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España

La Justicia española bloquea 490.780 euros de las cuentas bancarias de Zapatero tras su imputación

Redacción

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Zapatero está investigado por liderar, según el auto del juez, una supuesta red de tráfico de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la concesión de un préstamo de 53 millones de euros de dinero público para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, a cambio de beneficios económicos.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó el bloqueo de 490.780 euros de las cuentas del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de su investigación sobre una presunta red de tráfico de influencias en la que le sitúa como el «líder».

Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado que investiga el caso Plus Ultra acordó el bloqueo de saldos de las cuentas del exdirigente socialista hasta el límite de esos 490.780 euros, que sería el importe que habría recibido Zapatero de una de las empresas clave de la trama, la consultora Análisis Relevante, entre 2020 y 2025.

Fuentes jurídicas informaron a EFE este jueves de que el magistrado adoptó esta decisión -que afecta también a otros implicados de la trama- a petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.

El pasado martes, día en el que el magistrado imputó a Zapatero y le citó a declarar el próximo 2 de junio, acordó asimismo el «bloqueo de diversas cuentas bancarias», tal y como consta en una resolución judicial en la que se forma una pieza separada de la causa, algo habitual en estos casos.

Según explicaron las fuentes jurídicas, este tipo de bloqueo de cantidades es una medida habitual en estas investigaciones penales y va dirigida a asegurar una eventual responsabilidad civil a imponer en un futuro al investigado.

Zapatero está investigado por liderar, según el auto del juez, una supuesta red de tráfico de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la concesión de un préstamo de 53 millones de euros de dinero público para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, a cambio de beneficios económicos.

Unos supuestos beneficios que «habrían sido canalizados» hacia el expresidente y «su entorno más próximo» a través de una maraña de empresas, algunas de ellas instrumentales y sin actividad real, según la investigación.

Análisis Relevante es una de las empresas clave del caso. Propiedad de Julio Martínez, amigo personal de Zapatero y considerado su «lacayo» por responsables de Plus Ultra, el juez califica la sociedad de «instrumental» para canalizar esos fondos, en un periodo que «coincide temporalmente con gestiones dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas».

Entre marzo de 2021 y junio de 2025, según la investigación, la cuenta compartida entre Zapatero y su mujer recibió pagos de Análisis Relevante de 445.200 euros, si bien en el año 2020 también constan tres transferencias por 29.680 euros.

Por lo tanto, según el juez, en ese periodo el expresidente recibió un total de 490.780 euros, que es lo que ahora acuerda bloquear.

Zapatero, que aseguró que «jamás» ha hecho gestiones ante ninguna administración pública ni sector público en relación con el rescate de Plus Ultra y dijo que defenderá su inocencia, explicó en el Senado el pasado mes de marzo que él cobró 70.000 euros brutos de media al año de Análisis Relevante, todos contra factura y por los que cotizó a Hacienda.

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España

«La ceja» corrupta de la PSOE: El juez señala la intervención de Zapatero en operaciones de oro, petróleo, acciones y divisas

Redacción

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El expresidente del Gobierno está citado en la Audiencia Nacional el 2 de junio como investigado por tres delitos

José Luis Rodríguez Zapatero tenía una «intervención directa» en operaciones internacionales «de alto valor económico». Entre esas operaciones se insertan las relativas a productos petrolíferos, de oro, acciones y divisas. La trama presuntamente liderada por el presidente del Gobierno, citado a declarar el próximo 2 de junio como imputado, operaba tanto en España como en el extranjero. Tenía contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos, según el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El exdirigente socialista niega haber hecho gestiones a favor del rescate de Plus Ultra, aunque las intervenciones telefónicas a los directivos de la aerolínea le mencionan de forma constante.

Calama atribuye a Zapatero el liderazgo de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad «es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra». El magistrado imputa al expresidente del Gobierno tres delitos: tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

«La operativa de la red presenta rasgos comunes: (creación de documentación ficticia (contratos, facturas, informes), coordinación digital constante mediante correos electrónicos, mensajería y archivos compartidos, canalización de fondos a través de sociedades sin actividad real, ocultación deliberada de la documentación contable y fiscal, uso de administradores testaferros, e intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petróleo, oro, compraventa de acciones o divisas», señala el auto.

Los pagos a Zapatero

El juez insiste en que los indicios recabados muestran que los clientes de la red, entre los que se encontrarían Plus Ultra y dos de las empresas registradas este martes, Inteligencia Prospectiva y Softgestor, abonaban cantidades significativas por «servicios de asesoría inexistentes». Estos fondos redistribuidos al entorno de Zapatero, como su amigo Julio Martínez Martínez y las empresas de sus hijas, Whathefav. Calama cifra en casi dos millones de euros la cantidad obtenida de forma ilícita.

Las comunicaciones intervenidas revelan que la red actuaba tanto en España como en el extranjero, manteniendo contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos, pero también de otros países, con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala.

La correspondencia entre Julio Martínez Martínez y Domingo Arnaldo Amaro Chacón, de Inteligencia Prospectiva, confirma que este último es cliente de la red organizada. La empresa actuaría como vehículo de pago de servicios prestados por la trama. Las comunicaciones intervenidas revelan que el empresario venezolano y el presunto testaferro de Zapatero mantienen una relación mercantil continuada desde al menos septiembre de 2021, vinculada a operaciones internacionales de alto valor económico a las que se refiere Calama en su auto de 85 páginas.

En esas conversaciones, Amaro Chacón remite a Julio Martínez Martínez cartas de intención dirigidas a la Oficina del presidente Zapatero, lo que evidenciaría la conexión directa entre Inteligencia Prospectiva, su administrador y la red organizada para el ejercicio de influencias. La secuencia de comunicaciones muestra que el empresario venezolano actúa como intermediario en operaciones internacionales, mientras que Inteligencia Prospectiva se utiliza como canal financiero para efectuar pagos a Análisis Relevante y otras sociedades del entramado.

Fondos extranjeros

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sostiene que Inteligencia Prospectiva es una sociedad instrumental, cuya función es introducir fondos en España y redistribuirlos mediante contratos ficticios de asesoría. La empresa realizó pagos a Whathefav y Gate Center, entidades vinculadas directamente a Zapatero. Según el auto, esto «refuerza la hipótesis de que la sociedad forma parte del circuito económico de la red organizada, actuando como punto de entrada de fondos extranjeros y como nodo de redistribución hacia los beneficiarios finales».

Calama señala que de los mensajes analizados se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo en Venezuela, era necesario solicitarlo a la red presuntamente liderada por Zapatero mediante la preceptiva carta de intenciones o Letter of Intent (LOI). Los interlocutores revelan que desconocen el tipo de crudo que van a adquirir (que precisarán con posterioridad), al señalar que «necesitan la información sobre qué producto se hace la carta de intención». Estos identifican a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la que denominan La Dama, como la persona que controla la asignación de los buques.

«La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos». Finalmente, remiten la LOI en la que constan los datos de contacto de Zapatero y la dirección postal designada para su envío. «Ello evidencia el modo de proceder y pone de manifiesto la participación e influencia determinante» del expresidente del Gobierno, quien «dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política». Delcy Rodríguez fue ministra de Economía y Comercio de Venezuela entre septiembre de 2020 y agosto de 2024 y desde ese momento hasta el pasado marzo, titular de la cartera de Hidrocarburos.

Los interlocutores insisten en las comunicaciones intervenidas en que se trata de «una empresa que depende del Partido Comunista Chino», que revela la implicación o participación de actores de relevancia estatal en la operativa del negocio, reforzando la conclusión de que la actividad descrita trasciende con mucho el ámbito propio de una transacción mercantil ordinaria. El auto subraya que Gate Center, un think tank sin ánimo de lucro creado en Madrid en 2022, recibió 266.200 euros de Inteligencia Prospectiva mientras Zapatero era presidente de su consejo asesor.

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