En pocos días tuvimos dos sentencias del Tribunal Supremo, en teoría la “máxima” instancia Judicial, si no consideramos que el Tribunal Constitucional -del que he dicho muchas veces que, en pura lógica, debería ser una Sala más que “lidiara” lo que atañe a derechos constitucionales- pone en duda esa “supremacía”. Y ambas sentencias, en aras de una “unanimidad” a veces mal entendida para evitar el voto discordante, la polémica está servida.

La primera, la de la exhumación de los restos de Francisco Franco, sobre la que ya opiné en un artículo, dice ahora el gobierno que puede retrasar la su ejecución pese a haber cerrado al culto y visita el recinto de la Basílica, mientras el abogado de la familia anuncia que si el Tribunal Constitucional no contesta en el plazo de 48 horas, ya casi concluido, elevará el recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y ya veremos en qué queda todo.

Respecto de la segunda, la relativa al juicio de los cabecillas del “procés” no huidos por el frustrado intento de golpe de Estado de 2017, mucho se ha escrito y dicho ya y más desde el pasado lunes, con opiniones encontradas sobre si lo sucedido en Cataluña en Octubre de 2017 fue rebelión o sedición, pasando por conspiración para la rebelión. Al final se impuso de nuevo la unanimidad y el “veredicto” fue sedición con el añadido para algunos de malversación de fondos y la consiguiente suspensión para ejercer cargo público durante un tiempo equivalente a las condenas. Una sentencia que ni respeto ni dejo de hacerlo -no tengo argumentos jurídicos para hacerlo-, pero que a falta de lectura detallada me rechina porque es lo que me pide mi conciencia, convencido como estaba desde mi modesta perspectiva de que lo visto y escuchado esos días en las calles y en el parlamento catalán eran merecedores de mayor castigo penal como, por otra parte, parece que pedía la Fiscalía, aunque en un supuesto sistema democrático y dentro de un Estado de derecho, no queda otra que acatarla.

Mención aparte merece el feo asunto de que se haya producido una nueva filtración días antes de hacer pública la sentencia, precisamente al diario El País, medio “oficioso” de los gobiernos del PSOE, algo que es más grave si cabe por tratarse de la máxima instancia de nuestra Magistratura que, supuestamente, debiera también ser la que transmitiera máxima seguridad de discreción. Y surge la pregunta obvia: ¿quién filtró la sentencia antes de tiempo? que tiene una respuesta aún más obvia: sólo pudo haberlo hecho alguien del entorno de los magistrados o, lo que es peor aún, alguno de ellos. Según avanzó al respecto El Confidencial “Marchena aseguró que no estaba ‘enfadado, aunque sí ‘disgustado’ por las filtraciones del fallo”, y añadía que “el presidente de la Sala Segunda tiene perfectamente identificado al filtrador, que sería una sola persona… y se trata de un miembro “progresista”del Tribunal Constitucionalque mantiene buena relación con algunos magistrados del juicio, que podrían haberle facilitado, como muestra de confianza y con exigencia de reserva, datos sobre el fallo final”. Ya veremos el recorrido que tiene este grave asunto y si conocemos la identidad del filtrador y del que se lo filtró a él por esa supuesta “confianza” aparentemente traicionada.

Otra de las cuestiones que han ocupado más tiempo en la crítica de la sentencia es que ésta se torció cuando el gobierno del Dr. Plagio cum Fraude, a través de la Abogacía del Estado sustituyó como representante en el Proceso a Edmundo Bal por Rosa Mª Seoane. El propio Edmundo Bal, hoy diputado de Ciudadanos lo aclara en una entrevista en Voz Populi: “Yo hice un escrito de sedición con violencia. Hice un borrador de rebelión, uno segundo con malversación y un tercero con sedición con violencia… porque me dijeron que tenía que hacer un escrito con el delito de sedición, y yo describí los hechos como yo entendí que eran: es decir, con violencia amparada en un delito de sedición. Y me amparé en la misma sentencia que ha utilizado el Supremo, a la que alude la juez Carmen Lamela para procesar a Trapero, Laplana y Puig por sedición”, añadiendo que su negativa a eliminar el agravante de violencia “es el motivo y única razón por la que me cesaron… me negué a quitar del escrito de acusación los hechos que se referían a la violencia. Hechos violentos que resultaban con toda claridad en la fase de instrucción de la causa”. Y apostilla: “Si a mí en aquel momento me dejan presentar ese escrito de sedición con violencia, en donde vaticinaba que la sedición y la malversación se encontraban en concurso medial con la sedición e intuía unas penas para Oriol Junqueras en torno a 16 años, hoy me hubiera dado la satisfacción de que el Tribunal Supremo me daba la razón a mí”. Es decir, que parece que la ausencia del término violencia es lo que ha determinado la diferencia de pena para el principal de los encausados, Oriol Junqueras, de 16 años a 13 y, supongo, que algo parecido se puede extender al resto de condenados. Entiende además Edmundo Bal, contra lo visto en algunos medios sobre el “enfado de la Fiscalía”, que ésta “se haya mostrado contenta con la sentencia” porque “Independientemente de la calificación jurídica, la redacción de los hechos es la del escrito de acusación.

Los hechos son los de la Fiscalía; un argumento relevante para que Pedro Sánchez no esté tan contento y triunfalista diciendo que ha ganado el escrito del Gobierno. No, mire usted, en la redacción de hechos ha ganado el escrito de la Fiscalía. En el escrito de acusación de la Abogacía del Estado no se hacía referencia alguna a hechos violentos. Pedro Sánchez engañó a la gente ocultando la violencia. La redacción de hechos probados es una derrota en toda regla”, y termina “si me hubieran dejado llevar el asunto, hoy hablaríamos de una sentencia que coincidiría al 100% en los hechos probados y en la calificación jurídica, y superaría solo por un poco la condena que se ha impuesto”. Creo que queda claro.

Por último me sorprende el rechazo de la petición de la Fiscalía para que los condenados no puedan acceder al tercer grado -creo que es el Art. 36.2 del C.P.- hasta haber cumplido la mitad de la pena para evitar que la Generalidad, titular de las competencias de Prisiones -otra cosa que nunca debió hacerse- pueda aplicar a los presos el régimen más favorable -en pocas semanas en algún caso- y que ahora queda en sus manos, aunque la decisión en ese sentido puede ser recurrida por la Fiscalía.

En definitiva, la interpretación y recorrido de la controvertida sentencia del TS dará mucho de sí en los próximos meses pero hay que destacar las reacciones que, desde el lunes, estamos viendo en las calles de las capitales catalanas y otros puntos y las declaraciones de los que dan cobertura desde las instituciones de la Generalidad a los condenados. Empezando por el presidente Joaquín Torra: “Lo volveremos a hacer” dando las “gracias por las movilizaciones contra la injusticia de la condena”.

Lo paradójico es que este cabestro, supuestamente máxima autoridad del Estado en la región y, por ende, responsable de que se cumpla la ley y se mantenga el orden, sea el mismo que enardece a las turbas que, en su salvajismo y conocimiento de que “su” autoridad los anima, se sienten impunes por los desmanes que convirtieron Barcelona en hogueras de mobiliario urbano y destrozos que han dejado más de cincuenta heridos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Y por si hay duda se suma a la marcha que, desde Gerona, está cortando la AP-7, aunque ahora, en una estrategia más, pretende desmarcarse de la violencia que, después de animarla, dice que “no nos representa”.

Por su parte, la segunda “autoridad” catalana, Rogelio Torrent, presidente del parlamento cuya antecesora, la “pobre abuela” Carmen Forcadell, hoy condenada a once años y seis meses, proclamó el 27 de Octubre de 2017 la Republica “Guinnes” -56 segundos duró-, llamaba a salir a la calle para «hacer que la represión del Estado sea insostenible». Y desde esa cárcel-hotel de cinco estrellas de Lledoners, entre visitas, el también condenado Junqueras dice que la sentencia “No es Justicia, es venganza”, mientras que su jefe, el fugado Carlos Pico del Monte, desde el palacete de Waterloo alardea sobre el Tsunami Democrático (TD) -término que anunció Jordi Cuixart durante el interrogatorio y que corresponde a una Plataforma que funciona desde una aplicación protegida, descargable en el móvil-. Lo llama “propuesta ingeniosa que les desborda -al Estado español-, como las urnas y como el propio TD”. Una plataforma más profesionalizada que los CDR y alentada por una cabeza política todavía desconocida ante la que el “aguerrido” ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, que ya quedó definido por su compañera de gabinete Dolores Delgado (“Lola bebe de mi copa”, decía el comisario Villarejo) parece tener más “energía” a la hora de abroncar las acciones de los suyos, como con la Guardia Civil tras detener a nueve CDR, que de enterarse de quiénes están detrás de ese movimiento violento que parece que surge de una reunión en Bruselas entre los ya citados Puigdemont y Torras y las también fugadas y ahora en Suiza, Marta Rovira y Anna Gabriel. Esperemos que esta vez, la Orden Europea de Detención que ha activado de nuevo el Juez Pablo Llarena, tenga efecto y la justicia belga cumpla con su obligación y detenga a los fugados para que sean juzgados en suelo español del que se les permitió escapar impunemente.

Y de aquellos polvos -y algunos más que el espacio limita-, estos lodos, como recordaba un buen amigo vía WhatsApp con unas acertadas preguntas: “1.- ¿Quién descafeinó la tipificación del delito de rebelión en la reforma del C.P. (artículo 217 – 1973)? El biministro Belloch, y el presidente González, en 1995. 2. ¿Quién eliminó del C. P. el delito de referéndum ilegal (artículo 506 bis)? El ministro Alonso y el presidente Zapatero, en 2005. Medida aprobada a final de 2003 y contribuyó frenar el plan Ibarretxe. 3.

¿Quién decidió entregar la competencia sobre las cárceles a Cataluña? El ministro Barrionuevo y, de nuevo, el presidente González, en 1983 y 4. ¿Quién decidió trasladar a los políticos independentistas presos a la cárcel de Lledoners, en Barcelona? El ministro Grande-Marlaska, y el presidente Sánchez, en 2018”, añadiendo para refrescar la memoria que “El elemento común a estas cuatro decisiones políticas es que fueron adoptadas por ejecutivos socialistas. Ahora que nos gobierna otro presidente socialista y que hay elecciones el 10 de noviembre NO VOTES PSOE”. Recomendación que suscribo y añado que el PP propone recuperar el delito de rebelión impropia para responder a la proclamación de independencia sin uso de violencia, que modificó el PSOE.

Claro que a fuer de ser ecuánime y siendo lo anterior incuestionable, respondía con un par de preguntas y su respuesta: 1. ¿Quién no modificó lo que González hizo mal? José Mª Aznar, que hablaba catalán en la intimidad. Y 2. ¿Quién no derogó la Ley de Memoria histórica, permitió dos referéndums y no aplicó bien lo que podía, convocando elecciones catalanas sin haber normalizado la situación, como dijo? Mariano Rajoy. Es decir, “entre todos la mataron y ella sola se murió” y ahora llegan los nuevos a repartirse los restos.

Por cierto, hablando de los nuevos, ¡qué fiesta sin la tía Juana!, me puede el “héroe” Santiago Abascal, que no perdió la oportunidad de desbarrar en la misma puerta del TS nada más publicarse el fallo: «Después de estudiar detalladamente la sentencia, que es algo que haremos en las próximas horas, recurriremos la misma”. ¿Encabezará VOX “también” el recurso de amparo de los condenados ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
Y termino con estos versos de mi paisano Don Eufemio en el Blog del General Dávila: “Que fallido un Estado el que mantiene, /un país con Justicia de opereta, /que un día derrotó, dice, que a ETA / y que a su voluntad, servil, se aviene: / un país, lo dejó claro el poeta, / ¡Un país de charanga y pandereta!”.