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Economía

Marcha atrás del Gobierno en los incentivos fiscales al alquiler barato

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La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
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El Gobierno parece haber querido contentar a casi todos con su nuevo decreto ley de medias “urgentes” sobre vivienda y alquiler, pero puede terminar dejando satisfechos a pocos. A última hora ha renunciado a la posibilidad de implementar nuevos incentivos fiscales de peso para los dueños que exijan arrendamientos más moderados por sus casas y, a la vez, ha fijado la inflación como techo de sus revisiones anuales.

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La nueva normativa, que entraría en vigor este domingo tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) prevista para el sábado, recupera en líneas generales el texto que aprobó el pasado 14 de diciembre, pero que solo pudo aplicarse 35 días al ser rechazado luego por el Congreso. Por eso ahora en el Ministerio de Fomento han preferido ir casi sobre seguro, contando a priori con el apoyo de Unidos Podemos, PDeCAT y PNV, que con los votos del PSOE serían suficientes para validarlo en la Diputación Permanente. No obstante, podría generarse cierta incertidumbre durante el próximo mes en la firma de nuevas contratos e incluso paralizarse operaciones.

La vicepresidenta Carmen Calvo admitió este viernes, tras el Consejo de Ministros, que el decreto no sirve realmente para atajar “el desequilibrio actualmente existente” en el ámbito del alquiler de vivienda, aunque dijo que al menos sí daría “mayor seguridad y certidumbre al inquilino” a la espera de una normativa más ambiciosa que intentarían desarrollar la próxima legislatura -en función de lo que deparen las elecciones generales del 28 de abril- y contando ya con un nuevo presupuesto anual. Seguramente por ello las mayores críticas a este “plan de emergencia y choque” -como lo definió ella- vinieron desde el propio sector, desde portales inmobiliarios a agencias, administradores de fincas y grandes fondos de inversión.

Blackstone, un fondo estadounidense considerado el mayor casero de España, fue el más severo. “Solo traerá más tensión al alza de precios en el mercado -donde operan, según sus cálculos, cuatro millones de propietarios y 10 millones de inquilinos, y en el que las principales firmas de inversión “sólo” controlarían el 3%- y una reducción de la oferta”, afirmó su responsable en España, Claudio Boada. Pero, ¿en qué se basa? Aparte de criticar las ampliación de contratos -de inicio cinco años, y siete si el propietario del inmueble es una empresa, ampliables por otro trienio si no hay renuncia expresa de las partes (cuatro meses antes los dueños y la mitad los inquilinos), censura que el IPC limite las revalorizaciones.

Como novedad, el decreto limita las subidas anuales de renta al incremento de la inflación (el IPC anterior a la firma del contrato, o su revisión). Las partes podrán pactar un aumento inferior, pero nunca superior, como en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994.

MEDIDAS FISCALES

Solo si hubiera mejoras de peso en la casa, “más allá de las obligatorias de conservación” que debe asumir el arrendador, se podría subir más el precio previo pacto entre las partes. Ni una referencia más al precio salvo el nuevo sistema de índices de referencia que Fomento se compromete a desarrollar en ocho meses, y que “servirá de soporte a posibles medidas de política fiscal”.

De éstas renuncia a abrir la puerta a que los ayuntamientos pudieran rebajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los dueños de casas con alquileres más moderados según los precios medios de su zona. Sí habrá una bonificación de hasta el 95% en este tributo para las viviendas (VPO) protegidas en arrendamiento, siempre a criterio de los consistorios. Asimismo, e igualmente dentro del IBI, se elimina la obligación actual a que en los parques de vivienda pública social lo pague el inquilino.

Elimina también el impuesto sobre transmisiones patrimoniales para el alquiler de vivienda habitual. Y sobre los recargos municipales a las viviendas vacías, “se remite a la normativa sectorial” -estatal o autonómica- para que en ella se definan “las reglas” que permitieran “aplicarlos”. Todas estas medidas se aplicarán solo a los nuevos contratos que se puedan firmar hasta ahora -se descarta cualquier efecto retroactivo-, aunque desde ahora ya no habrá distinción entre los inscritos en registros u organismos públicos y los que solo circulan a nivel privado.

AVISO A LOS AYUNTAMIENTOS

Pese a las críticas desde los fondos de inversión y algunas plataformas inmobiliarias ante la posibilidad de que los nuevos índices oficiales de precios de alquileres -que se basaran fundamentalmente en la información, ahora ampliada, que debe suministrarse para los depósitos de fianzas-, el Ministerio de Fomento advierte en su texto de que aunque las comunidades autónomas podrán elaborar sus propios indicadores sobre rentas -algunas, de hecho, ya los tienen-, ni ellos ni los estatales, y tampoco los que pudieran desarrollar los ayuntamientos, “en ningún caso habilitan a éstos para establecer sistema de regulación” de aquellos precios.

A lo que no renuncia el Ejecutivo es a reducir la presencia de grandes fondos de inversión y operadores similares en el negocio del alquiler, al considerar que la situación actual del mercado es “deficiente”. Por eso incluye en el decreto el derecho de adquisición preferente por las Administraciones Públicas en caso de venta conjunta del inmueble, es decir, cuando se enajenen todas sus viviendas a la vez. A tal fin se establece “la posibilidad” de que la legislación sobre vivienda fije -no concreta cuando- un derecho de tanteo y retracto a favor de aquellas.

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Economía

El sector hotelero se derrumba ante la inacción del Gobierno y augura una caída aún mayor del PIB: sólo el 25% de hoteles están abiertos y la ocupación media es del 33%

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Y los rebrotes de la pandemia no ayudan: en Barcelona, la ocupación cae al 12% y en Madrid no supera el 22%. Algunos hoteleros lanzan promociones y ofertas especiales, otros cierran y piden alargar los ERTE hasta diciembre o más allá.

El sector hotelero se derrumba ante la inacción del Gobierno por el impacto negativo de la pandemia del coronavirus. Sólo el 25% de hoteles están abiertos (unos 4.500 de los 16.000 registrados, según informó Invertia) y la ocupación media aún no llega ni a la mitad: es del 33%.

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Y los rebrotes no están siendo de ayuda. En Barcelona, la ocupación ha caído al 12% en los 120 hoteles que están abiertos de los cerca de 500 que hay en total, como informa El País. Además, una decena ha vuelto a cerrar las puertas. Y en Madrid, la ocupación no supera el 22%, según la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), y sólo hay 100 hoteles abiertos de los 322 que pertenecen a esta asociación, como recoge Hosteltur.

En Barcelona sólo hay 120 hoteles abiertos de los 500 que hay; en Madrid, 100 de 322

En las Pitiusas (las islas de Ibiza y Formentera, y varios islotes), la ocupación ha sido del 37% en julio, un 58% inferior a la de hace un año, según informa Diario de Ibiza. Y la cosa tampoco es mejor en la isla de Mallorca, donde la ocupación se ha situado también en el 37%, a pesar de que estaba abierta el 57% de la oferta. Se nota y mucho la menor llegada de turistas extranjeros. Esto también se ha notado en Benidorm, aunque en el conjunto de la provincia de Alicante, la ocupación media ha sido del 45% en el séptimo mes, como señala el diario Información.

En el primer semestre, la ocupación ha caído de media un 55%, hasta situarse en el 33%, según el Barómetro del Sector Hotelero en España elaborado por STR y Cushman&Wakefield, recogido por Hosteltur. Asimismo, conviene destacar que 111.080 empresas de turismo, ocio y cultura han recibido 14.445 millones de euros en avales del ICO hasta el pasado 31 de julio. Pero eso no basta, aunque el Gobierno mantiene su inacción…

111.080 empresas de turismo, ocio y cultura han recibido 14.445 millones de euros en avales del ICO hasta el 31 de julio

Algunos hoteleros están lanzando promociones y ofertas especiales para intentar elevar la ocupación, mientras otros han optado por cerrar y otros temen un otoño sin clientes. “El verano se da por perdido y ahora hay que esperar que en otoño se pueda recuperar algo”, ha afirmado Manel Casals, director del Gremio de Hoteles de Barcelona. “Nuestra previsión es que el sector no levantará cabeza hasta la celebración del Mobile World Congress (en febrero de 2021)”, ha añadido. Por su parte, María Frontera, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallora (FEHM), ha señalado que han trasladado la necesidad de prolongar los ERTE hasta diciembre (opción que hasta ahora sólo se ve en Moncloa como una posibilidad) ante la situación complicada del sector, pero si esto no basta, “será necesario tomar más medidas hasta abril de 2021”.

Sea como fuere, la desastrosa campaña turística de verano augura una caída histórica de la economía española -el PIB cayó un 18,5% en el segundo trimestre- durante el resto del año. Nuestro país corre el riesgo de que las previsiones que la OCDE publicó el lunes, y que nos situaban como el pais con menor crecimiento, no sólo se cumplan sino que se queden cortas. Y el Gobierno, de vacaciones.

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Economía

Traducción de certificaciones y legalizaciones

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La traducción es considerada una actividad esencial, ya que a través de ella es que se transmite el conocimiento y la información de las áreas más variadas, además de permitir una gran cantidad de gestiones comerciales, educativas, jurídicas, etc.

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Dentro de las especializaciones de la traducción se encuentra la traducción jurada y los traductores que la certifican con su firma y sello. En muchas oportunidades estas traducciones necesitan de otras gestiones para cumplir su función final. Por ejemplo, ser legalizadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores (o el organismo que las legaliza según cada país), o en caso de que los países para los cuales se realiza la traducción no sean firmantes del Convenio de la Haya, se debe legalizar en el consulado correspondiente.

Qué es la Apostilla de La Haya

La apostilla es la representación de la legalización del organismo correspondiente, que brinda la garantía de que son auténticos, y especialmente que fueron emitidos por la autoridad competente de un país para las mismas autoridades de otro. Asimismo, demuestra que se han cumplido todas las formalidades legales que se debían cumplir de manera interna.

Este trámite se hace en el país de origen de la documentación para ser presentado en otro país. Asimismo, es importante destacar que la apostilla no es un documento adicional que se adjunta a la traducción, sino que es un sello de legitimización.

La traducción con apostilla

En el caso de que le llegue a un traductor jurado un documento para traducir que ya tenga la apostilla, ésta se puede traducir o no, ya que no es obligatorio hacerlo. Los traductores jurados tienen experiencia en este tipo de labor, por lo que la traducción de apostilla, en caso de ser requerida,  es un desafío que sortean con profesionalidad.

De acuerdo con las definiciones del Convenio de la Haya la apostilla puede ser escrita en la lengua oficial del país en donde se expide, con las menciones incluidas en un segundo idioma. Sin embargo, “Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)” siempre debe estar escrito en francés.

Otras legalizaciones

Para algunas gestiones, las traducciones también reciben otras legalizaciones como puede ser la consularización o la legalización en un Colegio de Traductores local. En este último caso, la gestión consiste en comparar el sello y la firma del traductor que se encuentran en la traducción con los que se tienen registrados en ese organismo. Además, se constata la vigencia del permiso o matrícula del traductor.

En el caso de que se deba consularizar la traducción, esta gestión se realiza en el consultado del país en donde se presentará el trámite. Los cónsules actúan y ejercen actividades parecidas a las que realiza un funcionario de un Registro Civil, por lo que la traducción queda legalizada como si lo hubiera hecho un notario.

Conclusión

Las certificaciones y legalizaciones de las traducciones son pasos muy importantes en lo referido a los trámites por los cuales se realizan las traducciones juradas. En el caso de la apostilla, puede o no traducirse, de acuerdo con lo planteado por el Convenio de La Haya. En el caso de hacerlo, se deberá hacer según lo establece el Convenio.

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Otra “catalanada” digna de Torra y sus muchachos: Francia retira del mercado un gel hidroalcohólico de origen catalán porque no desinfecta

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Francia ha denunciado el gel ante la Comisión Europea que ha valorado el producto como «grave»

 

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Cataluña progresa en su esfuerzo de mejorar su imagen como “zona especialmente industrializada y trabajadora” dentro de España. Con un poco más de esfuerzo, no solo jamás podrían entrar en la UE, sino que cabe la posibilidad de que fueran expulsados de la ONU.

 

La Dirección General de Competencia, Consumo y Control de Fraudes de Francia ha decretado que se retire del mercado un gel hidroalcohólico de origen catalán, llamado On Dermo, porque no desinfecta.

«No produce la efectividad antibacteriana y antiviral», escribió la institución en su cuenta de Twitter.

Francia ha denunciado el gel ante la Comisión Europea (CE) que ha valorado el producto como «grave» y ha puesto de relieve que el distribuidor ya lo ha retirado del mercado.

En este anuncio, publicado la segunda semana de julio por el portal de alertas del organismo internacional, avisa de que el producto no contiene la cantidad suficiente de etanol ni de isopropanol. Por consiguiente, no mata a las bacterias o virus, que podrían entonces llegar al usuario, aumentando así el riesgo de infección.

 

Además, según se indica en el mismo informe, «la presencia de alcoholes no va acompañada de los correspondientes pictogramas y advertencias». Los usuarios no disponen, por tanto, de información sobre la toxicidad y la inflamabilidad del producto, que, en presencia de una fuente de ignición, podría provocar un incendio.

Según informa ElDiario.es, la empresa que lo distribuye ha señalado que Francia «ha cometido un grave error», por lo que ya ha dejado el caso en manos de sus abogados.

La postura que defiende la empresa es que la legislación es diferente según si se considera el producto como cosmético o como producto biocida. La dirección de consumo francesa ha determinado que este gel es un biocida y que, por lo tanto, no cumple con los requisitos mínimos.

Por ello, desde la Dirección General de Competencia, Consumo y Control de Fraudes del país galo mantienen la solicitud que han hecho a los compradores y en la que piden que todos los geles se devuelvan al punto de compra.

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