El ministro de Sanidad, Salvador Illa, prohibió a la Iglesia Evangélica la celebración de cualquier tipo de evento multitudinario a través de una reunión el pasado 5 de marzo. Tres días antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez autorizase y promoviese las manifestaciones del 8 de marzo.

Así lo ha revelado el diario El Mundo tras acceder al documento de la Guardia Civil que ha provocado un auténtico cisma entre el cuerpo y el Ejecutivo central. Según informa la citada cabecera, el 5 de marzo se produjo una reunión que contó con la participación del titular de Sanidad, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón; el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco; y dos representantes de las iglesias evangélicas.

Según la reconstrucción efectuada por los agentes en el citado documento, “Simón les explicó la situación de grave crisis sanitaria que atravesaba España y Europa, exponiendo los mayores riesgos que tenía la Iglesia Evangélica, debido a la movilidad de las personas y a las concentraciones a las que asistían”.

En esta reunión los representantes de la Iglesia Evangélica propusieron la celebración en la Caja Mágica de Madrid del Congreso Unlimited 2020 “para el que se preveían la asistencia de 8.000 personas”. Una propuesta que fue rechazada debido a la situación epidemiológica por lo que se les emplazó a una reunión al día siguiente.

En este segundo encuentro el director del CCAES reiteró su rechazo alegando como dato “ya en ese momento se conocían 22 casos de contagios en España”, procediendo según se recoge en el atestado “la grave situación sanitaria ofreciendo datos concretos de contagios y haciendo constar que se trataba de una pandemia a escala internacional”.

En este marco cronológico cabe recordar que el 7 de marzo Simón, preguntado sobre si permitiría que su hijo asistiese a la manifestación del 8M, este respondía que “le diré que ha haga lo que quiera”, aunque más tarde confesó la suspensión de la maratón de Barcelona “por suponer un riesgo real en relación con el coronavirus”.

De esta forma el informe de la Guardia Civil concluye que “las recomendaciones imperativas llevadas a cabo sobre el colectivo evangélico y el nivel directivo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones indica sin lugar a dudas la preocupación de éstos frente a la pandemia y su interés real en velar por la salud pública”.

Una decisión sobre la que el mismo documento señala que “confronta con la celebración, incluso en fechas posteriores en que el número de contagios acreditados era superior, de otra serie de eventos multitudinarios, tales como reuniones/manifestaciones que llegaron a congregar un número de personas muy superior al previsto para el Congreso Unlimited”.

En este sentido los agentes recuerdan que la celebración propuesta por la Iglesia Evangélica preveía un aforo de 8.000 personas mientras que la manifestación del 8M en Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer acogería a más de un millón de asistentes.

Este atestado, junto con el avance del informe forense en el que se manifiesta que la celebración del 8M en Madrid fue un “seguro” foco de contagio, la titular del Juzgado de Instrucción Número de 51 de la capital, Carmen Rodríguez-Medel (investiga las posibles consecuencias penales de la convocatoria de la manifestación en pleno periodo de propagación de la Covid-19), ha citado como imputado a José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid el próximo 5 de junio.

El pasado 25 de mayo Fernando Simón declaraba en rueda de prensa sobre el posible impacto del 8M en la propagación del virus, expresaba que “si ha tenido algún impacto sobre la evolución de la epidemia ha sido muy marginal”, insistiendo en que “muchos eventos”, y otro tipo de aglomeraciones celebradas en ese periodo en todo el país “pudieron significar lo mismo”.