La Fiscalía pide ahora que Chaves y Zarrías declaren por un préstamo de 3,7 millones a una empresa jiennense - ALERTA NACIONAL
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La Fiscalía pide ahora que Chaves y Zarrías declaren por un préstamo de 3,7 millones a una empresa jiennense

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La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las piezas separadas de la macrocausa de los ERE, en el que solicita que el expresidente de la Junta Manuel Chaves y el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías — ya condenados a nueve años de inhabilitación en la causa de ‘la pieza política’ de los ERE — declaren, en calidad de investigados, en relación a un préstamo de 3,7 millones de euros concedidos en 1999 a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), ubicada en Jaén, luego Campocarne y Primayor.

Según recoge el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, en total Anticorrupción reclama la declaración como investigados de 15 personas, de las cuales diez son ex altos cargos y las otras cinco directivos de la compañía, por unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación en concurso medial con otro delito de malversación de caudales públicos, ha adelantado el Diario de Sevilla.

Entre los ex altos se encuentran el exconsejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez o los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el exdirector de Trabajo Javier Guerrero; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el expresidente del IFA Salvador Durbán y el exdirector de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Anticorrupción pide al juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana que abra una nueva pieza separada para investigar el citado préstamo que, “en cualquier caso, no guarda relación con la partida 31L de los ERE y que se produjo con anterioridad al uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEA”.

Así, sería una nueva investigación que no quedaría afectada, según ha señalado el Ministerio Público en el escrito, por la exclusión de los ex altos cargos juzgados en la causa de la “pieza política” acordada por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla al aplicar el principio ‘non bis in ídem’.


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Andalucía

El sector crítico de Vox Málaga se moviliza para disputarle el poder provincial a José Enrique Lara en unas primarias

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José Enrique Lara Peláez, líder de Vox en la provincia de Málaga.
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La crisis interna que lleva varios meses latente en Vox Málaga ha reaparecido tras la lógica ‘tregua’ que interpuso, en su momento, la convocatoria de las elecciones del 10-N. Después de unos comicios en los que el partido estuvo muy cerca de convertirse en la segunda fuerza de la provincia a solo 825 votos del PP, el sector crítico de la formación ha empezado a movilizarse para disputarle el poder provincial al presidente, José Enrique Lara, en unas primarias.

Es más, militantes de la formación han comenzado a recabar apoyos para distintas candidaturas que se enfrentarían al actual presidente en unos comicios internos que tendrían lugar durante el primer trimestre de 2020, según confirmaron fuentes cercanas a Vox. Son los casos, por ejemplo, de sendas iniciativas encabezadas de momento por el que fuera coordinador en Málaga centro, Martín Ortega, quien parte de una candidatura abierta para la que recaba partidarios y por una de las militantes con cierta antigüedad en la provincia, Julia Calleja, quien está recogiendo firmas para optar a liderar el Comité Ejecutivo Provincial (CEP). Y, al parecer, no son los únicos que se están moviendo en esa dirección.

De hecho, los integrantes del sector crítico se reparten en diversas corrientes que si algo tienen en común es la intención de que José Enrique Lara abandone la presidencia provincial. Para conseguir ese objetivo, se han creado algunos chats y canales de comunicación en los que varias decenas de afiliados están en contacto. En uno de ellos, Martín Ortega expuso que para no perjudicar a Vox en el 10-N «dimos vía libre a los compañeros que nos apoyan para trabajar a las órdenes del CEP, pues desde Madrid se nos dijo que no podíamos hacer campaña fuera de las estructuras orgánicas de la provincia y lo acatamos». «El resultado ha sido que desde el CEP se ha solicitado la expulsión de afiliados, se ha discriminado y se ha acosado de manera absolutamente impresentable a los afiliados que nos apoyan, pese a que se han puesto a sus órdenes y han colaborado en la campaña electoral, por el simple hecho de ser firmantes de la moción contra José Enrique Lara», añadió Martín Ortega.

Crisis interna

La crisis interna que vive Vox en Málaga, donde se han registrado al menos una quincena de dimisiones de importantes cargos provinciales, encuentra sus orígenes en la antesala de las elecciones autonómicas andaluzas celebradas en diciembre de 2018. Entonces, Antonio Calle presentó su carta de dimisión del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) y, a partir de ahí, se produjeron nuevas renuncias y él se erigió en uno de los exponentes más reconocibles del sector crítico. Calle, acompañado por otros partidarios de su corriente como Julia Calleja, hizo visible a través de varios carteles la petición de una gestora que se hiciese cargo del partido en la provincia, durante el mitin que reunió en Ciudad Jardín a unas 3.000 personas, en la campaña de las elecciones generales de abril, con la participación de Javier Ortega Smith, José Antonio Ortega Lara e Iván Espinosa de los Monteros. Además, Calle llegó a hacer un llamamiento de cara a las elecciones municipales para que simpatizantes y militantes de Vox no votaran a José Enrique Lara, candidato a la alcaldía de Málaga, sino al regidor del PP, Francisco de la Torre.

Precisamente, el resultado obtenido por la candidatura que encabezaba Lara en la capital malagueña fue considerado uno de los grandes fracasos de la fuerza de derecha, ya que no obtuvo representación.

Además, otras de las causas esgrimidas entonces por el sector crítico y que se tradujo en una gran oleada de dimisiones fue la actitud de Lara ante las polémicas vividas en el seno de la formación en la provincia.

En concreto, por el paso al grupo de no adscritos en Torremolinos de Lucía Cuín, que resultó determinante para la elección del alcalde socialista José Ortiz; o por la pérdida de un concejal en Mijas, ya que Carlos Rivero fue expulsado tras aceptar el acta de edil que en un principio había rechazado en vísperas de los comicios.

Tras los sufragios locales de mayo, en Vox Málaga se vivió un verano especialmente movido con la oleada de dimisiones formalizadas por sus coordinadores en distintos distritos de Málaga capital y varias ciudades de la Costa del Sol. Una de las marchas más significativas fue la del tesorero y vicesecretario provincial de afiliados, José Luis Jiménez.

Posteriormente, la número 2 de Lara en la lista al Ayuntamiento de Málaga y vicesecretaria de Comunicación, la periodista Sonia Crespo, también abandonó la disciplina del partido a nivel provincial y pasó al sector crítico durante el mes de agosto.

Asimismo, en junio, el también dimisionario Martín Ortega inició los movimientos necesarios para que se interpusiera una moción contra José Enrique Lara.

Antes, en relación a los comicios generales de abril, también se produjeron sonadas salidas como las del entonces secretario general, José Manuel Rojas, quien se perfiló para encabezar la lista al Congreso de los Diputados por Málaga y, finalmente, se marchó cuando el presidente provincial apostó por la a la postre diputada Patricia Rueda como la persona elegida. Además, el número 4 de la lista que concurrió en primavera, Antonio Díaz, también acabó dimitiendo.

(La Opinión)


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Andalucía

Susana Díaz se defiende sobre la trama delictiva de los ERE: asegura que gracias a ella “no volverá a pasar”

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La líder del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado este jueves que la sentencia de los ERE no supone en su partido un fin de ciclo porque ese “fin de ciclo ya fue” y se produjo cuando José Antonio Griñán dejó la presidencia de la Junta y la de la formación.

Ese paso que dio Griñán propició la llegada al liderazgo de la federación andaluza y a la Presidencia de la Junta de Díaz, quien ha subrayado que entonces, al llegar a esos cargos, “no quedó nadie” de los que han sido condenados por la sentencia conocida este martes pasado.

La primera intervención pública de Díaz tras conocerse esa sentencia ha sido en La Sexta, donde ha recordado que durante su etapa como presidenta andaluza “ningún consejero ha sido imputado por nada”.

Ha enmarcado las peticiones para que se aparte del PSOE de Andalucía “la derecha” y “quienes no logran ganar las elecciones”, y así ha recordado que incluso con el juicio de los ERE abierto los socialistas han vencido en todos los procesos electorales.

Según ha señalado, “la gente” ha sabido distinguir que “lo que ha pasado duele” y que ella ha hecho cuanto ha estado en su mano para que “no vuelva a pasar” lo que las sentencias de los ERE han puesto de manifiesto.

Díaz ha reconocido que las condenas a los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves han sido su momento más doloroso en “lo humano”, y por ello ha pedido disculpas.

“No sólo he pedido perdón, sino que me he esforzado muchísimo en poner controles” para que no pueda volver a ocurrir un caso similar, ha asegurado.


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Andalucía

Así funcionó el “sistema fraudulento” de los ERE durante una década en Andalucía

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Entre los años 2000 y 2011, la Junta de Andalucía puso y mantuvo en funcionamiento un “sistema fraudulento” de subvenciones ajeno a los debidos controles fiscales y por el que fueron concedidos arbitrariamente 680 millones de euros. La Audiencia de Sevilla ha condenado por ello a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán a seis años de prisión y 15 de inhabilitación y a Manuel Chaves a nueve de inhabilitación, así como ha establecido condenas a los máximos responsables de este entramado.

Un sistema por el que las subvenciones sociolaborales para empresas en crisis salieron de su cauce legal hacia otro que eludía los controles fiscales correspondientes y por el que se lucraron múltiples empresas, en ocasiones vinculadas a un mismo propietario y que en ocasiones “carecían de actividad ni empleados”. Una realidad opuesta a las casi 200 compañías que, por ausencia de convocatoria y publicidad del proceso de concesión de las ayudas, se vieron “privadas del derecho a acceder a las ayudas” que les hubieran permitido mantener su actividad empresarial, evitando cierres. De entre las más de 1800 páginas de sentencia, la Audiencia de Sevilla ha resumido la trama fraudulenta de la siguiente manera.

El origen: dos modificaciones presupuestarias para eludir controles

Entre 1999 y la primera parte del año 2000 las subvenciones laborales para casos como los ERE funcionaban de forma legal a través de las partidas del programa presupuestario 22E, aunque la Consejería de Empleo “utilizaba ordinariamente lo que debiera ser extraordinario”, es decir, la figura de la subvención excepcional. Un hecho que en ocasiones sufría retrasos debido a los informes desfavorables del Gabinete Jurídico y por los reparos del Interventor Delgado.

“La necesidad política de dar una respuesta inmediata a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente”, reza el fallo.

El fraude se gestó en el año 2000, cuando el Consejo de Gobierno de la Junta, presidido por Manuel Chaves, aprobó dos modificaciones presupuestarias tramitadas por la Consejería de Hacienda, que presidía Magdalena Álvarez y se mantuvieron con José Antonio Griñán al sucederla en el cargo.

La primera modificación fue una Transferencia de Financiación por la que las partidas de las subvenciones pasaron de la Consejería de Empleo a ser gestionadas por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -posteriormente IDEA-. Y con la segunda modificación presupuestaria, se redujeron los fondos del programa presupuestario 22E -de la Consejería-, e incrementaron de forma “legalmente inapropiada” la partida 440.01 de “transferencia al IFA en materia de Relaciones Laborales”.

El tribunal considera que la “única conclusión razonable” para dichas modificaciones -que se incluyeron en el presupuesto de 2002 y se mantuvieron hasta el año 2009- fue evitar la tramitación de los expedientes de concesión de subvenciones, “con los requisitos legalmente establecidos para su otorgamiento, así como la fiscalización previa por parte de la Intervención”.

Además, en julio de 2001 el Consejero de Empleo, José Antonio Viera Chacón, y el presidente del Instituto, Antonio Fernández García -también entonces viceconsejero de Empleo- firmaron un convenio por el que el Instituto recibe “una misión concreta: pagar el importe de la ayuda que le ordenara el Director General de Trabajo”, que entonces era el también condenado Francisco Javier Guerrero, responsable de gestionar las subvenciones excepcionales dentro del programa 22E -y luego 31L-. Todo ello, pese a que el Director General de Trabajo “carecía de competencia legal para la concesión de subvenciones”.

Gastos ficticios, desfases presupuestarios y descontrol

Las transferencias de financiación, explica la sentencia, están justificadas únicamente para “compensar las pérdidas de una entidad empresarial pública” -que en este caso sería la Consejería de Empleo-. Por eso, la Audiencia de Sevilla deduce que “era aritméticamente necesario hacer figurar en el IFA-IDEA gastos ficticios -que nunca se iban a producir- que originaran pérdidas, logrando así el necesario equilibrio presupuestario de esa”.

Además, el nuevo sistema permitió que los fondos se otorgaran directamente a las empresas -en lugar de a los trabajadores- con “la ausencia de control alguno” sobre la pertenencia a dichas empresas de las personas beneficiarias de las ayudas públicas. De hecho, el sistema orquestado “permitió la inclusión de beneficiarios que nunca habían pertenecido a las empresas ayudadas por la Consejería de Empleo”.

El ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, advirtió hasta en quince informes de las irregularidades, pero no tomó medidas -ha resultado absuelto en el caso-. Con todo ello, el Interventor del IFA “quedó limitado a la verificación de la recepción de los fondos procedentes de la Consejería de Empleo y a su aplicación a los destinatarios”. No había, por tanto, control sobre los procedimientos de concesión de subvenciones, ya que esta actividad era competencia de la Consejería de Empleo.

Otra consecuencia de las transferencias de financiación y del aumento de las partidas en el IFA-IDEA es que se produjeron los desfases presupuestarios, es decir, que “de manera reiterada que se pagaron por la entidad subvenciones del programa 31L en cuantía superior al crédito que la Consejería de Empleo utilizaba para su concesión”. Por ello, la Consejería de Empleo comenzó a utilizar el sistema de “pagos cruzados” por el que en la misma partida incluía pagos de objetos diferentes.

Por todo ello, la Audiencia considera que “la Consejería de Empleo disponía de los fondos públicos del programa 22E/31L, sin sujeción a procedimiento alguno, sin control de la Intervención, sin exigir la más mínima acreditación de una situación que legitime la percepción de la supuesta ayuda, sin necesidad de justificar el empleo o uso del dinero que se recibía. En definitiva, permitía el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado”.

Concluye explicando que la trama, “desde el punto de vista presupuestario”, finaliza “con la elaboración del anteproyecto de ley de presupuestos para el ejercicio 2010”, cuando se abandona el uso de la partida presupuestaria de transferencias de financiación al IFA-IDEA.

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