Sociedad
La Comunidad de Madrid multa con 20.000 euros a una «coach» que ofrecía terapias para curar homosexuales
La Comunidad de Madrid ha multado con 20.001 euros a E. L., la «coach» que fue denunciada por vulnerar la Ley contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad al ofrecer a través de Internet terapias para la curación de la homosexualidad.
Lo ha anunciado el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en la Real Casa de Correos. «Demuestra que este Ejecutivo no va a dar un paso atrás en materia LGTBI y derechos civiles», ha defendido.En 2016 la asociación Arcópoli presentó ante la Consejería de Políticas Sociales un escrito por medio del que denunciaba esta presunta infracción administrativa. A raíz de ello, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales acordó abrir un periodo de información previa de carácter reservado, con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto.
La «coach» denunciada ofrecía varias técnicas, desde libros hasta terapia, «de cambio para personas que viven una homosexualidad no deseada que les hace vivir infelices e insatisfechos». La página, ya inactiva, incluía en su día testimonios de personas que se habían beneficiados de la terapia de la supuesta profesional, que los miembros de Arcópoli consideró «irresponsables testimonios no comprobables».Durante este proceso, en enero de 2017, tuvo entrada en el Registro una nueva denuncia, formulada por dos particulares, que hacían también alusión a un posible delito por realización de terapias.En marzo de este año, la Secretaría General Técnica resolvió que los hechos denunciados podrían constituir una infracción administrativa «muy grave», según recoge el artículo 70.4 de la normativa que recoge que las multas podrían oscilar entre 20.000 y 45.000 euros. Un mes después el Consejo de Gobierno inició el procedimiento sancionador.
Desde la entrada en vigor de la ley, esta es la primera vez que se interpone una multa de esta cantidad.
Hasta el momento, el resto de procedimientos han derivado en 18 sanciones por infracciones leves con multas que oscilan entre los 200 y los 1.800 euros.Asociaciones LGTBI y Kifkif se han mostrado satisfechas tras la sanción, pionera en España. Arcópoli ha señalado que durante estos tres años les han ido llegando casos de anuncios que presuntamente realizaba esta «coach» para ofrecer servicios en la red social Grindr e incluso que cambiaba de lugar de residencia a Toledo, donde no hay una ley de estas características. Muchas personas se pusieron en contacto con la asociación indignadas de estos anuncios que ofrecían los servicios de Elena Lorenzo.
En abril de 2019 la Comunidad de Madrid inició el expediente sancionador contra Elena Lorenzo y hoy el vicepresidente regional Ignacio Aguado ha anunciado la multa de 20.001 euros. «Pese a ser la mínima cantidad para las sanciones muy graves, es una sanción histórica y pionera ya que nunca antes en España se había interpuesto una multa por las terapias de curación a las personas LGTB», ha señalado Arcópoli.El director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, Rubén López, considera que estas terapias de curación «son una práctica aberrante que pueden ser consideradas torturas psicológicas y que pueden llegar a inducir al suicidio a las personas que asisten con la esperanza de ‘volverse heteros’». «Son impropias del siglo XXI en España y es vergonzante que partidos políticos como Vox estén a favor de que existan», ha dicho.
En la actualidad, Arcópoli tiene presentadas otras dos denuncias por terapias de curación, al Obispado de Alcalá y a la web http://www.esposiblelaesperanza.com. Si tienes conocimiento de alguien que haya asistido a terapias o que pueda proporcionarnos datos sobre estas terapias, no dudes en contactar con Arcópoli.KIFKIF: «UN HITO HISTÓRICO»Por otra parte, la asociación Kifkif ha celebrado también este martes que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya impuesto la primera sanción por infracción muy grave contemplada en la Ley de protección LGTBI. «Es la primera de este tipo en toda España, todo un hito histórico de la igualdad social de nuestro colectivo», han señalado.
En este sentido, la asociación recuerda que la homosexualidad «no es un trastorno psicológico, por lo que no está justificada una intervención de tipo psicológico», además de que «no existe evidencia científica que avale que se pueda cambiar de orientación sexual». Por contra, los expertos aconsejan no ayudar a cambiar la orientación sexual, sino «apoyarle para que logre aceptar y desarrollar su sexualidad».En esta línea, para Kifkif «este tipo de terapias son otra forma de fomentar LGTBIfobia, más indirecta y sutil, en la que se refugia un sector ultraconservador que se niega a aceptar la diversidad, y que denuncia un pretendido ‘estilo de vida gay’ que provoca presunta infelicidad. Pero tras esta máscara de compasión se oculta el mismo odio de siempre contra los homosexuales».
La organización muestra igualmente su satisfacción de que se empiecen a aplicar las leyes LGTBI en la región, «cuya demora deja desprotegidas a todas las personas del colectivo frente a delitos como los hoy multados».
España
Se les acaba la alfalfa en el pesebre. Por Jesús Salamanca Alonso
.«Es un hecho que la afiliación sindical ha descendido del año 2000 para acá; son los sectores de servicios los que acaparan mayor afiliación: educación, biblioteca, etc. Hoy no supera el 12-13% y bajando, según la OCDE»
El pesebre sindical se va quedando sin alfalfa. Al sindicalismo en desuso, consagrado casta y de buen vivir se le acaban los haces de alfalfa como a los aviones de ciertos países, que se van quedando sin queroseno de reserva. Sea por improvisación de los Gobiernos, mala gestión de las políticas o simplemente la conflagración de una guerra inesperada, el caso es que quienes comían ya no comen, al igual que los que vivían del lujo, malgastando fondos de la Junta de Andalucía o del Fondo europeo ya no vive igual y comprueba como Anticorrupción, la UCO o Hacienda le tienden trampas. Algunas iguales a las que tienden a los contribuyentes, que ponerlas las ponen.
Hacienda, la UCO y la Fiscalía Anticorrupción lleven a cabo una investigación en profundidad sobre la opacidad del patrimonio sindical y, en algunos casos, el de los líderes que llevan años enclaustrados con tumbona, porrón, cacahuetes y naipes de ocio alargado. Algunas sanciones a esos sindicatos machistas, privilegiados y casta se han pagado con patrimonio sindical, cuando las sanciones han sido aplicadas por la mala gestión efectuada. No echen en saco roto cómo uno de esos sindicatos amamantado por el Erario Público pagaba a su gente viajes al Caribe con cargo de los fondos que recibía de la Junta de Andalucía. Investiguen, investiguen, verán como no es necesario que me retracte.
Durante muchos años han vivido de los presupuestos y del dinero público. Ahora parece que el grifo se queda sin agua o tiene fugas por otros sitios. Grifo sin agua y vaca sin leche ya se sabe. Han tirado tanto de la ubre que no da más de sí. Están obligados a pedir perdón a los trabajadores por usos y representación fraudulenta. En España, entre los trabajadores de 25 a 44 años, está afiliado a un sindicato el 18% de los empleados a tiempo completo. Parece que ese porcentaje desciende al 10% entre los trabajadores que trabajan parcial. Es un hecho que la afiliación sindical ha descendido del año 2000 para acá; son los sectores de servicios los que acaparan mayor afiliación: educación, biblioteca, etc. Hoy no supera el 12-13% y bajando, según la OCDE.
«Más allá de su función institucional (…), el grado en que los trabajadores deciden afiliarse a un sindicato refleja su nivel de identificación con estas organizaciones y la capacidad de éstas para atraer y retener nuevos miembros. En los últimos años, diversos estudios han señalado un proceso de debilitamiento de la afiliación sindical en muchas economías avanzadas, especialmente entre los trabajadores más jóvenes y aquellos con trayectorias laborales más inestables». Eso se debe a una transformación estructural del mercado de trabajo, el aumento de la temporalidad y una mayor rotación en el empleo, así como por los cambios habidos en las relaciones laborales.
El nivel de identificación en España con este tipo de organizaciones no supera el cuatro por ciento. Están obligados a cambiar su estructuración, su dedicación al afiliado o usuario y a un aumento de las exigencias para la mejora de sus servicios. El gran logro del siglo XXI se habrá alcanzado cuando aprendan a mantenerse con sus propios presupuestos para ganar independencia respecto al Estado. Ahora es ese momento: vivir de sus afiliados y mantener sedes y servicios de ellos, ajenos al Estado y a las empresas. «Han vivido del robo y la venta de los trabajadores y se han dado lujos de los que se privaban los trabajadores: mariscadas, vicios mayores, orgías a destiempo, etc.», dice E. San Román, afiliado hasta su desengaño.
Ahora empezarán las huelgas que llevan años sin hacer porque, estando lleno el buche, no dan ganas de algaradas ni de quema de contenedores. Les interesan más sus intereses y llenar sus bolsillos que las necesidades de los trabajadores. Movilizaciones las llaman, pero solo recurren a ellas si les tocan el bolsillo. ¡Vividores a trabajar! Castilla y León se han comprometido a quitar las subvenciones a los sindicatos y a enseñarlos a vivir de lo que generen. Ya lo hizo en la legislatura anterior, pero solo mientras VOX permaneció en el Gobierno. Si se ha hecho en casi todos los países, ¿por qué en España seguimos sin evolucionar, pringados en naftalina y con estructuras sindicales anquilosadas? A Alfonso Fernández Mañueco le hemos dado un plazo prudencial para cerrar el grifo de las subvenciones inútiles, que las hay, y muchas. Si no lo lleva a cabo tendrá que soportar movilizaciones de la ciudadanía que produce y si no, al tiempo.
Mientras este tipo de sindicatos no cambie y se modernice, solo merecen patatas cocidas (marraneras) y no tantas gambas. ¡Ya está bien de fiestas! Para el 1º de mayo ya está organizado el comité de seguimiento para comprobar cómo desciende el «montante gambeto» de España. Contabilicemos gambas y liberados.
