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La brutal agresión de un independentista a una señora mayor por llevar la bandera de España

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La tensión se nota en las calles de Cataluña tras la sentencia del procés y en algunos casos esa tensión ha degenerado en lamentables actos de violencia, como el que se ve en este vídeo difundido por el eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas.

El suceso ha tenido lugar en Tarragona, donde la mujer ha acudido a la manifestación independentista diciendo a los manifestantes que estaban “pisando suelo español”.

En las imágenes se observa cómo una señora mayor ondea una bandera española, cuando un individuo vestido con un lazo amarillo le arrebata la bandera y posteriormente la agrede brutalmente hasta dejarla tirada en el suelo.

Una lamentable agresión que enlaza con el clima de violencia que crece cada vez más en las calles de Cataluña. Una violencia alimentada desde los sectores más radicales del independentismo. Esta misma semana, en TV3, una invitada aseguraba que los CDR detenidos eran “inocentes” aunque “tuvieran bombas”, y que Cataluña “está en guerra”.

“Pienso que estas personas serán rehenes, y que continuaremos teniendo rehenes del Estado. Yo lo que creo es que quieren crear la división entre nosotros. Crear la división porque es fácil crear dudas. Puede que esta gente (los CDR detenidos por terrorismo) sí que tuviera bombas, pero escuchad, son gente inocente, como mi hijo, como los dieciséis presos políticos que tenemos en Cataluña. Porque ahora diré una cosa, porque he perdido el miedo, Cristina. Yo creo que estamos en guerra. Yo creo que nos han declarado la guerra. Lo creo firmemente”.


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Casado ofrece dar estabilidad a un Gobierno de Sánchez con pactos puntuales

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Pablo Casado (c) junto a Antonio Lopez-Isturiz (i) y a Dolores Montserrat (d)
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El líder del PP, Pablo Casado, se ha ofrecido este miércoles para dar estabilidad a un Gobierno del presidente en funciones, Pedro Sánchez, a través de pactos puntuales sobre cuestiones de Estado, si consigue superar una “investidura circunstancial” con el apoyo de Podemos.

En declaraciones a su llegada esta tarde al XXVI Congreso del PPE en Zagreb (Croacia), ha insistido en que el PP no va a facilitar la investidura de Sánchez, a quien incluso ha pedido que “dé un paso atrás” por coherencia, tras la sentencia de los ERE que ha condenado a los socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Pero ha diferenciado entre investidura y gobernabilidad, y se ha mostrado dispuesto a facilitar la segunda mediante pactos de Estado en su papel de principal partido de la oposición.

“A Sánchez no podemos cambiarle”, ha dicho Casado, porque es muy difícil que el PP consiga “lo que no consiguieron ni sus barones ni sus afiliados” pero sí se ha mostrado dispuesto a “darle garantía de estabilidad y gobernabilidad y que se aclaren si pueden entre ellos”, con Podemos y entre los propios militantes del PSOE.

Por eso, ha considerado que el presidente en funciones debería intentar “desbloquear una investidura para hacer políticas de Estado” a través de pactos de pactos posteriores con el PP.

Casado ha explicado que los pactos que ofrece a Sánchez son los mismos que le propuso en su primera reunión en La Moncloa y se refieren a los presupuestos estatales, la aplicación de la Constitución para resolver la crisis en Cataluña, la negociación del Pacto de Toledo, la educación o la lucha contra la violencia de género.

El líder del PP no había comparecido ante los medios de comunicación desde el pasado martes, cuando hizo una declaración, tras el Comité Ejecutivo Nacional del partido sobre el preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, pero en aquella ocasión no respondió a preguntas de los medios de comunicación.

En su rueda de prensa de esta tarde, ha mantenido su postura de entonces contraria a facilitar una investidura de Sánchez, porque considera que el PP es la única alternativa si fracasa su Gobierno y “unir ahora mismo la solución con el problema sería una irresponsabilidad porque sería imposible salir de este atolladero”.

También ha lanzado duras críticas contra el presidente en funciones, a quien ha reclamado que “asuma su responsabilidad” ante la sentencia de los ERE y aplique ahora “el mismo baremo” que cuando presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel.

Para Casado está claro que el caso de los ERE en Andalucía “sí que afecta al PSOE” y Sánchez debería dar también explicaciones de por qué se ha “atrasado” hasta después de las elecciones esta sentencia que hace que no sea el “candidato idóneo” para presentarse a la investidura.

Así, ha recriminado que Sánchez se haya “autoproclamado” candidato y que se haya dado “mucha prisa” por cerrar un preacuerdo de Gobierno con Unidas Podemos, algo que es una “irresponsabilidad” que ha instado a los militantes del PSOE a rechazar en la consulta que realizará el partido este fin de semana.

Por lo que respecta a la posibilidad de que Vox pueda formar parte de la Mesa del Congreso, tras conseguir 52 diputados en las últimas elecciones, Casado se ha mostrado dispuesto a negociarlo ya que “el PP nunca va a participar de cordones sanitarios frente a partidos constitucionalistas” y no está por excluirlos.

Ha puntualizado que su partido no va a negociar nada con los partidos independentistas que se han situado “en la ilegalidad y en la inconstitucionalidad”, pero aparte de esta reserva, no está dispuesto a establecer ningún cordón sanitario a otros partidos. “No vamos a hacer lo que criticamos”, ha concluido.


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Tribunales

La amenaza de un segundo juicio por desobedecer con los lazos planea sobre Torra

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El presidente de la Generalitat, Quim Torra, el pasado lunes camino al TSJC para ser juzgado por desobiediencia
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La sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado llevar a la vía penal al presidente catalán, Quim Torra, por desoír una orden suya del pasado mes de septiembre para que retirara del Palau una pancarta de apoyo a los políticos presos con un lazo amarillo.

En un auto, que cuenta con el voto particular de uno de los cuatro magistrados, el TSJC resuelve deducir testimonio contra Torra ante la sala penal del alto tribunal por no haber descolgado la pancarta, dentro del plazo de 48 horas que le dio, a raíz un recurso que la asociación Impulso Ciudadano presentó para mantener la neutralidad del edificio incluso fuera de período electoral.

De prosperar este proceso penal, esta sería la segunda causa abierta a Quim Torra por negarse a quitar símbolos de apoyo a los políticos presos de los edificios públicos dentro de los plazos establecidos, lo que el lunes pasado ya le llevó a juicio ante el TSJC, en este caso por desobedecer presuntamente a la Junta Electoral.

El TSJC ordenó el pasado 20 de septiembre a Torra que retirara la pancarta, con el lema «Libertad presos políticos y exiliados» y flanqueada con un lazo amarillo, al considerar que debe garantizarse la «neutralidad institucional» del edificio, como medida cautelar mientras resuelve el recurso presentado por Impulso Ciudadano, asociación liderada por el exdiputado de Cs en el Parlament José Domingo.

El presidente de la Generalitat, no obstante, desoyó el ultimátum de 48 horas que le dio el tribunal y recurrió en paralelo la orden, tras lo que el TSJC dictó un nuevo requerimiento en el que instaba a los Mossos d’Esquadra a retirar los símbolos de apoyo a los presos del Palau «de forma inmediata».

Ante ese segundo requerimiento dirigido a la policía catalana, el 27 de septiembre personal de mantenimiento del Palau retiró la pancarta, tras lo que cuatro activistas independentistas -los exdiputados Lluís Llach y Antonio Baños, la actriz Silvia Bel y la portavoz de la plataforma Som Escola, Teresa Casals- desplegaron otra con el lema «Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos».

En su auto, fechado el 4 de noviembre -antes del juicio a Torra-, la sala contenciosa desestima el recurso que presentó el presidente catalán y le advierte de que la pancarta y el lazo son símbolos «cuya naturaleza no es neutral y, por ende, inevitablemente partidista».

En su recurso, Torra invocaba la libertad de expresión, pero la sala le recuerda que el presidente tiene ocasión de ejercitarla «en todos los foros y en todos los formatos a su alcance, en el Parlament y en los medios públicos y privados de comunicación», sin invadir los derechos de libertad ideológica y neutralidad institucional planteados por Impulso Ciudadano.

La sala acuerda además deducir testimonio contra el presidente de la Generalitat, y remitirlo a la sala civil y penal del TSJC para que lo investigue, después de que el 27 de septiembre constatara, a través de su secretaria judicial, que la pancarta seguía en el Palau pese a haber expirado el ultimátum a Torra.

Por ese motivo, el tribunal decidió requerir al comisario de los Mossos que diera instrucciones a sus fuerzas para descolgar la pancarta, lo que no fue necesario porque, a las 15.40 horas de ese mismo 27 de septiembre, la policía catalana levantó acta constatando que se había retirado.

Voto particular

Como ya hizo cuando el tribunal dio el ultimátum a Torra el pasado 19 de septiembre, el magistrado Eduard Paricio se desmarca de la sala en un voto particular al considerar que una pieza de medidas cautelares no es el marco «idóneo» para adoptar decisiones que responden a cuestiones de fondo.

El juez alega que en este caso se discute sobre cuestiones de una «notable complejidad jurídica» ya que afectan a los límites del derecho de los cargos a la libertad de expresión, al alcance y naturaleza de la neutralidad que se puede exigir a las instituciones y a los derechos de los ciudadanos al respecto.

Por este motivo, concluye en su voto particular que antes de adoptar medidas como las que han asumido sus compañeros de sala se tendría que permitir que las partes desplegaran con profundidad sus razonamientos y que pudieran aportar las pruebas que consideren necesarias.

A su entender, en el actual momento procesal de esta causa no se presenta con «suficiente claridad» el debate «como para permitir que entre en juego el principio de apariencia de buen derecho en la toma de una decisión cautelar».

El auto del TSJC se ha hecho público dos días después de que el TSJC dejara visto para sentencia el juicio por desobediencia contra Torra, para quien la Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación por desoír una orden de la Junta Electoral para que retirara el lazo del Palau en la campaña del 28A.


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Europa

Conmoción en Alemania: asesinan a puñaladas al hijo del ex presidente Richard von Weizsäcker

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El médico Fritz von Weizsäcker, hijo del ex presidente alemán Richard von Weizsäcker, murió este martes tras ser apuñalado por un hombre mientras se encontraba dando una charla sobre el hígado graso en una clínica de Berlín, según informan hoy los medios.

En el ataque resultó herido grave asimismo un policía que casualmente se encontraba entre el público y que trató de evitar la agresión.

El atacante, que estaba entre los asistentes, fue retenido por una veintena de oyentes hasta que llegó la policía.

La agresión mortal tuvo lugar hacia las 18:50 hora local (17:50 GMT) en una sala de conferencias de la unidad de psiquiatría de la Schlosspark-Klinik, en el barrio berlinés de Charlottenburg, donde Von Weizsäcker, de 59 años, ejercía como médico jefe de gastroenterología.

El médico murió en el lugar de los hechos, mientras que el herido fue trasladado a otro hospital.

La policía informó hoy de que el atacante es un hombre de 57 años sin antecedentes. No se ofrecen más datos, algo ya es habitual cuando el asesino no pertenece a la extrema derecha.

Por el momento, se desconocen los motivos de la agresión, por lo que se espera que la familia de Von Weizsäcker, quien según los medios era muy apreciado por sus colegas, pueda aclarar si existían amenazas contra el médico.

Fritz von Weizsäcker

Von Weizsäcker estudió medicina entre 1979 y 1987 en Alemania y desde 2005 era médico jefe en la unidad de medicina interna en la Schlosspark-Klinik. Era hijo de Richard von Weizsäcker (1920-2015), presidente de Alemania entre 1984 y 1994, y alcalde de Berlín Occidental entre 1981 y 1984.

El grupo mediático Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) publicaba ayer que los hospitales berlineses se han visto obligados a reforzar su seguridad con empresas privadas ante los crecientes incidentes violentos en sus instalaciones y con el fin de garantizar el funcionamiento del centro.

“Ya no sorprende a nadie que se necesiten vigilantes privados para garantizar la seguridad en eventos, en el transporte público, en comercios minoristas, en universidades, escuelas o agencias de empleo. Es una triste realidad que cada vez más también médicos y enfermeros tienen que ser protegidos”, declaró Harald Olschok, de la confederación de servicios de seguridad privada (BDSW).


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