Ramiro Grau Morancho(*).- Evidentemente no todas las denuncias presentadas por mujeres maltratadas son falsas; pero sí una buena parte. El porque se ocultan estos datos, no se deducen testimonios de las denuncias falsas, que constituyen un delito, o ni siquiera se llevan estadísticas fiables al respecto, habría que preguntárselo al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, y a los entes similares creados a lo largo y ancho de España, generosamente regados con dinero público, y que solo sirven para dar acomodo a feministas recalcitrantes.

Son varios los autores que han alertado de los peligros de esta legislación pro mujer, que ignora los principios básicos del derecho penal, por no decir que los pisotea abiertamente.

Desaparece la presunción de inocencia para pasar a convertirse en presunción de culpabilidad, salvo prueba en contrario. Prueba que realmente es diabólica, porque, ¿cómo demuestro que no he agredido a una mujer, si esta se da cabezazos contra una puerta para luego acusarme de ello? Este caso que digo es real, y lo he vivido en mi experiencia como fiscal sustituto.

O ¿cómo podemos valorar penalmente, se entiende, el llamado maltrato psicológico? A la inversa, es decir, de la mujer al varón: ¿es maltrato psicológico no lavar la ropa, no hacer la comida, tener la casa hecha una m…, y pasar de todo? Casos así también los he visto. O quedarse íntegramente con su sueldo y pretender que tú pagues todo, absolutamente todo, mientras ella dilapida su dinero en cremas, potingues y modelitos, a la búsqueda de una juventud años ha perdida, por el rápido devenir de los años. Por no hablar de las operaciones de cirugía estética a las que algunas son tan aficionadas: me quito culo, me pongo pecho, estiro la cara, etc.

La legislación no solamente ignora estas realidades y problemas sociales y jurídicos, sino que se empeña en seguir profundizando en la creación de enfrentamientos entre hombres y mujeres, dando todo tipo de facilidades a las mujeres para que utilicen el derecho penal como un instrumento para criminalizar a su ex, convirtiéndole en un juguete roto, sin presente ni futuro. Por supuesto que hay hombres merecedores de reproche penal, y que no justifico, en modo alguno, los maltratos físicos o psicológicos a cualquier mujer, pero es evidente que hemos llegado a una situación de auténtico abuso, por el exceso de protección.

El derecho penal no puede ni debe ser un instrumento para perjudicar a otras personas, sino un medio de pacificación social, para evitar enfrentamientos, acudiendo a un tercero, el Estado, que ejercita el ius puniendi, sancionando aquellas conductas merecedoras de reproche penal, y pacificando las relaciones interpersonales de las partes, denunciante y denunciada. Y más en asuntos tan sensibles como estos, dónde hay hijos, normalmente menores de edad, de por medio, y cualquier conflicto entre los padres repercute negativamente en las relaciones con los hijos.

Mientras sigamos legislando a favor de las mujeres maltratadas, correremos el peligro de que se presenten millares de denuncias falsas, todos los años, que lo único que buscan es obtener los beneficios que el buenismo gubernamental les depara…, aunque sean falsas. Y para muestra un botón: Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, artículo 1, suspensión por dos años de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, apartado 2, letra g). Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituya su domicilio habitual”.

¿Cuántas denuncias falsas por violencia de género veremos en los próximos años, simplemente para evitar el desahucio? Una vez presentada la denuncia, y celebrado el juicio rápido correspondiente, ambos dos, la supuesta víctima y el presunto agresor, seguirán viviendo tranquilamente en la casa, al menos durante los dos años siguientes… Y aquí paz y después gloria. Las personas necesitadas, y sobre todo los extranjeros, se las saben todas, y una buena parte de ellos tienen un concepto meramente instrumental de las leyes, es decir las utilizan única y exclusivamente en su propio beneficio.

Me gustaría equivocarme, pero por desgracia, creo que no. Y estas denuncias provocarán interminables actuaciones policiales y judiciales, detenciones, instrucción de procedimientos, juicios rápidos, etc., todo lo cual tendrá un elevadísimo coste económico y social. Con el añadido, además, de que al ser personas con escasas rentas, no pagarán tasa judicial alguna, por lo que sus chanchullos correrán a nuestro cargo…

*Ex juez y fiscal, abogado.