El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha denunciado este martes que, en la última década, han desaparecido 1,8 millones de dosis de vacunas de la gripe del sistema sanitario andaluz, un agujero que podría haber tenido un impacto de 6 millones de euros en las cuentas públicas.

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha dado detalles de la investigación abierta en la Consejería de Salud a raíz de tener constancia de que los anteriores gobiernos socialistas habían inflado supuestamente la cifra de ciudadanos vacunados de la gripe por razones que se desconocen, elevando de forma artificial en 10 puntos de media el porcentaje de la población cubierta cada año por la vacunación.

Pues bien, como resultado de la investigación, la Consejería de Salud ha detectado que existe una brecha difícil de explicar, que supondría que en torno a 1,8 millones de dosis se han perdido por el camino en los últimos diez años.

A esa conclusión se llega tras comprobar que las cifras de vacunas compradas y suministradas a los usuarios no coinciden, ni siquiera sumando aquellas que se devuelven. Dado que cada dosis de vacuna se vende de forma privada en unos 12 o 14 euros, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz calculó que esas dosis desaparecidas podrían alcanzar un valor en el mercado de 27 millones de euros.

Aunque el consejero no quiso especular con el destino de esas vacunas «desaparecidas», el hecho de que ofrezca un cálculo de su valor en el mercado sugiere la posibilidad de que esas vacunas hayan acabado en consultas privadas. Cabe la alternativa también de que esas vacunas nunca llegaran a los centros salud, lo que apuntaría a un fraude organizado a través de facturas infladas.

En cualquier caso, Bendodo sugiere que esa fuga detectada en el sistema podría, de alguna manera, estar relacionado con el hecho de que cada año se inflara el porcentaje de vacunados, elevándolo por encima de la cifra real. Esa alteración de los datos se hacía supuestamente por «instrucciones políticas», como desveló un jefe de servicio a través de una comunicación interna, tal y como explicó el presidente del Gobierno, Juan Manuel Moreno, en la sesión de control en el Parlamento la semana pasada.

Tanto la alteración de las estadísticas como la desaparición de las dosis se habrían producido a lo largo de la última década, con lo que el escándalo podría afectar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que fue consejera de Salud desde el 2004 hasta 2013, año en la que fue nombrada consejera de Hacienda en el Gobierno de Susana Díaz. Fue precisamente en la campaña de vacunación de los años 2012-13 cuando se maniquillaron presuntamente por primera vez los datos de vacunación, aunque el desfase entre las vacunas compradas y distribuidas se registra desde 2009, según la investigación realizada por la Consejería de Salud.

Por esta razón, ya la semana pasada, el presidente del PP, Pablo Casado, consideró que estamos ante un caso que afecta directamente al Gobierno de Pedro Sánchez y pidió explicaciones no sólo a la ex presidenta de la Junta, Susana Díaz, sino también a la ministra Montero.

Susana Díaz ofreció una primera explicación en el Parlamento la semana pasada en relación al supuesto maquillaje de las estadísticas. Según su versión, no todas las vacunas que se distribuyen entre los usuarios quedan registradas en la plataforma Diraya del Servicio Andaluz de Salud. El desfase entre los datos de vacunación ofrecidos al Ministerio de Sanidad y los registros del SAS se explicaría porque hay lotes que se entregan a los centros de mayores o los colectivos profesionales (policías, bomberos, etc) que no se anotan en los recuentos de Diraya.

Sin embargo, el descuadre se produce mayormente en la cobertura entre los mayores de 65 años donde, en los balances enviados al Ministerio se habrían incluido 800.000 vacunados que no están en los registros del SAS. Es decir, poco tienen que ver con ese grupo de usuarios las dosis repartidas entre policías o bomberos. Ni tiene mucho sentido que los lotes enviados a esos colectivos no queden de alguna manera registrados en la plataforma del Servicio Andaluz de Salud.

Además, el presidente de la Junta desveló en el pleno del Parlamento el contenido de un correo electrónico enviado a sus superiores por un jefe de servicio de la Consejería de Salud en el que pedía instrucciones y reclamaba saber si, como se había realizado en años anteriores, debía aumentar de forma artificial la tasa de vacunación registrada. «Hasta ahora, por decisión política, se incrementaba la tasa final en un 10 por ciento», apuntaba el técnico en su escrito. El actual director general de Salud Pública, José María de Torres, dio órdenes al técnico para que anotara solo los datos oficiales sin incremento alguno.