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Tribunales

La familia Franco denuncia a España ante Estrasburgo por «expropiar el cadáver» de su abuelo

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El Gobierno «ha expropiado de hecho el cadáver» de Francisco Franco vulnerando así el derecho de sus familiares a decidir sobre el destino de sus restos mortales. Así lo señala la defensa de la familia Martínez-Bordiú Franco en la demanda que presentó ayer ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado español. Considera que los acuerdos del Consejo de Ministros en virtud de los cuales se acordó la exhumación de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos y su inhumación en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, la sentencia del Tribunal Supremo que los avaló y el auto del TC que les denegó el amparo vulneran derechos contemplados en el Convenio Europeo.

Entre ellos aluden al derecho a la vida privada y familiar, pues consideran que bajo la apariencia de una legislación general e imparcial, el Real Decreto-Ley de Memoria Histórica «no tenía otro objetivo que el de proceder exclusivamente a la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco«. Por consiguiente, los demandantes argumentan que «nos hallamos ante una ley singular o de caso único, que está alterando, para disminuirlo, el contenido y las garantías del derecho a la vida privada y familiar de los demandantes en su vertiente de derecho a disponer de los restos mortales de los familiares fallecidos».

Según los recurrentes, los acuerdos del Consejo de Ministros han vulnerado el propio real decreto-ley al ignorar la designación por los familiares del lugar de reinhumación de su abuelo y fijar «arbitrariamente» un lugar de titularidad estatal «contra la expresa voluntad de sus familiares». Para justificar esta actitud, dicen, el Gobierno ha aportado diversos argumentos que nada tienen que ver con los previstos en la ley, según la cual sólo en caso de «discrepancias entre los familiares» o cuando «no manifiesten su voluntad en tiempo y forma», el Consejo de Ministros podrá decidir «sobre el lugar de reinhumación, asegurando una digna sepultura».

Permiso en las visitas

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A pesar de que no se dieron ninguna de estas dos circunstancias y limitándose a decir que el lugar de titularidad privada indicado por los familiares «no era viable», el Consejo de Ministros decidió la reinhumación de los restos de Francisco Franco en la cripta del cementerio de El Pardo, de titularidad estatal, a la cual sus familiares no tienen libre acceso. Esto implica que cada vez que quieren visitar la tumba de sus abuelos tienen que solicitar autorización del Gobierno. «El Consejo de Ministros ha expropiado de hecho el cadáver de Francisco Franco», señala el escrito.

En segundo lugar, la demanda sostiene que, pese a que la norma declaraba «de urgente y excepcional interés público, así como de utilidad pública e interés social», la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales de todos los inhumados en el Valle de los Caídos que no hubieran fallecido a resultas de la Guerra Civil (cuyo número asciende a 192), sólo se ha producido la exhumación -con carácter urgente, además- de los restos mortales de Franco. A juicio de la familia se trata de un indicio más de que se trataba de una ley a medida para el exjefe de Estado. Y ello ha supuesto, además, que los recurrentes hayan recibido un trato perjudicial respecto de los familiares del resto de las 191 personas inhumadas en el Valle de los Caídos sin ser víctimas de la Guerra Civil y que este trato discriminatorio «obedece precisamente a uno de los motivos de discriminación» prohibidos por el Convenio («opiniones políticas u otras»).

La carga de la prueba

Finalmente, la demanda apunta que las resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional de España «han dañado gravemente el derecho de los recurrentes a un proceso equitativo», pues dichas resoluciones adolecen de graves defectos de motivación, incluida la «incongruencia y la falta de respeto al principio de distribución de la carga de la prueba» en los casos de discriminación, recurren a «formalismos excesivos» y «desconocen la reiterada jurisprudencia aplicable en materia de suspensión de la ejecución de los actos administrativos».

Por último, los recurrentes señalan que el Tribunal Supremo faltó a la verdad al afirmar que los familiares habían dejado transcurrir el plazo que les había sido asignado para designar un lugar alternativo de inhumación, ya que éstos habían solicitado la suspensión cautelar de todos los acuerdos del Consejo de Ministros antes de la expiración de dicho plazo y el propio Tribunal Supremo concedió dicha suspensión mediante el auto de 4 de junio de 2019 teniendo dicha resolución efecto retroactivo. En definitiva, que se ha hurtado a los familiares el derecho a designar un lugar alternativo de inhumación.

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Ahora el Tribunal de Estrasburgo tendrá que decidir sobre la admisión a trámite de la demanda y, en caso de admitirla, procederán a examinar el fondo del asunto, en cuyo caso, informarán al Gobierno español sobre las quejas presentadas y le permitirán presentar las alegaciones oportunas.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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