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Economía

La hucha de las pensiones se vacía: ¿debemos echarnos a temblar?

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La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, este miércoles en el Congreso
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El anuncio de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, de que el Gobierno va a sacar otros 3.000 euros de la hucha de las pensiones supone que este instrumento se quede con unos fondos de apenas 5.000 millones, cuando llegó a tener 67.000. Pero ¿conlleva eso algún riesgo de impago de las pensiones? ¿Qué otras alternativas hay compensar el déficit del sistema?

¿Qué es la hucha de las pensiones?

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como la hucha de las pensiones, nació en 1997 en el marco del Pacto de Toledo, aunque no entró técnicamente en vigor hasta tres años más tarde, cuando el Estado inyectó los primeros 601 millones de euros. Se trata de un instrumento destinado a servir como colchón financiero para pagar las pensiones contributivas en el caso de que, como ha sido el caso, una crisis lastre la economía.

En realidad se trata de un fondo soberano de inversión, con lo que además de las aportaciones del Estado genera rendimientos anuales… o pérdidas, claro. Hasta este año la rentabilidad siempre había sido positiva, pero en 2018 se están registrando rendimientos negativos por primera vez (de apenas 24 millones de euros). Esto es así por la decisión de invertir en activos a corto plazo ante la previsible necesidad de disponer de dotaciones.

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¿Cuál es la situación actual?

Hasta 2012 la hucha había recibido en total casi 53.000 millones de euros, a lo que se sumaban unos rendimientos de 14.000 millones. Ese año fue el que mayor tamaño tuvo el fondo: casi 67.000 millones. Pero a partir de ese año el Gobierno (entonces en poder del PP de Mariano Rajoy) empezó a verse obligado a sacar dinero, lo que fue progresivamente lastrando el tamaño de la hucha.

El año en que mayores disposiciones de efectivo se registraron fue 2016, cuando se sacaron 20.136 millones de euros. A 31 de diciembre de 2017 el Fondo disponía de 8.095 millones, según los datos de la Seguridad Social. A esta cantidad hay que restar los 3.000 millones que la ministra de Trabajo ha anunciado, en una entrevista en ‘El País’, que necesitarán para la paga extra de Navidad.

¿Cuál es el motivo de semejante caída?

Como es sabido, la crisis económica se cebó especialmente en España con el mercado de trabajo. Esto a su vez generó un desajuste entre los gastos y los ingresos de la Seguridad Social: a la fuerte caída de las cotizaciones por el aumento del desempleo, la subida de la temporalidad y la caída de los salarios se ha unido el crecimiento en el número de pensiones y a su cuantía. Un cóctel explosivo que está a punto de finiquitar la hucha de las pensiones.

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El año pasado, el desfase entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social ascendió a 18.700 millones de euros: entraron al sistema 127.752 millones de euros -el 90%, aportados por empresarios y trabajadores- y salieron 146.508 millones.

¿Qué pasará cuando la hucha se vacíe?

Nada, más allá de que el Gobierno que se enfrente a esa inminente situación deberá tomar medidas para financiar las pérdidas del sistema de pensiones. Es decir, que seguirá habiendo dinero para pensiones, aunque el Estado deberá compensarlo con ingresos por otras vías. Hay principalmente dos alternativas: o nuevos impuestos o cotizaciones más altas.

En el primer caso, lo más probable es que el Ejecutivo crease un gravamen específico -y quizás limitado en el tiempo- para compensar el desajuste. En esta línea va el tipo del 0,2% sobre la compra de acciones de empresas españolas cotizadas con una capitalización superior a los 1.000 millones que aprobó el Consejo de Ministros en octubre, y que se prevé que genere unos ingresos de 850 millones de euros que se inyectarían al sistema de pensiones.

En el segundo, las opciones son elevar la base máxima de cotización, algo que ya ha trasladado el Gobierno a la Autoridad Fiscal (Airef) -un aumento de entre el 10% y el 12%, lo que supondrá un extra de ingersos de entre 1.000 y 1.100 millones-, o subir en un porcentaje determinado las cotizaciones que pagan los empresarios por los trabajadores.

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2 Comentarios

1 Comentario

  1. Avatar

    Ramiro

    07/07/2019 at 13:37

    Por supuesto que sí. Las pensiones, actuales y futuras, SON IMPAGABLES, y solo es cuestión de tiempo que la seguridad social entre en quiebra.
    Además la actual ministra ES UNA MEMA DE MUCHO CUIDADO, que no sabe nada ni se entera de nada. (Más o menos como la tal Fátima BAÑÉZ, una absoluta imbécil, desde un punto de vista político, evidentemente).
    ¿Por qué ponen a los más tontos a dirigir un ministerio TAN IMPORTANTE, SEGURAMENTE EL MÁS IMPORTANTE DE TODOS…?

  2. Avatar

    Ramiro

    15/11/2018 at 10:12

    Por supuesto que sí. Las pensiones, actuales y futuras, SON IMPAGABLES, y solo es cuestión de tiempo que la seguridad social entre en quiebra.
    Además la actual ministra ES UNA MEMA DE MUCHO CUIDADO, que no sabe nada ni se entera de nada. (Más o menos como la tal Fátima BAÑÉZ, una absoluta imbécil, desde un punto de vista político, evidentemente).
    ¿Por qué ponen a los más tontos a dirigir un ministerio TAN IMPORTANTE, SEGURAMENTE EL MÁS IMPORTANTE DE TODOS…?

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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