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Sociedad

Pedro Sánchez y la PSOE dan por terminada la Libertad de Prensa en España

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Ley de Secretos oficiales: España será el único país de Europa donde no exista libertad de prensa.

La nueva Ley de Secretos Oficiales -Ley de Información Clasificada- que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende sacar adelante con el apoyo de sus socios parlamentarios extiende la potestad de ocultar documentos hasta en una veintena de cargos y recoge un severo régimen sancionador, con multas de hasta tres millones de euros para los casos «muy graves». En este contexto, cualquier ministro tendrá «potestad sancionadora» para imponer multas de hasta un millón de euros a quien revele información que previamente se haya clasificado como «confidencial».

Esa catalogación es extraordinariamente amplia, pues por «confidencial» se entiende aquella información cuya «revelación no autorizada o utilización indebida» de información que «pueda causar una amenaza o perjuicio leve para los intereses de España» en diferentes ámbitos, como «el efectivo desarrollo de las políticas del Estado o del funcionamiento del sector público», las «negociaciones políticas o comerciales de España con otros Estados», «los intereses económicos o industriales» o incluso el «funcionamiento de los servicios públicos». También se incluye un apartado que ha resultado polémico, como es «la prevención, detección e investigación de delitos». Además, esa posibilidad de ocultar la información se extiende a «cualquier otro ámbito» que, consideren estas autoridades, «pueda causar una amenaza o perjuicio leve para los intereses de España».

Multas

La revelación de la información «confidencial» está considerada una infracción «grave», también si se ha accedido a ella de manera «fortuita», y se castiga con multas de entre 50.001 a 1.000.000 de euros. Esa difusión está prohibida «en cualquier medio», lo que ha generado polémica por su posible intención censora de medios de comunicación y periodistas. Se penaliza igualmente «la falta de entrega a una autoridad o funcionario público de aquella información clasificada a la que se haya tenido acceso fortuito, sin necesidad de conocer, dentro de las 48 horas a contar desde el momento en que se haya accedido a dicha información», entre otros.

El anteproyecto -que puede sufrir cambios en el proceso parlamentario- regula el procedimiento sancionador, y establece que corresponderá iniciarlo a la correspondiente «autoridad de clasificación», que tendrá «potestad sancionadora».

La consideración de «autoridad de clasificación» es extensa, y abarca desde el propio presidente del Gobierno, a ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, el director del Centro Nacional de Inteligencia, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y del Ejército, el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, el Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, los Jefes de Misión Diplomática y de Oficinas Consulares, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, los delegados y subdelegados del Gobierno, el director del Departamento de Seguridad Nacional, el director general de la Policía y la Guardia Civil, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, así como «las autoridades autonómicas competentes en materia de policía, en aquellas comunidades autónomas que hayan asumido estatutariamente competencias para la creación de Cuerpos de Policía».

Censura

La ley ha sido especialmente criticada por las asociaciones de periodistas, que consideran que abre la puerta a la censura. El texto no contempla ninguna referencia expresa a los medios de comunicación o periodistas que publiquen información clasificada, amparados por el derecho a la libertad de expresión y a la información, amparados por la propia ConstituciónMoncloa asegura que la norma no está pensada para los medios, aunque según la aplicación estricta sí podrían ser sancionados. Sería un juez el que tendría que determinar si cabe o no una sanción.

Para poder acceder a los documentos se precisará de una «habilitación personal de seguridad», que otorga la llamada Autoridad Nacional de Información Clasificada, en manos de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. Para determinar las multas, el Gobierno establece varios criterios, como la relevancia de la información para la seguridad de España, el daño causado o la actitud del sancionado a la hora de colaborar con las autoridades.

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España

SIEMPRE LO HEMOS DICHO AQUÍ: Federico Trillo atribuye los atentados terroristas del 11M a comandos “enviados por Marruecos” y “bajo control de los servicios secretos franceses”

Redacción

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El exministro Federico Trillo ha atribuido este lunes los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid a comandos “enviados por Marruecos” y “bajo control y coordinación de los servicios secretos franceses”. Así lo ha apuntado en el acto de presentación de su libro ‘Memorias de anteayer’, en el Círculo Ecuestre de Barcelona, presentado por el exdiputado del PP Manuel Milián Mestre.

Trillo ha expuesto una teoría sobre la autoría de los atentados del 11M que se contrapone a la que sostuvo el Gobierno de José María Aznar y que atribuía responsabilidades a ETA.

“Tengo la absoluta convicción de que fueron los comandos ‘moritos’, enviados por Marruecos, bajo control y coordinación de los servicios secretos franceses. Esa es mi conclusión. Siento ser tan claro”, ha afirmado.

Según Trillo, “tanto la CIA como el MI6 coinciden en que detrás de los moros había un servicio de inteligencia continental”. Trillo ha destacado la “torpeza” con la que su Gobierno gestionó aquella crisis, una gestión que “fue no mala, lo siguiente”.

El Gobierno de Aznar, ha comentado, cometió el “error” de no reunir al gabinete de crisis, lo que en ese momento dejó fuera del núcleo que debía analizar las causas y consecuencias de los atentados a los vicepresidentes Rodrigo Rato y Javier Arenas y al ministro de Defensa, el propio Federico Trillo.

“José María se encerró el jueves y el viernes con el ministro portavoz, Eduardo Zaplana, y el ministro del Interior, Ángel Acebes, y no quiso de ninguna manera que estuviéramos Rodrigo Rato, el ministro de Defensa o el vicepresidente Javier Arenas”, ha señalado.

Fraga sugirió relevar a Rajoy como candidato

También ha explicado que el expresidente gallego Manuel Fraga Iribarne, meses después de la derrota del PP en las elecciones generales de 2004, sugirió reemplazar a Mariano Rajoy como candidato del PP a la Moncloa.

En julio de 2004, ha recordado, Rajoy le pidió que fuera a hablar con Fraga para intentar convencerlo de que renunciara a presentarse a la reelección como presidente de la Xunta de Galicia.

Trillo se reunió con Fraga, que no solo no transigió con la idea de ceder paso como candidato a la reelección, sino que le dijo a su interlocutor: “No tenemos candidato a la presidencia del Gobierno”.

“A mí me había mandado Rajoy, que acababa de perder las elecciones, pero eran sus primeras elecciones. No podía admitir semejante planteamiento”, ha razonado Trillo, que ha justificado la derrota electoral de marzo de 2004 por el impacto del 11M. Según Trillo, en ese momento Fraga le sugirió dos nombres que a su juicio podrían relevar a Rajoy: “Tú o Alberto Ruiz Gallardón”.

Llama a “quitarnos de encima al tirano de Sánchez”

Refiriéndose a la política actual, se ha mostrado muy crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en su opinión no está a la altura del expresidente socialista Felipe González.

“Felipe nunca llegó al nivel de inmoralidad al que está llegando en este momento Sánchez”, ha afirmado Trillo, que ha hecho un llamamiento a “sacar del poder de España a esta mafia que está acabando con la idea de España misma”.

Y ha planteado: “Si fuimos capaces de quitarnos de encima aquellas corruptelas de González, a pesar de ser el mejor gobernante socialista que hemos tenido, deberíamos ser capaces de quitarnos a este tirano de encima”.

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