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Europa

La izquierda pedófila y su Nuevo Orden Pederasta: Abusos infantiles masivos en Alemania: políticos y psicólogos de izquierdas daban la custodia de niños a pedófilos

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Este miércoles, el Partido Verde de Berlín pidió que se abra una investigación sobre un escándalo de abusos infantiles masivos que durante más de tres décadas, hasta 2003, involucró a niños adoptivos cuya custodia fue concedida a pedófilos con el conocimiento de las autoridades.

Según un nuevo informe publicado el lunes, las autoridades de educación y el Senado de Berlín occidental estaban al tanto de esa práctica, que fue «aceptada, apoyada y defendida» por políticos y académicos de izquierdas a lo largo de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado.

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«Había y hay redes», dijo la política Marianne Burkert-Eulitz a Berliner Zeitung, que pide al Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y al Partido Democrático Libre (FDP) que se responsabilicen del escándalo.

En uno de los casos, entre los años 1970 y 2003 las autoridades de bienestar infantil de la ciudad en repetidas ocasiones concedieron la custodia de niños al pedófilo Fritz H., que vivía solo, pese a sus antecedentes penales. Los niños, algunos de apenas seis años, sufrieron horrores indescriptibles, violaciones y maltratos. Un niño discapacitado incluso murió estando bajo la custodia de Fritz.

Dos de las víctimas del hombre han demandado al Estado por el trauma que vivieron, pero el Senado de Berlín hasta ahora les ha negado un juicio, argumentando que los delitos habrían prescrito.

«Una red entre instituciones educativas»

Fritz no fue el único pedófilo al que le fue confiado el cuidado de niños. El informe, compilado por investigadores de la Universidad de Hildesheim, descubrió que al menos tres pedófilos más recibieron la custodia de menores, mientras que una red de miembros de alto rango del Instituto Max Planck, la Universidad Libre de Berlín y la escuela Odenwald en Hesse supervisó el programa.

Los investigadores describieron el esquema como una «red entre instituciones educativas». Todavía se desconoce el número exacto de víctimas, y muchos archivos relacionados con la red siguen clasificados por las autoridades municipales y estatales, pero los investigadores afirman que los servicios sociales permitieron a los pedófilos ‘cazar’ con impunidad «en toda Alemania».

 

Un psicólogo que abogaba por la pedosexualidad


El psicólogo Helmut Kentler, cuyo Centro Pedagógico de Berlín se encargaba de buscar padres adoptivos para los niños, se encuentra en el centro del escándalo. La institución de Kentler fue apoyada a finales de la década de 1960 por el alcalde Willy Brandt, miembro del SPD. En sus cartas al Senado, Kentler avaló a Fritz como un «experto» en el cuidado de niños. El psicólogo también visitaba regularmente a los menores a los que cuidaban Fritz y otros pedófilos.

Sin embargo, Kentler difícilmente puede ser acusado de engañar a los políticos. El psicólogo fue un defensor abierto de la «pedosexualidad», y durante toda su carrera profesional abogó por la normalización del sexo con niños. En 1999 declaró que la pedofilia «puede tener un efecto muy positivo en el desarrollo de la personalidad de un niño».

Además, Kentler sabía que los padres adoptivos pedófilos probablemente tenían «una relación sexual» con los niños cuya custodia les encargaba, declarando explícitamente este hecho en un informe al Senado. Sus declaraciones al respecto no fueron cuestionadas por otros políticos. Los políticos que apoyaron a Kentler y a su institución podrían haber puesto fin a esta horrible práctica en cualquier momento, pero en lugar de ello la apoyaron, la promovieron y la defendieron.

Tanto Kentler como Fritz, así como los políticos que los apoyaron, ya murieron. Los documentos que detallan el alcance total de los abusos todavía están bajo llave en el archivo del Departamento de Educación de Berlín. Los legisladores verdes exigen que sean revelados y que el escándalo de abusos se haga público en toda su depravación.


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Europa

La determinación francesa para poner fin a la libertad de expresión

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Por medio de una nueva ley, el Gobierno francés ha decidido delegar la censura estatal en plataformas online como Facebook, Google, Twitter, YouTube, Instagram y Snapchat. De ahora en adelante, unas compañías privadas se verán obligadas a actuar como policía del pensamiento por cuenta del Estado francés so pena de fuertes multas.
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Por Judith Bergman.- El 13 de mayo, el Parlamento francés adoptó una ley que requiere a plataformas online como Facebook, Google, Twitter, YouTube, Instagram y Snapchat[1] que retiren el contenido reportado como «promotor del odio» en 24 horas y en una hora el reportado como «terrorista». De no hacerlo, podrían ser objeto de multas exorbitantes, de hasta 1,25 millones de dólares o del 4% de los ingresos globales de la plataforma en caso de que persista en su negativa.

Como es frecuente en las leyes europeas sobre los discursos de odio, el espectro del contenido online considerado «odioso» bajo la denominada Ley Avia (en referencia a la legisladora que la promovió) es muy amplio e incluye «la incitación al odio, o el insulto discriminatorio en función de la raza, la religión, la etnia, el género, la orientación sexual o la discapacidad».

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Esta norma francesa está directamente inspirada en la controvertida ley alemana NetzDG, adoptada en octubre de 2017 y explícitamente mencionada en el preámbulo de aquélla.

«Este proyecto de ley pretende combatir la difusión del discurso del odio en internet», se lee en la introducción de la Ley Avia.

Nadie puede discutir la exacerbación del discurso del odio en nuestra sociedad (…) los ataques al otro por lo que es, por sus orígenes, sus creencias religiosas, su sexo o su orientación sexual (…) remiten (…) [a] las épocas más oscuras de nuestra historia (…) la lucha contra el odio, el racismo y el antisemitismo en internet es un objetivo de interés público que justifica (…) provisiones efectivas y poderosas (…) esta herramienta de apertura al mundo, de acceso a la información, a la cultura, a la comunicación [está haciendo referencia a internet], puede convertirse en un auténtico infierno para quienes se convierten en objetivo de ‘haters’ o de acosadores ocultos tras las pantallas y los pseudónimos. Según una encuesta llevada a cabo en mayo de 2016, el 58% de nuestros conciudadanos consideran internet el nodo principal del discurso del odio. Más del 70% dicen habérselas visto con el discurso del odio en las redes sociales. El ciberacoso puede ser devastador, sobre todo para la gente joven (…) Sin embargo (…) se presentan pocas denuncias, pocas investigaciones concluyen exitosamente y se dictan pocas sentencias: todo esto crea un círculo vicioso (…)

Tras reconocer que el «odio» online es complicado de perseguir con la legislación existente, porque «se presentan pocas denuncias, pocas investigaciones concluyen exitosamente y se dictan pocas sentencias», pero aún así confiado en que la censura es la panacea para los problemas percibidos, el Gobierno francés decidió delegar la tarea de la censura estatal en las propias plataformas online. De ahora en adelante, unas empresas privadas se verán obligadas a actuar como policía del pensamiento por cuenta del Estado francés so pena de exponerse a fuertes multas. Como en Alemania, esa ley hará que las plataformas exhiban un celo desusado en la eliminación o bloqueo de todo lo que pueda ser percibido como odioso, para evitar las sanciones.

El propósito de la ley parece ser doble: a la censura efectiva mediante la eliminación o el bloqueo de comentarios hay que sumar las (inevitables) consecuencias de la censura sobre el debate online en general. «La gente se lo pensará dos veces antes de cruzar la línea roja si sabe que es muy probable que se le pidan cuentas», afirmó la ministra francesa de Justicia, Nicole Belloubet, en unas declaraciones que sonaron ominosas en boca de un miembro de un Gobierno de un país que aún se sigue proclamando democrático.

Desde el primer momento, cuando el presidente del país, Emmanuel Macron, encargó a un grupo liderado por Laetitia Avia que confeccionara la ley, ésta ha sido objeto de críticas. Así, la Comisión Consultiva Nacional de Derechos Humanos la criticó por incrementar el riesgo de censura, y la La Quadrature du Net, organización que lucha contra la censura y la vigilancia online, advirtió de que «los breves plazos para la retirada y las cuantiosas multas incentivarán a las plataformas a hiper-eliminar contenido». La organización en defensa de la libertad de expresión Article 19, con sede en Londres, afirmó que la ley representa una amenaza para la libertad de expresión en Francia. Gabrielle Guillemin, de dicha organización, sostiene:

La Ley Avia permitirá en la práctica al Estado francés delegar la censura online en las compañías tecnológicas dominantes, de las que se esperará que actúen como juez y parte a la hora de determinar qué es un contenido ‘manifiestamente ilegal’. La Ley atañe a una amplia gama de contenidos, así que no siempre tomarán la decisión correcta.

El Gobierno francés ha ignorado las preocupaciones manifestadas por grupos en defensa de la libertad de expresión y de los ciberderechos, y el efecto será demoledor para la libertad de expresión online en Francia.

Dados los plazos de que dispondrán las compañías para responder, hemos de esperar que pequen de exceso de precaución cuando tengan que decidir si un contenido es legal o no. Igualmente, habrán de emplear filtros que, inevitablemente, les llevarán a una sobre-retirada de contenido.

La ley también ha topado con rechazo en Francia. El 22 de mayo, Guillaume Roquette, director editorial de Le Figaro Magazine, escribió:

«Con el pretexto de combatir el contenido ‘odioso’ en internet, [la Ley Avia] implanta un sistema de censura que es tan eficaz como peligroso (…) el ‘odio’ es el pretexto al que recurren sistemáticamente quienes quieren silenciar las opiniones disidentes.

Este texto [la ley] es peligroso porque, según el abogado François Sureau, «introduce la penalización criminal de… la conciencia». Es peligroso (…) porque delega la regulación del debate público (…) en internet en multinacionales norteamericanas (…) Una democracia digna de tal nombre debería aceptar la libertad de expresión».

Jean Yves Camus, de Charlie Hebdo, ha dicho que se trata de «un placebo para combatir el odio» y señalado que «hiperenfocarse en el odio online» enmascara el auténtico peligro:

«No fue el odio online lo que mató a Ilan Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll, las víctimas de Bataclan, el Hyper Cacher y Charlie; fue una ideología denominada antisemitismo y/o islamismo (…) ¿Quién determina qué es odio y qué es crítica? Acaban de abrir la caja de Pandora (…) Hay un riesgo de una lenta pero inexorable marcha hacia un lenguaje digital hiperregulado por la corrección política, tal y como la definen minorías activas».

«¿Qué es el odio?», se pregunta retóricamente el escritor francés Éric Zemmour. «¡No sabemos! Tienes el derecho a no amar… tienes el derecho a amar, tienes el derecho a odiar. Es un sentimiento… No puede judicializarse, legislarse».

Pues bien, eso es lo que las leyes sobre el discurso del odio hacen, ya sea en la web o en el mundo no digital. Exigir a compañías privadas –o al Gobierno–que actúen como una policía del pensamiento no es propio de un Estado que dice conducirse según el imperio democrático de la ley.

Por desgracia, la pregunta no es si Francia será el último país europeo en introducir leyes así de censoras, sino cuáles le seguirán.

[1] Así como otras plataformas online y motores de búsqueda que alcancen un cierto nivel de actividad en Francia (nivel que será especificado en un decreto posterior).

(Gatestone)


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Europa

(VÍDEO BRUTAL) “¡Pedazo de mierda! ¡Vete a tu país! ¡Que vergüenza! ¡Que le estás haciendo a la criatura!”

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… En estos términos, y otros varios, se expresa en el siguiente vídeo la indignada ciudadana italiana que grita valientemente al hombre negro que, en medio de la calle de una ciudad anónima, -por lo que hemos entendido, cerca de una estación- está nada menos que desollando a un gato encima de un improvisado montón de leña para cocinarlo y, suponemos, comérselo después.

La señora, con mascarilla, repite que es una vergüenza, y que se vaya a su país, cosa que nos tememos que no hará.

Bienvenidos todos ustedes a la “Nueva Normalidad”

Disfruten lo votado.

Gato desollado. Italia

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Europa

Hungría, faro moral de Europa: prohíbe a las personas transexuales registrar oficialmente su cambio de sexo

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El Parlamento húngaro ha aprobado este martes una ley que impide modificar el sexo con el que los ciudadanos aparecen identificados en los documentos oficiales, bloqueando así el reconocimiento legal del cambio de sexo, en una medida que afecta a unas 30.000 personas trans en el país.

El cambio legal, impulsado por el Gobierno húngaro, ha sido aprobado gracias a la mayoría absoluta de que dispone el Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán. La ley determina que en los documentos oficiales debe registrarse el sexo biológico, determinado por los cromosomas, y que ese dato no puede ser modificado nunca.

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Organizaciones europeas de defensa de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales), como ILGA-Europe y Transgender Europe habían pedido que se retirara la propuesta al entender que aumentará la «discriminación y violencia» que sufren las personas transexuales.

También habían protestado la comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic; el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y diversas ONG y partidos de la oposición húngaros.

Las críticas se centran en que la nueva legislación dificultará la vida de mucha gente, que tendrán que explicar las contradicciones entre sus documentos y su identidad o que, por ejemplo, serán hospitalizadas en alas que no corresponden con su identidad sexual. El Gobierno de Orbán afirma que, pese al cambio legal, las personas trans podrán vivir su vida y expresar su identidad tal como lo han hecho hasta ahora.

La Sociedad Háttér, de defensa de los derechos LGBTI, ha denunciado que se trata de una ley inconstitucional y que pedirá al presidente que no firme la ley y la recurra ante el Tribunal Constitucional. Aseguran también que contradice la normativa internacional en derechos humanos. Amnistía Internacional ha calificado la reforma de «escandalosa» y ha denunciado que «empuja a Hungría de vuelta a la Edad Media».


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