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Hispanoamérica

Once ejecuciones extrajudiciales y más de 900 detenciones arbitrarias en Venezuela en solo cinco días

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Varias personas yacen detenidas en Caracas durante los apagones de marzo
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47 muertes por armas de fuego, incluyendo 33 a manos de agentes de las fuerzas del Estado y otras seis por terceras personas con la aquiescencia de las autoridades. 11 ejecuciones extrajudiciales. Y más de 900 detenciones arbitrarias en solo cinco días, entre el 21 y el 25 de enero de este año.

Son algunos de los datos arrojados por un informe de Amnistía Internacional (AI) publicado hoy, que ve «crímenes de lesa humanidad» en la represión acometida desde 2017 por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Así lo apunta la ONG en el dossier «Hambre de justicia: Crímenes de lesa humanidad», que hace un balance de la escalada de violencia desatada en el país latinoamericano tras la jura de Juan Guaidó como presidente encargado, a finales de enero.

«Como hemos denunciado desde hace años, en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, y por la que el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional», apunta Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

«Hacemos un llamado urgente a todos los Estados para que demuestren su respaldo inequívoco a las víctimas de estos hechos y no dejen impunes estos crímenes. La comunidad internacional no puede dar la espalda a las víctimas de esta crisis sin precedentes, tanto dentro como fuera de Venezuela», añade Guevara.

El informe valora que los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidas en enero fueron llevadas a cabo en casi todo el país, con un alto nivel de coordinación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional y estatal. Según AI, los hechos no sucedieron al azar ni de forma aislada, sino que «formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido por las fuerzas de seguridad en contra de personas identificadas o percibidas como opositoras, particularmente en zonas altamente marginalizadas, con la finalidad de neutralizarlas o eliminarlas».

Acciones premeditadas

Las autoridades del más alto nivel, incluyendo Nicolás Maduro, fueron conocedores de estos hechos públicos y notorios, pero no tomaron las medidas necesarias para impedirlas ni para investigarlas, añade el informe. Por lo tanto, AI considera que «el encubrimiento de estos hechos y otros subsecuentes ha sido parte de la política de represión».

En este sentido, la ONG recomienda la creación de una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su próximo periodo de sesiones, en junio y julio de 2019. Asimismo, también aconseja la activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos países preocupados por la situación en el país, así como la consideración y el estudio de estos hechos por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que mantiene un examen preliminar sobre Venezuela desde inicios de 2018.

El grave deterioro de las condiciones de vida, y las sistemáticas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, continúan afectando a la mayoría de la población en Venezuela y han obligado a más de 3,7 millones de personas a abandonar el país. Al menos tres millones se encuentran en otros países de América Latina y el Caribe, y muchas de ellas en necesidad de protección internacional.

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Hispanoamérica

Un cartel mexicano mata y descuartiza a 19 personas y cuelga algunos de los cadáveres de un puente

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Varios cadáveres aparecen colgados y desmembrados ayer en un puente de la ciudad de Uruapan
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El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes «El Mencho», se atribuyó ayer el asesinato de 19 personas cuyos cadáveres fueron abandonados en tres zonas del municipio de Uruapan, en el occidental estado mexicano de Michoacán. Hasta el momento, el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Michoacán mantiene bajo su resguardo los 19 cadáveres, de los cuales varios se hallaron desmembrados y otros tantos colgados de un puente. Las autoridades especificaron, además, que tres de las víctimas eran mujeres.

De acuerdo con la fiscalía estatal, en uno de los puntos fue localizada una manta donde el CJNG se atribuyó el múltiple crimen y plasmó amenazas contra el grupo delictivo autodenominado como Los Viagras, brazo armado del cártel de La Nueva Familia Michoacana. El organismo precisó que estos dos cárteles buscan el control de las operaciones ilícitas en Michoacán y las zonas limítrofes con los estados de Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Colima y Querétaro.

«Hay una pugna entre células que se atribuyen la pertenencia, o determinadas bandas delincuenciales, y se disputan el territorio para controlar las actividades relacionadas con la producción, distribución y el consumo de drogas», dijo ayer el fiscal de Michoacán, Adrián López.

El CJNG y La Nueva Familia Michoacana buscan tomar el lugar que dejó el cártel de Los Caballeros Templarios que fue desarticulado, aunque no hasta su extinción, por la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán que instaló en 2014 el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció que su gobierno trabajará coordinadamente con la administración del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, para atacar a las bandas de narcotraficantes que operan en el estado. «Ante los hechos ocurridos en Uruapan, he instruido al gabinete de seguridad para que no bajemos la guardia y sigamos actuando con firmeza contra quienes se empeñan en quebrantar la ley y la tranquilidad de las y los michoacanos. Ni un paso atrás», informó Aureoles en Twitter.

Uruapan se encuentra en una zona boscosa propicia para la construcción de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, cuyos kilogramos puede tener un costo de entre los 5.000 y 8.000 dólares en Estados Unidos. El estado tiene además 470 kilómetros de litoral del Pacífico, donde autoridades federales han detectado importantes cargamentos de cocaína provenientes de Sudamérica.
«Sucesor» de El Chapo

Recientemente, la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA) reveló que «El Mencho», considerado el narcotraficante más poderoso tras la caída de Joaquín «El Chapo» Guzmán, se esconde en montañas de los estados de Michoacán, Jalisco y Colima. Según la Fiscalía General de la República (FGR), el líder del CJNG, nació en el municipio de Aguililla, en la región de Tierra Caliente de Michoacán, ubicado a tan sólo 50 kilómetros de Uruapan.

En junio pasado, López Obrador ordenó el despliegue en Michoacán de cientos de agentes de la recién conformada Guardia Nacional, en un intento por contener la ola de violencia, que en esta región se remonta a más de una década. El 6 de septiembre del 2006, narcotraficantes del cártel de La Familia Michoacana arrojó las cabezas de cinco hombres en la pista de baile de un bar en Uruapan, donde además dejaron una cartulina con advertencias a un grupo rival. Se considera que este suceso fue el detonante de la inseguridad en la zona, que no ha remitido.

México padece una ola de violencia en la mayoría de delitos tanto de alto como de bajo impacto. En el primer semestre del año se registraron 17.138 homicidios dolosos, lo que supone una media de 95,2 asesinatos diarios y un 7,2 % superior respecto a las estadísticas del primer semestre del 2018, cuando se reportaron 15.973 casos.

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Hispanoamérica

Trump impone un bloqueo total a las propiedades del régimen venezolano en EEUU

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso este lunes un bloqueo total a las propiedades estatales del régimen de Venezuela en territorio estadounidense, en un paso importante en la presión por desplazar a Nicolás Maduro del poder.

“He determinado que es necesario bloquear las propiedades del Gobierno de Venezuela a la luz de la continua usurpación del poder por parte del ilegítimo régimen de Nicolás Maduro”, argumentó Trump en una carta dirigida a los líderes del Congreso.

Según dispuso la Casa Blanca, los activos ahora “están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados ni manejados”, con la intención de impedir el acceso de Nicolás Maduro y su entorno al sistema financiero internacional, así como profundizar su aislamiento.

Las anteriores medidas de Washington sobre el chavismo (sanciones a más de 100 individuos y firmas) habían pesado principalmente sobre la industria petrolera, la principal fuente de divisas en Venezuela, pero este congelamiento es la medida más dura en el marco de la presión por lograr la salida de Maduro. Estados Unidos reconoce desde enero a Juan Guaidó como presidente interino.

Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba son los únicos países sobre los que pesaba una medida similar, pero el anuncio de este lunes es el primero de su tipo en tres décadas para el hemisferio americano.

Horas atrás, el asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, había adelantado que la Casa Blanca desplegaría una “importante medida” que aplicaría una “mayor presión” sobre el régimen de Nicolás Maduro, en la víspera de la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, que reunirá este martes a más de 60 delegaciones, la mayoría de países que respalda a Guaidó. En referencia a la orden ejecutiva de Trump, Bolton dijo que “muestra la determinación (de EEUU) por lograr una transferencia pacífica del poder” en Venezuela.

La semana pasada, Trump confirmó que estaba considerando un bloqueo o cuarentena a Venezuela, declaración que fue respondida por Maduro con un pedido de preparación para “una batalla”, sin entrar en mayores precisiones. En los primeros minutos tras la difusión de la decisión, el líder chavista estuvo tuiteando sobre los Juegos Panamericanos y no se refirió a la noticia. Por su parte, el canciller chavista, Jorge Arreaza, convocó a una rueda de prensa para el martes al mediodía (hora local, 16 GMT).

La orden ejecutiva también prohíbe transacciones con las autoridades venezolanas cuyos activos estén bloqueados, y veta la entrega o recepción de “cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por o para el beneficio de cualquier persona cuyas propiedades e intereses estén bloqueados bajo esta orden”.

Sin embargo, el gobierno estadounidense puede otorgar excepciones a este bloqueo. Según indican fuentes de la Casa Blanca, el objetivo es tratar de no afectar la vida cotidiana de los venezolanos y que el peso de la medida recaiga sobre los funcionarios del régimen. Por ello, quedarán exentas algunas firmas vinculadas a servicios esenciales como el correo, las telecomunicaciones, la entrega de asistencia humanitaria y otras ONG.

En ese sentido, Juan Guaidó manifestó que la medida “busca proteger a los venezolanos”, ya que toda deuda que el régimen intente tomar con estos activos sería ilegal. “Cualquiera que quiera beneficiarse de la crisis será ahuyentado”, explicó.

En su explicación, Trump también destacó “las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen, los arrestos y detenciones arbitrarios de ciudadanos venezolanos, la restricción de la libertad de prensa y los continuos intentos de socavar al Presidente interino Juan Guaidó de Venezuela y a la Asamblea Nacional venezolana elegida democráticamente”.

La orden ejecutiva no detalla qué bienes mantenía Venezuela en territorio estadounidense, por lo que no está claro el alcance que tendrá la medida. El principal activo estatal, la petrolera Citgo, ya estaba bloqueado desde enero, y posteriormente EEUU reconoció a una nueva junta directiva de la empresa nombrada por el Parlamento venezolano, controlado por la oposición.

Actualmente están sancionados Maduro y su entorno (incluidos sus hijastros), el canciller y los altos mandos militares. Además del sector petrolero, también se han desplegado medidas contra el sistema financiero, el sector del oro (en alza por la debacle de PDVSA) y a navieras que han violado las disposiciones transportando crudo venezolano.

Aunque las primeras represalias datan del gobierno de Barack Obama, cuando en 2014 se aplicó una ley que impuso penalidades contra personas responsables de violaciones a los derechos humanos, estas medidas han aumentado exponencialmente desde el 10 de enero, cuando Maduro asumió un segundo mandato tras unas elecciones no reconocidas por Estados Unidos ni por gran parte de la comunidad internacional.

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Hispanoamérica

López Obrador alecciona a EEUU sobre seguridad y control de armas en nombre de un país con miles de muertes violentas cada año

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López Obrador
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Hay muertos y muertos. Eso al menos deben pensar las autoridades mexicanas en uno de los ejercicios más infames de hipocresía que se recuerdan. A las autoridades mexicanas les ha conturbado el ánimo la muerte de siete mexicanos fallecidos en el tiroteo del sábado en la ciudad estadounidense de El Paso. Las autoridades mexicanas, sin embargo, llevan décadas aceptando una situación de violencia extrema en el país, con miles de muertos cada año.

“Con firmeza estamos pidiendo que se castigue a los responsables y que las autoridades asuman también la responsabilidad en el caso de que se estén permitiendo excesos como, por ejemplo, el uso indiscriminado de las armas, porque eso no está bien”, ha declarado este domingo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en un acto público celebrado en el estado mexicano de Michoacán.

Enfatizando que no pretende criticar las leyes estadounidenses o interferir en su política interna, el mandatario ha recordado a Washington que la falta del control de armas causa mucho daño a mucha gente.

La vesania del dirigente azteca alcanza su cumbre cuando pone a México como ejemplo de seguridad frente a Estados Unidos. “No somos nadie para recomendar lo que tienen qué hacer otros gobiernos, pero en México hay control sobre el manejo de las armas”, ha destacado el dirigente mexicano para luego reiterar en que la falta de control de armas daña mucho afectando a muchas familias. El farsante no considera que la corrupción endémica en su país esté provocando estragos en un país que es a la violencia lo que el oxígeno a la vida.

De acuerdo con fuentes oficiales, existe evidencia documental de al menos 250.547 homicidios en México entre diciembre de 2006 y abril de 2018. Una cifra que evidencia los fallos del actual modelo de seguridad implementado desde hace poco más de una década en el país, el mismo que ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes en México, con niveles de violencia equiparable a países en guerra.

Pese a la «epidemia de violencia» que padece México y mientras el número de asesinatos en el país sigue a la alza y se cuenta por decenas de miles cada año, López Obrador alecciona a los norteamericanos sobre la materia. Como Al Capone dando lecciones de transparencia fiscal.

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