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Tribunales

La Junta Electoral Central multa a Sánchez con 500 euros por hacer campaña desde La Moncloa

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La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este jueves sancionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con 500 euros por haber hecho una entrevista en época preelectoral en el palacio de La Moncloa, lo que prohíbe la ley. La ministra Celaá ha sido también multada con 2.200 euros.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no permite, dentro de dicha época electoral, el uso de «medios institucionales» por parte de los poderes públicos para la promoción de logros, pero Sánchez, a criterio de la Junta, dio una entrevista con este cariz en la sede de la Presidencia del Gobierno antes de la campaña del 10N.

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Por esta razón, la Junta abrió expediente sancionador a Sánchez, y este jueves ha resuelto sancionarle con 500 euros..

El acuerdo relativo a Pedro Sánchez establece una cuantía de sanción inferior a la propuesta final que ha trasladado a la Junta el instructor del expediente, el magistrado Eduardo de Porres.

Su propuesta estipulaba una sanción de 2.800 euros por incumplimiento del artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Este precepto no permite que en época electoral los poderes públicos usen medios institucionales para la promoción de sus logros.

Dicha propuesta reparaba, por un lado, en que «la escenografía» visible en la entrevista que emitió La Sexta a finales de octubre delataba sin lugar a dudas que se estaba celebrando en la sede de la Presidencia del Gobierno.

Tenía en cuenta, por otro lado, que la web de la propia Moncloa reprodujo íntegramente el contenido de la entrevista en cuanto acabó.

Además, Sánchez, cuando compareció en La Sexta, no era sólo el candidato socialista en las elecciones del 10 de noviembre, sino además presidente del Gobierno en funciones.

La LOREG establece que las autoridades públicas que infrinjan la norma podrán ser sancionados con cantidades entre los 300 y los 3.000 euros.

Los trece integrantes de la Junta -ocho magistrados y cinco vocales- han vivido al respecto un debate «intenso», en opinión de fuentes de dicho órgano consultadas por Efe.

De hecho, seis vocales han anunciado que interpondrán un voto particular porque estiman que lo que procedía era el archivo del expediente sancionador.

Las fuentes de la JEC han destacado que en la división del órgano electoral, así como en la decisión de rebajar la sanción a 500 euros, han influido las alegaciones presentadas por Sánchez, que hacían hincapié en tres aspectos.

El primero, explican las fuentes, es que el presidente no decidió el lugar de la entrevista ni su realización, pues en ello intervinieron más personas; el segundo es que no controla él los medios de difusión de los que se provee Moncloa; y el tercero es que, una vez notificada la denuncia, en Presidencia retiraron la transcripción.

El PP fue quien denunció esta entrevista al entender que con ella Sánchez incurría en incumplimiento del artículo 50.2 de la LOREG. La Junta analizó la protesta de los populares, comprobó la infracción y decidió abrir expediente.

La sanción a Celaá obedece al mismo motivo, franquear el 50.2 de la ley electoral al efectuar declaraciones «electoralistas» en la sala de prensa de Moncloa, tras el Consejo de Ministros.

Sin embargo, la cuantía es más alta porque a la ministra de Educación y entonces portavoz se le había apercibido por lo mismo antes de la apertura del expediente.

Como en su caso ha habido «reiteración» y como además se ha considerado que al tratarse de afirmaciones es la única responsable de la infracción, la JEC ha fijado la sanción en 2.200 euros.


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España

Justicia de chiringuito en Cataluña: La ciudad de la justicia de Barcelona convertida en 13, Rue del Percebe

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Barcelona, Juzgado de lo Penal número 8. 29 de Octubre de 2020.

Tras la llamativa, injusta y bárbara acusación contra D. Manuel Andrino y D. Pedro Pablo Peña por parte de la «Fiscalía del Odio», citándoles en los juzgados descritos más arriba, el sainete de la justicia escribe un nuevo episodio de disparate y esperpento.

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Tras tener a dos personas inocentes esperando en el opresivo y malsano ambiente de un Juzgado Catalán durante horas, se ha suspendido el Juicio por la incomparecencia del «testigo estrella» de la Fiscalía, un «Mozo de Cuadra» (traducción libre) al parecer testigo del libre ejercicio de la libertad de expresión que estas dos personas tuvieron la osadía de intentar ejercer en los dominios de la Generalidad, esa generalidad convertida desde hace muchos años en cueva de ladrones, cubil de criminales, madriguera de golpìstas y nido de carroñeros cretinoides.

Según se ha explicado a los dos comparecientes, el mozo en cuestión se encuentra aislado por ser «semoviente conviviente» de su esposa, enferma o infectada de SARS-Covid19. Cosa que por supuesto lamentamos en grado sumo.

Que la condición de «aislado» es evidente que se conocía desde hace días y se podía haber anulado el juicio sin perjuicio de hacer viajar a dos personas a Barcelona, es una reflexión que en el enrarecido ambiente de la «cosa» catalana obviamente no se ha podido concebir, debido, sin duda, a su permanente carencia de personal resuelto e inteligente, que logre hacer sinapsis con lo que en otras personas se encuentra dentro del cráneo y que en los patanes indepes sembrados a lo largo y ancho de la administración catalana se encuentra vacío.

El hecho cierto es que ahora mismo la (in)justicia catalana reflexiona con gran esfuerzo y aplomo para atinar con el dedo en el calendario y fijar otra fecha que pueda convenir y sea aceptada por las partes.

No hace falta decir que tanto D. Manuel Andrino, Jefe Nacional de La Falange, como D. Pedro Pablo Peña, Jefe Nacional de Alianza Nacional, grandes hombres de España, patriotas, y figuras ejemplares de nuestra Patria, cuentan con la total adhesión de ALERTA NACIONAL, así como con la admiración profesional y personal que tanto Carlota Sales, corresponsal de ALERTA NACIONAL en Cataluña, como la Dirección de este diario digital, les profesan.

Y tomando como propias las palabras finales de su comunicado, afirmamos:

CAMARADAS, NO ESTÁIS SOLOS.

CON NOSOTROS, QUIEN QUIERA. CONTRA NOSOTROS, QUIEN PUEDA.

ARRIBA ESPAÑA


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Sociedad

La Justicia ratifica la condena a Pablo Echenique por la contratación irregular de su asistente

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Al haber retirado el recurso ante el Supremo, el portavoz de Unidas Podemos tendrá que pagar a la Seguridad Social una sanción de 11.040 euros

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, tendrá que pagar definitivamente 11.040 euros de sanción a la Seguridad Social por la contratación irregular de su asistente.

Echenique ha desistido del recurso de casación que presentó en el Supremo a finales de 2019 contra la sentencia dictada meses antes por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Fuentes oficiales del Tribunal Supremo, que este martes cita Heraldo.es, han confirmado que el político ha tomado dicha decisión antes de que se hubiera dictaminado sobre la admisión o no a trámite del recurso.

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De esta forma, Echenique tendrá que hacer frente a la sanción económica que le impuso la Seguridad Social, que constató que hubo una relación laboral entre el político y el trabajador y, por tanto, incumplió la ley al no haberle dado de alta.

El expediente que se le abrió acabó con un acta de liquidación por 1.039 euros, a la que se le sumó una multa de 10.001 de la Inspección de Trabajo por considerar que cometió una infracción muy grave.

PAGOS EN NEGRO

Se confirmó que Echenique pagó “en negro” a su asistente en dos periodos, desde septiembre de 2011 hasta junio de 2012 y desde marzo de 2015 hasta abril de 2016.

La mencionada sanción se circunscribe a la segunda etapa, ya que habían transcurrido más de cuatro años desde el primer incumplimiento legal, que había prescrito.

En octubre de 2017 la Tesorería General de la Seguridad Social recurrió a los tribunales y el Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza le dio la razón en primera instancia en enero de 2019.

Entendía el juzgado que de haberse tratado de una prestación de servicios entre Echenique y su asistente se deberían haber emitido facturas, pero el político no aportó ninguna.

Por ello, la jueza sentenció que debería haber dado de alta a su asistente en el régimen de empleados de hogar, en el que cotizan los trabajadores que asumen el cuidado de dependientes.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos recurrió entonces ante el TSJA que en septiembre de 2019 desestimó todos los motivos de su impugnación.

A través de su recurso de casación ante el Supremo, el político solicitó la “unificación de doctrina”, dado que su defensa argumentó que había otra sentencia del Tribunal Superior de Madrid de distinto signo sobre un caso que entiende que es similar. Sin embargo, ahora ha desistido de continuar con el recurso.

“UNA OBVIA INJUSTICIA”

Desde el equipo de Pablo Echenique justifican su forma de proceder, argumentando que la mayor parte de las Leyes de Dependencia, la estatal y la de muchas comunidades autónomas, así como las guías de asociaciones y entidades del sector, indican que la contratación de asistentes personales de personas dependientes puede llevarse a cabo mediante la figura del autónomo. “Sin embargo, se multa a Pablo Echenique por hacer precisamente eso, incurriendo en una obvia injusticia y situando en una grave inseguridad jurídica a miles de familias con dependientes que seguramente se encuentran en la misma situación”, exponen fuentes próximas al portavoz de Unidas Podemos.

Esgrimen que sus sospechas de que “se actúa contra Pablo Echenique por ser quien es” residen en que no se ha encontrado jurisprudencia, sentencias similares previas. “Posiblemente Pablo Echenique sea la primera persona dependiente contra la que se actúa de esta manera en España. Por eso se ha decidido retirar el recurso de casación. Por no hallarse precedentes. Por supuesto, Pablo Echenique sigue estudiando las vías jurídicas posibles para revertir esta injusticia, que además de contra él, abre la puerta a causar mucho daño a las personas con dependencia y sus familias”.


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España

La Justicia, babeante y aquiescente, exculpa a Trapero y a la cúpula de Interior: Ni sedición ni desobediencia: Trapero es un patriota español

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La Audiencia Nacional ha absuelto al mayor de los MossosJosep Lluís Trapero, al considerar que no queda acreditado que diera apoyo a la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 organizado por el Govern de la Generalitat en contra del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Las partes del juicio habían sido citadas mañana a las 9:30 en la Audiencia Nacional para que les fuera notificada la sentencia, aunque se ha conocido previamente, tal y como han confirmado fuentes jurídicas a La Vanguardia.

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La sentencia ha salido adelante con dos votos a favor y uno en contra, el de la magistrada Concepción Espejel, que ha defendido la existencia de un delito de sedición. El tribunal, con la ponencia de Ramon Sáez, no ha contemplado tan siquiera a alternativa de la desobediencia, que solo lleva aparejada una pena de inhabilitación.

Sáez siempre defendió que no se podía hacer responsable a Trapero por el referéndum del 1-O. El voto decisivo ha sido el de Francisco Vieira, quien inicialmente se inclinó por la desobediencia pero finalmente ha optado por acercarse a la tesis del ponente. Viera junto a Espejel son magistrados de corte conservador mientras que Sáez es progresista.

Voto particular por sedición

Según estas mismas fuentes, ante esta sentencia, Espejel ha formulado un voto particular en el que mantiene que Trapero ha cometido un delito de sedición, haciendo suya la tesis de la Guardia Civil, sobre todo del coronel Diego Pérez de los Cobos, quien sostuvo que los mossos actuaron pasivamente el 1-O para permitir y facilitar la votación que había sido prohibida judicialmente

La Audiencia también ha absuelto al exdirector de los Mossos, Pere Soler, al que fue segundo en Interior, César Puig, y a la intendente Teresa Laplana. El contenido íntegro de la sentencia se conocerá mañana y cuenta con un voto particular de la magistrada Concepción Espejel.

La Fiscalía solicitaba para Trapero diez años de prisión por un delito de sedición con la alternativa del delito de desobediencia, que no acarreaba pena de cárcel sino una mera inhabilitación. El Ministerio Público sostenía que los Mossos, bajo las órdenes de Trapero, colaboraron para facilitar que el 1-O se celebrara, como paso previo e indispensable para declarar la independencia de Catalunya.

El ministerio público también hacía responsable a Trapero por no frenar las concentraciones del 20 de septiembre de ese año ante varios organismos públicos, principalmente ante la Conselleria d’Economia, mientras la Guardia Civil realizaba un registro para frenar la organización del 1-O. Por estos hechos, el Tribunal Supremo condenó a diversos dirigentes políticos a penas de hasta 13 años de prisión por sedición.

El conseller de Interior del Govern, Miquel Sàmper, señaló ayer lunes en una entrevista que en caso de absolución le ofrecería al mayor que vuelva a ser un dirigente del cuerpo de la policía autonómica catalana, aunque él mismo ya había declinado esa opción. “Parto de un no, pero tengo la obligación de hablar con Soler, Puig, Laplana y Trapero”, afirmó Sàmper en Ràdio 4.


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España

¡Tiembla el Gobierno rojo! Marlaska, al borde de la imputación judicial: El Supremo estudia abrir una investigación por el cese de Pérez de los Cobos

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La querella presentada por Ramón Trillo sigue avanzando y poniendo en ‘jaque’ al Gobierno de Pedro Sánchez.

El Tribunal Supremo solicitó al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre si se debe o no investigar al Ministro de Interior.

Fernando Grande-Marlaska está a un paso de ser imputado, siguiendo los pasos del líder de Podemos, Pablo Iglesias.

J.A. Puglisi.- El Tribunal Supremo solicitó al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre si se debe o no investigar al Ministro de Interior como presunto autor de los delitos de encubrimiento y abandono de destino durante el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos.

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A favor de Grande-Marlaska está que la Fiscalía General del Estado está en manos de la exministra de Justicia de Pedro Sánchez, Dolores Delgado.

Sin embargo, en contra tiene que la querella en su contra fue presentada por Ramón Trillo, un empresario que, además, es el hijo del expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

Es importante recordar que, hace un mes, el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, preparó un informe en el que instaba al tribunal a rechazar todas las querellas que se presentasen contra el Gobierno por su gestión de la pandemia.

A pesar de que Navajas aludía a querellas presentadas contra Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos, pero en ningún momento hace referencia a la presentada por Trillo, que por ahora sigue tramitándose, como indica Vozpópuli.

El polémico cese de Pérez de los Cobos se produjo después de que el coronel se negase a informar sobre el contenido del informe que preparaba la Guardia Civil sobre José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, por su actuación en el 8-M.

Según Ramón Trillo, Pérez de los Cobos fue cesado por cumplir las órdenes de la jueza Carmen Rodríguez-Medel y no trasladar a sus superiores el desarrollo y las conclusiones del citado informe.

El Estado de Derecho

“Soy consciente de que nos estamos jugando algo mucho más importante que mi destitución: el mantenimiento de la separación de poderes y el Estado de Derecho en España”. Así de contundente fue Diego Pérez de los Cobos en junio de 2020.

Para defenderse de la ‘purga’ de Grande-Marlaska, Pérez de los Cobos interpuso un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior y acudió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

El coronel está convencido de que la investigación del 8-M llevó a su cese.

Pérez de los Cobos desveló, en el recurso de alzada ante el Ministerio del Interior contra su cese, cómo fueron sus últimas horas frente a la jefatura de la Comandancia de Madrid.

Pérez de los Cobos afirmó que recibió un ‘tsunami’ de llamadas y reuniones, además que existía una verdadera preocupación del Gobierno por el ‘caso del 8-M’.

En el recurso, el coronel denunció que el Ministerio de Interior tenía firmada su destitución antes incluso de darle la posibilidad de explicarse.

Sin embargo, el guardia civil está convencido de cuál fue el motivo de su fulminante cese: no informar a sus superiores de la investigación del 8-M que mortificaba el Gobierno.

Pérez de los Cobos detalla que, en la noche del domingo 24 de mayo, recibe la llamada de una persona que le pasa al teléfono con la directora general María Gámez.

Es María Gámez quien le informa de que es la dirección del Ministerio del Interior la que ha decidido su cese por no informar de la investigación judicial que seguían sus subordinados en torno a las manifestaciones autorizadas en Madrid antes del estado de alarma, en especial la marcha feminista del 8-M.

Como si fuera poco, el coronel adelantó que Gámez admitió que eran unas pesquisas sensibles y que interesaban al Gobierno.

Además, la directora general dio muestras tener conocimiento de los trabajos realizados por los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil. En concreto, mencionó el número concreto de folios y tomos de las pesquisas.

Es importante recordar que Pérez de los Cobos cuenta con un ‘as’ bajo la manga:

La nota de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, donde reconoció que el mando fue relevado por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.

Una situación que apunta a una violación de la separación de poderes y que podrá dar al coronel su cargo de vuelta.

Irónicamente, Gámez intentó ‘hacer borrón y cuenta nueva’ dentro de la Benemérita. El 1 de junio la directora general pidió a la nueva cúpula de la Guardia Civil “mirar hacia adelante”, tras las ‘purgas’ de Marlaska.


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