El pasado 8 de noviembre, la denuncia de un padre de Mairena de Aljarafe (Sevilla) incendiaba Twitter. Se trataba de Ángel Bejarano, quien aseguraba que su hijo de 37 años había muerto «como consecuencia» de la «manera brutal» con la que la Guardia Civil había reducido a su hijo. Lo que no contaba en su publicación en la red social es que fueron él y su esposa quienes habían solicitado la presencia de los agentes por miedo a lo que su vástago les pudiera hacer.

Según ellos mismos relataron en su llamada de socorro, Carlos «estaba muy drogado, había actuado de forma violenta e incluso les había intentado agredir con un martillo». «La escena que los compañeros se encontraron al llegar fue surrealista», aseguran a LD fuentes cercanas al caso, «la casa estaba reventada». «Había un tenedor de trinchar clavado en la parte superior de la lavadora y una vitrocerámica destrozada a martillazos». De hecho en el servicio de emergencias 112, consta «la llamada de una vecina por ruidos en la vivienda».

En ese momento, el sujeto en cuestión no estaba en el inmueble. Pero sus padres «estaban atemorizados por si regresaba». No es de extrañar, a la vista de los acontecimientos. Estaban explicando la situación a los guardias civiles cuando él apareció y «arrojó dos martillos a los agentes sin mediar palabra». También portaba «una llave de las que se utilizan para cambiar las ruedas y un destornillador con el que les podía atacar». Procedieron a detenerle, pero él «opuso resistencia» y fue necesario reducirle para ponerle las esposas.

El padre les grabó

Hasta ahí todo normal, acorde a una intervención policial de estas características. Policía y Guardia Civil se encuentran todos los días con personas violentas y/o que van drogadas, a las que tienen que reducir para evitar males mayores. Y este, Carlos Bejarano, «iba hasta las cejas» y «suponía una amenaza» para los demás. Lo que extrañó a los agentes que se personaron en la vivienda es que, cuando estaban reduciendo al joven, el padre de éste comenzó a grabarles con su teléfono móvil.

En ese momento, no entendían nada. Pero el comportamiento posterior de la familia del toxicómano reveló las que podrían ser sus verdaderas intenciones: sacar dinero. Esa es la conclusión que sacan fuentes consultadas por ese periódico dado el desarrollo de los acontecimientos. «No hay otra explicación», señalan. Sólo eso encaja con el hecho de que pusieran una denuncia contra los agentes que practicaron la detención, los mismos que le reanimaron cuando entró en parada cardiorrespiratoria y llamaron a la ambulancia.

Presionaron a los médicos

Fuentes médicas nos cuentan otro detalle que podría ser esclarecedor. Los sanitarios que atendieron a Carlos a su llegada al hospital «recibieron presiones» por parte de los familiares del paciente. «Los padres pretendían que les hicieran un informe que indicara que ingresaba como consecuencia de la intervención de la Guardia Civil». Lo que indicaría que ya entonces, con su hijo todavía vivo, podían estar pensando en cómo sacar rentabilidad a aquella situación.

Por otra parte, nos confirman que «Ángel Bejarano ya había denunciado antes al cuerpo por un asunto en Umbrete». La elección del abogado que lleva su caso, Luis Romero, tampoco parece casual. «Es un especialista en intentar sacar dinero de este tipo de cosas». Según nos llega, en el pueblo se rumorea que habría dicho a la familia que «podría sacar al menos 30.000 euros».

La autopsia desmonta la trama

En cualquier caso, parece que Ángel Bejarano y su señora no lo tendrán fácil para hacer negocio de la muerte de su hijo Carlos, «drogadicto, con problemas respiratorios y de salud mental», una semana después de la intervención de la Guardia Civil a demanda de su familia y después de que el joven intentara agredirles con dos martillos lanzados al vuelo.

Fuentes cercanas al caso -que han tenido acceso a la autopsia- aseguran a LD que el examen post mortem de Carlos Bejarano, fallecido el 19 de septiembre, certifica que «murió por la combinación del consumo de alcohol y cocaína con la excitación de la detención» y -por tanto- «no existe vinculación o concordancia» entre la intervención de la Guardia Civil y su fallecimiento.