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Las pruebas cercan a Begoña Villacís, líder de Ciudadanos en Madrid

Redacción

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La polémica por la supuesta ilegalidad de la sociedad patrimonial y profesional que la líder de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís, administraba junto a su marido va a más y se suma a la solicitud para que el presidente de la formación, Albert Rivera, declare ante el juez sobre la legalidad de la financiación del partido naranja.

El futuro político de la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid se complica. Las informaciones publicadas por el diario ABC aseguran que Villacís ha mentido en su versión al demostrarse que falseó su cese en Iuriscontencia S.L. Según el medio, la primera versión aportada por la líder municipal naranja fue que se desvinculó de la sociedad “en 2011” pero que, “por error”, no se llevó a al Registro Mercantil hasta marzo de 2018. En otras palabras, que había dejado el cargo en septiembre de 2011, casi siete años antes, pero la sociedad no lo elevó a público. Para ello, incluso entregó una copia del acuerdo de cese a la prensa.

Sin embargo, esta versión no cuadra ya que, según probó ayer el rotativo, el marido de la portavoz municipal hizo en 2016 una operación no como administrador único, sino como administrador solidario. Antonio Suárez-Valdés compareció ante notario para comprar, a través de la sociedad, una oficina de dos plantas y 176 metros cuadrados en el barrio de Argüelles (Madrid) y una plaza de garaje. Según las pruebas, el abogado acudió como administrador solidario de Iuriscontencia S.L., para lo que tuvo que aportar al notario la correspondiente escritura pública. Seguidamente, la sociedad acudió al Registro de la Propiedad número 26 de Madrid para inscribir los bienes a su nombre, haciendo constar la misma información: administrador solidario. Es decir, que compartía la gestión de la sociedad con su esposa.

En vista de estos acontecimientos, el medio ha reclamado a Villacís ver la escritura de la compraventa de esta operación para ver si seguía como administradora solidaria pero la edil se habría negado apuntando que está “desvinculada de la sociedad”. Abc, sin embargo, ha accedido al documento evidenciando las irregularidades de la candidata.

Desde la dirección del partido se guarda silencio, de hecho, el candidato del PP a la Alcaldía de la capital, José Luis Martínez-Almeida, criticó el “silencio atronador” del presidente de C’s, Albert Rivera. Villacís es su apuesta para la Alcaldía de Madrid apareciendo incluso como primera opción en algunos de sondeos.

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, aseguró que el propio código ético de Ciudadanos obligaría a esta formación a “destituir” a Villacís como candidata. A su entender, si ese partido “fuera coherente” con su código, tendría que apartarla como candidata.

Por parte de Ahora Madrid, el Gobierno municipal ya anunció que ni impondrá una sanción a Villacís ni emprenderá acciones jurídicas contra ella, cosa que sí hará IU, que estudia la presentación de una querella contra la portavoz de Ciudadanos porque entiende que hay un “conflicto de intereses” entre su actividad municipal y la de la sociedad en la que ella figuraba como administradora.

 

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«La náusea socialista»: nuestros impuestos están para contrabando de joyas y resorts de lujo para inmigrantes ilegales. En esta ocasión, ¡13 MILLONES DE EUROS!

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El Gobierno gasta 13 millones de euros en un centro para refugiados con gimnasio, huerto y pista de baloncesto

El Gobierno de Pedro Sánchez ultima la puesta en marcha de un Centro de Acogida de Protección Internacional en Soria con una inversión total superior a los 13 millones de euros. El complejo, que comenzó a construirse en febrero de 2025 y está previsto que abra sus puertas a finales de este año, contará con gimnasio, sala de musculación, huerto, pista de baloncesto semicubierta y casi 2.400 metros cuadrados de zonas ajardinadas.

El nuevo centro, denominado oficialmente Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Soria, se levanta sobre la antigua residencia de mayores San Juan de Sahagún, en el barrio de Los Royales. El Ejecutivo ha informado este jueves de que ha dado nuevos pasos para su puesta en funcionamiento con la formalización del contrato de suministro de mobiliario, adjudicado por 254.020 euros a CAFESA División Comercial S.L., una pyme de Toledo, según consta en el Boletín Oficial del Estado.

El expediente ha sido tramitado por la Dirección General de Gestión Migratoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según ha difundido la Subdelegación del Gobierno en Soria, el contrato completo asciende a 313.675 euros e incluye también un segundo lote de lencería textil, adjudicado a Barcotex Servicios Integrales S.L. por 59.655 euros.

El lote de mobiliario contempla sillas, mesas, escritorios, armarios, librerías, sofás, bancos, muebles de oficina, mobiliario de dormitorio, comedor y cuarto de estar, somieres, colchones y cunas. El lote de lencería incluye mantas, ropa de cama, sábanas, fundas de almohada, toallas y almohadas.

El proyecto fue adjudicado a Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. y se financia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los fondos europeos Next Generation EU. El edificio se construye en una parcela adquirida al Ayuntamiento de Soria, una ciudad gobernada de forma ininterrumpida por el PSOE desde hace 27 años.

El complejo tendrá capacidad para 203 personas. Este punto ha provocado críticas del PP y de Vox. Los populares sostienen que el centro supera el límite de plazas fijado por la Junta de Castilla y León para municipios de más de 20.000 habitantes, situado en 120 plazas. Vox, por su parte, ha advertido de las consecuencias que este tipo de infraestructuras pueden tener sobre la seguridad y los servicios públicos.

El Ministerio que dirige la ministra Elma Saiz sostiene que los CAPI son establecimientos públicos abiertos destinados a solicitantes o beneficiarios de protección internacional y temporal, así como a solicitantes de la condición de apátrida, siempre que carezcan de recursos económicos suficientes.

Según el Ejecutivo, el centro de Soria formará parte del Sistema de Acogida de Protección Internacional, que presta alojamiento, manutención, intervención social, traducción e interpretación, atención psicológica, atención sanitaria, formación y empleo.

El debate político vuelve a situarse así en el reparto territorial de los dispositivos de acogida, el uso de fondos europeos y el impacto real que estas instalaciones tienen en municipios de tamaño medio. En el caso de Soria, el Gobierno avanza en un proyecto millonario mientras PP y Vox cuestionan tanto la dimensión del centro como sus efectos sobre una ciudad gobernada por los socialistas desde hace casi tres décadas.

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