El juez de la Audiencia Nacional que ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Calama, tiene indicios suficientes para investigar a las hijas del expresidente del Gobierno, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental, según fuentes de la investigación citadas por Vozpópuli. El foco de la causa se ha desplazado ahora hacia Whathefav, la agencia de comunicación y marketing de la que ambas figuran como administradoras formales y que los investigadores consideran una pieza relevante dentro del entramado económico bajo sospecha.

La decisión definitiva sobre su posible imputación podría llegar después de la declaración de Zapatero como investigado, prevista para el próximo 2 de junio. Ese día, el magistrado también podría celebrar una vistilla para estudiar las medidas cautelares reclamadas por las acusaciones personadas, entre ellas la retirada del pasaporte al expresidente y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.

La investigación del caso Plus Ultra ha situado a Whathefav en una posición especialmente delicada. El auto de la Audiencia Nacional describe la sociedad como un elemento «finalista y funcional» dentro de una presunta red dedicada al tráfico de influencias y a la canalización de fondos relacionados con la obtención de ayudas públicas. La resolución no presenta la empresa como una agencia con actividad comercial ordinaria, sino como una herramienta destinada a dar apariencia formal a determinados movimientos de dinero.

Según el juez, la documentación intervenida, los correos electrónicos examinados y los flujos financieros detectados apuntan a que Whathefav habría servido para emitir facturación específica, redistribuir fondos y proporcionar cobertura documental a operaciones económicas vinculadas al entramado investigado. La sospecha central es que la sociedad habría contribuido a revestir de normalidad mercantil pagos cuya prestación real no estaría suficientemente acreditada.

Uno de los vínculos clave analizados por los investigadores es la relación entre Whathefav y Análisis Relevante, sociedad formalmente controlada por Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero y detenido el pasado mes de diciembre. El auto señala que la conexión entre ambas compañías no se limitó a un contrato firmado en junio de 2020 para actividades de marketing, suministro de datos y apoyo logístico, sino que se extendió a la emisión de varias facturas bajo el concepto genérico de «servicios agencia».

Para el magistrado, la falta de detalle en esas facturas resulta especialmente significativa. El auto sostiene que la ausencia de concreción sobre los trabajos realizados revela una posible falta de correspondencia entre la actividad declarada y la actividad real, lo que sería compatible con una función de cobertura formal dentro del circuito económico investigado.

Las cantidades detectadas por la Audiencia Nacional refuerzan esa línea de investigación. Según la resolución, Análisis Relevante habría transferido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y otros 239.755 euros a Whathefav. Buena parte de los fondos recibidos por esta última sociedad procederían, según el auto, de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa, empresas que aparecen vinculadas a los movimientos económicos examinados por el juzgado.

El rastro del dinero no se limita a Análisis Relevante. Gate Center habría abonado 352.980 euros al expresidente socialista y 171.727 euros a Whathefav. Además, varias sociedades del grupo Thinking Heads, relacionado con Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían transferido 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a la empresa administrada por sus hijas.

La Audiencia Nacional también ha puesto la lupa sobre las cuentas personales de Laura y Alba Rodríguez Espinosa. El auto sostiene que ambas recibieron en conjunto 447.095 euros procedentes de Whathefav, un dato que los investigadores consideran relevante para determinar si la sociedad actuó como simple agencia de comunicación o como un instrumento de canalización y reparto de fondos dentro del presunto entramado.

En términos penales, la eventual imputación de las hijas de Zapatero se movería en torno a dos delitos. El blanqueo de capitales puede acarrear penas de prisión de seis meses a seis años cuando se atribuye a quienes ocultan, transforman o encubren bienes procedentes de actividades ilícitas. La falsedad documental, por su parte, castiga la elaboración o utilización de documentos falsos para justificar operaciones económicas inexistentes o aparentar transacciones que no se corresponden con la realidad.

El juez agrupa los indicios en cuatro grandes líneas. La primera es que Whathefav habría actuado como punto de llegada de fondos procedentes tanto de clientes de la red como de la propia estructura organizada. La segunda, que la sociedad habría funcionado como centro de redistribución económica hacia el entorno de Zapatero. La tercera, que habría generado facturación diseñada para dar cobertura formal a movimientos sin actividad real suficientemente acreditada. Y la cuarta, que habría intervenido en la difusión de informes elaborados por Sergio Sánchez para Análisis Relevante sin aportar un valor técnico propio.