El secretario de Justicia del PSOE. Andrés Perelló propuso a la ejecutiva federal socialista «que el Gobierno convierta la propuesta de ley del PSOE en proyecto de ley». Parece claro que si Pedro Sánchez logra formar ganar las elecciones del 10-N, tendremos una nueva ley de memoria histórica. Se trataría de establecer una versión única de la historia a la vez que el castigo judicial de cualquier español que refute esa versión. Es una imposición que proviene de la izquierda más revanchista, pero que contará con el apoyo de todos los grupos separatistas.

El secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE ya indicó que la nueva ley recogerá que «las exhumaciones tendrán que ser políticas públicas, se planteará la nulidad de todos los juicios del franquismo, se dará solución a la situación del Valle de los Caídos y se prohibirá la apología del franquismo y del fascismo para equipararnos a los democracias europeas más consolidadas porque una nación demuestra su decencia cuando trata bien a sus muertos, y tenemos una deuda histórica con los muertos y con sus familias».

El PSOE, recordó Perelló, «tiene un compromiso importante y prioritari o con la memoria histórica desde hace años, como se demuestra con la ley de memoria que se aprobó durante la legislatura del gobierno de Zapatero».

Así, se considerará “apología franquista” destacar por ejemplo los logros del régimen anterior en cualquier campo.

Sostener que, con la creación de la Seguridad Social por parte de Franco, España experimentó un notable progreso social, afirmar que l régimen de Franco construyó decenas de pantanos, defender que las universidades populares propiciaron la integración universitaria de los hijos de los trabajadores o identificar el desarrollo de la industria turística española con los ministros de Turismo nombrados por Franco, podrían convertirse en pronunciamientos delictivos.

También se obliga al Ministerio de Educación a incluir en los programas educativos “la enseñanza de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”, así como a la formación de profesores con los nuevos datos obtenidos de la investigación sobre la memoria democrática, la inclusión en el currículo de todas las edades (de Primaria a la Universidad) de la memoria democrática y la promoción de investigaciones sobre la “represión franquista”.

Por otra parte, la ley que prevé sacar adelante el PSOE instará a los medios de comunicación públicos, a promocionar “el conocimiento de la memoria democrática española mediante programas específicos de divulgación y mediante la cobertura informativa de actividades relacionadas con la materia” y dando difusión al relato de las víctimas. Asimismo, se elaborará un manual de estilo para el adecuado tratamiento de la información en materia de memoria histórica.

En lo que respecta a las medidas represivas contempladas por la nueva ley socialista, se impondrán multas de 2.000 a 10.000 euros de multa para quienes se nieguen a cumplir una resolución sobre la retirada de un símbolo por considerarse franquista. Ha habido muchos casos de este tipo al querer retirar cruces por considerarse franquistas.

De 200 a 2.000 euros de multa para los que exhiban públicamente elementos contrarios a la Memoria Histórica.

De uno a cuatro años de prisión para los que públicamente “fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contras las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo por su condición”.

También para quienes distribuyan o vendan escritos con la misma condición del apartado anterior.

Se destruirán los libros que cuestionen los dogmas ideológicos de la Memoria Histórica.

Se contemplan asimismo penas de seis meses a dos años cárcel para quienes enaltezcan o justifiquen el franquismo y se destruirán los libros que se atrevan a cuestionar los dogmas ideológicos de la Memoria Histórica.

En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativo por un tiempo superior entre tres y diez años de la pena por privación de libertad que se le imponga por el delito relacionado con faltar a la Memoria Histórica.

Se aprueba la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos… que den soporte a los delitos de los apartados anteriores.

Para los funcionarios públicos que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado voten en contra de medidas que supongan la aplicación de la memoria democrática, resultando en el bloqueo e incumplimiento de las mismas, será castigado con entre un año y medio a cuatro años de prisión e inhabilitación especial de empleo o cargo.