La mayoría de los 2.500 trabajadores de Iveco vieron el video sexual de Verónica - ALERTA NACIONAL
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La mayoría de los 2.500 trabajadores de Iveco vieron el video sexual de Verónica

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RT.- Esta semana España ha estado conmocionada por una trágica noticia: la muerte de Verónica, una mujer de 32 años que se suicidó el pasado sábado. Todo comenzaba unos días antes, cuando un video sexual que había grabado hace cinco años empezó a difundirse en su trabajo.

La mayoría de los 2.500 trabajadores de Iveco, empresa de automoción ubicada en la capital española, en la que trabajaba Verónica, vieron y difundieron el video. Algunos se acercaron hasta el departamento donde la joven trabajaba para comprobar de qué compañera se trataba. Otros miraban. Otros cuchicheaban. Todos sabían lo que pasaba. Y ella fue consciente desde el principio.

El jueves fue acompañada por algunos colegas del sindicato al que estaba afiliada a hablar con representantes de la compañía para hacerles saber lo que estaba sucediendo y comunicarles la presión y el acoso que estaba sintiendo. Desde la empresa se alegó que era un “asunto personal”. Aún así, se le ofreció un cambio de departamento o una baja temporal. La mujer no quiso denunciar. Pero sí informó de los dos compañeros de trabajo a los que había enviado el video y sostuvo que no creía que uno de ellos tuviera nada que ver con la difusión.

Pero sus preocupaciones aumentaban. Tenía el temor de que las imágenes llegaran a su marido. Después de grabar el video, la mujer comenzó una relación con su actual pareja, se casó y ahora era madre de dos niñas, de 3 años y 9 meses de edad. No sabía cuáles podían ser las consecuencias de que la grabación llegase a su hogar.

El viernes el archivo llegó a su esposo de la mano de su cuñada, también trabajadora en Iveco. Verónica se enteró y sufrió un ataque de ansiedad. Se fue a casa tras el trabajo y tuvo que ser acompañada debido al estado en el que se encontraba. Al día siguiente, sábado, encontraron su cuerpo sin vida. No había resistido la presión, el acoso, la humillación, el acorralamiento.

Los 2.000 implicados en su muerte

Todavía no se sabe quién filtró el video que provocó el trágico final. La hipótesis que ha circulado es la de que habría sido un antiguo amante, que lo tenía en su poder y lo utilizó para vengarse, porque quería que Verónica volviese con él y ella no aceptó. Aunque no está claro que sea la versión verdadera. Un exnovio, también trabajador en Iveco, ha acudido voluntariamente a declarar ante la Policía porque se sentía señalado. Ha negado ser el autor de la difusión y además ha facilitado su teléfono móvil para que los agentes puedan comprobar su versión.

Al principio fueron veinte los trabajadores de la empresa que recibieron las imágenes, pero durante la misma semana se calcula que llegó a los terminales del 80 % de la plantilla: unos 2.500 trabajadores. No se sabe cuantos colaboraron en la difusión, pero parece que casi ninguno o, al menos, no los suficientes, la frenaron o denunciaron.

Además, cinco días después del trágico desenlace y cuando todo el país conoce los sucedido, el fatídico video se ha convertido en uno de los más buscados en las páginas web de pornografía, como ha denunciado una usuaria de Twitter especialista en Igualdad.

Antecedentes en España

Lo sucedido con esta trabajadora ha impactado a la población española y ha hecho volver la vista atrás.

El primer caso conocido que viene a la memoria es el del conocidísimo periodista Pedro J. Ramírez. En el otoño de 1997, numerosos medios de comunicación y personalidades del país recibieron una cinta de video VHS con las imágenes tomadas por una cámara oculta en las que se podía observar al periodista manteniendo relaciones sexuales con una mujer. A pesar de ser recordado por todos más de 20 años después, el escándalo no hizo mella en Ramírez, que interpuso una querella y ganó el juicio. Además, su carrera profesional no se vio en absoluto lastrada. Hoy en día dirige el medio digital El Español.

Quince años tuvieron que pasar para que otro caso de igual o mayor envergadura fuera portada de todos los medios. Olvido Hormigos, la concejala de un pequeño municipio de Toledo, Los Yébenes, en el interior del país, era objeto de polémica. Alguien había distribuido un video sexual suyo sin su consentimiento. Ese alguien había sido su amante, a quien ella había mandado las imágenes.

Las escenas que se vivieron a continuación aún causan bochorno. Tras hacerse viral la grabación la concejala fue recibida por los vecinos de su pueblo entre abucheos e insultos: había visto violada su intimidad y aireada por todo el país, y era ella la menospreciada, en lugar de los autores.

Cambio legislativo

Pero fue precisamente el caso de Hormigos el que propició un cambio legislativo en España más que necesario. Si Pedro J. Ramírez consiguió ganar su querella fue porque las imágenes habían sido grabadas sin su consentimiento. En el caso de la edil de los Yébenes, no hubo condena, pues el Código Civil español no contemplaba como delito la difusión sin consentimiento cuando la grabación había sido voluntaria.

Ahora, la ley en España castiga con entre 3 meses y un año de cárcel, o multa de seis a doce meses, la difusión de imágenes sin autorización de la persona afectada, aunque hubiera dado su consentimiento para la grabación. Además, la pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos sean cometidos por el cónyuge o persona que mantenga o haya mantenido una relación análoga.

El 30 de marzo de 2015 el Parlamento español aprobaba esta modificación y desde entonces se persigue penalmente esta conducta que muchos han dado en llamar ‘pornovenganza’.


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Serpientes, civetas, perros, ratas de bambú… el menú del mercado donde empezó la epidemia de China

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Serpientes, cocodrilos, civetas, puercoespines, ratas de bambú, crías de lobo, perros, avestruces, pavos reales… Así hasta un centenar de especies, un auténtico zoológico se servía en la lonja de Huanan en Wuhan, donde se ha descubierto el coronavirus de la nueva neumonía que ya se ha cobrado 80 vidas en China, casi todas durante la última semana. Sospechando que dicho coronavirus procede de los murciélagos y habría mutado en serpientes antes de pasar al ser humano, las autoridades han prohibido el comercio y consumo de animales salvajes, bastante popular en China.

Debido a sus supuestas propiedades medicinales y hasta afrodisíacas, no demostradas por la ciencia, en los mercados de todo el país abundan ejemplares vivos de especies exóticas que hacen las delicias de los chinos. Por su gusto por lo fresco, en los supermercados y restaurantes hasta se venden peces vivos que son sacrificados y cocinados al instante.

Pero todo eso se puede acabar a partir de ahora porque esta epidemia, que ya ha contagiado a 2.800 personas y atemoriza al mundo, no es la primera que surge de un mercado de animales de China. Entre 2002 y 2003, el SARS (síndrome respiratorio agudo y severo) mató a 774 personas en una treintena de países tras haberse originado al sur de China, donde dejó el mayor número de víctimas mortales junto con Hong Kong. El coronavirus del SARS, que es de la misma familia que el actual, también procedía de los murciélagos y mutó en las civetas que se vendían en un mercado de Cantón (Guangdong).

Aunque las autoridades prometieron poner coto al comercio de animales salvajes, y muchos de ellos fueron retirados de restaurantes y mercados en las principales ciudades, la costumbre ha seguido extendida por la falta de controles y el lucrativo contrabando de especies prohibidas. Con los animales enjaulados unos juntos a otros en malas condiciones higiénicas, en dichos mercados se mezclan sus heces y orines con la sangre y el agua y se crea el caldo de cultivo para que surjan nuevos virus capaces de transmitirse al ser humano.

«Los consumidores deberían entender completamente los riesgos para la salud que entraña comer animales silvestres, evitar la carne de caza y alimentarse más sano», advertía este domingo el Ministerio de Agricultura junto la Administración Especial para la Regulación del Mercado y la de Bosques. Estas dos últimas serán las encargadas de que se cumpla el veto impidiendo el comercio de animales salvajes y poniendo en cuarentena sus granjas.

Según informa el periódico «South China Morning Post», la decisión se hace eco de la petición el viernes de 19 científicos señeros, que abogaron en la red social Weibo por «la eliminación del consumo y comercio de animales salvajes». Una medida que consideraban urgente porque las últimas epidemias más mortíferas han tenido origen animal: el SARS, la gripe aviar y el MERS (síndrome respiratorio de Oriente Medio). «Controlar o incluso eliminar la comida de animales salvajes y su comercio no solo es necesario para la protección ecológica, sino también de gran significancia para reducir los riesgos de la salud pública», advertía el grupo de expertos.

Aunque las organizaciones ecologistas saludan la medida, recuerdan que la prohibición debe ser permanente y efectiva para que los animales salvajes no vuelvan a los mercados tras la epidemia. Para supervisar la lucha contra la enfermedad y dar ánimos a los médicos de Hubei, la provincia con casi 60 millones de habitantes puesta en cuarentena por ser el origen del brote, el primer ministro, Li Keqiang, ha visitado su capital, Wuhan, este lunes. «Estáis haciendo todo lo posible por salvar vidas», ha alabado a los médicos del hospital de Jinyintan, según ha mostrado la televisión estatal. Como el personal sanitario está desbordado y un doctor ya ha fallecido contagiado, les ha recordado que «cuando estás volcando todos vuestros esfuerzos en salvar vidas, también tenéis que protegeros».

Fuente: ABC


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Caso Alcàsser: veintisiete años de sombras alrededor de una causa que sigue abierta

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Imagen de la fosa en la que fueron hallados los cadáveres de las niñas de Alcàsser el 27 de enero de 1993
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27 de enero de 1993. Barranco de la Romana. Dos apicultores dan la voz de alarma. En un paraje inhóspito próximo a la presa de Tous encontraron los cadáveres de Míriam García, Desirée Hernández y Toñi Gómez, conocidas como las niñas de Alcàsser. El hallazgo, del que este lunes se cumplen veintisiete años, ponía fin a 75 días de angustia por la desaparición de las tres adolescentes, al tiempo que daba paso al caso más mediático de la crónica negra en la historia de España. Nada comparable a otros, como el «caso Maastre», postergados en la memoria colectiva.

De hecho, todavía hoy, cuando ha transcurrido más de un cuarto de siglo, el caso (que seguirá abierto en el ámbito judicial al menos hasta 2029) continúa generado una inusitada expectación. El rodaje de dos películas «Las niñas» y «75 días» (pendientes de estreno en España) y la emisión de una serie documental en Netflix mantienen vivo el debate sobre un triple crimen ya juzgado, por el que Miguel Ricart cumplió condena y en el que Antonio Anglés, considerado en la sentencia dictada en 1997 el autor material de los asesinatos, sigue oficialmente en paradero desconocido y como uno de los delicuentes más peligrosos buscados por la Interpol, que mantiene su ficha aunque los investigadores españoles sostienen que murió durante su huída.

El documental de Netflix dio voz a Juan Ignacio Blanco. Un periodista que hasta su muerte sostuvo la llamada «teoría de la conspiración», según la cual Anglés y Ricart no fueron más que dos caebzas de turco para ocultar una trama que estaría detrás del crimen de las niñas de Alcàsser.

En uno de los capítulos de la serie, Blanco hacía referencia a una supuesta cinta con contenido «snuff» (breves grabaciones de crímenes reales como asesinatos o torturas) en las que se verían a dos de las niñas junto a personas con «una relevancia social y económica en nuestro país absolutamente impresionante».

Blanco murió el pasado verano sin mostrar la presunta cinta que sustentaría la teoría alternativa a la que fijó la sentencia del caso Alcàsser. Al respecto, Fernando García, el padre de Miriam que colaboró con Blanco en la «investigación» paralela del caso, rompió veinte años de silencio mediático el pasado mes de septiembre en el especial que dedicó al triple crimen el programa « Cuarto Milenio».


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Desahuciado en Palma un jubilado de 78 años pese a no deber ni un solo mes del alquiler

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Ramón F.M., un jubilado de 78 años, ha sido desahuciado del domicilio en el que vivía desde hace más de 51 años, a pesar de no deber ningún recibo de alquiler, según ha informado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

La portavoz de PAH Mallorca, Ángela Pons, ha explicado que el Ayuntamiento de Palma se ha comprometido a encontrar una casa para el afectado “en el plazo de un mes” y que hasta entonces le pagará un albergue o una residencia.

A principios de diciembre pasado, el juzgado paralizó hasta enero el desahucio de Ramón, motivado –según Pons– porque la titular del contrato de arrendamiento era su mujer, que murió hace una década. La ley da tres meses para subrogar el contrato y, sin embargo, el viudo no modificó el contrato porque desconocía la norma, según la PAH.

A pesar de esto, el hombre siguió pagando la renta, por lo que desde la PAH cuestionan que se le desahucie en 2020 por no ser el titular del contrato, cuando el arrendador ha seguido cobrando el alquiler durante diez años de forma pacífica.

En su momento, la PAH ya indicó que el propietario del inmueble posee también otras viviendas de la finca y otros dos edificios continuos, y que también está desahuciando a los otros vecinos.

Además, aseguraron que tiene un total de 33 pisos registrados a su nombre y que en la misma finca cuenta con “pisos vacíos desde hace más de dos años”. Por ello, la plataforma cree que su objetivo es “especular” con estas viviendas.

Por otra parte, Stops Denonaments Mallorca ha informado de que este mismo viernes se ha suspendido un lanzamiento en la calle palmesa Reyes Católicos. Mediante su página de Facebook, han confirmado la suspensión de dos de los cinco lanzamientos de la semana que viene.

Por otro lado, este sábado realizarán una manifestación en Palma, que tendrá dos puntos de partida –Plaza España y Son Gotleu– y acabará en la sede de MÉS per Mallorca, en la calle Isidoro Antillón, para exigir una alternativa a la familia con un menor con una discapacidad del 75 por ciento que fue desahuciada en diciembre.


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