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Sociedad

La legalización de la eutanasia en Holanda está causando una estampida de enfermos y ancianos hacia otros países de la UE

Redacción

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La legalización de la eutanasia en Holanda está causando una estampida de enfermos y ancianos hacia otros países de la Unión Europea.

E l gobierno de Amsterdam ha desestimado las quejas de los grupos que han denunciado el éxodo de ancianos que huyen de los servicios de salud holandeses.

Holanda ha sido pionera en la legalización del aborto, las drogas y la prostitución, y ahora muchos ancianos temen que los «maten» en los hospitales donde se aplica abiertamente la ley de ‘terminación de la vida a petición propia y ayuda al suicidio’. El éxodo de ancianos y enfermos comenzó en el segundo semestre de 2002, pero se ha intensificado en los últimos meses. Los viejos desconfían profundamente de sus médicos, del servicio de salud holandés e incluso de sus familiares, y cruzan la frontera solos o en grupos, especialmente hacia Alemania, para ponerse a salvo de la eutanasia. Sin preguntas La cifra es espeluznante.

En Holanda fallecen 4.000 personas al año por ‘muerte legalmente provocada’. La ley que lo permite entró en vigor en abril de 2002 para despenalizar la eutanasia, una práctica que de todas formas venía cumpliéndose, sin persecución judicial, en los servicios de salud holandeses desde principios de los 90. La ley en cuestión lo único que hizo fue reglamentar una práctica que, vista desde la óptica de los enfermos, puede ser la materialización de la peor pesadilla. La alarma se disparó con un reciente estudio de la Universidad de Göttingen (Alemania), que analizó 7.000 casos de eutanasia en Holanda y encontró que los médicos y familiares parecen disponer de la vida de sus ancianos y de sus enfermos.

Según los investigadores, 41 por ciento de estas muertes por eutanasia fueron ‘legitimadas’ por el deseo de los familiares de acabar con el sufrimiento del paciente. Lo que es peor, en 11 por ciento de estos casos el enfermo se hallaba consciente y estaba en situación de tomar decisiones, pero nunca se le preguntó si quería morir o no. «Con estos antecedentes es apenas natural que el miedo se haya apoderado de los ancianos, que escapan de una muerte ‘anticipada’ y buscan ahora refugio en los asilos de Bocholt y de otras poblaciones alemanas cercanas a la frontera con Holanda», dijo a SEMANA Reiner Mansch, profesor de medicina de la Universidad de Göttingen y asesor del estudio sobre la eutanasia. El estudio concluyó que 60 por ciento de las muertes por ese procedimiento en Holanda tuvieron como razón fundamental la falta de expectativas para la recuperación del enfermo, pero para Mansch el dato más preocupante que arroja la investigación es que uno de cada tres casos de ‘muerte asistida’ obedeció a «la incapacidad de los familiares para continuar con la situación del enfermo hasta el final».

Los que deciden La ley holandesa, llamada «Verificación de la terminación de la vida a petición propia y ayuda al suicidio», exige como requisitos para que se pueda aplicar la eutanasia a un enfermo que su sufrimiento sea ‘insoportable’ y la ausencia de un tratamiento que alivie sus padecimientos. El médico está obligado a pedir una segunda opinión a un colega, y sobre todo debe informar a una comisión regional de control -integrada por un jurista, un médico y un experto en ética-, que dictamina si el facultativo que practicó la eutanasia cumplió las disposiciones de la ley.

En teoría, la eutanasia sigue figurando como delito en el Código Penal y el médico podría ser condenado hasta a 12 años de cárcel, si no la practica de acuerdo con los requisitos legales. La norma vigente fue más lejos de lo que muchos preveían al permitir a los menores optar por la eutanasia a partir de los 16 años sin el consentimiento de sus padres.

En el caso de los niños de 12 a 16 años, es preciso el acuerdo del menor y de por lo menos uno de sus progenitores. Hasta abril de 2002, fecha en que entró en vigor la ley, la eutanasia en Holanda no era legal pero tampoco era perseguida. Rara vez se acusaba a algún médico de practicarla y sus reglas evolucionaron durante 25 años de debates, con precedentes que sentaron la jurisprudencia que dio sustento a la ley. Antes, los médicos estaban obligados a registrar los casos ante el Fiscal General del país, y ahora sólo deben acudir ante la comisión regional, que los exonera de toda persecución judicial. Pero Ilse Keuenhof, del Movimiento Católico Holandés, uno de los grupos que más se han opuesto a la eutanasia en su país, aseguró que, tras tantos años de práctica habitual de la eutanasia y con la presión de los familiares del enfermo, «la interpretación de la ley ha cambiado al punto de que basta con que el paciente, en medio del dolor de sus quebrantos, haya manifestado en repetidas ocasiones su deseo de morir para establecer una base legal y ser conducido a la muerte».

Los partidos y grupos católicos han denunciado el éxodo de ancianos y enfermos rumbo a Alemania, pero el gobierno de Amsterdam y el ministro de Justicia holandés, Piet Hein Donner, han desestimado sus quejas y recuerdan las encuestas donde casi 90 por ciento de los 15 millones de holandeses, «entre ellos la mayoría de los católicos», se han mostrado a favor de la eutanasia.

El caso Brongersma

Para el gobierno, todas las posibles dudas sobre la aplicación de la ley quedaron resueltas con el caso del ex senador laborista Edward Brongersma, de 86 años, que no estaba enfermo ni sufría dolores, pero sí se hallaba envuelto en un escándalo de pedofilia y solicitó en 1998 a su médico la eutanasia alegando únicamente «no tener ganas de vivir».

Philips Sutorius, su médico de cabecera, cumplió con su tarea y fue inicialmente exonerado de cargos. Pero ante el peligro que entrañaba este tipo de episodios, la ministra de Salud, Els Borst, demandó la reapertura del caso. En diciembre de 2001 el Tribunal de Amsterdam declaró culpable a Sutorius por no cumplir las dos exigencias básicas para la eutanasia: que el enfermo esté en fase terminal y que su sufrimiento sea insoportable y sin posibilidad de mejora.

Los jueces admitieron, sin embargo, que al médico lo movió la «compasión» y por ello no fue sometido a cumplir la condena de prisión, pero el fallo impide que se abra esta vía de absolución para nuevos casos. Keuenhof y Mansch dijeron que el problema radica en que todos los casos se quedan en las comisiones regionales y «nunca llegan a los tribunales», y cifraron en más de 30.000 los enfermos y ancianos que han cruzado la frontera rumbo a Alemania en los últimos cuatro meses. Ambos esperan que en Bélgica, segundo país europeo en legalizar esta práctica en 2002, y en Francia y Gran Bretaña, que marchan en esa dirección, no ocurran desbandadas de este tipo.

Los holandeses están muy orgullosos de su libertad personal y de ser pioneros en leyes como el aborto, el consumo de drogas, la prostitución y la eutanasia, lo que queda ratificado en los estudios periódicos de la Universidad Erasmo de Rotterdam, y según Keuenhof y Mansch, «este inmenso amor propio les impide ver con objetividad los abusos que los médicos y los familiares están cometiendo contra los ancianos y los enfermos amparados por la ley de la eutanasia». Entre tanto, el doloroso fenómeno de los ancianos que huyen para no quedar a merced de médicos y parientes sigue presentándose a plena luz del día.

(Semana)

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España

Condenado un excandidato de Más Madrid a 9 años de prisión por violar a una alumna que se suicidó

Redacción

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El que fuera número uno de la candidatura de Más Madrid-Verdes Equo en la localidad de Villanueva de la Cañada, Enrique Antonio Salazar, ha sido condenado por los delitos de agresión y abuso sexual continuado contra cuatro de sus alumnas cuando ejercía como docente de matemáticas en el Instituto de Educación Secundaria Sapere Aude de Villanueva del Pardillo, según avanza El Español.

La sección número 15 de la Audiencia Provincial de Madrid le ha impuesto un total de diez años y seis meses de cárcel, según el fallo al que ha tenido acceso este medio. De ellos, nueve años corresponden al delito continuado de agresión sexual con penetración sobre una adolescente que aún no había cumplido los dieciséis, mientras que un año y medio se asignan al abuso sexual reiterado contra otra alumna. Para las dos restantes, el tribunal optó por multas de catorce meses sin privación de libertad.

Todos estos episodios ocurrieron a lo largo del curso escolar 2019-2020. Uno de los casos más graves afectó a Minerva Nieto Palacios, quien años más tarde, con solo veintiún años, decidió quitarse la vida. La joven había denunciado a su profesor por violación cuando contaba quince años, pero el procedimiento judicial se vio marcado por constantes retrasos hasta que, el 13 de mayo pasado, se dictó la resolución definitiva.

Además, el ahora exdocente arrastraba antecedentes penales ya extinguidos por un abuso sexual previo contra una menor de trece años. La sentencia detalla una serie de conductas que comenzaron con una broma aparentemente inocente: el 3 de octubre de 2019, una estudiante colocó sobre su mesa una corona con mensajes de tono sexual elaborada entre compañeros. Salazar se rio y le comentó a la chica que, a partir de los dieciséis, podía relacionarse con varones adultos. Al acabar la clase, se acercó y le advirtió que, aunque no fuera legal, «dos besos sí te podré dar», plantándole dos ósculos que la menor describió como pausados y perturbadores.

Con otra alumna, los acercamientos fueron similares: tras un comentario sobre su mayoría de edad, también recibió besos. A partir de ahí se instauró un patrón de cercanía excesiva: guiños, besos lanzados por los pasillos y llamadas privadas al aula. En una ocasión, con las luces apagadas y las persianas bajadas, la sentó frente a él, le tomó las manos y la acarició mientras hablaba de un examen. En otro momento le susurró «¿qué hago contigo, con lo que yo te quiero?», la besó con lengua y la colocó sobre sus piernas, tocándole el torso y las nalgas por encima de la ropa.

El episodio más grave tuvo lugar el 13 de diciembre de 2019. Minerva acudió al aula durante el recreo acompañada de una compañera, que quedó esperando fuera. Una vez dentro, en un ambiente en penumbra, el profesor le agarró las manos y le mencionó dos conversaciones pendientes. La primera giraba en torno a los dibujos y frases cariñosas que ella dejaba en la pizarra; la segunda, sobre sus estudios. Cuando la chica insistió, él se aproximó y le confesó que deseaba besarla, procediendo a hacerlo con lengua. Luego la invitó a sentarse sobre su pierna derecha, con las suyas entre las de él, y comenzó a manosearle los pechos y glúteos por encima de la ropa mientras la besaba de nuevo.

Al sonar el timbre para volver a clase, le pidió silencio y la víctima notó que había cerrado la puerta con llave. Preocupada, Minerva regresó minutos después para preguntar qué ocurriría ahora. Salazar respondió «ahora lo vas a entender», la sujetó por la cintura, volvió a cerrar con llave y la llevó hasta la mesa. Le bajó el pantalón y la ropa interior, la tocó en la zona genital y, tras bajarse él mismo los pantalones, la penetró vaginalmente hasta que ella le pidió que parara.

Cinco días más tarde, el docente le envió un mensaje preguntando por su ausencia: «Hola. Me han dicho que llevas un par de días malita. Espero que te recuperes pronto. Otra cosa: cuando te reincorpores me gustaría hablar contigo. A ver si mañana jueves vienes a clase y podemos hablar. Hasta mañana».

Como consecuencia directa de la agresión, la joven desarrolló un trastorno adaptativo con ansiedad, depresión y rasgos de personalidad no especificados. Los recuerdos le resultaban tan insoportables que decidió cambiarse el nombre por Minerva. Además, tuvo que abandonar el centro educativo pese a que el profesor ya no trabajaba allí. Sufrió ocho ingresos psiquiátricos en 2020, algunos prolongados, y manifestó repetidamente a sus familiares que no podía seguir adelante. Finalmente, puso fin a su vida a principios de agosto de 2025.

Respecto a las otras dos estudiantes, los hechos incluyeron tocamientos en brazos, pelo y cara, comentarios sobre su aspecto físico («vas muy guapa maquillada» o «qué guapa eres»), abrazos por detrás y besos en la mano durante correcciones de ejercicios, siempre acompañados de frases como «este año nos vamos a llevar muy bien» o elogios por su rendimiento académico.

Salazar había sido colocado en primer lugar de la lista de Más Madrid para las elecciones municipales de 2023 en Villanueva de la Cañada, formación liderada por Mónica García. Para entonces, los abusos ya se habían producido. Además de las penas de prisión, el tribunal le ha impuesto trece años de inhabilitación absoluta para cualquier actividad que implique contacto habitual con menores, diecisiete años de libertad vigilada y la prohibición total de acercarse o comunicarse con las víctimas y sus familias.

Sorprendentemente, en la actualidad continúa entrenando baloncesto con otros menores. En el plano civil, deberá indemnizar con 50.000 euros a la familia de Minerva por daños morales, 5.000 euros a la segunda víctima y 2.000 euros a cada una de las otras dos.

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