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La legalización de la eutanasia en Holanda está causando una estampida de enfermos y ancianos hacia otros países de la UE

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La legalización de la eutanasia en Holanda está causando una estampida de enfermos y ancianos hacia otros países de la Unión Europea.

E l gobierno de Amsterdam ha desestimado las quejas de los grupos que han denunciado el éxodo de ancianos que huyen de los servicios de salud holandeses.

Holanda ha sido pionera en la legalización del aborto, las drogas y la prostitución, y ahora muchos ancianos temen que los “maten” en los hospitales donde se aplica abiertamente la ley de ‘terminación de la vida a petición propia y ayuda al suicidio’. El éxodo de ancianos y enfermos comenzó en el segundo semestre de 2002, pero se ha intensificado en los últimos meses. Los viejos desconfían profundamente de sus médicos, del servicio de salud holandés e incluso de sus familiares, y cruzan la frontera solos o en grupos, especialmente hacia Alemania, para ponerse a salvo de la eutanasia. Sin preguntas La cifra es espeluznante.

En Holanda fallecen 4.000 personas al año por ‘muerte legalmente provocada’. La ley que lo permite entró en vigor en abril de 2002 para despenalizar la eutanasia, una práctica que de todas formas venía cumpliéndose, sin persecución judicial, en los servicios de salud holandeses desde principios de los 90. La ley en cuestión lo único que hizo fue reglamentar una práctica que, vista desde la óptica de los enfermos, puede ser la materialización de la peor pesadilla. La alarma se disparó con un reciente estudio de la Universidad de Göttingen (Alemania), que analizó 7.000 casos de eutanasia en Holanda y encontró que los médicos y familiares parecen disponer de la vida de sus ancianos y de sus enfermos.

Según los investigadores, 41 por ciento de estas muertes por eutanasia fueron ‘legitimadas’ por el deseo de los familiares de acabar con el sufrimiento del paciente. Lo que es peor, en 11 por ciento de estos casos el enfermo se hallaba consciente y estaba en situación de tomar decisiones, pero nunca se le preguntó si quería morir o no. “Con estos antecedentes es apenas natural que el miedo se haya apoderado de los ancianos, que escapan de una muerte ‘anticipada’ y buscan ahora refugio en los asilos de Bocholt y de otras poblaciones alemanas cercanas a la frontera con Holanda”, dijo a SEMANA Reiner Mansch, profesor de medicina de la Universidad de Göttingen y asesor del estudio sobre la eutanasia. El estudio concluyó que 60 por ciento de las muertes por ese procedimiento en Holanda tuvieron como razón fundamental la falta de expectativas para la recuperación del enfermo, pero para Mansch el dato más preocupante que arroja la investigación es que uno de cada tres casos de ‘muerte asistida’ obedeció a “la incapacidad de los familiares para continuar con la situación del enfermo hasta el final”.

Los que deciden La ley holandesa, llamada “Verificación de la terminación de la vida a petición propia y ayuda al suicidio”, exige como requisitos para que se pueda aplicar la eutanasia a un enfermo que su sufrimiento sea ‘insoportable’ y la ausencia de un tratamiento que alivie sus padecimientos. El médico está obligado a pedir una segunda opinión a un colega, y sobre todo debe informar a una comisión regional de control -integrada por un jurista, un médico y un experto en ética-, que dictamina si el facultativo que practicó la eutanasia cumplió las disposiciones de la ley.

En teoría, la eutanasia sigue figurando como delito en el Código Penal y el médico podría ser condenado hasta a 12 años de cárcel, si no la practica de acuerdo con los requisitos legales. La norma vigente fue más lejos de lo que muchos preveían al permitir a los menores optar por la eutanasia a partir de los 16 años sin el consentimiento de sus padres.

En el caso de los niños de 12 a 16 años, es preciso el acuerdo del menor y de por lo menos uno de sus progenitores. Hasta abril de 2002, fecha en que entró en vigor la ley, la eutanasia en Holanda no era legal pero tampoco era perseguida. Rara vez se acusaba a algún médico de practicarla y sus reglas evolucionaron durante 25 años de debates, con precedentes que sentaron la jurisprudencia que dio sustento a la ley. Antes, los médicos estaban obligados a registrar los casos ante el Fiscal General del país, y ahora sólo deben acudir ante la comisión regional, que los exonera de toda persecución judicial. Pero Ilse Keuenhof, del Movimiento Católico Holandés, uno de los grupos que más se han opuesto a la eutanasia en su país, aseguró que, tras tantos años de práctica habitual de la eutanasia y con la presión de los familiares del enfermo, “la interpretación de la ley ha cambiado al punto de que basta con que el paciente, en medio del dolor de sus quebrantos, haya manifestado en repetidas ocasiones su deseo de morir para establecer una base legal y ser conducido a la muerte”.

Los partidos y grupos católicos han denunciado el éxodo de ancianos y enfermos rumbo a Alemania, pero el gobierno de Amsterdam y el ministro de Justicia holandés, Piet Hein Donner, han desestimado sus quejas y recuerdan las encuestas donde casi 90 por ciento de los 15 millones de holandeses, “entre ellos la mayoría de los católicos”, se han mostrado a favor de la eutanasia.

El caso Brongersma

Para el gobierno, todas las posibles dudas sobre la aplicación de la ley quedaron resueltas con el caso del ex senador laborista Edward Brongersma, de 86 años, que no estaba enfermo ni sufría dolores, pero sí se hallaba envuelto en un escándalo de pedofilia y solicitó en 1998 a su médico la eutanasia alegando únicamente “no tener ganas de vivir”.

Philips Sutorius, su médico de cabecera, cumplió con su tarea y fue inicialmente exonerado de cargos. Pero ante el peligro que entrañaba este tipo de episodios, la ministra de Salud, Els Borst, demandó la reapertura del caso. En diciembre de 2001 el Tribunal de Amsterdam declaró culpable a Sutorius por no cumplir las dos exigencias básicas para la eutanasia: que el enfermo esté en fase terminal y que su sufrimiento sea insoportable y sin posibilidad de mejora.

Los jueces admitieron, sin embargo, que al médico lo movió la “compasión” y por ello no fue sometido a cumplir la condena de prisión, pero el fallo impide que se abra esta vía de absolución para nuevos casos. Keuenhof y Mansch dijeron que el problema radica en que todos los casos se quedan en las comisiones regionales y “nunca llegan a los tribunales”, y cifraron en más de 30.000 los enfermos y ancianos que han cruzado la frontera rumbo a Alemania en los últimos cuatro meses. Ambos esperan que en Bélgica, segundo país europeo en legalizar esta práctica en 2002, y en Francia y Gran Bretaña, que marchan en esa dirección, no ocurran desbandadas de este tipo.

Los holandeses están muy orgullosos de su libertad personal y de ser pioneros en leyes como el aborto, el consumo de drogas, la prostitución y la eutanasia, lo que queda ratificado en los estudios periódicos de la Universidad Erasmo de Rotterdam, y según Keuenhof y Mansch, “este inmenso amor propio les impide ver con objetividad los abusos que los médicos y los familiares están cometiendo contra los ancianos y los enfermos amparados por la ley de la eutanasia”. Entre tanto, el doloroso fenómeno de los ancianos que huyen para no quedar a merced de médicos y parientes sigue presentándose a plena luz del día.

(Semana)


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Sociedad

La destrucción del hombre europeo por el feminismo androfóbico, objetivo mundialista

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Rambla Libre
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Derk.- El tribunal que ha condenado por agresión sexual a los miembros de ‘la Manada’ y elevado su pena a 15 años de cárcel decidió no recoger en los hechos probados la grabación que fue hecha de esos mismos hechos tanto en audio como en video. Tan insólito como si se rechazaran las imágenes de las cámaras de seguridad en un proceso sobre un atraco en una sucursal bancaria.

Si ha existido tanta unanimidad respecto a la punibilidad de los hechos, ¿por qué se persigue con tanta saña al único periodista español que tuvo el valor de difundir algunas de las imágenes grabadas desde el teléfono móvil de la supuesta víctima?

Los hechos son especialmente graves porque dejan en la más completa indefensión jurídica a cualquier varón. Se rechazan las imágenes que acreditan una posible relación sexual consentida y en cambio se incorpora a hechos probados la declaración tanto de la víctima como de los “expertos de género”. Estos hablaron del “extrés postraumático” y de la “sumisión” de la víctima, lo que a la luz del contenido de las imágenes resultaría cuando menos discutido.

Desde 1997 he estudiado profundamente al feminismo en España, Reino Unido y Nueva Zelanda.

También las resoluciones de la ONU sobre esta materia. En 2004 publiqué el único trabajo (que yo conozca) sobre los suicidios de hombres que habían sido denunciados por maltrato: 257 al año. El androcidio ha ido creciendo, por lo que el INE eliminó el dato clave; esto, es, el desglose de suicidios por estado civil.

En 2008 eliminaron también los datos sobre niños asesinados por madre/padre, luego de que se dieran a conocer los elevados porcentajes de madres responsables de muertes de niños por maltrato (pinche aquí).

Años más tarde supimos del gran negocio que suponía para el Gobierno las denuncias por maltrato. Desde 2004 se han repartido miles de millones de euros de la UE. Incluso José Luis Rodríguez Zapatero promovió una ley para que el Tribunal de Cuentas no fiscalizara estas ayudas.

  • No han dudado en violar el artículo 14 de nuestra Constitución.

  • No han dudado en violar el principal derecho humano (“Todos iguales en derechos”).

  • No dudaron en ocultar las muertes de más de 257 seres humanos cada año.

  • No dudaron en ocultar, bajo las alfombras de la censura, la sangre de niños asesinados por sus madres. (Pinche aquí)

Y tampoco han dudado en repartirse miles de millones de euros, que tendrían que haber ido a parar a familias españolas que carecen de futuro. Ellos en cambio disfrutan de sus suntuosos casoplones en Pozuelo (Pedro Sánchez), Hipódromo de la Zarzuela (José Luis Rodríguez Zapatero), Galapagar (Pablo Iglesias) y Conde de Orgaz (Manuela Carmena), entre otros muchos.

Hace unos días se suicidó Rafael Pascual, concejal de Arauzo de Salce (Burgos), horas después de que la Guardia Civil fuese a buscarle por una denuncia de su pareja tras una discusión. En 2003 fueron 257 (la cifra es seguramente mayor) los hombres que se suicidaron ese año.

La casta política que ampara este tipo de cosas son el mal absoluto. Desde hace 20 años intentan destruirnos. No hay futuro. A cualquiera de ustedes, a cualquiera de sus hijos, podrían caerle veinte años de cárcel si son denunciados por una mujer malvada y sin escrúpulos. No importa que existan imágenes de los hechos que desacrediten la denuncia. Esas imágenes no serán tenidas en cuenta en un tribunal. Bastará el testimonio de la “víctima” y de las expertas en género. Cualquiera de ustedes, sea empresario, profesor, catedrático (en Harvard lo han hecho), médico, periodista, deportista, puede ser destruido de un plumazo.

Hace unos días, una dirigente socialista defendía la ‘castración selectiva’ de bebés recién nacidos. ¿Esta en prisión preventiva por inducción al genocidio de niños? Por supuesto que no. Son intocables. Ni siquiera el juez Serrano se ha atrevido a denunciarla.

Son auténticos monstruos (ellos y ellas). Y van ganando.


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Sociedad

Paula ha logrado cambiar su nombre y sexo en el DNI con solo nueve años

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La Voz de Galicia
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«Con seis añitos me dijo que era una niña, me entró miedo porque no sabía nada de la transexualidad, hasta que llegué a Arelas y me ayudaron muchísimo». Así explica la gallega Mónica Rodríguez cómo empezó el proceso de su hija Paula, que con tan solo nueve años acaba de conseguir que un juez autorice su cambio de nombre y sexo en el DNI. Desde el año 2007 hay una ley estatal que permite el cambio de nombre y sexo en el registro civil a los adultos trans que demuestren dos años de tratamiento. Pero los menores están en el limbo en esta legislación. Hasta tal punto que el Supremo ha presentado ante el Constitucional un requerimiento para que le aclare si es constitucional excluir a los menores de edad de este derecho, aún pendiente de resolución.

En Galicia desde hace unos años se concede el cambio de nombre. Hace dos y medio un menor de Valencia logró también que se reconociese su sexo sentido en el DNI, así que Cristina Palacios, presidenta de la asociación de familias de menores trans, Arelas, no se lo pensó. «El primero en Galicia fue Pablo, un chico de 15 años, pero nunca lo habían concedido a una niña tan pequeña, hay en autonomías que ni con 9 ni con 16».

Paula no ha tenido ningún problema en su entorno. Amigos, colegio, compañeros de gimnasia, «todos la aceptaron perfectamente», cuenta Mónica. Al principio en el centro educativo se sentían un poco reacios a que hiciese el tránsito tan pronto, «pero después no hubo ningún problema, los profes bien, los niños bien, en gimnasia la recibieron con mucho cariño… Hemos tenido muchísima suerte y no es lo normal», admite la madre de Paula.

Paula y su familia lo consiguieron, pero la demanda de esta asociación va más allá. «El proceso depende del juzgado, del juez y del fiscal, en la ley no están reflejados los menores por lo que depende del criterio de estos profesionales», cuenta Mónica. Es por eso que reclaman un cambio en la ley, para que incluya también el derecho de los menores a cambiar en el registro tanto su nombre como su sexo. Miguel Vieito, jurista, ha llevado estos procesos de solicitud ante los registros civiles de Galicia, y asegura que se produce una discriminación en el caso de los menores.

El problema es que ahora existe mucha discrecionalidad, ya que la autorización depende de cómo se interpreten varias normas, por lo que hay juzgados que conceden el cambio y otros que no, normalmente al recurrir la fiscalía.

Fuente: La Voz de Galicia


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India: cientos de trabajadoras se extirpan el útero para mantener sus empleos

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Las autoridades indias investigan cientos de casos de extirpaciones forzosas de útero concentradas en una comunidad de mujeres cortadoras de caña de azúcar en el oeste de la India, en lo que activistas atribuyen a presiones por aumentar su productividad, informa Efe.

«Según un informe previo del estado de Maharashtra, se han hecho más de 4.500 histerectomías en hospitales privados en la zona en los últimos tres años. El Gobierno ha ordenado ahora la formación de un comité investigador», dijo una activista de la oenegé india especializada en salud Jan Swasthya Abhiyan, Shweta Marathe.

El inusualmente alto número de extirpaciones en una comunidad tan específica y a la vez difícil de delimitar por la ausencia de contratos formales, la de las trabajadoras agrícolas temporales del distrito de Beed, está relacionado con la presión sobre estas mujeres por trabajar sin falla, señaló.

Las trabajadoras se enfrentan a multas de 500 rupias – unos 6,3 euros, el sueldo de todo un día – si no acuden a cortar caña de azúcar una jornada, y estar menstruando no es excusa. Por eso, afirmó la oenegé proderechos de las mujeres Makaan en un comunicado de prensa, «para librarse de las menstruaciones que se convierten en una barrera para su trabajo e ingresos, estas mujeres optan por la histerectomía».

LA IDEA NO LES CAE DEL CIELO, EXPLICA UNA OENEGÉ

Las mujeres que trabajan mientras menstrúan no son consideradas buenas trabajadoras y los contratistas llegan a avanzarlas dinero para que acometan la extirpación quirúrgica del útero en hospitales privados.

«Hay un claro interés comercial en la relación entre la comunidad médica, los contratistas y los dueños de las factorías de azúcar», denuncia Makaan. Los activistas denuncian que los médicos convencen a las mujeres que ya han tenido uno o dos hijos de que su útero carece de valor o señalando a posibles riesgos como cáncer o hinchazón irregular del útero. La lamentable condición de las mujeres, causado por una mala nutrición y las duras condiciones de trabajo, significa que las mujeres ya arrastran problemas de salud en cualquier caso, indica la oenegé.

Según el comunicado, mujeres que apenas ganan 10 euros diarios acaban recurriendo a préstamos o avances de dinero, o incluso a vender animales domésticos, para costear una operación que puede llegar a costar 30.000 rupias (382 euros).


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