La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, salvo sorpresa, convalidará hoy seis decretos del Gobierno de Pedro Sánchez. Varios de ellos incluyen medidas sociales de calado, como la ampliación de los permisos de paternidad o la regulación del precio de los alquileres, cuando restan apenas nueve días para el inicio de la campaña electoral. A pesar de que la oposición, de forma unánime, ha criticado el «electoralismo» de Sánchez y la utilización partidista que está haciendo tanto del Consejo de Ministros como de la propia Diputación Permanente cuando ya están convocados los comicios del 28-A, su tramitación está hoy prácticamente asegurada.

Para que esa convalidación de los reales decretos se lleve a efecto, Sánchez necesita contar con el «sí» de todos los socios del bloque de la moción de censura. Además, la aritmética reducida de la Diputación Permanente–que cuenta con 65 diputados en lugar de los 350 del Pleno– convierte en imprescindible el voto favorable de cada formación y, singularmente, el apoyo de la portavoz de EH Bildu en la Cámara Baja, Marian Beitialarrangoitia. Sabedores de ese poder, de tener en su mano la aprobación o el fracaso de las medidas aprobadas en los «viernes sociales» del Ejecutivo del PSOE, los líderes de la formación abertzale sacaron ayer pecho. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, insistió en que el voto de su diputada en Madrid es «determinante» para que Sánchez pueda sacar adelante sus reales decretos y se arrogó el mérito de todas las derivadas de ello.

En ese sentido, sostuvo que el voto de EH Bildu en estos momentos es el que «inclina la balanza» de la Diputación Permanente del Congreso y puso en valor que «cuando la izquierda independentista es determinante pasan varias cosas: una que se frena a la derecha y otra que mejoran las condiciones de vida material de la gente y el autogobierno nacional de los pueblos».

La Diputación Permanente está compuesta de 65 diputados, repartidos proporcionalmente según su representación en el Pleno. En el caso de los seis reales decretos que el Gobierno de Sánchez someterá hoy a su debate y posterior votación, es probable que cuenten con el rechazo de 32 diputados: los 25 del PP, los 6 de Ciudadanos y el de UPN. Con este balance de «noes» casi garantizado, el Ejecutivo necesita que todos los demás escaños se apunten al «sí». O lo que es lo mismo, necesita el respaldo de los 15 del PSOE, los 12 de Unidos Podemos, los 2 del PNV y también de cada uno de los representantes del PNV, PDeCAT, Compromís y Bildu. Solo si todas estas formación apoyan los decretos, Sánchez contará con 33 votos a favor.

De esta forma, Moncloa ha brindado al partido abertzale la oportunidad de presentarse ante los suyos como una fuerza necesaria y decisiva para aprobar los decretos y, como demostró ayer, Otegi no parece dispuesto a desaprovecharla, casi incluso como si las iniciativas hubieran sido impulsadas por ellos mismos: «Gracias al voto de EH Bildu, se acabará con los desahucios sin fecha, se revertirán los recortes establecidos por el PP en 2012 o podrán volver a recibir el subsidio las personas mayores de 52 años».

Teniendo en cuenta que su voto será clave, Otegi reconoció que, durante las últimas 48 horas, lleva recibiendo «un sinfín de llamadas el partido del Gobierno preguntando qué vamos a hacer, lo que quiere decir que le preocupa el voto 33».

Al margen de su aprobación, la otra gran incógnita que rodeará la votación de hoy en la Diputación Permanente gira en torno a si las medidas incluidas en los reales decretos se tramitarán o no como proyectos de Ley. En el PP tienen claro que, además de votar en contra de su convalidación, también se opondrán a que se tramiten por esta vía. Fundamentan esta decisión en las filas populares en el hecho de que una tramitación como proyecto de Ley facilitaría que el Ejecutivo de Sánchez continuara haciendo campaña electoral con las medidas incluidas en los mismos. Ciudadanos sí tiene previsto solicitar que cuatro de los seis decretos leyes sean tramitados como proyectos de ley.

Ello tendría una consecuencia práctica de salir adelante: de acuerdo con el informe redactado por los letrados de la Cámara Baja a petición de la Mesa del Congreso, de aceptarse esta tramitación, los grupos parlamentarios sí podrían presentar enmiendas a la totalidad o parciales para modificar el texto aprobado en el Consejo de Ministros. En todo caso, esa tramitación necesita de la máxima rapidez –con un plazo máximo de una semana para el registro de las enmiendas y en lectura única– y completarse antes de que el 21 de mayo se constituyan las nuevas cámaras. De lo contrario, si no se culmina el proceso en ese tiempo, el proyecto de ley decaerá aunque quedará vigente el decreto ley original convalidado por el Congreso. Fuentes de Podemos, por su parte, reconocían ayer no tener decidida la postura que defenderán hoy en torno a la forma por la que se inclinarán finalmente en su tramitación. Fuentes del PDeCAT y de Compromís señalaron a la Agencia Efe que también solicitarán que se tramite como proyecto ley el decreto sobre los permisos de paternidad para poder enmendarlo.