que necesitaríamos, como mínimo, unos 70.000 kits de detección.

Estoy segura de que coincidimos en que una máxima protección para todos aquellos que están expuestos al contagio del Covid-19, sean sanitarios o desempeñen cualquier otra tarea, es fundamental. Permita que insista en que nuestra prioridad es salvar vidas, y debemos comenzar por la de quienes más se están exponiendo.

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Adicionalmente, como consecuencia de la situación actual, varias consejerías nos han hecho llegar modificaciones regulatorias que nosotros no podemos llevar a cabo, pero que consideramos esenciales para tratar de solventar las graves necesidades que están surgiendo en el actual contexto de cierre.

Me refiero a una regulación básica para la adopción de medidas destinadas a la protección de los trabajadores del sector del transporte durante la vigencia del estado de alarma, mientras que en materia educativa requerimos algún tipo de disposición jurídica que permita adoptar medidas extraordinarias, como ha ocurrido con la comida para los beneficiarios de la RMI, en todo aquello que no cubra la declaración del estado de alarma; la ampliación de plazos para justificar el Fondo Social Europeo; y alternativas para las fechas de las pruebas de acceso a la universidad y de diagnóstico de la LOMCE. En caso de que este último punto no sea posible, reducción de los currículos durante este curso y muy especialmente la EVAU.

No quiero desaprovechar este canal de comunicación para trasladarle la necesidad que estamos detectando de más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente para las zonas más despobladas y para controlar el correcto cumplimiento del estado de alarma.

Por último, para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid continúe aportando soluciones a los colectivos más vulnerables, urge una mayor flexibilidad en el sector de los vehículos del transporte con conductor, de los repartidores a domicilio y, en general, de todo aquel que pueda ayudarnos a que los discapacitados, los ancianos y todo aquel que esté en una situación de vulnerabilidad pueda recibir alimentos, medicación y asistencia médica en tiempo y forma. Es necesario facilitar al máximo la entrega de comida a domicilio y el transporte de medicamentos, así como la relocalización de vehículos sanitarios procedentes de otras regiones y de flotas de vehículos con conductor (taxi/VTC/empresas de transporte y logística) para cubrir convenientemente la demanda de estos servicios.

Nuestra intención es que cualquier vehículo autorizado para el transporte de personas o de mercancías, o cualquiera de los más de 7.000 voluntarios que ya se han apuntado para ayudar, tenga capacidad legal para desempeñar la tarea que desde la Comunidad de Madrid estimemos conveniente de una forma segura y responsable.

El gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha contratado a un gran número de facultativos, profesionales de enfermería, TCAE y personal para apoyar en tareas no sanitarias. Pero esto solo es el principio, ya que, adicionalmente, necesitamos: 1.362 facultativos, 1.245 profesionales de enfermería, 310 TCAE y 31 personas para cubrir tareas no sanitarias.

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Con la información con la que contamos a día de hoy, estimamos que el coste presupuestario de la crisis del coronavirus en la Comunidad de Madrid podría ascender, de inicio, hasta los 1.195 millones de euros, equivalente al 0,5% del PIB. La consejería de sanidad, la de políticas sociales, la de transportes y la de educación son las más afectadas, aunque esta es una lucha que afecta a todas.

Y ello sin contar que el impacto económico que tendrá el cierre de la actividad durante un mes podría oscilar entre el 2% y el 5% del PIB madrileño.

Estoy segura de que usted comprenderá, vista la estimación anterior, que los 600 millones que comunicó va a poner a disposición de todas las comunidades autónomas para la prestación de servicios básicos nos parecen insuficientes. Por ello, me gustaría finalizar esta carta haciendo un llamamiento a la cooperación en materia económica, con los siguientes asuntos que se pueden solucionar desde el gobierno de España:

  • El desembolso de los 377 millones de euros adeudados por la liquidación del IVA de diciembre de 2017 y los 54 millones restados de las entregas a cuenta de 2019.

  • Que todo el gasto público destinado a la lucha contra el coronavirus quede excluido del cómputo de estabilidad presupuestaria, al tratarse de una situación de emergencia nacional.

  • Autorización por parte de Hacienda para abrir una línea de refinanciación de liquidez mediante avales públicos de la Comunidad de Madrid con el fin de apoyar a las empresas que se hayan visto afectadas por el cierre y no puedan hacer frente a sus pagos.

Las peticiones que me han trasladado desde las distintas consejerías son de primera necesidad.

Estamos hablando de asuntos básicos de seguridad, de garantizar la provisión de bienes y servicios de primera necesidad a los más vulnerables y de dotarnos de un marco jurídico lo más claro posible en un momento de tanta incertidumbre.

Espero que podamos seguir trabajando juntos en esto. Me despido poniendo a su disposición a la Comunidad de Madrid, como he hecho hasta ahora, para cualquier ayuda que pueda requerir en la lucha contra el coronavirus que a todos los españoles mnos concierne.

Reciba un cordial saludo,

Isabel Díaz Ayuso
Presidenta de la Comunidad de Madrid


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VOX lo tiene muy claro en Madrid: Sin “Pin Parental” NO HAY PRESUPUESTOS

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Monasterio (Vox), sobre el PIN Parental: “”sería llamativo que el PP no quisiera aprobar una medida que defiende la libertad frente a la Ley Celaá”. El PIN Parental ya se ha convertido en una de las señas de identidad de Vox en las negociaciones sobre los presupuestos regionales donde tiene influencia.

La portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid ha confirmado que el PIN Parental será junto con la bajada de impuestos, una de sus líneas innegociables en la negociación de los presupuestos autonómicos.

Rocío Monasterio considera que «sería llamativo que el PP no quisiera aprobar una medida que defiende la libertad de los padres frente a la Ley Celaá» cuando han mostrado su apoyo a las movilizaciones que contra esta ley se han producido en los últimos meses en España.

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A juicio de Monasterio el votante del Partido Popular -que gobierna en Madrid en coalición con Ciudadanos y el necesario apoyo parlamentario externo de Vox- «no entendería» que se opusiera a esta medida que «defiende la libertad» por lo que en principio no ve problema en la propuesta. «A no ser que se nos hayan vuelto socialistas de repente con estos últimos pactos…» ha ironizado la portavoz madrileña de Vox en una entrevista.

Monasterio considera que la implantación del PIN Parental «es más importante que nunca» para los padres tras la aprobación de la Ley Celaá que «facilita el adoctrinamiento» y «ha restado libertad a los padres para elegir el colegio que quieren».

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Desde el Gobierno de la Comunidad, su vicepresidente Ignacio Aguado (Ciudadanos), ha pedido a Monasterio que «rectifique y lo elimine de sus exigencias» por que a su juicio «la prioridad de los madrileños no es el PIN Parental».

El gobierno de Andalucía, en jaque

Precisamente la cuestión del PIN Parental ha sido objeto de polémica en los últimos días en Andalucía, precisamente porque se llegó a un acuerdo sobre la materia como condición para la aprobación de los presupuestos, que ahora el consejero de Educación andaluz, Javier Imbroda (Ciudadanos) niega.

El acuerdo firmado por el propio Imbroda recoge, de manera literal «el establecimiento de un sistema transparente de información a los padres a través del cual se impulse la implicación de las familias en la educación de los hijos y el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a los preceptos consagrados en la Constitución Española».

Sin embargo, Imbroda negó que esto estuviera relacionado con el llamado PIN Parental: A su juicio, el acuerdo firmado con Vox “no recoge nada de veto parental, ni PIN Parental, ni autorización expresa”. Esta postura junto a una votación municipal en Málaga en la que PP y Ciudadanos que acusa a Vox de «utilizar a las mujeres como rehenes» (sic), llevó al portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía ha poner en suspenso toda colaboración con el Gobierno por «quebrantamiento de la confianza», que ha puesto en jaque la continuidad del gobierno regional andaluz.

El PIN Parental se ha convertido en una de las señas de identidad de Vox en las negociaciones sobre los presupuestos regionales donde tiene influencia.


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Otra bofetada de la Justicia al Gobierno y sus manifiestas violaciones de la ley: El TSJM se carga la orden de confinar Madrid del Gobierno bolivariano de Pedro Sánchez

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LR.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no avala las nuevas restricciones impuestas en Madrid desde el pasado sábado para intentar frenar el avance de la pandemia al entender que limitan derechos y libertades fundamentales sin habilitación legal suficiente. Así lo ha acordado -en contra del criterio de la Fiscalía- la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del citado tribunal en una resolución en la que se niega a ratificar las medidas acordadas a regañadientes por la Comunidad de Madrid -que recurrió las medidas judicialmente- en el apartado tercero de la orden de la Consejería de Sanidad , que establece limitaciones en Madrid capital y otros nueve municipios de la región -Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz- en ejecución de la orden del ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Con independencia de que “las medidas restrictivas de tal derecho fundamental fueran necesarias e idóneas para evitar la extensión de la enfermedad en una situación de pandemia como la actual”, los magistrados concluyen en su resolución que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud «no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales”.

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Los magistrados afirman ser conscientes “de la gravedad de la crisis sanitaria sin precedentes ante la que se enfrentan los poderes públicos y que padece nuestra sociedad”, así como de la necesidad de adoptar “medidas inmediatas y eficaces de diversa índole para proteger la salud de los ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud”. Entre éstas, admite, “cabría incluir medidas limitativas de derechos fundamentales de mayor o menor alcance”. Pero para implantarlas, concluye, “nuestro sistema constitucional articula instrumentos jurídicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jurídicos diferentes para delimitar, modular, restringir, e incluso suspender los derechos fundamentales de las personas, respetuosos con las garantías constitucionales”.

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Los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos, hace hincapié el tribunal, “no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de ley que reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas”. Este es un presupuesto “de necesario cumplimiento”, añade, para que “esta Sala, cuya función es administrar justicia, sometida únicamente al imperio de la ley, interpretando y aplicando nuestro ordenamiento jurídico, pueda autorizar o ratificar medidas adoptadas por las autoridades sanitarias por razones de salud pública que impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales”.

Por lo tanto, sostiene la Sala, las medidas limitativas de derechos fundamentales que establece la orden de la Comunidad de Madrid del pasado día 1 -que se adoptaron, recuerda, “meramente en ejecución” de la orden de Illa- “constituyen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare, es decir, no autorizada por sus representantes en las Cortes Generales, por lo que no puede ser ratificada”.

Reproche a los políticos



Para el Tribunal Superior resulta “llamativo” que ante la situación de emergencia sanitaria y teniendo en cuenta el marco legal existente “no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del Covid-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país». Sobre todo teniendo en cuenta, recalcan los magistrados, que la actual regulación de los instrumentos normativos que permiten la limitación de derechos fundamentales para proteger la integridad física y la salud «resulta ciertamente deficiente y necesitada de clarificación”.

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Los magistrados precisan en su resolución que en estos momentos el marco legal existente “difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis» al ratificar las medidas en determinadas áreas de la capital el 24 de septiembre y, posteriormente, el pasado día 1. En esta ocasión, subraya, «como reconoce el propio letrado de la Comunidad de Madrid, lo que se solicita es la ratificación del mandato obligado del ministro de Sanidad por el que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas” por la Covid-19.

Esa orden ministerial -que plasmó las restricciones aprobadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, “obligando con ello a las comunidades autónomas”-, recuerda la Sala, se dictó al amparo del artículo 65 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud Se trata por tanto, según admiten ambas resoluciones, del “único título legal habilitante de la potestad administrativa ejercitada” para implantar las medidas cuya ejecución llevó a cabo la Comunidad de Madrid.

De ahí que, continúe el tribunal, la clave resida en determinar si esa normativa “autoriza la restricción de derechos fundamentales y libertades públicas”, con independencia de que las medidas restrictivas implantadas «fueran necesarias e idóneas para evitar la extensión de la enfermedad en una situación de pandemia como la actual”. Algo que, concluye, no se produce.

Estado de alarma



La Sala recuerda que “se ha venido admitiendo la posibilidad de que por ley orgánica, e incluso mediante ley ordinaria, se permita la adopción de medidas concretas que limiten el ejercicio de determinados derechos fundamentales” sin necesidad de decretar el estado de alarma. Siempre y cuando, matiza, que esa limitación se encuentre “suficientemente acotada en la correspondiente disposición legal de habilitación en cuanto a los supuestos y fines que persigue, de manera que resulte cierta y previsible, y este justificada en la protección de otros bienes o derechos constitucionales”.

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En esa línea, apunta, la exposición de motivos del Real Decreto Ley-ley 21/2020, de 9 de junio busca “garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el funcionamiento del conjunto del sistema nacional de salud” ante situaciones de crisis sanitarias, aunque «quedando al margen de su finalidad la de autorizar medidas limitativas de la libertad de circulación, como muestra el hecho de que asocie de forma reiterada las mismas a la declaración de estado de alarma”, precisa el TSJ madrileño.

Para el tribunal no hay duda de que en nuestro sistema constitucional corresponde a “los representantes de los ciudadanos en las Cortes Generales” la “delimitación y la modulación de los derechos fundamentales de las personas, bajo las exigencias de proporcionalidad, certeza y previsibilidad y, en todo caso, respetando su contenido esencial”.


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El recurso de Ayuso contra la orden de Illa tiene “serias opciones” de ser estimado

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 Ayuso tiene ‘opciones’ en su particular partida contra el Gobierno. La Comunidad presentará mañana recurso contra la orden de Sanidad que obliga a Madrid a aplicar más restricciones para hacer frente al Covid. “Legalmente lo estamos estudiando (el recurso) con el Abogado de la Comunidad y viendo de qué manera hacemos las cosas correctamente, porque no hay criterios para hacer esas restricciones de movilidad con unos criterios a vuelapluma” dijo Ayuso este jueves en Esradio. Poco después, en el pleno de la Asamblea de Madrid, volvió a repetirlo: “Iremos a los tribunales nuevamente como lo hicimos con el cambio de fase para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, y que sean objetivas y justas.”

 

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Si hace dos semanas Sánchez y Ayuso escenificaron la imagen del acuerdo y la cogobernanza en la Puerta del Sol, este jueves la Comunidad de Madrid anunció que recurrirá ante la Audiencia Nacional la orden de Sanidad que impone el cierre de la capital y otras diez localidades de alrededor. Han sido días tensos entre el gobierno autonómico y el Ministerio de Sanidad que no han terminado en acuerdo, porque la negativa de Ayuso a tomar más medidas ha obligado a Salvador Illa a coger las riendas e imponer las restricciones a través de una orden que entrará en vigor en menos de 48 horas.

La presidenta regional aseguró que acatará la orden “de manera estricta”, aunque advirtió que tratará que sea la Justicia quien obligue a Sanidad a rectificar. Una advertencia que se hará efectiva este viernes: “Recurriremos al Estado de Derecho para reclamar lo que es justo para Madrid”, aseguró la líder popular este miércoles en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Pedro Sánchez e ISabel Díaz Ayuso en el ya lejano pacto de la Puerta del Sol.

Pedro Sánchez e ISabel Díaz Ayuso en el ya lejano pacto de la Puerta del Sol.

Una jugada que podría salirle bien a Díaz Ayuso. Según Antonio Benítez Ostos, abogado experto en la jurisdición de lo contencioso administrativo, habría “serias opciones de estimación” del recurso. Ostos señala que la disposición de Sanidad nace en virtud del artículo 14.1 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud, que señala que los acuerdos en relación a las materias de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud “se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso”.

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No hubo consenso

“Debiendo haber consenso en la adopción de las medidas restrictivas y habiéndose limitado a la mayoría”, con el rechazo expreso -además de Madrid- de Cataluña, Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla, que también se opusieron a la orden de Sanidad, “no puede afirmarse que se siguiese el procedimiento legalmente previsto para su aprobación”, apunta Benítez Ostos. Por lo que, de formalizarse el recurso que ha anunciado Ayuso, el tribunal de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional podría estimarlo.

¿Dejarían en ese momento de ser obligatorias las nuevas restricciones?. No, explica Antonio Benítez Ostos: habría que seguir cumpliendo con la orden de Illa , salvo que se solicitase, junto a la interposición del recurso, la adopción de la medida cautelar de suspensión urgente, conocida como una medida “cautelarísima”. Aún así, “su mera interposición no impide que la orden del gobierno sea aplicada de forma inmediata a los ciudadanos”, sino que habría que solicitar la cautelarísima y que los Tribunales de Justicia la resolvieran de forma urgente.

Por el momento, y sin más movimientos por parte del Gobierno autonómico que el de apuntar a los tribunales como solución al conflicto con Sanidad, Madrid tendrá que cumplir con las nuevas restricciones y acatar las medidas de Illa.


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Pedro Sánchez, dispuesto a destrozar a Ayuso destrozando Madrid: un coste de 600 millones de euros semanales y un desplome del PIB de un 15%

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ISABEL DÍAZ AYUSO ACATA LA ORDEN PERO ACUDIRÁ A LOS TRIBUNALES

“Las restricciones de movilidad en Madrid pueden tener un peligroso efecto en una economía ya muy castigada”

El Gobierno no ha parado hasta que lo ha conseguido imponiendo en Madrid las restricciones de movilidad previstas en su plan a pesar de la oposición de la Comunidad de Madrid.

Cristina L. Mantas.- El mecanismo para llevarlo a cabo es a través de una orden ministerial, algo que se trata de una «decisión colegiada» según informó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial de Salud.

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No obstante, minutos después, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, indicaba que la orden «jurídicamente, no es válida» al no haber sido decidida por consenso. «El Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid y no por luchar contra el virus«, comunicaba en rueda de prensa el consejero de Sanidad madrileño.

Por su parte, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso -después de la publicación en el BOE de la orden que restringe la movilidad en diez municipios madrileños- ha advertido que las órdenes impuestas las recurrirá a los tribunales ya que, a su juicio, son «injustas».

«Iremos a los tribunales nuevamente como lo hicimos con el cambio de fase para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas. Recurriremos al Estado de Derecho para reclamar lo que es justo para Madrid», ha señalado en el pleno de la Asamblea.

Le recomendamos...  ¡EXCLUSIVA DESDE EL SUPREMO! El acusado Santi Vila reconoce: "Cataluña es España"

Esta decisión de Sanidad afecta, además de Madrid capital, a otros municipios madrileños Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles, Parla y Madrid.

La decisión del Gobierno acabará con miles de empleos

Con esta situación, lo que muchos madrileños se preguntan es cómo afectarán estas restricciones a la economía. De momento, los empresarios de la Comunidad de Madrid advierten que las restricciones pueden llevar a la pérdida de miles de empleos.

«Las restricciones de movilidad en Madrid pueden tener un peligroso efecto en una economía ya muy castigada«, señaló Miguel Garrido, presidente de CEIM.

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) prevé que las nuevas restricciones frente a la pandemia aprobadas por Pedro Sánchez supondrán para la capital de España un coste de 600 millones de euros semanales y una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de un 15 por ciento. Unas cifras catastróficas a la ya delicada situación que teníamos en España.

CEIM ya advirtió de que se «dinamitarán miles de empleos» con la aplicación de estas restricciones. Así, el presidente de CEIM, Miguel Garrido, solicitó que se aplicasen «medidas distintas» para obtener «resultados distintos»; al aplicar medidas semejantes en marzo se ha obtenido como resultado «rebrotes, ruina económica y empobrecimiento social».


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