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Cartas del Director

La euskaldunización de Navarra

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María Chivite
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Pedro Sánchez ha conseguido añadir Navarra a su poder territorial, pero el precio ha sido muy alto. Ha permitido que gobierne María Chivite, del PSN, con el apoyo de EH Bildu, lo que a más de uno habrá removido sus convicciones democráticas más profundas. La abstención del partido de Otegi en la investidura que se vota hoy no sólo es determinante para que los socialistas navarros, con apenas 11 diputados de un total de 50, gobiernen, sino que supone la legitimación política de una formación heredera de ETA que no ha tenido el menor gesto de arrepentimiento y celebra la libertad de sus terroristas ante el escarnio de sus víctimas, como hemos visto en Oñate. Sánchez ha permitido que los abertzales ocupen un papel clave en la estabilidad de la comunidad foral, en contra de unos resultados que dieron como fuerza ganadora a Navarra Suma –coalición formada entre UPN, PP y Cs–, con 19 escaños y más de 124.336 votos, frente a los 70.143 obtenidos por los socialistas, que fueron la segunda fuerza.

El escenario que queda tras el pacto con los nacionalistas vascos representados por Geroa Bai –cuya fuerza principal es el PNV– y EH Bildu es la ruptura de una comunidad leal a la Constitución que ha sabido mantener su identidad foral por encima de la supuesta primacía vasca y de su expansión cultural en todo el territorio. Javier Esparza, número uno de Navarra Suma, no pudo ser más elocuente en el primer debate de investidura al preguntarle a Chivite: «¿De verdad merece la pena ser presidenta gracias a los votos de EH Bildu?». No respondió, claro. No podía hacerlo, si no mentía.

Un gobierno en Navarra con el apoyo del nacionalismo vasco es la condición para que Pedro Sánchez pueda, a su vez, contar con el voto del PNV y la abstención del partido de Otegi en su investidura para La Moncloa. Es una permuta inmoral con la que, además, asume el riesgo de que el gobierno navarro dependerá de los siete votos de la izquierda abertzale. Pero la realidad es otra. Los navarros optaron por la constitución, en 1979, de su propio parlamento y, desde 1982, de la Comunidad Foral. Navarra se negó a formar parte del Consejo General Vasco, órgano preautonómico en el que debían estar integrado todos los «territorios vascos», incluso presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que falló a su favor, para que quitaran del escudo oficial del País Vasco el de Navarra.

No es, por lo tanto, un tema menor que el nacionalismo vasco se haya convertido en la fuerza central en la comunidad foral, siendo minoritario en escaños. Entre sus empeños está el de dividir a Navarra en dos comunidades, la euskalduna, en el norte, y la española, en el sur, desnaturalizando un hecho mucho más determinante: la comunidad foral ha sido leal a la Constitución. El riesgo ahora es que entre en el juego impuesto por el independentismo catalán y los extraños compañeros de viaje que de manera tan irresponsable –e interesada– ha encontrado en el PNV. Navarra no puede ser una pieza más en la estrategia de crear Estado «plurinacional» en el que tan alegremente juega la izquierda, incluido el PSOE.

Chivite dijo ayer querer gobernar para todos los navarros, que es un principio que queda invalidado partiendo de los aliados en los que se ha apoyado, que buscan la descomposición del régimen constitucional y abrir la vía iniciada por el separatismo en Cataluña. Ni PNV ni EH Bildu han renunciado a su proyecto de euskaldunización de Navarra, guerra cultural que de llevarse a cabo abiertamente se enfrentaría con una realidad innegable: la mayoría electoral, como así se refleja en el parlamento de Pamplona, es mayoritariamente constitucional y española. Sánchez ha tomado una decisión con la que puede asegurarse su continuidad en el Gobierno, pero que puede tener graves consecuencias en la estabilidad territorial.

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Cartas del Director

La peligrosa inacción del presidente

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La gestión realizada por Pedro Sánchez para paliar el daño causado por el separatismo en Cataluña es tan ineficaz como temeraria. Durante la última semana, lo único que se conoce de lo realizado por Pedro Sánchez se reduce a contener a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mientras eran atacados, a no atender las llamadas telefónicas del chantajista Joaquim Torra y a una operación propagandística de lavado de imagen visitando a los agentes heridos en el hospital. Poco más se conoce de por qué el Gobierno no ha actuado con más contundencia, permitiendo durante demasiadas noches el salvajismo batasunizado de miles de individuos que han convertido la destrucción de Cataluña en su única causa.

Es cierto que Torra ha perdido toda la dignidad del cargo que representa negándose a condenar la violencia y rechazando desmarcarse del vandalismo de los llamados «comités de defensa de la república». Torra no solo se ha ridiculizado a sí mismo en un sketch semipublicitario para denunciar que Sánchez no atiende sus llamadas, sino que ha perdido la perspectiva y carece de la más mínima autoridad. Se ha convertido en un pelele de la ultraviolencia, capaz de presentarse en público como instigador y víctima a la vez. Sin embargo, Sánchez sí debió atender sus llamadas telefónicas.

El presidente defensor del «diálogo siempre y antes que nada» debería hablar con Torra para decirle que está poniendo en peligro la democracia en Cataluña, que es el primer pirómano, que es un irresponsable político y que Cataluña no merece menos que su dimisión inmediata. Pero Sánchez contemporiza y aparenta. No quiere implicarse en una estrategia que pudiera restarle votos en Cataluña, y por eso no ha querido ejercer el legítimo control de los Mossos, cuando habría sido lo idóneo. Reducir todo lo ocurrido, como ha hecho su ministro del Interior, a una mera cuestión de desórdenes públicos es ridículo. Más aún cuando una casa bien conocida por él, como es la Audiencia Nacional, mantiene imputados por terrorismo a siete miembros de los CDR. No basta con las palabras. No basta con que Sánchez diga que los miembros de las guerrillas urbanas de los últimos días pagarán ante la Justicia. Faltaría más.

Han sido miles los causantes de un destrozo material y emocional en Cataluña, y sin embargo los detenidos apenas alcanzan unas decenas. Salvo en cuestiones internas y orgánicas del PSOE, donde es implacable, Sánchez tiene un problema con la autoridad. En Cataluña hay quien incumple la ley de modo sistemático, y con meras advertencias -es a lo más que alcanza Sánchez- no va a conseguir que depongan su actitud insurrecional. Siete días de vandalismo en Cataluña por siete días de pasividad y parálisis de Sánchez. Es hora de que reaccione.

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¿A qué espera Pedro Sánchez?

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EM.- Nos preguntamos a qué está esperando el Gobierno de España para intervenir en Cataluña. Desde que el lunes pasado se rompió el dique de la “violencia generalizada” -las comillas son de Moncloa-, la situación se ha ido degradando día a día. Cada hora que pasa, y pese a la encomiable entrega de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía, se hace más evidente que la Generalitat no solo no se basta para restablecer el orden público sino que ofrece constantes evidencias de que no tiene ese objetivo por prioritario. Porque su única prioridad, en palabras del todavía presidente Quim Torra, sigue siendo la independencia de Cataluña. Torra trata de rentabilizar políticamente la espiral de salvajes disturbios para relanzar la confrontación unilateral con el Estado, amenazando con otro referéndum y arrastrando a una ERC que, por mucho que discrepe en privado, nunca se atreve a romper en público con el valido de Puigdemont.

La situación es insostenible. Y el artículo 155 sirve exactamente para coyunturas como esta, en la que los dirigentes de una autonomía ni quieren ni pueden ya asumir el control constitucional. Resultan ridículos los esfuerzos de Marlaska por vender una «normalidad» que nadie percibe en Barcelona, cuyos vecinos llevan una semana soportando los destrozos, sabotajes, incendios, colapsos, huelgas y otros hitos del nuevo programa insurreccional que se desarrolla ante nuestros ojos. Las imágenes son impropias de la cuarta democracia de Europa. El daño reputacional para una ciudad que es emblema de nuestro turismo resulta ya incalculable. La sensación de inseguridad campa a sus anchas y el miedo cunde incluso entre los agentes. La vida de los ciudadanos ha sido secuestrada por el capricho de los violentos, empeñados en declarar la independencia por la vía de los hechos revolucionarios, pues no se fían ya de la voluntad de sus políticos ni de los procedimientos presuntamente pacíficos y reglamentarios que hasta ahora habían servido para enmascarar el designio totalitario del procés. La protesta por la sentencia del Supremo y en favor de la libertad de los condenados es un pretexto: se trata, como siempre, de consumar la secesión como sea.

Sánchez está atrapado por su decisión de forzar una repetición electoral cuya campaña sabía que coincidiría con los efectos de la sentencia del 1-O. Acaso creyó que la protesta no alcanzaría un nivel de virulencia propio de guerrilla urbana, capaz de sustanciar causas judiciales por terrorismo. Pero ya es tarde para lamentar errores de cálculo: tiene que dejar ya de pensar como candidato socialista del 10-N y comportarse como el presidente que se debe a la seguridad y a la libertad de sus gobernados. Repetir mecánicamente el mantra de “firmeza, unidad y proporcionalidad” no sirve de nada si se queda en mera propaganda para intentar ganar un tiempo que los catalanes ansiosos de protección no tienen. Invocar una “legitimidad social” para justificar su pasividad es otra trampa conceptual que un presidente apoyado por la oposición no necesita, pues entre PSOE, PP y Cs representan a una abrumadora mayoría de españoles preocupados por el caos creciente en Cataluña. Sánchez debe dejar de escudar en la moderación -¿no es moderado aplicar al ley?- su poco disimulado deseo de no hacer nada que perturbe sus alianzas pasadas, presentes y futuras con independentistas; los mismo que le hicieron presidente en la moción de censura, con los que gobierna comunidades y ayuntamientos y de los que puede depender su futura investidura.

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Apoyo a la Guardia Civil

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Algunas actuaciones recientes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, están produciendo sorpresa y perplejidad. El ministro ha calificado como “inoportunas y poco idóneas” las palabras del general Pedro Garrido durante la conmemoración de la patrona de la Guardia Civil en Cataluña. También la Delegada del Gobierno en dicha Comunidad acudió prontamente a disculparse ante los Mossos de Escuadra, en su nombre “y en el del Ministerio del Interior”, por el discurso del Jefe de la Guardia Civil en Cataluña.

El general Garrido no hizo más que lo propio de un alto mando, agradecer a los agentes la defensa del orden constitucional y el trabajo de “desenmascarar a personas relevantes de las instituciones autonómicas” que pretenden llevar adelante un proceso que es contrario a la ley. Que el ministro del Interior se muestre receloso por el hecho de que un mando de la Guardia Civil apueste públicamente por el cumplimiento de la ley y la seguridad de los ciudadanos en Cataluña resulta bochornoso.

Intervenciones como la del Ministro pueden provocar desafección y desaliento en un cuerpo que debe afrontar cada día un contexto de hostilidad alimentado desde las propias instituciones catalanas. En todo caso reflejan la actitud de un Gobierno más preocupado por la estrategia electoral que por apoyar a quienes se juegan el tipo para preservar el orden y la pacífica convivencia en un momento decisivo para Cataluña.

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