Manuel Conthe.- Un médico en activo en la Comunidad de Madrid, del que me fío plenamente, me dice dos cosas sobrecogedoras:

• Que, debido a la insuficiencia de respiradores, en algunos hospitales de Madrid están teniendo ya que retirárselos a personas ancianas para ponérselos a pacientes de menos de 65 años, con mayor probabilidad de supervivencia.

(Es el trágico dilema que en esta crónica llamé «dilema de Salaroli»: ¿a quién debe el médico intentar salvar?)

• Que el personal sanitario no dispone de suficiente material y equipo para protegerse del contagio.

¿Están haciendo las autoridades el máximo esfuerzo posible para evitar estos dramas?

No lo sé, espero que sí, pero esa debe ser la máxima prioridad.

Aplanemos dos curvas: la del contagio y la de la recesión

(17-3-2020)

La semana pasada, en su entrevista en el Corriere de la Sera, Christian Salaroli, médico de un hospital de Bérgamo, ciudad lombarda próxima a Milán, desvelaba el trágico dilema al que se enfrentan muchos hospitales italianos:

«Estamos como en la guerra. Decidimos a quién tratar [mediante ventilación asistida] en función de su edad y estado de salud».

La curva del contagio

Ese trágico dilema surge de una sencilla restricción matemática: aunque un porcentaje muy elevado de contagiados por el coronavirus no muestra síntomas, o los tiene muy leves, un porcentaje pequeño sufre -como estamos viendo- graves problemas respiratorios y precisa oxigenación en un hospital y, en caso extremos, ventilación asistida. Pues bien, si la población simultáneamente contagiada es, en términos absolutos, muy grande, también lo será el número absoluto de personas que precisen asistencia hospitalaria (aunque constituyan una pequeña proporción de los infectados) y ese número podrá superar el de plazas disponibles en las Unidades de Cuidados Intensivos. Como en las guerras, aquellos pacientes en estado grave a los que no pueda prestársele atención sanitaria morirán con casi seguridad.

Es cierto que la oferta de servicios hospitalarios puede aumentarse (recordemos la meteórica construcción de un hospital en un solar de Wuhan que veíamos con curiosidad por televisión cuando considerábamos la epidemia un problema lejano; o el ofrecimiento por hoteleros españoles y posterior decisión de «medicalizar» hoteles para transformarlos en improvisados hospitales).

Pero, como se acordó primero en Wuhan (China) e Italia, y el sábado pasado en España, para impedir el desbordamiento de los servicios sanitarios y el consiguiente aumento del número de fallecidos es preciso intentar cortar el crecimiento exponencial («aplanar la curva») del número de contagiados mediante el confinamiento (lockdown) de los ciudadanos en sus hogares. Tal vez la estrategia gradual por la que parece haber optado en el Reino Unido su Primer Ministro, Boris Johnson, tenga éxito: pero parece más prudente y humanitaria la estrategia de confinamiento seguida, entre otros, por el Gobierno español.

Resulta aquí aplicable el título de un viejo artículo del ya fallecido Premio Nobel de Economía Thomas Schelling: «La vida que salves [con medidas preventivas] puede que acabe siendo la tuya» («The Life you Save May be Your Own», 1968).

La curva de la recesión

Pero esas medidas sanitarias extremas, cuanto más intensas y prolongadas, provocarán una brusca y fuerte contracción de la actividad económica.

Como señaló la semana pasada el economista francés afincado en Estados Unidos Pierre-Olivier Gourinchas en su nota «Flatenning the Pandemic and Recession Curves», si la parálisis económica produce el primer mes una caída de actividad productiva del 50% y del 25% en los dos o tres siguientes meses, la caída del PIB llegará con facilidad al 10% anual, incluso aunque la demanda y la producción recuperen pronto el nivel anterior a la crisis. Sería una contracción temporal, pero mucho más intensa que la que vivimos en 2009, el peor año de la Gran Recesión.

Además, en ausencia de medidas públicas extraordinarias de apoyo a las empresas y trabajadores afectados, ese impacto directo y mecánico, aunque temporal, acabaría teniendo un efecto indirecto mucho mayor, como consecuencia de las insolvencias y crisis que acarrearía, de la contracción de la demanda privada que el clima de incertidumbre provocaría y de las restantes secuelas económicas y financieras de tan grave shock.

Estamos, pues, en presencia de una circunstancia extraordinaria que justifica la adopción de medidas intensas de apoyo público a las empresas y sus empleadas. Como afirma Gourincha, debemos aplanar no solo la curva de los contagios de coronavirus, sino también la curva del impacto recesivo que esas medidas sanitarias de aplanamiento tendrán.

En esta ocasión han sido, por fortuna, las autoridades públicas tradicionalmente defensoras del rigor fiscal las que han dejado claro que la emergencia sanitaria exige medidas decididas de apoyo público al sector privado.

Así, nada menos que el ministro alemán de finanzas, Sr. Scholz, al anunciar el jueves pasado el amplio abanico de medidas de apoyo público a las empresas alemanas, invocó la metáfora del «bazoka» y utilizó la célebre fórmula de que su Gobierno hará «todo lo que sea necesario» para ayudar a las empresas alemanas a sortear la crisis. En parecido sentido se manifestó su colega el ministro de economía, Sr. Altmaier.

Y ese mismo día, en el articulo «The Monetary Policy Package: An Analytical Framework» publicado en el blog del Banco Central Europeo (BCE), un destacado miembro de su Comité Ejecutivo, Philip Lane, aprovechaba la explicación de las medidas de política monetaria y de supervisión bancaria adoptadas por el BCE esa misma semana para añadir:

«Es preciso que los Gobiernos, además de adoptar las medidas sanitarias precisas para contener la difusión del coronavirus, aprueben también una respuesta de política fiscal coordinada que apoye a las empresas y trabajadores en peligro como consecuencia de las secuelas del shock».

El papel de la Unión Europea

En mi opinión, resulta de aplicación en las actuales circunstancias un precepto que el entonces presidente de la Comisión, Jacques Delors, tuvo el acierto de proponer en 1991 cuando negociábamos el Tratado de Maastricht, que él llamaba «mecanismo anti-shock», sobrevivió a las negociaciones y es hoy el artículo 122.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dice:

«En caso de dificultades o en caso de serio riesgo de dificultades graves en un Estado miembro, ocasionadas por catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales que dicho Estado no pudiere controlar, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá acordar, en determinadas condiciones, una ayuda financiera de la Unión al Estado miembro en cuestión. El Presidente del Consejo informará al Parlamento Europeo acerca de la decisión tomada».

La singularidad de la actual situación está en que seremos prácticamente todos los Estados miembro de la Unión Europea los que necesitaremos adoptar medidas extraordinarias de garantías y ayudas públicas a las empresas y trabajadores para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis sanitaria.

Lo último que necesitaríamos ahora es que, como ocurrió en los años 2010-2012, surjan dudas sobre la sostenibilidad financiera de la deuda de Italia, España o cualquier otro Estado miembro del euro, como consecuencia del esfuerzo fiscal extraordinario exigido por la emergencia. Por eso, parece claro que en las circunstancias económicas extraordinarias que estamos viviendo:

1. La Unión Europea, en aplicación de lo dispuesto en el articulo 122.2 del Tratado, debiera adoptar, con carácter extraordinario y temporal, un papel activo para apoyar la estabilización económica de sus países miembros y «aplanar la curva de la recesión».

Como señalaban tanto Gourinchas como Wolfgang Münchau hace unos días en las páginas del Financial Times, sería un caso de libro para que la Unión Europea financiara las ayudas extraordinarias precisas mediante un «coronabono» europeo.

1. El BCE, como potencial y voluntario garante último de la sostenibilidad financiera de todas las emisiones de deuda soberana de la eurozona, deberá asegurar que apoyará el esfuerzo fiscal extraordinario que las entidades públicas de la zona euro, cualesquiera que sean, deberán acometer en apoyo de las empresas y trabajadores afectados por la crisis.

Las medidas extraordinarias de confinamiento, al aplanar la curva de contagios, mitigarán el trágico dilema de Salaroli. Pero la política fiscal deberá, con el apoyo de las instituciones europeas, aplanar también, con decisión, la curva de la recesión.