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Economía

Los antieconomistas; esos burros dirigidos por la acémila de Thomas Piketty

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Thomas Piketty ha escrito un libro útil. El lector ya no necesita leer su vasto El capital en el siglo XXI, ni su aún más extenso El capital y la ideología, para entender su mensaje.

Este libro bastante breve, que consiste en sus columnas para el periódico francés Le Monde escritas entre 2016 y 2020, junto con un ensayo introductorio, «¡Viva el socialismo!», transmite la esencia de sus ideas. No es que la lectura de este libro sea divertida: Piketty atasca el libro con gráficos y estadísticas y repite sus ideas principales mucho más allá del punto de aburrimiento absoluto.

Sin embargo, antes de abordar este mensaje, debemos examinar su método. Los economistas austriacos proceden por deducción a partir del concepto de acción y al hacerlo llegan a las leyes de la economía. No así Piketty: para él no hay leyes de la economía. «No hay ninguna ley universal de la economía: Sólo hay una multiplicidad de experiencias históricas y datos imperfectos, que tenemos que examinar pacientemente para tratar de extraer algunas lecciones provisionales e inciertas.»

Piketty es un historicista o institucionalista, lo que Mises llama un «antieconomista».

Es malo ser un antieconomista, pero si lo eres debes acertar con los hechos y los datos estadísticos. Basta decir que la comprensión de la historia de Piketty no inspira confianza. Dice: «En Estados Unidos, no fue hasta mediados de la década de 1960 que los antiguos esclavos obtuvieron finalmente el derecho a sentarse en los mismos autobuses que los blancos, a ir a las mismas escuelas y, al mismo tiempo, obtuvieron el derecho al voto». ¿Realmente ignora que, después de la década de 1870, la segregación legal y las restricciones al derecho de voto se limitaron en gran medida al Sur?

También aprendemos de él que «ya en la década de 1870, el Partido Demócrata había comenzado a reconstruirse sobre la base de una ideología que podría describirse como social-diferencialista: era violentamente inegalitario y segregacionista hacia los negros americanos, pero más igualitario que los republicanos hacia la población blanca (en particular los nuevos inmigrantes de Italia e Irlanda)». Los influyentes demócratas borbónicos de esa época eran liberales clásicos, y el debate serio sobre las restricciones a la inmigración se inició después de 1900. Pero, ¿quién lleva la cuenta?

Todavía no hemos llegado a la más extraña de las interpretaciones históricas de Piketty. «[E]ntre 1929 y 1935», nos dice, «los bancos centrales se guiaron por una ortodoxia liberal basada en la no intervención y permitieron que se produjera una ola de quiebras bancarias. Esto precipitó el colapso de la economía, la explosión del desempleo, el ascenso del nazismo y el camino hacia la guerra». Las quiebras bancarias provocaron la Segunda Guerra Mundial, ¿quién lo iba a decir?

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No voy a discutir el uso que hace Piketty de los datos estadísticos, pero sus errores y sesgos han suscitado una condena generalizada. Un notable ensayo de Phillip Magness y Robert Murphy está a punto de acusarlo de fraude y engaño. (Véase mi análisis del libro Anti-Piketty de Jean-Philippe Delsol, Nicholas Lacaussin y Emmanuel Martin: El Capital en el Siglo XXI, en el Quarterly Journal of Austrian Economics 20, no. 4 [2017].) Piketty ha respondido a algunos de sus críticos, aunque no a Magness y Murphy, pero una declaración en este libro sugiere que no es muy seguro con los números. Afirma que en las últimas décadas se han producido algunos avances en la reducción de la desigualdad mundial, pero que aún queda mucho por hacer: «El 50% más pobre de la población sigue siendo el 50% más pobre de la población». Dejaré esta pregunta como ejercicio para el lector: ¿Por qué esta vacua observación no es una tautología?

La idea central de Piketty es que la desigualdad es el pecado social supremo y que debe ser reducida radicalmente. No niega que el capitalismo produce un crecimiento económico y una mejora del nivel de vida, pero los ingresos y la riqueza de los ricos han crecido mucho más rápido que los de los pobres. Uno podría preguntarse por qué esto es importante, incluso concediendo sus dudosas estadísticas: ¿Acaso la gente no se preocupa por lo bien que le va, mucho más de lo que se resiente de los ricos, si es que se resiente de ellos?

Plantear una pregunta así es, para Piketty, mirar la sociedad desde una perspectiva equivocada. Para él, la igualdad está por encima de la prosperidad. Si se adopta otra de sus propuestas, la «ecologización» de la economía para reducir las emisiones de carbono, la mayoría de la gente tendrá que vivir con una menor cantidad de bienes materiales. Pero, proyectando sus propios compromisos igualitarios en los demás, cree que la gente estará dispuesta a hacer el sacrificio siempre que los ricos tengan que pagar su parte «justa» de los costes. «El considerable ajuste de los estilos de vida para hacer frente al calentamiento global sólo será aceptable si se garantiza una distribución justa del esfuerzo. Si los ricos siguen contaminando el planeta con sus todoterrenos y sus yates registrados en Malta . . entonces, ¿por qué deberían los pobres aceptar el impuesto sobre el carbono, que probablemente será inevitable?».

Piketty habla a menudo de la democracia, pero no se le ocurriría preguntar a la gente si quiere ecologizar la economía. La libertad de elección individual debe mantenerse dentro de unos límites estrictos, en esta cuestión y también en otra cuestión vital. Como ni siquiera él puede dejar de notar, la gente de todo el mundo está a favor de la secesión y la descentralización. La autonomía local, piensa Piketty, tiene su lugar; pero nunca debe permitirse que interfiera con el poder de la nación para imponer impuestos sobre la renta y la riqueza. De lo contrario, las regiones locales podrían competir para atraer inversiones bajando los tipos impositivos, y eso no puede ser, ¿verdad? A propósito de una ley española que permite a las regiones fijar los tipos del impuesto sobre la renta para la mitad de la base imponible total, afirma que el sistema «pone en tela de juicio la idea misma de solidaridad dentro del país y se reduce a enfrentar a las regiones entre sí, lo que es especialmente problemático cuando se trata del impuesto sobre la renta, ya que se supone que éste debe permitir la reducción de las desigualdades entre los más ricos y los más pobres, por encima de las identidades regionales o profesionales».

Las personas no deben ser libres de organizar una empresa como quieran, aunque la pongan en marcha con su propio dinero. El Estado debe exigirles que compartan el control de su empresa con los trabajadores, y deben instalar a mujeres y grupos minoritarios en su consejo de administración. «Además de que los representantes de los trabajadores deben tener el 50% de los votos en todas las empresas (incluidas las más pequeñas), es concebible que dentro del 50% de los derechos de voto que corresponde a los accionistas, la participación de un accionista individual no pueda superar un determinado umbral en empresas suficientemente grandes. . . . Para . . . avanzar realmente contra el patriarcado, es imprescindible poner en marcha medidas vinculantes, verificables y sancionables, tanto para los puestos de responsabilidad en las empresas, administraciones y universidades como en las asambleas políticas. . . . La cuestión de la discriminación por razón de sexo también debe considerarse en relación con la lucha contra la discriminación étnico-racial, especialmente en lo que respecta al acceso al empleo».

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Algo que dice el propio Piketty nos permite ver un problema con estas políticas. Señala que los donantes de las grandes universidades no llegan a controlar la política y sugiere que los inversores de las empresas pueden ser tratados de la misma manera. «El hecho es que este generoso donante está en una posición más precaria que un accionista. No hay ninguna garantía de que el consejo de administración le renueve [en su puesto en el consejo] de forma indefinida y, sobre todo, no puede amenazar de ninguna manera con retirarse y retirar su donación. Su donación se ha incorporado definitivamente a la dotación de la universidad, pero eso no le ha impedido darla». Si esto es cierto, ¿no es también cierto que los que quieren crear empresas controladas por los trabajadores son libres de hacerlo y de invitar a los inversores a hacerles regalos? ¿Por qué necesitamos que el Estado obligue a todas las empresas a ajustarse a este modelo? Para Piketty, sin embargo, la libertad individual interferiría con la solidaridad democrática, e invocar el «sacrosanto mantra del mercado y la propiedad privada» es repelente.

Ludwig von Mises señaló hace tiempo los efectos nocivos de los impuestos confiscatorios en nombre de la «igualdad». Como dice en Acción humana «Una ley que prohíbe a cualquier individuo acumular más de diez millones o ganar más de un millón al año restringe las actividades precisamente de aquellos empresarios que tienen más éxito en satisfacer las necesidades de los consumidores. Si una ley así se hubiera promulgado en Estados Unidos hace cincuenta años, muchos de los que hoy son multimillonarios vivirían en circunstancias más modestas. Pero todas esas nuevas ramas de la industria que abastecen a las masas con artículos inéditos operarían, si acaso, en una escala mucho menor, y sus productos estarían fuera del alcance del hombre común. Es manifiestamente contrario al interés de los consumidores impedir que los empresarios más eficientes amplíen la esfera de sus actividades hasta el límite en que el público apruebe su conducta comercial comprando sus productos».

Como también señala Mises, los salarios de los trabajadores dependen de su productividad marginal, y la mejor manera de aumentar la productividad marginal es aumentar la cantidad de capital invertido por trabajador. Los impuestos confiscatorios, perseguidos en nombre de lo que Mises llama una «doctrina metafísica espuria», interfieren con la acumulación de capital y, por tanto, perjudican a los trabajadores. «La mayor parte de esa porción de los ingresos más altos que se elimina mediante impuestos se habría utilizado para la acumulación de capital adicional. Si el tesoro emplea los ingresos para el gasto corriente, el resultado es una caída en la cantidad de acumulación de capital. . . . Así, la acumulación de nuevo capital se ralentiza. La realización de la mejora tecnológica se ve afectada; la cuota de capital invertido por trabajador empleado se reduce; se pone un freno al aumento de la productividad marginal del trabajo y al aumento concomitante de las tasas salariales reales».

Si comparas lo que dice Mises con los comentarios de Piketty que he citado, verás muy claramente la diferencia entre un economista y un antieconomista.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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