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Sociedad

Overbooking para las instituciones españolas en relación a los ‘menas’

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Por Begoña Vila.- Se entiende por MENAS el extranjero menor de 18 años que sea nacional de un Estado al que no le sea de aplicación el régimen de la Unión Europea que llegue a territorio español sin un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, apreciándose riesgo de desprotección del menor así como cualquier menor extranjero una vez en España se encuentre en aquella situación de acuerdo con el artículo 189 del Reglamento de Extranjería(RD 557/2011).

El 16 de octubre del 2014 se públicó el protocolo marco sobre determinadas actuaciones en relación con los MENAS, con el objeto de coordinar la intervención de todas las instituciones y administraciones afectadas, desde la localización del menor, determinación de su edad, puesta a disposición del servicio público de protección de menores y documentación.

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Inscripción en el registro

Todo menor extranjero no acompañado que haya sido localizado en territorio nacional será inscrito en el registro de menores extranjeros no acompañados( RMENA) que corresponde a la Dirección General de Policía Nacional y la gestión y grabación de datos a la Comisaría General de Extranjería y fronteras de la Policía Nacional. Este fichero está coordinado por la Fiscalía General del Estado en el ámbito de su función de garante y proteccionista del interés superior del menor.

Determinación de la mayoría de edad

En los casos en que la mayoría de edad del menor extranjero no pueda determinarse con seguridad, el Ministerio Fiscal dispondrá que se realicen actuaciones para la determinación de la edad del presunto menor por las instituciones sanitarias oportunas que de manera urgente realizarán las pruebas necesarias.

Una vez establecida la minoría de edad por resolución judicial o por decreto del Ministerio Fiscal se procederá a escribir la edad en el Registro MENA.

Se han realizado 12152 diligencias que representan un aumento de más del doble respeto del 2017, suponiendo casi 6 veces más de los expedientes tramitados en 2016.

Datos

Cádiz (Algeciras, Cádiz capital y Jerez) concentran el mayor número de diligencias realizadas en España( 4113) seguida por Barcelona( 1853), Almería( 1192) y Granada( 1115). A distancia se encuentra Melilla( 629); Málaga( 514); Murcia( 482); Ceuta( 450); Madrid( 270); Asturias( 112), Gerona( 128); Las Palmas( 336); Alicante( 183); Valencia( 135); Lérida( 92); Vizcaya( 83); Álava( 79) y Guipúzcoa( 77).

Conclusiones

Han prevalecido los resultados de mayoría de edad en Málaga( 69,45 %) y Granada( 66,84 %). Por el contrario se ha impuesto el resultado de minoría de edad en Gerona( 94,1 por ciento); Murcia( 90,66 %); Barcelona( 83,16%) Madrid( 73,3%); Ceuta( 71,23%) y en Las Palmas( 62,15%) . Muy equilibrados han sido los resultados en Almería( 50,08 % han sido menores de edad) y en Cádiz( 52,67 %).

Repatriación

La Administración General del Estado, conforme al principio de reagrupación familiar del menor, después de haber oído al menor y previo informe de los servicios de protección de menores, resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen o a aquel donde se encontrasen sus familiares,o, en su defecto, sobre su permanencia en España.

El procedimiento se iniciará de oficio por la Administración General del Estado,o, en su caso a propuesta de la entidad pública que ejerce la tutela del menor.

La autoridad gubernativa pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal todas las actuaciones llevadas a cabo en este procedimiento.

La Administración General del Estado es la competente para llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación desde España de un menor extranjero no acompañado, actuando a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y éstas por medio de las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, que se pondrán en contacto con la Comisaría General de Extranjería y fronteras para que realice las gestiones necesarias ante las embajadas y consulados correspondientes, con el fin de localizar a los familiares de los menores,o, en su defecto, los servicios de protección de menores de su país de origen que se hicieran responsables de ellos. Si no existiera representación diplomática en España, estas gestiones se canalizarán a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Una vez localizada la familia del menor, o, en su defecto, los servicios de protección de menores de su país, se procederá a la repatriación tras la verificación de que no existe riesgo o peligro para la integridad del menor.

En el caso de que el menor se encontrase en curso en un proceso judicial, la repatriación quedará condicionada a la autorización judicial. En todo caso deberá constar en el expediente la comunicación al Ministerio Fiscal.

Nuevamente la repatriación de MENAS se muestra como una figura jurídica anecdotica.

En el año 2018 culminado con éxito tres repatriaciones familiares de menores, todos ellos varones y de nacionalidad argelina encontrándose uno de 15 años en Murcia, otro, de 17 años en Castellón y el tercero, de solo 2 años en Almería.

Costes de la repatriación

La repatriación se efectuará a costa de la familia del menor o de los servicios de protección de menores de su país. En caso contrario, se comunicara al representante diplomático o consular de su país a estos efectos. Subsidiariamente, la Administración General del Estado se hará cargo del coste de la repatriación.

Política de menores extranjeros no acompañados

Dicha política está orientada el retorno del menor a su país de origen, bien con su familia, bien en un centro de acogida de menores de su país, como solución duradera y siempre que ello constituya el interés superior del menor.

Plazos

Transcurridos 3 meses si la repatriación con su familia o el país de origen no hubiera sido posible, se procederá otorgarle la autorización de residencia. En todo caso, el hecho de no contar con autorización de residencia no supondrá obstáculo para el acceso del menor a aquellas actividades o programas de educación Información que, a criterio de la entidad de protección de menores competente, redunden en su beneficio.

En el caso de menores tutelados por la entidad de protección de menores competente que alcancen la mayoría de edad sin haber obtenido la cita de autorización de residencia y hayan participado adecuadamente en las acciones formativas y actividades programadas por dicha entidad para favorecer su integración social, ésta podrá recomendar la concesión de una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales.

Memoria Fiscalía 2019 MENAS

En el año 2018, según informa la Comisaría General de Extranjería y fronteras, han sido localizados 7026 menores extranjeros no acompañados llegados a España por vía marítima en pateras u otras embarcaciones frágiles. Este dato representa un incremento espectacular de un 199,61% en relación al año 2017( 2345 MENAS) y de un 3050 % respecto al número de menores que llegaron por esta misma vía en el año 2014(223). El 96,9%(6810) son de sexo masculino y el resto(216) son niñas.

Mayoritariamente proceden de Marruecos (61,89%), República de Guinea(14,10%), Mali( 8,15 %). Argelia( 5,6%), Costa de Marfil( 4,5%) y Gambia( 1,69 %) seguidos por otros países principalmente de Africa subsahariana, también se han localizado un menor de Arabia Saudí, otro de la India, y 13 de Bangladesh.

Al igual que otros años, la Memoria de la Fiscalía del año 2019, no se dispone de datos cuantitativos sobre los menores que se han introducido en España a través de Ceuta y Melilla, superando la frontera ocultos en vehículos de motor o por vía aérea.

Inscritos en el registro

En el RMENA (Registro de menores extranjeros no acompañados) a fecha de 31 de diciembre de 2018 figuraban escritos un total de 13796 menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección. De ellos 12825 son niños y 971 son niñas. En consecuencia, se ha producido un incremento un 115 % respecto de los 6414 inscritos en el año 2017.

Tutelas

La mayoría se encuentran tutelados por la comunidad andaluza( 6294 menores); 1842 se encuentran en Cataluña; 1322 en Melilla; 990 en el País Vasco; 730 en la Comunidad Valenciana; 553 en Ceuta; 490 en Madrid; 390 en Murcia; 281 en Canarias; 175 en Aragón; 160 en Castilla La Mancha; 113 en Galicia; 111 en Cantabria; 113 en Asturias; 102 en Castilla y León; 64 en Baleares; 58 en Navarra; 16 en Extremadura; y uno en La Rioja.

Fuentes:

Página oficial de la DGP-Documentación – Policía Nacional

Memoria Fiscalía 2019


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Salud

La Justicia condena al Gobierno socialista de Aragón por no entregar material de protección a los sanitarios

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Concentración en el hospital San Jorge de Huesca del personal sanitario para pedir la dimisión de la consejera de Sanidad de Aragón, Pilar Ventura, que afirmó que para los sanitarios era un estímulo hacerse sus propios equipos de protección para la epidemia del coronavirus a mediados de mayo
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El Juzgado de lo Social de Teruel ha condenado a la Diputación General de Aragón (DGA), el Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) por vulneración de los derechos de los trabajadores, estableciendo que deben proporcionar equipos de protección individual (EPI) frente a la Covid-19 a los empleados públicos sanitarios del grupo A.

La sentencia, que estima una demanda del sindicato médico FASAMET, que también han planteado en Huesca y Teruel, puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

La magistrada del caso, Elena Alcalde, recuerda que, el 9 de marzo pasado, los sindicatos médicos de Aragón, entre ellos FASAMET, informaron a la entonces consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, de que los profesionales no disponían de material, como batas impermeables, calzas, mascarillas, gafas, pantallas y guantes, solicitando a la Administración autonómica que los aportaran.

 

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Sentencia

La juez especifica que estos equipos deben ser los adecuados ante los riesgos de exposición al agente biológico virus SARS-CoV-2

En la resolución judicial, la juez especifica que estos equipos deben ser los adecuados ante los riesgos de exposición al agente biológico virus SARS-CoV-2 (nombre científico para el coronavirus) y ante el riesgo de contagio o infección que pueda llevar a desarrollar la Covid-19.

Alcalde se remite a una publicación de la OMS para indicar que el personal sanitario que atiende a los infectados en centros de salud precisa por paciente y día 25 batas; 25 mascarillas médicas; un equipo de protección respiratoria; 50 guantes no estériles; y unas gafas o un protector facial.

La juzgadora centra el debate jurídico en la tutela de derechos fundamentales y la prevención de riesgos laborales y frente a las argumentaciones esgrimidas por las administraciones codemandadas, sostiene que la administración autonómica conserva, dentro de su ámbito de competencia, la gestión de los correspondientes servicios sanitarios, debiendo asegurar en todo momento su adecuado funcionamiento.

La sentencia expresa que, aunque la salud no es un derecho fundamental, los demandantes invocan otros derechos que sí lo son, como el derecho a la integridad física y a la vida, protegidos como tales por la Constitución.

También ha puesto de relieve “la existencia de una conexión entre la protección de la salud y la integridad física hasta el punto de que, en ciertas ocasiones, cabe entender vulnerado el derecho fundamental de integridad física si existiera un peligro grave y cierto, o un efectivo daño a la salud”.

Por ello, la DGA, el Salud y el IASS “tienen el deber de proteger al personal que se encuentra a su servicio de los riesgos laborales que puedan sufrir en el desarrollo de su trabajo” .“Encontrándonos ante una pandemia son las encargadas de prevenir el riesgo de contagio y una vez previsto, adoptar medios para proteger a sus empleados y trabajadores y que no se vean afectados en su integridad física y salud, ni incluso su vida”, se lee en la sentencia.

Prevenir

Respecto a lo esgrimido por las codemandadas acerca de que la salud no es un derecho fundamental y que por tanto no tiene consistencia el pleito que se ha planteado, la magistrada responde diciendo que “existe tan íntima relación entre la salud y la integridad física, y que podría existir vulneración del artículo 15 de la Constitución, cuando se genere un riesgo grave para su salud de los trabajadores, omitiéndose las obligaciones de protección y prevención que competen al empleador”.

En su razonamiento incide en que “la declaración del estado de alarma no conlleva la suspensión de los derechos fundamentales aludidos en la demanda como la vida, la integridad física, ni la salud, ni tampoco supone la suspensión de los derechos a la protección y prevención de riesgos laborales”.

 

Los sanitarios

Gracias a su vocación de servicio a los demás, no sólo no han paralizado su trabajo, (…) sino que lo han desarrollado heroicamente”

La magistrada rechaza la premisa de las administraciones acerca de que se trata de un supuesto de fuerza mayor, imprevisible e inevitable y argumenta en contra que “la pandemia, y en consecuencia la crisis sanitaria que nos ocupa, no es un supuesto de fuerza mayor o riesgo catastrófico, ni un suceso que no hubiera podido preverse o que fuera inevitable” por lo que entiende que la Administración debió actuar “según el principio de precaución, acorde con ese nuevo orden que evidenciaban las coordenadas expuestas”.

Concluye diciendo que “debió preverse la necesidad de disponer de abundantes EPI para los sanitarios con la finalidad de protegerles frente al riesgo de contagio por Covid-19, lo cual redundaría en la protección del resto de la ciudadanía”.

Además, la titular del Juzgado de lo Social reconoce que “los empleados y trabajadores sanitarios han estado desarrollando su trabajo, a pesar del grave e inminente riesgo para su vida y su salud por su exposición a la Covid-19, y ello, fundamentalmente, por la falta de medios de protección individuales adecuados, aun cuando podrían haber interrumpido y abandonado su actividad, pero gracias a su vocación de servicio a los demás, no sólo no han paralizado su trabajo, a pesar de las condiciones de protección precarias, sino que lo han desarrollado heroicamente”.


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Sociedad

Roma SI paga TRAIDORES: El sustituto de Pérez de los Cobos era el jefe de Aduanas de Barajas la noche de la llegada de la número 2 de la narcodictadura venezolana

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El teniente coronel David Blanes González, nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid en sustitución del cesado Diego Pérez de los Cobos, era el jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas la noche en la que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, aterrizó en suelo europeo para celebrar un encuentro con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Blanes llega a la jefatura de la Comandancia de la Guardia de Civil de Madrid tras la cesión de Diego Pérez de los Cobos por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras conocerse el informe de la Guardia Civil en el que se investigaba la manifestación feminista celebrada en Madrid el pasado 8 de marzo, cinco días antes de que Pedro Sánchez decretase el estado de alarma en todo el territorio por el impacto de la pandemia provocada por el coronavirus.

En las instalaciones del Aeropuerto de Madrid, la Guardia Civil y la Policía Nacional comparten autoridad. La zona de tránsito público está controlada por la Policía Nacional y la zona interior está bajo el control de la Guardia Civil: zona de seguridad, de maletas e incluso el espacio de las pistas.

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Unos 600 agentes de la Guardia Civil se encargan de su vigilancia y son ellos también los encargados de controlar lo que entra y sale de cada uno de los aviones para saber qué se introduce o se saca del territorio español.

El titular de Transportes, José Luis Ábalos, desveló el pasado 25 de enero que fue el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el que le dijo que fuera a Barajas a recibir a Delcy Rodíguez y que le dijera que «no bajara del avión» que había aterrizado en territorio español.

Este hecho fue una de las principales grandes polémicas del Gobierno Sánchez-Iglesias en sus primeras semanas de Gobierno. El PP y Vox presentaron a finales de enero varias denuncias en la Fiscalía General del Estado sobre este polémico encuentro con una de las personas de confianza del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, a pesar de que sobre Delcy Rodríguez está impuesta una prohibición de entrada y de tránsito en la Unión Europea.


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Redes sociales

Alvise la lía en Twitter con #CloacaGate: denuncia a Rubén Sánchez (Facua) e Ignacio Escolar para que acaben en la cárcel

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Alvise ha confirmado haber denunciado a Rubén Sánchez e Ignacio Escolar

Alvise Pérez, uno de los comunicadores más activos en las últimas semanas en Twitter, ha hecho temblar los cimientos de la izquierda denunciando a dos de sus principales defensores. El ex responsable de comunicación del diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, ha publicado un tuit confirmando haber presentado una denuncia contra Rubén Sánchez, portavoz de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) e Ignacio Escolar, director de ‘eldiario.es’.

Durante esta semana, Alvise Pérez había avisado de que lo que finalmente ha publicado este viernes por la noche, iba a ser lo más destacado en los 10 años que lleva en Twitter: “Llevo aquí 10 años y lo que publicó esta semana es, con diferencia, uno de los mayores actos de justicia visto en años De los mayores por las pruebas, por lo que judicialmente implica, por lo mediático, y por el tiempo que lleváis esperándolo Este viernes, gran golpe a la MAFIA”.

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En los últimos días, Alvise Pérez también ha venido denunciando la “extorsión”, “coacción” y “amenazas”, recibidas por parte de Rubén Sánchez. El propio analista político dejaba caer ante esta coacción que “hoy muchos” iban a aprender “que a mí no se me extorsiona, no se me coacciona y no se me amenaza”

Finalmente, tras una larga y tensa espera, Alvise Pérez ha publicado el tuit del ‘#CloacaGate’ confirmando que pide un total de 23 años de cárcel para diferentes implicados en el caso que ya está en manos de la Justicia.

Alvise Pérez ha confirmado que haber registrado en el Juzgado de Instrucción nº24 de Madrid una denuncia que incluye una petición total de hasta 23 años de cárcel y 9 años de cárcel para Rubén Sánchez, Ignacio Escolar, FACUA, la Subdirección General del Ministerio de Asuntos Económicos, eldiario.es y otra persona a la que llama “Safergonza”.

El conocido tuitero ha denunciado a Rubén Sánchez, portavoz de Facua, por delito contra el honor, revelación de secreto y acceso indebido, por el que podría ser condenado a una pena máxima de 10 años de prisión y a Ignacio Escolar, director de ‘eldiario.es’, por un delito contra el honor, por el que podría recibir una pena máxima de prisión de dos años y 24 meses de multa. En la denuncia, también incluye al Ministerio de Asuntos Económicos, dirigido por Nadia Calviño.

 

El analista Alvise Pérez responde así a las últimas informaciones publicadas por Rubén Sánchez, quien ha acusado a Alvise Pérez de “dejar al descubierto datos bancarios de usuarios” que compraron material contra el Gobierno de Pedro Sánchez en su página web ‘gobiernodimision.online’.

“El Reglamento General de Protección de Datos establece que el responsable del tratamiento debe notificar a la autoridad de control -la AEPD en España– la violación de seguridad de los datos personales a más tardar en 72 horas. También debe comunicar lo ocurrido a los usuarios afectados sin dilación indebida”, han denunciado desde FACUA.

 


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