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Sociedad

La ley de eutanasia entra en vigor por primera vez en Australia en el estado de Victoria

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El estado australiano de Victoria se convirtió en la primera jurisdicción del país oceánico en legalizar la eutanasia para enfermos terminales, al entrar en vigor hoy la ley que regula la muerte asistida.

«Este es el modelo más conservador de su tipo en el mundo y se han implementado 68 salvaguardas individuales», dijo en un comunicado la ministra de Salud de Victoria, Jenny Mikakos, al recalcar que se trata de dar a los enfermos terminales «una opción voluntaria y compasiva sobre su manera de morir».

La ley, que fue aprobada en noviembre de 2017, prevé que cada caso sea revisado individualmente por una comisión que determinará si da luz verde a este procedimientos.

Los solicitantes deberán ser adultos con capacidad de decisión que sufran una enfermedad incurable, progresiva y avanzada, y que potencialmente les cause la muerte en los próximos seis meses o una persona con una capacidad neuro-degenerativa que tenga doce meses de esperanza de vida.

Asimismo, los pacientes deberán contar con el apoyo de los médicos que los tratan y solamente una farmacia de Melbourne, la capital estatal, proporcionará los medicamentos vinculados a la muerte asistida.

Según la ley, los pacientes recibirán en un plazo de diez días la droga que podrán solicitar tras superar dos revisiones médicas independientes, y deberán administrársela ellos mismos excepto en algunos casos especiales.

La entrada en vigor de la ley fue precedida por una carta pública emitida esta semana por los cuatro obispos de Victoria que mostraron su oposición a la medida al asegurar que «no podemos cooperar en facilitar el suicidio incluso cuando parece estar motivado por la empatía y la bondad».

En cambio, fue celebrada por potenciales solicitantes como la ex enfermera Nia Sims, que padece una rara enfermedad progresiva autoinmune llamada Scleroderma, que en un artículo de opinión en el portal de la cadena ABC aseguró que la existencia de esta opción la tranquiliza.

«La posibilidad de elegir una muerte amable me da una calma que no tendría si muriese en una muerte larga y traumática por asfixia o inanición», dijo Sims, cuya enfermedad afecta a sus órganos, especialmente sus pulmones, y la obligan a pasar 18 horas al día en la cama.

«Si estoy en un sufrimiento intolerable que no puedo aliviar, evalúenme como elegible y tengan la medicina que termine mi vida cerca. Tendré la tranquilidad de controlar y elegir cuando esté lista para poner fin a mi sufrimiento», subrayó.

La eutanasia ha sido un tema de intenso debate en Australia, con casos como el del científico de 104 años, David Goodall, que el año pasado decidió someterse a una eutanasia en Suiza pese a no padecer ninguna enfermedad terminal.

El Parlamento del Territorio Norte aprobó en 1996 la Ley del Derecho de Enfermos Terminales, una normativa que el Parlamento federal australiano derogó al año siguiente.

Mientras estuvo en vigor, cuatro personas murieron por el método de «suicidio asistido» ayudadas por Philip Nitschke, un médico que dirige la organización pro eutanasia «Final Exit» (Salida Final) y que lideró la campaña que llevó a la aprobación de la norma.

 


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Sociedad

Los vecinos de Barcelona arman patrullas de vigilancia ante la inacción de Colau

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Hace un año Eliana Guerrero se recorría sola el Metro de Barcelona señalando y cazando a carteristas únicamente acompañada por un silbato. Hoy lidera un organizado sistema de patrullas vecinales que ya reúne a medio centenar de personas que vigilan, día y noche, a los ladrones que campan a sus anchas por las entrañas de la capital catalana. No en vano, los vacíos legales, la inacción manifiesta del gobierno de Ada Colau en materia de seguridad y la falta de efectivos policiales han creado un caldo de cultivo perfecto para que sean los propios ciudadanos quienes acaben organizándose al margen de la administración para garantizar la seguridad urbana.

«No solo roban a turistas, también a discapacitados, ciegos y personas con síndrome de Down. A los niños les arrancan los móviles de las manos si están viendo dibujos. Es horrible», relata Cecilia, una joven boliviana que se unió a las patrullas hace unos meses. La mayoría de miembros de estas agrupaciones son extranjeros que se sorprenden cuando se les expone que su actividad es vista por algunos como un acoso de trasfondo xenófobo. «Es absurdo, esto no va sobre de dónde vienes, sino si delinques o no», expone Eliana.

Las patrullas se organizan a través de de Whatsapp, donde se convocan las rondas. Estas tienen lugar en las estaciones, vagones y pasillos del Metro de Barcelona. Las patrullas de vecinos-vigilantes cuentan con al menos cinco personas uniformadas con camisetas negras que las identifican.

Uno de ellos ejerce el papel de «líder» y coordina el grupo, otro graba las distintas acciones para luego difundirlas o usarlas en caso de litigio y el resto se dedica a identificar, señalar y «cazar» carteristas.

También tratan de lograr que los usuarios del metro se unan para acabar expulsando por la fuerza cualquiera que tenga intención de delinquir. Los ladrones ya les conocen y solo de verles abandonan rápidamente vagones y estaciones. «No volváis más, sinvergüenzas», exclama Cecilia mientras enseña una pancarta que advierte en siete idiomas de la presencia de una pareja de ladrones.

En la mayoría de ocasiones las patrullas apenas se enfrentan a los carteristas, que se van al escuchar los gritos y silbatos de los activistas vecinales como si la cosa no fuera con ellos. Sin embargo, a veces estos buscan el cuerpo a cuerpo. «Por supuesto que pasamos miedo, cuando increpo a un ladrón se me pone la piel de gallina pero es la única forma de lograr que se vayan y vean que no son los dueños de esta ciudad», relata todavía nerviosa una de las participantes de la patrulla tras lograr que tres supuestos carteristas más abandonen la estación de Diagonal del metro barcelonés. Las acciones de las patrullas son aplaudidas por los vecinos, que no paran de acercarse al grupo para agradecerles su labor.
«Seremos más»

Los agentes de seguridad del suburbano, que tienen buena relación con patrullas como la de Eliana, llevan meses desbordados por la llegada incesante de ladrones que, a pesar de ser identificados, detenidos y procesados recurrentemente, siempre vuelven a la calle. De allí otra vez al metro. «Un ladrón me dijo una vez: ‘me da igual lo que hagas, mañana estaré libre y volveré a robar’. A mí también me da igual, seguiré aquí, y seremos más», resume Eliana.

A lo largo de los últimos años, la cuestión de la seguridad ha ido ganando peso entre las preocupaciones de los barceloneses. Así, mientras en 2015, cincidiendo con el inicio del gobierno de Colau, el 3,4% de los vecinos afirmaba estar preocupado por la inseguridad, según el Barómetro Municipal más reciente, el 27,4% ya reconocía vivir con preocupación este problema. No se trata de una percepción alarmista: los números cantan. Los hecho delictivos han pasado de 153.063 en 2016 a 194.212 en 2018, y los datos del primer semestre de 2019 (9%) aceleran esta tendencia. Los robos con violencia, los que más alarma generan, se han disparado un 35% entre enero y junio.

Ante esta realidad, los ciudadanos se movilizan, y la red ha sido otro espacio que ha servido de altavoz para la frustración vecinal. Los perfiles de redes sociales dedicados a denunciar y compartir casos de agresiones y robos se han multiplicado hasta convertirse en auténticos guardianes digitales. «Helpers» es una de las más populares. Su cuenta de Twitter suma casi diez mil seguidores y se actualiza cada pocas horas con fotos de robos, atracos o peleas que registran y comparten sus miembros desde cualquier punto de la capital catalan. También escrutan la red buscando más casos que compartir con el método «Socmint» de filtrado. «Somos una inmensa red ciudadana con cientos de ojos en todos los puntos calientes de la ciudad», presumen desde la plataforma. Asimismo, afirman querer «presionar» a las administraciones para que vuelvan a garantizar la seguridad ciudadana, como es su obligación.

Al margen de la ley

Los expertos en seguridad ven por contra con recelo el auge de estas patrullas de autodefensa vecinal. El decano del Colegio de Criminólogos de Cataluña y profesor de la UOC, Daniel Limones, expone sus dudas y apunta que su eclosión es normal en un momento en el que cualquier caso de robo o violencia se torna «viral» gracias a las redes sociales. «La sociedad puede participar más en la seguridad, pero de una forma reglada. Si grupos al margen de la ley actúan por libre se pueden generar reacciones adversas», explica a este diario este experto en delincuencia urbana. «Hay que tratar esta cuesión con sumo cuidado», añade.

(ABC)


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Sociedad

Los robos con violencia aumentan un 30% en Barcelona

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Este viernes se ha celebrado una reunión de la Junta de Seguridad de Barcelona, con la participación de la alcaldesa Ada Colau y el consejero de Interior, Miquel Buch. La motivación del adelanto de la reunión de la Junta ha sido que, según el último barómetro municipal, los barceloneses consideran la delincuencia como el principal problema de la ciudad.

Buch ha expuesto la propuesta de plan estratégico de su consejería, que existe la intención de tener completado dentro de 3 meses. Con el título “Barcelona, ciudad segura”, esta propuesta, que ha hecho su ayuntamiento encabezado por Colau, parte de las cifras más importantes sobre la delincuencia en la ciudad.

Según estas cifras, en 2011 hubo un total de 191.654 delitos en Barcelona, en 2016 habían bajado a 173.284 y en 2018 aumentaron hasta 222.700, un 25% más. En lo que va de año 2019 han aumentado un 9% más. La inmensa mayoría son delitos contra el patrimonio, de los cuales un 80% son hurtos. Los robos con fuerza son un 10%, aumentando un 15%, y los robos con violencia o intimidación un 9,3%, aumentando un 31%.

Tras la reunión, Ada Colau ha afirmado que “lo que no puede ser es que se alargue esta situación sin que se distinga entre un pequeño ladrón ocasional para una situación determinada y lo que son auténticos grupos organizados profesionales que se pasan el día robando y que generan esta situación de alarma grave “. “Aquí necesitamos claramente un tratamiento judicial diferenciado que hoy en día no existe”, ha considerado.


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Sociedad

Las peticiones de cambio se sexo en Gran Bretaña por parte de los niños aumentaron un 4.400%

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El Gobierno británico ha abierto una investigación ante el incremento exponencial del número niñas y niños que han decidido cambiar de sexo (transgender) en los últimos 10 años. Lo ha anunciado la ministra para las Mujeres e Igualdad del Reino Unido, Penny Mordaunt.

Para tal fin, se analizarán las causas sociales de este aumento de transexuales entre niños y adolescentes, las cuales pueden encontrarse en la información o educación sexual y de ideología de género impuesta en las escuelas, las redes sociales, la red de salud mental, la familia… También algunos parlamentarios han hecho pública su preocupación ante las cifras hechas públicas:

– En el curso 2009-2010 el número de niñas que fueron derivadas por médicos para el tratamiento de cambio de sexo fueron 40, y en el curso 2017/2018 las derivaciones de la seguridad social (NHS) al tratamiento de cambio de sexo (GIDS), han sido 1.806 niñas, o sea un incremento de un 4.400%.

– Para los niños, el incremento ha sido menor, pues en el mismo periodo de tiempo ha pasado de 57 a 713 niños derivados de la seguridad social (NHS) al tratamiento de cambio de sexo GIDS), o sea que ha aumentado en un 1.250 por 100.

Según informa la web Aleteia, el año pasado 45 niños derivados de la seguridad social (NHS) al tratamiento del cambio de sexo (GIDS) tenían seis años e incluso menos, registrándose incluso un niño de cuatro años. Las niñas y niños no adolescentes no reciben tratamiento hormonal para el cambio de sexo.

Ahora, la Oficina de Igualdad del gobierno de Londres estudiará el motivo por el que estos niños deciden cambiar de sexo. Los educadores no esconden la excesiva promoción del transexualismo en las escuelas, lo cual ha sembrado “confusión”, indica el diario Daily Telegraph. También se cuestiona si es apropiado que niños de 10 años tengan un tratamiento con hormonas para retrasar la pubertad.

Chris McGovern, ex asesor del Departamento de Educación y presidente de la Campaign for Real Education, dijo: “Esto se ha convertido en una industria. Hay personas están haciendo un negocio alentando a los niños a cuestionar el género a una edad en la que deben ser solo niños. Cuando los maestros plantean estos problemas, los niños pueden sentirse confundidos, infelices y traumatizados por ello“.

Y añadió: “En cierto sentido, estamos imponiendo preocupaciones de adultos a los niños. Las escuelas se sienten sometidas a enormes presiones para cumplir con una agenda políticamente correcta”.

(La Tribuna del País Vasco)


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