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Tribunales

La Junta Electoral Central multa a Sánchez con 500 euros por hacer campaña desde La Moncloa

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La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este jueves sancionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con 500 euros por haber hecho una entrevista en época preelectoral en el palacio de La Moncloa, lo que prohíbe la ley. La ministra Celaá ha sido también multada con 2.200 euros.

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La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no permite, dentro de dicha época electoral, el uso de “medios institucionales” por parte de los poderes públicos para la promoción de logros, pero Sánchez, a criterio de la Junta, dio una entrevista con este cariz en la sede de la Presidencia del Gobierno antes de la campaña del 10N.

Por esta razón, la Junta abrió expediente sancionador a Sánchez, y este jueves ha resuelto sancionarle con 500 euros..

El acuerdo relativo a Pedro Sánchez establece una cuantía de sanción inferior a la propuesta final que ha trasladado a la Junta el instructor del expediente, el magistrado Eduardo de Porres.

Su propuesta estipulaba una sanción de 2.800 euros por incumplimiento del artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Este precepto no permite que en época electoral los poderes públicos usen medios institucionales para la promoción de sus logros.

Dicha propuesta reparaba, por un lado, en que “la escenografía” visible en la entrevista que emitió La Sexta a finales de octubre delataba sin lugar a dudas que se estaba celebrando en la sede de la Presidencia del Gobierno.

Tenía en cuenta, por otro lado, que la web de la propia Moncloa reprodujo íntegramente el contenido de la entrevista en cuanto acabó.

Además, Sánchez, cuando compareció en La Sexta, no era sólo el candidato socialista en las elecciones del 10 de noviembre, sino además presidente del Gobierno en funciones.

La LOREG establece que las autoridades públicas que infrinjan la norma podrán ser sancionados con cantidades entre los 300 y los 3.000 euros.

Los trece integrantes de la Junta -ocho magistrados y cinco vocales- han vivido al respecto un debate “intenso”, en opinión de fuentes de dicho órgano consultadas por Efe.

De hecho, seis vocales han anunciado que interpondrán un voto particular porque estiman que lo que procedía era el archivo del expediente sancionador.

Las fuentes de la JEC han destacado que en la división del órgano electoral, así como en la decisión de rebajar la sanción a 500 euros, han influido las alegaciones presentadas por Sánchez, que hacían hincapié en tres aspectos.

El primero, explican las fuentes, es que el presidente no decidió el lugar de la entrevista ni su realización, pues en ello intervinieron más personas; el segundo es que no controla él los medios de difusión de los que se provee Moncloa; y el tercero es que, una vez notificada la denuncia, en Presidencia retiraron la transcripción.

El PP fue quien denunció esta entrevista al entender que con ella Sánchez incurría en incumplimiento del artículo 50.2 de la LOREG. La Junta analizó la protesta de los populares, comprobó la infracción y decidió abrir expediente.

La sanción a Celaá obedece al mismo motivo, franquear el 50.2 de la ley electoral al efectuar declaraciones “electoralistas” en la sala de prensa de Moncloa, tras el Consejo de Ministros.

Sin embargo, la cuantía es más alta porque a la ministra de Educación y entonces portavoz se le había apercibido por lo mismo antes de la apertura del expediente.

Como en su caso ha habido “reiteración” y como además se ha considerado que al tratarse de afirmaciones es la única responsable de la infracción, la JEC ha fijado la sanción en 2.200 euros.


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Tribunales

Revocada la condena por el poema machista sobre Irene Montero

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La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la sentencia de un Juzgado madrileño que condenó al autor de un poema machista sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y a la revista que lo publicó. La condena fue de 50.000 euros para el autor y de 20.000 para el comité de redacción de la publicación.

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El tribunal estima que prevalece el derecho a la libertad de expresión y estima el recurso de la citada asociación contra la sentencia dictada en 2018 por el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid, que declaró la existencia de intromisión ilegítima en el derecho al honor, la intimidad y la imagen de Irene Montero por la publicación de dicho poema en la citada revista en 2017.

El texto del poema, titulado «De monjas a diputadas» y firmado bajo el pseudónimo El Guardabosques de Valsaín, sobre el que aparecía una fotografía de medio cuerpo de Irene Montero, que entonces era portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, era el siguiente:

«Cuentan que en España un rey/ De apetitos inconstantes/ Cuyo capricho era ley/ Enviaba a sus amantes/ Hacer de un convento grey/ Hoy los tiempos han cambiado/ Y el amado timonel/ En cuanto las ha dejado/ No van a un convento cruel/ Sino a un escaño elevado/ La diputada Montero/ Expareja del ‘Coleta’/ Ya no está en el candelero/ Por una inquieta bragueta/ Va con Tania al gallinero».
Sátira

La Audiencia califica de satírico el poema y señala que aun conteniendo una opinión «emitida en un tono hiriente y molesto se encuentra amparado por el ejercicio de la libertad de expresión» por lo que entiende que no se ha vulnerado el derecho al honor de Irene Montero.

Tampoco aprecia intromisión del derecho a su intimidad personal pues el hecho de que Irene Montero «es pareja sentimental del secretario general del partido político al que pertenece -el actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias- es un hecho notorio y no ha sido el poema el que la ha divulgado».

«El poema denota por sí mismo su carácter sarcástico y puramente humorístico ajeno a toda pretensión de reflexión seria sobre la cuestión», añade el tribunal, que recuerda que «la demandante es diputada y persona de evidente notoriedad pública».
Libertad de expresión

La Sala argumenta que la libertad de expresión no solo ampara expresiones u opiniones inocuas sino también otras mordaces, molestas o desabridas e incluso las que, si bien aisladamente pueden ser ofensivas o inapropiadas, apreciadas en el conjunto del texto quedan amparadas por la libertad de expresión, máxime cuando el destinatario de la crítica u opinión es un personaje público«.

Destaca que «la libertad de expresión constituye uno de los pilares de toda democracia, la cual no puede existir realmente sin ella».

La resolución recuerda que la asociación judicial emitió a través de su cuenta de Twitter un comunicado en el que rechazaba el texto del poema y lamentaba el daño que la publicación hubiera podido ocasionar.

En su demanda Irene Montero alegó que el poema constituía «una intolerable burla sexista» al reducirla «a la condición de ‘pareja de’ por el hecho de ser mujer, haciendo ver que el cargo público que ostenta la demandante depende de los deseos sexuales de un hombre».


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Tribunales

La jueza del caso de las niñas de Alcácer pide ayuda al Reino Unido para esclarecer la huida de Antonio Anglés hace 27 años

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Ficha policial de Antonio Anglés
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La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira, encargado del caso Alcácer, ha emitido una orden europea de investigación para solicitar la colaboración de las autoridades del Reino Unido sobre la supuesta huida en barco de Antonio Anglés en marzo de 1993.

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Fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano han confirmado que las diligencias de esa orden europea, dictada el pasado mes de noviembre, se están cumplimentado actualmente.

La requisitoria (orden de busca y captura internacional contra Antonio Anglés) sigue activa, por lo que “ha de investigarse cualquier dato novedoso que pueda contribuir a conocer su paradero y propiciar su detención”, añaden desde el TSJCV.

El juzgado recibió un informe policial donde se solicitaba nuevos interrogatorios a testigos, miembros de la tripulación del barco desde el que supuestamente huyó el fugitivo.

Este viernes, el diario Las Provincias informa de que a raíz de esa orden judicial, la policía tomará otra vez declaración al capitán del barco ‘City of Playmouth’, en el que supuestamente viajó como polizón el asesino de las tres adolescentes de Alcácer, para esclarecer cómo escapó del camarote.

El secuestro y asesinato de Miriam, Toñi y Desirée, las tres vecinas de Alcácer (Valencia) de entre 14 y 15 años violadas y torturadas hasta la muerte por el prófugo Antonio Anglés y su compinche Miguel Ricart -en libertad desde 2013-, mantuvo en vilo a España durante más de dos meses, hasta que aparecieron sus cadáveres.

Investigaciones posteriores han seguido la pista del posible paradero de Anglés, en caso de seguir vivo, o la confirmación de su muerte, que pudo haberse producido al arrojarse al mar desde el citado barco rumbo a Irlanda.


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Cine y Televisión

ANVIPED asume la defensa del periodista Enrique de Diego en la querella por injurias y calumnias de Ignacio Aguado (Cs)

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ANVIPED.- La Asociación de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED) asume la defensa del periodista Enrique de Diego en la querella por injurias y calumnias de Ignacio Aguado (Cs)La instrucción acredita una perversa relación político-judicial, en la que el Juzgado de Instrucción nº 3 de Elche, ha tenido continuas actuaciones antijurídicas, tanto de carácter sustantivo como procesal, llegando el letrado de la Administración de Justicia a amenazar a Enrique de Diego, periodista y director del medio Rambla Libre. Esta LAJ oculta ilegalmente su nombre en las resoluciones.

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El abogado de oficio Benedicto López se ha desentendido de la defensa y la fiscal Yolanda Cuadrado Guirado se desentiende de asegurar la legalidad.

Mediante escrito redactado por el Presidente de ANVIPED, Javier Marzal, y firmado por un abogado de la Asociación, se ha presentado un incisivo escrito de defensa que acredita que en la instrucción se ha dejado malintencionadamente en indefensión al periodista. Las irregularidades comienzan en el poder notarial del despacho Fúster y Fabra, oficial del partido Ciudadanos. Si no hubiera sino un funcionario público el querellante, la juez no habría admitido a trámite la querella.

Enrique de Diego aportó numerosas pruebas documentales, incluyendo actas y noticias periodísticas que confirman que Ciudadanos, bajo la dirección de Ignacio Aguado, se financió ilegalmente en las elecciones municipales y autonómicas de 2015, obligando a sus candidatos a pagarse de su bolsillo la campaña, tal y como denunciaba el periodista Enrique de Diego.

El periodista había informado verazmente, con diligencia, de una presunta corrupción perpetrada por Ignacio Aguado, diputado autonómico y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y el partido Ciudadanos, por lo que legalmente la querella ha sido una represalia y una coacción, mientras no se demuestre lo contrario, que no tiene otra finalidad que intimidar a un periodista.

A pesar de ello y vulnerando varias normas europeas y la jurisprudencia española, la fiscal y la juez ignoraron las pruebas.

Como novedad, se pide dinero para iniciar acciones, amparados en varias directivas europeas de obligado cumplimiento, contra Ignacio Aguado, el anterior abogado y la jueza Marta Alba Tenza, a la que también se la ha recusado.


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