Agentes de paisano se trasladaron hasta el Ayuntamiento en el marco de la investigación sobre una infracción urbanística del Hotel Golden Costa Daurada.

El Ayuntamiento de Salou vivió, a principios de año, una nuevo episodio respecto a la investigación por presunta infracción urbanística del Hotel Golden Costa Daurada, propiedad del padre y los tíos del presidente de la Generalitat Pere Aragonès. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, una delegación de agentes de la Guardia Civil de paisano irrumpieron en el Ayuntamiento de Salou para solicitar información sobre la licencia otorgada a la compañía hotelera. Este hecho logró pasar inadvertido y la oposición no tuvo conocimiento de esta visita hasta hace unos días.

«La presencia de la Guardia Civil sentó muy mal. Nos dijeron que vinieron de malas maneras», explican fuentes del consistorio ante la sorpresa de que esta información no se comunicara hasta ahora. Desde el equipo municipal confirman a este diario la irrupción de la comitiva policial y afirman que «se les facilitó la documentación requerida por el juzgado». También recuerdan que el Ayuntamiento actuó cuando se comprobó que las obras en el Hotel Golden Costa Daurada de Cap Salou no coincidían con la licencia otorgada inicialmente.

El caso, sin embargo, está lejos de resolverse. El vecino que denunció esta supuesta infracción urbanística a la Fiscalía «sospecha de trato de favor» porque «no se ha efectuado la restauración establecida». Cuando el consistorio confirmó la irregularidad decidió establecer los parámetros estipulados en su origen y se llevó a cabo el derribo la sexta planta del complejo hotelero. No obstante, quedó una parte sin demoler: «Una pequeña parte quedó sin derribar, que correspondía a una pequeña sala donde hay la instalación eléctrica, pero ya no quedan alojamientos en esta planta», explican desde el equipo municipal.

Hotel Golden Port Salou, del grupo Golden Hotel & Experiences

Un imperio hotelero

El hotel investigado forma parte del grupo Golden Hotels & Experiences, que engloba a siete hoteles de cuatro estrellas y cuatro superior en la Costa Brava (Girona) y la Costa Daurada (Tarragona). Josep Aragonès Montsant, el abuelo del actual presidente de la Generalitat, fue un empresario hotelero y textil de éxito, que amasó una gran fortuna durante la dictadura franquista.

Llegó a ostentar el hotel más grande de España en aquella época, el Taurus Park, de 1963. Tres años después fue alcalde franquista de Pineda de Mar, localidad donde nació y se crio Pere Aragonès. El padre del actual mandatario catalán y su hermano Enric heredaron la profesión de empresario hotelero del progenitor y su fortuna. El tío de Aragonès logró engrandecer el negocio de su padre hasta levantar lo que hoy es el imperio turístico Golden Hotel.

A este respecto, el presidente de la Generalitat empezó muy joven en política, con 16 años ya militaba en las juventudes de ERC y se desvinculó de los negocios de su familia. Sin embargo, fuentes del consistorio de Salou creen que parte del «apagón informativo» respecto a la infracción urbanística del hotel de la localidad tarraconense se explica por la condición de presidente de la Generalitat de Aragonès.

El ICO, al rescate de la cadena

La cadena hotelera atravesó uno de los momentos más duros en 2020, debido a la eclosión de la pandemia por covid-19, con unas pérdidas de 10 millones de euros. Cinco empresas del padre y los tíos del president solicitaron al Instituto de Crédito Oficial (ICO) préstamos por dichas pérdidas, y recibieron 7,1 millones de euros del ente.

Respecto al hotel investigado en Cap Salou, el propio Hotel Golden Costa Daurada, tal y como informó el Diari de Tarragona, ejecutó los trabajos de demolición de su sexta y última planta construida de forma irregular (sólo debía haber hasta la quinta planta).

La operación se realizó después que el consistorio concediera la licencia de obras para el derribo de la planta, su impermeabilización, aislamiento acústico y pavimentación definitiva del forjado, realización de estructura metálica para el soporte de la maquinaria de instalaciones y la colocación de la propia maquinaria. No obstante, según el denunciante -y tal y como confirman desde el equipo municipal-, dicha planta no se derribó de forma integral.

Dos años después de dicho derribo todavía se busca la manera de llevar a cabo la restauración de la legalidad urbanística infringida. La presencia de la Guardia Civil, actuando como policía judicial y bajo sus competencias en Medio Ambiente y en la Ley de costas del litoral, forma parte de esta investigación abierta en un municipio costero y turístico en el que en el pasado han abundado los casos de irregularidades urbanísticas.