La Generalitat de Cataluña se gastó en acción exterior durante el periodo de 2011 a 2017 un total de 421 millones de euros, según un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas y que se ha elaborado a iniciativa de las Cortes. Además, el órgano fiscalizador del Estado ha detectado unos seis millones de euros sin justificar.

Todas las irregularidades detectadas tienen una concrección penal. En un escrito remitido el pasado 4 de marzo a la Fiscalía General del Estado y comunicado a un fiscal del Tribunal Supremo, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, estipula que los hechos relatados fundamentan la existencia de «delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento público y contra las instituciones del Estado».

En un exhaustivo informe de 500 páginas el Tribunal de Cuentas detalla delegación por delegación las actividades de las llamadas «embajadas catalanas» desde el año 2013. El gasto estipulado supera los 27 millones de euros y su objetivo primordial fue la «consecución de un Estado propio».

Estructuras de Estado

El secretario de Asuntos Exteriores para la Unión Europea de la Generalitat de Cataluña, Jordi Albyniana, lo señalaba así en la introducción al «Plan Estratégico de Acción Exterior 2015-2018» de la institución: «El Gobierno de Cataluña desarrolla una importante labor en diseño y la implementación de estructuras de Estado que deben permitir dotar a la Generalitat de Cataluña del caudal legislativo e institucional necesario para funcionar como un Estado propio».

Este objetivo también se refleja en las memorias del programa presupuestario 121 para los años 2016 y 2017, donde se decía que «la actual legislatura tiene como objetivo establecer las bases que hagan posible la declaración de la independencia de Cataluña, a partir de la creación de unas estructuras de Estado y del impulso de un proceso de desconexión nacional y popular con el Estado español». E incluso la Delegación ante la Unión Europea realizó varias gestiones con objeto de convertir el Instituto Catalán de Finanzas en un banco público «para avanzar en el camino de diseñar el banco público catalán» dentro de los pasos para « la creación de las estructuras de Estado que el Gobierno catalán está impulsando».

El informe examina también los gastos incurridos en viajes al extranjero por los presidentes de la Generalitat, –Artur Mas y Carles Puigdemont– y por diversos consejeros –Raül Romeva y Oriol Junqueras, entre otros–. En el periodo señalado hubo 46 viajes con un coste total de 480.844 euros «vinculados a la promoción del proceso soberanista en el ámbito internacional, lo que queda fuera de las finalidades marcadas por la norma, no resultando por ello justificado el uso de fondos públicos».

Entre estos viajes destaca el que realizó Artur Mas a Estados Unidos en 2015 con una comitiva de 13 personas y en el que se gastó 107.891,68 euros. En ese periplo se realizaron diversos actos para promocionar la Cataluña independiente, lo que acarreó a la delegación catalana en Estados Unidos un gasto de otros 5.949,39 euros. Según los datos dispuestos, el Gobierno de Cataluña se habría saltado su propio texto estatutario, cuyo artículo 3 reza que las «relaciones de la Generalitat con el Estado se fundamentan en el principio de la lealtad institucional mutua».

Así, el gasto en el periodo 2011 a 2017 en acción exterior ascendió al menos a 421.096.665 euros, lo que equivaldría casi al doble de lo que se gasta la Generalitat anualmente en I+D (261 millones de euros); mayor que su presupuesto anual en Cultura (313 millones) y en subvencionar el transporte (356 millones). Es incluso más alto de lo que cuesta el subsidio de parados a mayores de 52 años (388 millones) o la recaudación prevista por el copago farmacéutico (400 millones).

El dispendio realizado fue creciendo de manera significativa desde el año 2015. En 2017 se incrementó un 39 por ciento como consecuencia de las nuevas delegaciones abiertas ese año y debido a la realización de determinados gastos de servicios que en la mayoría de los casos carecían de justificación.

Contratos ficticios

Todas las delegaciones incumplieron las normas de contratación pública establecida, cometieron múltiples irregularidades en la gestión del personal e incumplieron todas las escasas normas de gestión económica que había establecido el propio Gobierno de la Generalitat para las mismas. Se llegaron a fraccionar gastos de una misma actividad entre distintas delegaciones, y se realizaron contratos ficticios con objeto de encubrir la finalidad de los mismos.

El caso más escandaloso se refiere al encargo por parte del Departamento de Acción Exterior, dirigido por Raül Romeva, de un informe a cuatro expertos internacionales para tratar de legitimar el referéndum del 1 de octubre titulado «El legítimo derecho a decidir de Cataluña». Como para la tramitación del expediente era necesaria la autorización previa del Gobierno de la Generalitat, se decidió que el pago, casi 36.000 euros, se dividiera entre tres delegaciones –las de Estados Unidos, Portugal y Ginebra–, las cuales pagaron a tres de dichos expertos mediante la realización de contratos ficticios con dos de ellos y en otro caso sin existencia de factura ni contrato. El experto que no recibió ningún pago presentó dicho informe con el propio Romeva en un acto en París el 25 de septiembre de 2017.