La Fiscalía investiga a la presidenta de la ANC por apoyar la violencia en TV3 - ALERTA NACIONAL
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Tribunales

La Fiscalía investiga a la presidenta de la ANC por apoyar la violencia en TV3

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La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias de investigación contra la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana,Elisenda Paluzie, por una declaraciones en TV3. En el programa ” El Matins”, Paluzie declaró sobre la ola de violencia desatada en Cataluña después de la sentencia del procés. “Son estos incidentes los que hacen que estemos en la prensa internacional de manera continuada estos días, es decir, que hacen visible el conflicto”. La presidenta de la entidad independentista añadió que en el principal responsable de la situación fue la violencia del Estado.

Estas declaraciones motivaron la denuncia de Sociedad Civil Catalana (SCC) por considerar que se estaba apoyando la violencia. SCC denunció a Paluzie por presuntos delitos de incitación a la violencia y a los desórdenes públicos y un presunto delito de odio.

En su escrito de denuncia, la entidad constitucionalista señalo “que con una mínima actividad investigadora quedaría probada la conexión entre las proclamas de la señora Paluzie y los actos vandálicos y violentos de los llamados Comités de Defensa de la República”. SCC sostiene “que las declaraciones de Paluzie tienden a incitar a la violencia y a la comisión de actos vandálicos por considerarlos positivos para la cauda en tanto en cuanto “hacen visible el conflicto”.

Ahora Fiscalía abre la investigación, y decidirá si estima que las palabras de Paluzie son constitutivas de un delito y se abriría un procedimiento judicial, si así lo considera.


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Tribunales

Vox denuncia al alcalde de Valencia, Joan Ribó, por un delito de odio

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Imagen de archivo de los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Valencia
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Vox presentará este martes una denuncia ante el juzgado de guardia de Valencia contra el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, de Compromís. Según la formación que preside Santiago Abascal, Ribó acusó a Vox de «ser responsable de muchas de las agresiones contra las mujeres».

La denuncia será interpuesta por José María Llanos, Pepe Gosálbez, y Ángeles Criado, todos ellos cargos de Vox. Según explicó Gosálbez la pasada semana. «no se puede acusar a un partido que, precisamente, defiende la igualdad de todos ante la ley, sean hombres o mujeres y condena las agresiones contra las personas: mujeres, hombres, ancianos y niños. En Vox defendemos la libertad y la igualdad y condenamos la violencia y las agresiones de todos».

El pasado viernes, el alcalde de Valencia instó a todas las mujeres a que «opinen» si hay que reprobar al grupo de Vox en el Ayuntamiento por no sumarse al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres del pasado 25 de noviembre.

Reprobar a Vox es una opción que estudia el gobierno del Rialto (Compromís y PSPV) por negar la violencia machista y no asistir el pasado jueves al acto institucional celebrado en el consistorio con motivo del 25N.

Ribó denunció a preguntas de los periodistas que es «una actitud absolutamente intolerable». «Su manera de afrontar la violencia contra las mujeres parece un alegato a determinados comportamientos machistas que son la base de la violencia de género», aseveró.


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Principado de Asturias

La Fiscalía cree que UGT-Asturias desvió 1,4 millones de euros

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La Fiscalía del Principado de Asturias, sección de Delitos Económicos, ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo, encargado de la investigación del presunto fraude en subvenciones públicas para formación por parte del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) Asturias, la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado, esto es, que se dé por finalizada la instrucción y se pase a la siguiente fase del proceso, con la consiguiente formulación de acusaciones, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal considera que hay indicios suficientes como para ir a juicio, a partir de las numerosas testificales practicadas, la copiosa documentación incluida en la causa y los informes periciales emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado y por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

La causa se inició a partir de la denuncia interpuesta en el Juzgado por la Fiscalía asturiana tras las diligencias de investigación incoadas en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una investigación por hechos similares en Sevilla. Por exigencias derivadas de las reglas de la prescripción, se acotó como marco temporal el de las subvenciones correspondientes a los planes anuales de 2010 a 2014.

Por otra parte, la investigación se ciñó a las subvenciones concedidas por el Principado de Asturias, y cofinanciadas con el Fondo Social Europeo, al sindicato UGT Asturias y a su fundación IFES, habiéndose encargado de la gestión y ejecución integral de estas últimas la delegación territorial de Asturias de la Fundación.

La Fiscalía, sin perjuicio de la concreción de hechos que detallará en su escrito de acusación provisional que formulará en su momento, considera que, al menos en las subvenciones concedidas a UGT Asturias y su fundación IFES en los años 2010 a 2014, se llevó a cabo, en una actuación concertada, una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos, que suponía un beneficio económico que revertía en la propia organización sindical.

Estos beneficios fueron destinados, de una parte, a la financiación de gastos estructurales del sindicato, fundamentalmente costes de su personal laboral, y de otra, a capitalizar una sociedad vinculada para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades.

Este desvío, según la Fiscalía, “se llevaba a cabo mediante diversos subterfugios con los que lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones, ocultando a la Administración de la que recibían las subvenciones el sobrecoste en que incurrían”.

“La realización de este desvío sistemático de fondos tuvo lugar mediante el aprovechamiento instrumental de las vinculaciones societarias que tenían UGT Confederal y UGT Asturias con diversas sociedades, a las que recurrían en exclusiva para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las actividades formativas, tanto a nivel nacional como regional”, apunta el Ministerio Público.

Estas sociedades eran A, B y C. Las cantidades supuestamente defraudadas en las subvenciones concedidas a IFES fueron: 231.466,57 euros en el plan de 2010; 330.179,33 euros en el de 2011; 112.961,49 euros en el 2012/13; y 83.276,23 en el de 2013/14. Esto es, solo alcanzarían la cuota típica (120.000 euros) las defraudaciones de las dos primeras anualidades. Respecto a las concedidas a UGT Asturias: 238.247,83 euros en el primer expediente analizado (2010); 254.521,36 euros en el segundo (2011); 122.028,32 euros en el tercero (2012); y 89.985,31 en el cuarto (2013).

Es decir, se alcanzaría la cuota típica en los tres primeros expedientes. En principio, y de forma provisional, se aprecian indicios racionales de delito en: el secretario general de UGT en la fecha de los hechos. La secretaria de administración de UGT Asturias desde 2002 hasta junio de 2013, administradora y legal representante de C desde 2002 hasta diciembre de 2014 y quien en nombre del sindicato ejerció los cometidos derivados de la administración que ostentaba en C.

El secretario de formación del sindicato desde mayo de 2009 hasta junio de 2013 (desde entonces hasta 2016, secretario ejecutivo), máximo responsable de gestión y supervisión del desarrollo de las acciones formativas, miembro del patronato de IFES.

El técnico adscrito a la Secretaría de Administración y encargado de la contabilidad del sindicato y del control y justificación de las subvenciones concedidas a UGT Asturias.

La encargada de la contabilidad, control y justificación de las subvenciones en la delegación territorial de IFES en Asturias desde 1998 hasta 2015. La administradora única de A desde noviembre de 2001 en adelante y administradora única de B desde noviembre de 2010 en adelante y apoderada desde septiembre de 1997 en adelante.

En relación con la persona jurídica de UGT, se considera que solo se puede proceder frente a ella en lo que se refiere al fraude correspondiente a un expediente, el de 2012, pues fue en la reforma del Código Penal de ese año cuando se incluyó a los sindicatos como posibles sujetos penales. No se considera procedente formular acusación contra IFES, puesto que la misma se encuentra en proceso de disolución.

El Ministerio Público pide la apertura de juicio

La Fiscalía del Principado de Asturias, sección de Delitos Económicos, ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo, encargado de la investigación del presunto fraude en subvenciones públicas para formación por parte del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) Asturias, la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado, esto es, que se dé por finalizada la instrucción y se pase a la siguiente fase del proceso, con la consiguiente formulación de acusaciones, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal considera que hay indicios suficientes como para ir a juicio, a partir de las numerosas testificales practicadas, la copiosa documentación incluida en la causa y los informes periciales emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado y por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

La causa se inició a partir de la denuncia interpuesta en el Juzgado por la Fiscalía asturiana tras las diligencias de investigación incoadas en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una investigación por hechos similares en Sevilla. Por exigencias derivadas de las reglas de la prescripción, se acotó como marco temporal el de las subvenciones correspondientes a los planes anuales de 2010 a 2014.

Por otra parte, la investigación se ciñó a las subvenciones concedidas por el Principado de Asturias, y cofinanciadas con el Fondo Social Europeo, al sindicato UGT Asturias y a su fundación IFES, habiéndose encargado de la gestión y ejecución integral de estas últimas la delegación territorial de Asturias de la Fundación.

La Fiscalía, sin perjuicio de la concreción de hechos que detallará en su escrito de acusación provisional que formulará en su momento, considera que, al menos en las subvenciones concedidas a UGT Asturias y su fundación IFES en los años 2010 a 2014, se llevó a cabo, en una actuación concertada, una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos, que suponía un beneficio económico que revertía en la propia organización sindical.

Estos beneficios fueron destinados, de una parte, a la financiación de gastos estructurales del sindicato, fundamentalmente costes de su personal laboral, y de otra, a capitalizar una sociedad vinculada para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades.

Este desvío, según la Fiscalía, “se llevaba a cabo mediante diversos subterfugios con los que lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones, ocultando a la Administración de la que recibían las subvenciones el sobrecoste en que incurrían”.

“La realización de este desvío sistemático de fondos tuvo lugar mediante el aprovechamiento instrumental de las vinculaciones societarias que tenían UGT Confederal y UGT Asturias con diversas sociedades, a las que recurrían en exclusiva para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las actividades formativas, tanto a nivel nacional como regional”, apunta el Ministerio Público.

Estas sociedades eran A, B y C. Las cantidades supuestamente defraudadas en las subvenciones concedidas a IFES fueron: 231.466,57 euros en el plan de 2010; 330.179,33 euros en el de 2011; 112.961,49 euros en el 2012/13; y 83.276,23 en el de 2013/14. Esto es, solo alcanzarían la cuota típica (120.000 euros) las defraudaciones de las dos primeras anualidades. Respecto a las concedidas a UGT Asturias: 238.247,83 euros en el primer expediente analizado (2010); 254.521,36 euros en el segundo (2011); 122.028,32 euros en el tercero (2012); y 89.985,31 en el cuarto (2013).

Es decir, se alcanzaría la cuota típica en los tres primeros expedientes. En principio, y de forma provisional, se aprecian indicios racionales de delito en: el secretario general de UGT en la fecha de los hechos. La secretaria de administración de UGT Asturias desde 2002 hasta junio de 2013, administradora y legal representante de C desde 2002 hasta diciembre de 2014 y quien en nombre del sindicato ejerció los cometidos derivados de la administración que ostentaba en C.

El secretario de formación del sindicato desde mayo de 2009 hasta junio de 2013 (desde entonces hasta 2016, secretario ejecutivo), máximo responsable de gestión y supervisión del desarrollo de las acciones formativas, miembro del patronato de IFES.

El técnico adscrito a la Secretaría de Administración y encargado de la contabilidad del sindicato y del control y justificación de las subvenciones concedidas a UGT Asturias.

La encargada de la contabilidad, control y justificación de las subvenciones en la delegación territorial de IFES en Asturias desde 1998 hasta 2015. La administradora única de A desde noviembre de 2001 en adelante y administradora única de B desde noviembre de 2010 en adelante y apoderada desde septiembre de 1997 en adelante.

En relación con la persona jurídica de UGT, se considera que solo se puede proceder frente a ella en lo que se refiere al fraude correspondiente a un expediente, el de 2012, pues fue en la reforma del Código Penal de ese año cuando se incluyó a los sindicatos como posibles sujetos penales. No se considera procedente formular acusación contra IFES, puesto que la misma se encuentra en proceso de disolución.


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Tribunales

La Fiscalía pide investigar a Laura Borràs por prevaricación, malversación, fraude y falsedad

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La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a la diputada de JxCAT Laura Borràs por las presuntas irregularidades halladas en adjudicaciones presuntamente concedidas a un amigo por la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) cuando ella la dirigía.

En el mismo día de constitución de las Cortes, el Ministerio Público ha pedido al Supremo que cite a la diputada en atención a la exposición razonada remitida por el Juzgado número 9 de Barcelona en la que pedía que se le investigase por prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental al sospechar que participó, “material y directamente”, en la adjudicación, supuestamente fraudulenta, de 18 contratos a su amigo Isaías H.F. en detrimento del erario público.

Para la Fiscalía, hay “claros y contundentes indicios de simulación documental continuada” por parte de Borràs y de su entonces colaborador “a fin de dotar de una supuesta transparencia y objetividad” al proceso de adjudicación contractual, “encubriendo” la decisión de adjudicarle todos los contratos y “enmascarando” su fraccionamiento “ilegal”.


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