Irene Montero abandona el Ministerio de Igualdad en la remodelación del Gobierno que ha llevado a cabo Pedro Sánchez. La impulsora de una de las leyes más polémicas de la legislatura, el sólo sí es sí, abandona el Ejecutivo, convirtiéndose en su sucesora la socialista Ana Redondo. Tras su salida del Consejo de Ministros, Irene Montero no cobrará una pensión vitalicia del Estado, pero sí tiene derecho a recibir una indemnización equivalente al 80% de su sueldo por un periodo igual a la duración de su mandato y hasta un máximo de dos años. Así lo recoge la ley de Presupuestos Generales del Estado de 1981 (art. 10, número 5, norma primera).
En concreto, en este apartado se recoge que «todas las personas que cesen en el ejercicio de dichos cargos a partir del 1 de enero de 1981 tendrán derecho a percibir, a partir del mes siguiente en que se produzca el cese, y durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, sin que puedan percibirse más de 24 mensualidades una pensión indemnizatoria mensual del 80% por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el Presupuesto en vigor durante el plazo indicado». Una indemnización que, recoge el mismo artículo, «es incompatible con las retribuciones que pudieran corresponderles, en caso de ser designados de nuevo para uno de los cargos de referencia».
Por tanto, teniendo en cuenta que el sueldo de Irene Montero como ministra de Igualdad era de 77.478,24 euros anuales, la cuantía que tiene que recibir es de 61.982,69 euros por año. Según la norma citada anteriormente, esta indemnización podrá cobrarse durante dos años, por lo que el total ascenderá a 123.965,18 euros. Una especie de sueldo que Irene Montero recibirá en cuotas mensuales.
Sí cabe recordar que esta compensación es incompatible con cualquier otra retribución que provenga de la actividad pública o privada, según recoge el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Asimismo, es incompatible con la percepción de la pensión de jubilación.
Ione Belarra, que también abandona el Gobierno en favor de Pablo Bustinduy -el nuevo ministro de Derechos Sociales-, no podrá cobrar esta indemnización porque ella sí sigue como diputada en el Congreso, por lo que ya va a cobrar una prestación pública.
Ángela Rodríguez Pam
Ángela Rodríguez Pam, número dos de Irene Montero, también recibirá una indemnización muy gorda al abandonar su cargo al frente de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.
Al igual que Ione Belarra e Irene Montero, tiene derecho a percibir un 80% de su sueldo durante dos años. En su caso, el salario es mucho más superior: de 123.694,36 euros. Por tanto, percibirá 98.955,488 euros cada año, que se traduce en un total de 197.910,976 euros.
En este caso, como en los anteriores, la indemnización «es incompatible con las retribuciones que pudieran corresponderles, en caso de ser designados de nuevo para uno de los cargos de referencia», así como con cualquier otra retribución que provenga del sector público o privado.
