Más de 20 millones de euros. Es la factura anual que la inmigración ilegal deja en España por internamiento y repatriación de quienes son retenidos al entrar ilegalmente en nuestro país, frecuentemente tras jugarse la vida en travesías marítimas controladas por las mafias y realizadas en condiciones infrahumanas. A ese coste de más de 20 millones por repatriaciones y alojamiento temporal de inmigrantes ilegales hay que sumar el multimillonario coste añadido de los dispositivos de vigilancia, auxilio y emergencia en las fronteras terrestres y en el mar.

Cuando culminan los trámites de expulsión, el Estado acarrea con los viajes de vuelta de esos inmigrantes. Según los datos facilitados por el Gobierno, el coste de esas repatriaciones ya roza los diez millones de euros anuales. En 2016 ascendieron a 9,2 millones de euros. El año pasado, ese gasto rondó los 800.000 euros mensuales.

Al coste de esos viajes de vuelta de inmigrantes ilegales se añaden los relativos a manutención, atención sanitaria y cuidados que reciben en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en los que son alojados tras tras ser interceptados en su intento de entrar en España. Según datos oficiales facilitados al Congreso por el Ministerio del Interior, solo en concepto de alimentación los CIE consumieron 2,6 millones de euros en once meses, del 1 de diciembre de 2016 al 31 de octubre de 2017. Es decir, una media de casi 8.000 euros diarios, unos 2,9 millones al año. Y para asistencia sanitaria prestada en los CIE, en 2017 se presupuestaron 750.000 euros.

Multitumillonaria tutela de menores de edad

A estas partidas hay que sumarles las correspondientes a los gastos de tutela, manutención y cuidados de los inmigrantes ilegales menores de edad que entran solos en España, sin familiares ni adultos que se hagan cargo de ellos. El año pasado llegaron en pateras a las costas españolas más de 2.300 menores que se jugaron la vida en esas peligrosas travesías -la gran mayoría de todos ellos alcanzaron las costas andaluzas o fueron rescatados en zonas marítimas próximas a Andalucía-.

Esos menores extranjeros no acompañados -que es la denominación administrativa oficial que se les da- quedan bajo el cuidado de las respectivas administraciones autonómicas. Los gobiernos regionales tienen asumidas las competencias de protección de menores. Por tanto, el coste de la tutela, manutención y cuidados de esos inmigrantes ilegales menores de edad los tiene que sufragar cada administración autonómica. Y el importe anual es multimillonario. Baste un dato: el año pasado, el Estado repartió 6,45 millones de euros de subvención entre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para ayudarles a sufragar las atenciones que prestan a esos menores de edad. Fue casi el triple de lo que les concedió para el mismo fin en el año 2014.

La escalada de esos costes se ha producido como consecuencia del fuerte aumento de la inmigración ilegal que se ha producido en los últimos años, y que se ha plasmado también en los flujos de menores de edad llegados ilegalmente hasta las costas españolas.

Avalancha de pateras

La llegada de pateras a las costas españolas se ha disparado casi un 600% en los últimos cuatro años. El continuo aumento que se venía registrando desde el año 2013 alcanzó cifras de récord en 2017. El último ejercicio dejó una auténtica avalancha de pateras desconocida hasta entonces. Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, en 2017 más de 20.000 inmigrantes alcanzaron el litoral español en embarcaciones ilegales.

En 2013 entraron en nuestro país 3.244 inmigrantes que viajaron en pateras. Al año siguiente la cifra rozó los 4.600, y en 2015 se contabilizaron 5.312 inmigrantes ilegales que habían llegado en embarcaciones irregulares. Esa tendencia se acentuó en 2016, año en el que 8.162 inmigrantes ilegales entraron en España por esta vía. Pero en 2017 se han pulverizado todos los registros: la cifra casi ha triplicado la que se dio en 2016, y multiplica por siete la de 2013.