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El juez de la Audiencia Nacional que ha imputado a José Luis Rodríguez ZapateroJosé Luis Calama, tiene indicios suficientes para investigar a las hijas del expresidente del GobiernoAlba y Laura Rodríguez Espinosa, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental, según fuentes de la investigación citadas por Vozpópuli. El foco de la causa se ha desplazado ahora hacia Whathefav, la agencia de comunicación y marketing de la que ambas figuran como administradoras formales y que los investigadores consideran una pieza relevante dentro del entramado económico bajo sospecha.

La decisión definitiva sobre su posible imputación podría llegar después de la declaración de Zapatero como investigado, prevista para el próximo 2 de junio. Ese día, el magistrado también podría celebrar una vistilla para estudiar las medidas cautelares reclamadas por las acusaciones personadas, entre ellas la retirada del pasaporte al expresidente y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.

La investigación del caso Plus Ultra ha situado a Whathefav en una posición especialmente delicada. El auto de la Audiencia Nacional describe la sociedad como un elemento «finalista y funcional» dentro de una presunta red dedicada al tráfico de influencias y a la canalización de fondos relacionados con la obtención de ayudas públicas. La resolución no presenta la empresa como una agencia con actividad comercial ordinaria, sino como una herramienta destinada a dar apariencia formal a determinados movimientos de dinero.

Según el juez, la documentación intervenida, los correos electrónicos examinados y los flujos financieros detectados apuntan a que Whathefav habría servido para emitir facturación específica, redistribuir fondos y proporcionar cobertura documental a operaciones económicas vinculadas al entramado investigado. La sospecha central es que la sociedad habría contribuido a revestir de normalidad mercantil pagos cuya prestación real no estaría suficientemente acreditada.

Uno de los vínculos clave analizados por los investigadores es la relación entre Whathefav y Análisis Relevante, sociedad formalmente controlada por Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero y detenido el pasado mes de diciembre. El auto señala que la conexión entre ambas compañías no se limitó a un contrato firmado en junio de 2020 para actividades de marketing, suministro de datos y apoyo logístico, sino que se extendió a la emisión de varias facturas bajo el concepto genérico de «servicios agencia».

Para el magistrado, la falta de detalle en esas facturas resulta especialmente significativa. El auto sostiene que la ausencia de concreción sobre los trabajos realizados revela una posible falta de correspondencia entre la actividad declarada y la actividad real, lo que sería compatible con una función de cobertura formal dentro del circuito económico investigado.

Las cantidades detectadas por la Audiencia Nacional refuerzan esa línea de investigación. Según la resolución, Análisis Relevante habría transferido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y otros 239.755 euros a Whathefav. Buena parte de los fondos recibidos por esta última sociedad procederían, según el auto, de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa, empresas que aparecen vinculadas a los movimientos económicos examinados por el juzgado.

El rastro del dinero no se limita a Análisis Relevante. Gate Center habría abonado 352.980 euros al expresidente socialista y 171.727 euros a Whathefav. Además, varias sociedades del grupo Thinking Heads, relacionado con Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían transferido 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a la empresa administrada por sus hijas.

La Audiencia Nacional también ha puesto la lupa sobre las cuentas personales de Laura y Alba Rodríguez Espinosa. El auto sostiene que ambas recibieron en conjunto 447.095 euros procedentes de Whathefav, un dato que los investigadores consideran relevante para determinar si la sociedad actuó como simple agencia de comunicación o como un instrumento de canalización y reparto de fondos dentro del presunto entramado.

En términos penales, la eventual imputación de las hijas de Zapatero se movería en torno a dos delitos. El blanqueo de capitales puede acarrear penas de prisión de seis meses a seis años cuando se atribuye a quienes ocultan, transforman o encubren bienes procedentes de actividades ilícitas. La falsedad documental, por su parte, castiga la elaboración o utilización de documentos falsos para justificar operaciones económicas inexistentes o aparentar transacciones que no se corresponden con la realidad.

El juez agrupa los indicios en cuatro grandes líneas. La primera es que Whathefav habría actuado como punto de llegada de fondos procedentes tanto de clientes de la red como de la propia estructura organizada. La segunda, que la sociedad habría funcionado como centro de redistribución económica hacia el entorno de Zapatero. La tercera, que habría generado facturación diseñada para dar cobertura formal a movimientos sin actividad real suficientemente acreditada. Y la cuarta, que habría intervenido en la difusión de informes elaborados por Sergio Sánchez para Análisis Relevante sin aportar un valor técnico propio.

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España

Condenado un excandidato de Más Madrid a 9 años de prisión por violar a una alumna que se suicidó

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El que fuera número uno de la candidatura de Más Madrid-Verdes Equo en la localidad de Villanueva de la Cañada, Enrique Antonio Salazar, ha sido condenado por los delitos de agresión y abuso sexual continuado contra cuatro de sus alumnas cuando ejercía como docente de matemáticas en el Instituto de Educación Secundaria Sapere Aude de Villanueva del Pardillo, según avanza El Español.

La sección número 15 de la Audiencia Provincial de Madrid le ha impuesto un total de diez años y seis meses de cárcel, según el fallo al que ha tenido acceso este medio. De ellos, nueve años corresponden al delito continuado de agresión sexual con penetración sobre una adolescente que aún no había cumplido los dieciséis, mientras que un año y medio se asignan al abuso sexual reiterado contra otra alumna. Para las dos restantes, el tribunal optó por multas de catorce meses sin privación de libertad.

Todos estos episodios ocurrieron a lo largo del curso escolar 2019-2020. Uno de los casos más graves afectó a Minerva Nieto Palacios, quien años más tarde, con solo veintiún años, decidió quitarse la vida. La joven había denunciado a su profesor por violación cuando contaba quince años, pero el procedimiento judicial se vio marcado por constantes retrasos hasta que, el 13 de mayo pasado, se dictó la resolución definitiva.

Además, el ahora exdocente arrastraba antecedentes penales ya extinguidos por un abuso sexual previo contra una menor de trece años. La sentencia detalla una serie de conductas que comenzaron con una broma aparentemente inocente: el 3 de octubre de 2019, una estudiante colocó sobre su mesa una corona con mensajes de tono sexual elaborada entre compañeros. Salazar se rio y le comentó a la chica que, a partir de los dieciséis, podía relacionarse con varones adultos. Al acabar la clase, se acercó y le advirtió que, aunque no fuera legal, «dos besos sí te podré dar», plantándole dos ósculos que la menor describió como pausados y perturbadores.

Con otra alumna, los acercamientos fueron similares: tras un comentario sobre su mayoría de edad, también recibió besos. A partir de ahí se instauró un patrón de cercanía excesiva: guiños, besos lanzados por los pasillos y llamadas privadas al aula. En una ocasión, con las luces apagadas y las persianas bajadas, la sentó frente a él, le tomó las manos y la acarició mientras hablaba de un examen. En otro momento le susurró «¿qué hago contigo, con lo que yo te quiero?», la besó con lengua y la colocó sobre sus piernas, tocándole el torso y las nalgas por encima de la ropa.

El episodio más grave tuvo lugar el 13 de diciembre de 2019. Minerva acudió al aula durante el recreo acompañada de una compañera, que quedó esperando fuera. Una vez dentro, en un ambiente en penumbra, el profesor le agarró las manos y le mencionó dos conversaciones pendientes. La primera giraba en torno a los dibujos y frases cariñosas que ella dejaba en la pizarra; la segunda, sobre sus estudios. Cuando la chica insistió, él se aproximó y le confesó que deseaba besarla, procediendo a hacerlo con lengua. Luego la invitó a sentarse sobre su pierna derecha, con las suyas entre las de él, y comenzó a manosearle los pechos y glúteos por encima de la ropa mientras la besaba de nuevo.

Al sonar el timbre para volver a clase, le pidió silencio y la víctima notó que había cerrado la puerta con llave. Preocupada, Minerva regresó minutos después para preguntar qué ocurriría ahora. Salazar respondió «ahora lo vas a entender», la sujetó por la cintura, volvió a cerrar con llave y la llevó hasta la mesa. Le bajó el pantalón y la ropa interior, la tocó en la zona genital y, tras bajarse él mismo los pantalones, la penetró vaginalmente hasta que ella le pidió que parara.

Cinco días más tarde, el docente le envió un mensaje preguntando por su ausencia: «Hola. Me han dicho que llevas un par de días malita. Espero que te recuperes pronto. Otra cosa: cuando te reincorpores me gustaría hablar contigo. A ver si mañana jueves vienes a clase y podemos hablar. Hasta mañana».

Como consecuencia directa de la agresión, la joven desarrolló un trastorno adaptativo con ansiedad, depresión y rasgos de personalidad no especificados. Los recuerdos le resultaban tan insoportables que decidió cambiarse el nombre por Minerva. Además, tuvo que abandonar el centro educativo pese a que el profesor ya no trabajaba allí. Sufrió ocho ingresos psiquiátricos en 2020, algunos prolongados, y manifestó repetidamente a sus familiares que no podía seguir adelante. Finalmente, puso fin a su vida a principios de agosto de 2025.

Respecto a las otras dos estudiantes, los hechos incluyeron tocamientos en brazos, pelo y cara, comentarios sobre su aspecto físico («vas muy guapa maquillada» o «qué guapa eres»), abrazos por detrás y besos en la mano durante correcciones de ejercicios, siempre acompañados de frases como «este año nos vamos a llevar muy bien» o elogios por su rendimiento académico.

Salazar había sido colocado en primer lugar de la lista de Más Madrid para las elecciones municipales de 2023 en Villanueva de la Cañada, formación liderada por Mónica García. Para entonces, los abusos ya se habían producido. Además de las penas de prisión, el tribunal le ha impuesto trece años de inhabilitación absoluta para cualquier actividad que implique contacto habitual con menores, diecisiete años de libertad vigilada y la prohibición total de acercarse o comunicarse con las víctimas y sus familias.

Sorprendentemente, en la actualidad continúa entrenando baloncesto con otros menores. En el plano civil, deberá indemnizar con 50.000 euros a la familia de Minerva por daños morales, 5.000 euros a la segunda víctima y 2.000 euros a cada una de las otras dos.

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