¿Qué era el FRAP y por qué se revolvió un Pablo Iglesias aparentemente contenido contra Cayetana Álvarez de Toledo cuando la diputada del PP le acusó en el Congreso esta semana de ser «hijo de terrorista»?

Francisco Javier Iglesias fue detenido en vísperas del Primero de Mayo de 1973 y encarcelado en la prisión madrileña de Carabanchel. El actual vicepresidente segundo del Gobierno hacía referencia a este pasado años después. «Créanme si les digo que siendo un hijo de un militante del FRAP y habiendo militado donde milité, tiene su mérito admirar a Carrillo», escribía Pablo Iglesias en 2012, admitiendo que su padre había formado parte del grupo criminal.

El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, más conocido por sus siglas FRAP, nace directamente vinculado con un ex ministro de Estado con la República durante la Guerra Civil: Julio Álvarez del Vayo, miembro de los gobiernos más radicales del Frente Popular. Un espíritu extremista cuya virulencia llevó hasta los años finales de la dictadura. Del Vayo, que no estaba de acuerdo con la reconciliación nacional por la que abogaba el histórico líder comunista Santiago Carrillo, consiguió la fusión de algunos miembros del Partido Comunista de España (marxista-leninista) y de Vanguardia Socialista para crear el FRAP con el deseo de instaurar un régimen republicano.

El ex ministro había logrado que algunos adeptos a su grupo, Unión Socialista Española, colocaran pequeños artefactos sin mayores consecuencias, pero con el FRAP llegó la sangre. Su nueva banda actuó durante 5 años, desde 1973 a 1978, causando cinco víctimas mortales entre los cuerpos de seguridad de la época franquista.

Según José García San Pedro, autor de «Terrorismo: aspectos criminológicos y legales», «el FRAP estaba llamado a ser el embrión de un futuro ejército popular cuya estructura básica estaría formada por “escuadras de tiro”, compuestas por grupos de tres a cinco hombres y encuadradas orgánicamente en “destacamentos de asalto” que a su vez constituirían “batallones de choque” incluidos en “brigadas móviles”. La realidad fue que, a pesar de este voluntarista y pretencioso planteamiento, no lograron pasar de la primera fase estructural, y sus actividades violentas se redujeron a una serie de atracos y robos y a cuatro asesinatos».

En opinión de Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), los asesinatos del FRAP fueron cinco, aunque asegura a LA RAZÓN que podría haber un sexto caso «cuya autoría es dudosa entre el FRAP y los GRAPO y es el del policía Diego del Río, asesinado en Barcelona el 29 de septiembre de 1975».

Los terroristas no escatimaron en violencia para cumplir sus propósitos criminales, como atestigua el modo en que acabaron con sus víctimas:

–El policía Juan Antonio Fernández Gutiérrez, de 21 años, adscrito a la Brigada Político Social, acudió junto a otros compañeros a disolver una marcha del 1 de mayo y, cuando los manifestantes salieron corriendo, otro grupo les atacó con machetes. Murió apuñalado y otros cuatro agentes fueron heridos.

–El mismo 1 de mayo de 1973 cayó también el subinspector del Cuerpo General de Policía Manuel Pedregal Manzano.

–El policía Lucio Rodríguez Martín, de 23 años, que no llevaba ni un año en activo, prestaba servicio de vigilancia en la puerta de las oficinas de Iberia en Madrid. Fue acribillado –recibió hasta ocho tiros en la cabeza, el cuello, el hombro, el brazo y el abdomen– por tres terroristas del FRAP el 14 de julio de 1975. Los asesinos fueron detenidos dos horas después. Serían condenados a muerte.

–El teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez, de 49 años, murió cuando se dirigía a casa tras aparcar su coche en la calle. Varios terroristas del FRAP le asesinaron a tiros en Madrid el 16 de agosto de 1975, delante de un niño de 12 años, cuando volvía de su trabajo en la Agrupación de Tráfico. Los terroristas también fueron detenidos rápidamente. En la operación policial fueron detenidas 36 personas integrantes del FRAP.

–El policía Juan Ruiz Muñoz, de 49 años, fue asesinado por dos terroristas del FRAP el 14 de septiembre de 1975 en Barcelona. Le dispararon por la espalda cuando regresaba a casa tras prestar servicio y le remataron en el suelo. Se ensañaron con él dándole varios cortes con armas blancas en el cuello y en la espalda.

Ladrón de Guevara ha estado investigando sobre las víctimas del terrorismo de grupos de extrema izquierda, un trabajo que será publicado próximamente. «Me ha costado mucho localizar a las víctimas del FRAP», asegura, «no hay nada publicado» y existe «cierta confusión con respecto a otros grupos, pero la conclusión de mi investigación con documentos son esas cinco».

Según indican fuentes de la AVT, todavía quedan algunas víctimas que resultaron heridas pero son reacias a dar su testimonio. Sí lo hizo en 2017 Justo Pozo Cuadrado, ya fallecido. Pozo era un policía que el 19 de julio de 1975 sufrió en Madrid un ataque del FRAP que le costó una incapacidad de por vida. Su sobrecogedor relato lo recogió laSexta. «Veo dos chicos jóvenes, uno parece que tenía un periódico [simula llevarlo pegado al costado] y saca un pistolón así, y empezaron a tirar y a tirar, a pegarme tiros, y yo gritaba: “¡A mí no me matéis!” [se emociona]. Y ni pío, allí nada más que pum, pum, pum, pum…». Le acribillaron a balazos –fue alcanzado en el brazo izquierdo, un pie, el glúteo izquierdo y, el impacto más grave, en el estómago con orificio de entrada por la ingle– que le costaron secuelas durante más de cuarenta años. Sus atacantes estuvieron dos años en la cárcel y se beneficiaron de la amnistía de 1977. Justo describía lo que había sido su existencia desde el atentado como «una tortura, toda la vida de hospital en hospital».

Existe además un terrible suceso –se saldó con 78 muertos y 113 heridos– que podría haber hecho incrementar considerablemente las víctimas del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Y es que en las horas posteriores al incendio del Hotel Corona de Aragón el 12 de julio de 1979, el FRAP y la organización terrorista ETA asumieron supuestamente por vía telefónica al «Heraldo de Aragón» su autoría y, aunque no se le dio crédito, no sería descartable, según algunas fuentes.

También se ha vinculado con el FRAP el asesinato del vigilante de seguridad Jesús Argudo Cano el 2 de mayo de 1980 en Zaragoza. En este caso, la banda terrorista habría reivindicado la muerte del vigilante mediante llamadas telefónicas a la agencia Efe y al diario «Aragón Express». En una respuesta en el Congreso de los Diputados, el entonces ministro del Interior, Juan José Rosón, se refirió a «la aparición, afortunadamente hasta el momento como embrión, de otros grupos, como al parecer, fue la reactivación del FRAP con un atentado en Zaragoza».

En diciembre de 2018, la Fiscalía de la Audiencia Nacional dio un año de plazo al servicio de información de la Guardia Civil para investigar el atentado de Argudo, pero concluido ese tiempo se archivó a falta de pruebas contundentes.

En esos años 80 habría habido una supuesta reactivación de la banda criminal, según narra Sophie Baby en su libro «El mito de la transición pacífica: violencia y política en España (1975-1982)», donde explica que entre julio de 1978 y junio de 1979 «los 21 miembros del FRAP detenidos entran en prisión en virtud de la legislación antiterrorista, acusados de 50 atracos, en los que se habría sustraído una cantidad total de 50 millones de pesetas».

El 27 de septiembre de 1975, tres de los militantes del FRAP –José Luis Sánchez Bravo Solís, José Humberto Baena Alonso y Ramón García Sanz– forman parte, junto a dos miembros de ETA, de los últimos fusilados por la dictadura franquista.

Maquillaje en Wikipedia

Tras la polémica entre Álvarez de Toledo e Iglesias, en poco más de media hora hubo hasta 20 cambios de edición en la entrada de Wikipedia referente al FRAP. De «organización terrorista» pasaba a ser «organización de orientación ideológica antifascista» y en vez de usar «la violencia» se leía que «luchó» contra la dictadura. De estar abierta, la página pasó a quedar semiprotegida: ahora solo pueden editarla usuarios autoconfirmados.

Fuente: La Razón