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Economía

La Generalitat de Cataluña expedienta a Playmobil por negarse a etiquetar en catalán

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Clicks de Playmobil - REUTERS
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La Agencia Catalana de Consumo, órgano que depende del Gobierno catalán, ha expedientado a Playmobil por no etiquetar las cajas de sus juguetes en catalán. Este expediente se ha abierto a partir de una denuncia de la Plataforma per la Llengua (una organización cuyo objetivo es promover la lengua catalana) dirigida al Gobierno catalán y en la que indicaba que tanto Playmobil como Lego «se negaban a cumplir la ley de consumo».

Aunque Playmobil, que tiene su sede en la ciudad alicantina de Onil, ha dejado claro que no va a etiquetar sus productos en catalán, la sanción puede implicar un coste de hasta 100.000 euros. Según ha indicado el jefe de comunicación de Playmobil, Björn Seeger, el departamento legal de la empresa entiende que la ley de consumo no les afecta, ya que «según el Tribunal Constitucional de España», el legislador catalán puede regular que la documentación sea también en catalán cuando los productos estén destinados «a ser vendidos exclusivamente en Cataluña». «Pero este no es nuestro caso. Nuestros productos no se comercializan solo en Cataluña, sino también en otras comunidades autónomas, por tanto la documentación solo es obligatoria en castellano», apunta Seeger.

En su página web, la plataforma responde a la multinacional y niega que la sentencia que cita Playmobil diga tal cosa, sino la contraria: «A partir de la prescripción estatal con arreglo a la cual los datos obligatorios del etiquetado “se expresarán necesariamente al menos” en castellano, la Generalidad se encuentra plenamente habilitada para establecer igual necesidad por lo que hace a la lengua catalana». Además, añaden: «La sentencia 88/2017 aclara que “La Comunidad Autónoma de Cataluña es competente para adoptar una regulación donde se establezca la obligación de que determinados documentos e informaciones sobre los bienes o servicios comercializados en Cataluña se encuentren también en catalán”».

En este marco, la plataforma ha denunciado a las jugueteras Playmobil y Lego a la Agencia Catalana de Consumo para que sean sancionadas, motivo por el cual recibirán una sanción de entre 10.001 y 100.000 euros, en función de lo que establece el artículo 332-3 de la Ley del Código de consumo.


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Economía

“España no va bien”

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Solbes y Pizarro, antes del famoso debate económico en febrero de 2008
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YG (R).- La situación que atraviesa la economía española tiene bastantes similitudes, por causas propias y ajenas, con aquella que se vivía en febrero de 2008, en vísperas electorales en el famoso debate entre el entonces número dos del PP por Madrid, Manuel Pizarro, y el vicepresidente económico de Zapatero, Pedro Solbes. Estamos, sin ninguna duda, ante un proceso de desaceleración económica, con muchos riesgos de agravarse ante la incertidumbre internacional generada por el Brexit y la guerra comercial entre Estados Unidos y China; la creación de empleo se desacelera y se incrementan las listas de parados; las exportaciones, tan importantes para sacar a España de la crisis, empiezan a tambalearse e incluso empeoran las cifras de ventas de coches y viviendas.

En aquel debate, también con una economía en desaceleración, Pizarro dijo que España no iba bien, y desgranó un ambicioso plan de reformas y rebajas impositivas para afrontar la crisis que se avecinaba. Solbes, por su parte, dedicó su intervención a negar la existencia de la crisis y defender la herencia de los cuatro años en los que había gobernado el PSOE. Ese día, la mayoría de las encuestas dieron por ganador a Solbes. «A nadie le gustan los cenizos», se argumentaba. Hoy, todo el mundo coincide en lo acertado del diagnóstico de Pizarro. Sin embargo, ese famoso debate sigue condicionando a nuestros políticos. Sus asesores les han dicho que al votante no les gustan los agoreros, y solo así se explica lo poco que se habló el lunes de economía: ni por parte de la izquierda, ni por parte del centro-derecha, y solo eso explica que ninguno de los cinco candidatos se atreviera a hacer un diagnóstico sobre la crisis que se avecina. Y difícilmente se puede atajar algo que no se reconoce. Y de eso ya tenemos experiencia.

El Gobierno de Zapatero estuvo sin reconocer la crisis hasta 2009, cuando la recesión ya estaba encima, con lo que las medidas que se adoptaron esos años fueron de gasto, gasto y más gasto, como si no hubiera un mañana. Quizá si se hubiera actuado antes, la factura no hubiera sido tan grande. Y lo que estamos escuchando estos días a Pedro Sánchez, y a Nadia Calviño, ¡nos suena tanto a lo que oímos a Solbes hace más de una década!

Tampoco han cambiado mucho en estos años las recetas de unos y otros, aunque ahora hablemos de bloques en lugar de hablar de partidos. El centro-derecha apuesta por bajar los impuestos y hacer reformas para hacer una economía más competitiva y crear empleo. La izquierda, quiere desmontar reformas aprobadas, la laboral o de las pensiones, y aumentar el gasto social. Mi opinión: la única forma de poder repartir la riqueza es crearla antes y generar empleo, y difícilmente eso se puede conseguir ahuyentado la inversión y subiendo los impuestos a las empresas. Solo hay que mirar hacia atrás.


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Economía

Alemania evita la recesión

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Por Jaime Caneiro.- La economía alemana ha esquivado la recesión en el tercer trimestre. El PIB ha crecido el 0,1%, un registro notable después de la caída del 0,2% entre abril y junio. Pero el problema de Alemania, igual que el de la eurozona, que creció un exiguo 0,2% trimestral, es que el crecimiento sigue siendo débil, que esta ralentización se extenderá probablemente durante los próximos dos trimestres y que la política de contención presupuestaria quizá no sea ya suficiente para garantizar un crecimiento sostenido y apreciable durante el próximo bienio. No hay recesión, pero la ralentización puede ser profunda porque implica que la industria, tanto en Europa como en Alemania, está en crisis.

El hecho de que Alemania haya evitado la recesión se presta a dos interpretaciones. En primer lugar, supone un alivio político para el Gobierno alemán. No tendrá que enfrentarse a la espinosa tarea de explicar una recesión. En segunda instancia, significa que no hay razones imperativas que justifiquen la aplicación de políticas de estímulo presupuestario, es decir, más inversión pública y más gasto. Los responsables de la política económica germana pueden caer en la tentación de interpretar que la tasa de crecimiento solo pasa por un bache.

Pero la sensación de alivio es engañosa. La desaceleración global es un hecho, el ciclo está en su fase descendente, las amenazas del proteccionismo comercial y del Brexit no se disipan y la crisis del automóvil es inquietante para Alemania. Berlín tiene además un compromiso, no menos real por que no esté escrito, de liderar los esfuerzos para recuperar el crecimiento en la eurozona. Los organismos internacionales coinciden en que los países con superávit fiscal tienen que implicarse en un esfuerzo de gasto para favorecer el crecimiento de las economías del área con déficit elevados; Alemania con más razón, porque tiene mayor capacidad de empuje.

Hay motivos, pues, para reclamar a Berlín que reconozca la desaceleración real y rompa con la inercia de una política de gasto limitado, cuando no contractivo. En beneficio de los alemanes y del resto de los europeos


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Economía

Podemos quiere disparar el precio de la luz a las familias con mayor consumo

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La posible formación de un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ha vuelto a poner sobre la mesa las pretensiones de este partido de extrema izquierda en materia energética recogidas en su programa electoral.

Así, y con el supuesto objetivo de tener una factura de la luz «más barata y justa», el partido de Pablo Iglesias quiere establecer un nuevo sistema tarifario según el cual los primeros kilovatios (kWh) consumidos, «que son imprescindibles para llevar una vida digna», tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes «hasta penalizar el derroche». Este sistema, sin concretar aún, podría disparar las facturas de la electricidad de la mayoría de las familias.

Hay que recordar que actualmente existen distintas tarifas de la luz. El consumidor elige una y su precio se multiplica por el total de los kWh consumidos sin ningún baremo.

Lo que pretende Unidas Podemos es establecer una tarifa progresiva, por tramos, similar a la que ya existe en otros suministros. En la comunidad de Madrid, por ejemplo, el Canal de Isabel II establece tres precios del agua en función del consumo: hasta 25 m3, entre 25 y 50 m3 y más de 50 m3.

Este sistema, asumible en su teoría, es de difícil aplicación en la electricidad, ya que su consumo en las familias depende de distintos factores, como el número de miembros que residen en cada vivienda, los horarios –hay horas más baratas y otras más caras–, etc…

Peaje de potencia

Para intentar compensar el presumible incremento de la factura de la luz para la mayoría de las familias, este partido también quiere rebajar drásticamente el término de potencia, una parte fija del recibo «que pagamos aunque no consumamos nada». Su intención es reducirla a la mitad para que, como regla general, «no sea superior al 25% del total de la factura para consumos domésticos normales».

En estos momentos, el peaje de potencia es de 0,104229 euros el kilovatio día para una potencia contratada de 3,3 kW en una tarifa pvpc, la que tienen la mayoría de clientes domésticos. Esto quiere decir que cualquier consumidor tiene que pagar unos 12 euros –impuestos incluidos– por ese concepto al mes aunque no haya encendido la luz. Es lo que sucede, por ejemplo, con las segundas residencias.

Por otra parte, Unidas Podemos también recoge en su programa «la recuperación automática de la gestión pública» de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones para la explotación privada hayan caducado o lo hagan en el futuro. Sería la pretendida empresa pública de energía la que asumiría la explotación de esas centrales, propiedad la mayoría d elas grandes eléctricas, cuando vayan caducando sus concesiones.

Para conocer cómo podría gestionarse este asunto en el seno del futuro gobierno social-comunista, se puede recordar que hace unos meses, el Congreso debatió una propuesta en este sentido de Unidas Podemos. Su diputado Jorge Luis Bail dijo que, en caso de volver a subastar estas explotaciones, podrían establecerse beneficios como una bajada del precio de la luz en los municipios afectados. Alberto Herrero, del PP, cuestionó que «la solución no sea recuperar las concesiones», y apostó por volver a subastarlas. No obstante, se mostró a favor de «repartir los ingresos» que generen estas centrales.

El socialista Marc Lamuà afirmó que «es hora de que esos beneficios empiecen a revertir de forma clara y diáfana», y añadió que «una vez que revierta» la gestión, «debe primar el interés público frente a los intereses de las eléctricas» y que, así, «la riqueza generada revierta de manera justa y justificada» en municipios afectados.

Sin embargo, la portavoz de Energía del PNV, Idoia Sagastizábal, manifestó que, si bien la revisión de los aprovechamientos hidroeléctricos invitan a recuperar las concesiones, la experiencia de las sociedades públicas revelan que «a los ayuntamientos les resulta muy difícil gestionar», por lo que pidió debatir a fondo este asunto, al igual que la necesidad de inversiones o los posibles efectos que tendría el fin de ingresos fiscales que abonan las empresas que gestionan actualmente estas centrales.


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