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Sociedad

Plan de emergencia: el Ejército vuelve a las calles

Redacción

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Queja de las autonomías. Hace falta otro despliegue intenso de Policía y Guardia Civil para controlar los confinamientos selectivos y las cuarentenas

 

La Comunidad de Madrid vuelve a estar marcada como epicentro de la Covid. En los próximos días se lo juega a todo o nada, con los efectos multiplicadores del éxito o fracaso de sus medidas en la expansión del virus en las autonomías limítrofes por las intensas relaciones laborales, educativas o de atención médica que mantiene con ellas.

Fuentes del Gobierno madrileño confirmaron ayer a este diario que Madrid necesita rastreadores. Necesita Policía para controlar las zonas sometidas de nuevo a restricciones. Y necesita personal sanitario. La ayuda tiene que venir del Ejército, que tiene rastreadores, y de otras comunidades autónomas, aunque cueste reconocerlo desde el punto de vista político porque pueda interpretarse como una señal de mala gestión o debilidad interna.

«Estamos a tiempo si Sánchez pone todos los recursos; si no, vamos muy tarde». Esta reflexión, que sale de la Puerta del Sol, da la dimensión de la gravedad del problema al que se enfrenta el Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso, pero también el Gobierno de Pedro Sánchez porque Madrid es «un problema de Estado». Aunque durante medio año la política a su alrededor haya estado más pendiente de la confrontación partidista que de la urgencia de la pandemia.

Este fin de semana, en vísperas de que el lunes entren en marcha las nuevas limitaciones de movimientos y aforos, la alerta está en la falta de rastreadores, que se viene denunciando desde hace semanas. Las UCI públicas estaban ayer por encima del 90 por ciento. Y la atención primaria «estará desbordada la próxima semana». De la saturación al colapso es cuestión de unos diez días si no funcionan las medidas impuestas por la propagación exponencial de la enfermedad. Y la solución depende de que, al margen del confinamiento perimetral de los barrios con tasas de contagios más descontroladas, se aumente de verdad la capacidad de rastreo y de los transportes públicos, y se vuelvan a habilitar hoteles u otro tipo de locales para el aislamiento de los positivos.

Moncloa y el Gobierno de Madrid trabajan durante el fin de semana con el agua al cuello, y siendo conscientes de que, si fallan las medidas programadas, habrá poca alternativa a la de actuar por la vía del estado de alarma para imponer un confinamiento más severo porque las cifras son alarmantes y queda por delante todo el invierno, sin que haya empezado todavía la temporada de la gripe común. La política busca ganar tiempo por los efectos económicos de las restricciones, pero los expertos ya advierten de que las nuevas decisiones «llegan tarde» y serán «insuficientes» porque no servirán para doblegar la curva de crecimiento.

«Los datos señalan que Madrid es hoy la comunidad que está más cerca de la necesidad del estado de alarma», reflexiona un presidente autonómico del PP, pero, claro, en el análisis político no pasan por alto el factor de que, si el Gobierno madrileño lo pidiera, dejaría en evidencia el discurso nacional de Pablo Casado. La atención está puesta en Madrid, si bien las cifras del resto de autonomías siguen de manera alarmante al alza.

En las radiografías de Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León o País Vasco no hay ninguna razón para el optimismo, aunque el foco esté puesto en la capital por su relevancia estratégica en clave nacional y también porque es donde se libra la principal batalla política. Por cierto, los datos también revelan que la confrontación política en general, y la falta de lealtad entre las Administraciones, es letal para controlar la pandemia.

Pero la política no se detiene, y Moncloa y Génova conservan abiertas sus terminales. Así, la dirección nacional del PP siguió ayer apuntando con dureza contra Moncloa, en la misma línea que viene haciendo el Gobierno de Ayuso desde el mes de marzo. Horas antes de que Sánchez visite la sede del Gobierno regional, Génova descarga sobre él la competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad frente a la pandemia: «No es admisible la derivación de responsabilidad del Gobierno a las comunidades». También reprochan a Sánchez que haya tardado «seis meses en venir a interesarse por su responsabilidad a pesar de que Ayuso se lo lleva pidiendo diez conferencias de presidentes».

Génova está obligada a blindar su defensa al Gobierno de Ayuso porque es el espejo de Pablo Casado. Y desde la dirección nacional popular continúan actuando como caja de resonancia de las críticas más severas a la gestión del Gobierno socialista. A diferencia del tono más moderado de otras baronías del partido y en contraste con las tensiones dentro del Gobierno de coalición de Madrid, no sólo ya entre PP y Ciudadanos, sino también dentro de la parte de Gobierno popular y entre la Comunidad y el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez Almeida por «la falta de información» y por cómo se ha gestionado el control del virus.

Génova culpa a Sánchez de que haya lastrado la efectividad de las medidas por haberse negado a modificar la legislación, «como le llevamos pidiendo medio año», para poder limitar la movilidad de «forma eficaz sin volver a un confinamiento más ruinoso». También carga contra la delegación del Gobierno, y responsabilidad directamente al presidente del Gobierno de «no haber hecho nada frente a la segunda oleada» de la pandemia.

La reunión la «calientan», además, con la acusación a Moncloa de dirigir el foco mediático contra Madrid y no actuar de la misma manera con la crisis en Aragón y la Rioja, o con la incidencia real en Castilla-La Mancha. Y le afean su inacción en Barajas: «Pretenden decir que se ha tardado en confinar barrios mientras en el aeropuerto internacional de la capital entraban sin control millones de ciudadanos de toda España y del extranjero».

Con una situación sanitaria cada día más alarmante, las comunidades autónomas gobernadas por el PP tienen que gestionar aquel «no» de Pablo Casado a mantener la prórroga del estado de alarma y su veto a que se avance ahora por ese camino para frenar el descontrol del virus. «Es una trampa de Sánchez», según la dirección del partido.

El discurso del líder nacional popular ha chocado con la realidad de la Comunidad de Madrid y su posición es contraria a que sus Gobiernos autonómicos hagan uso de esa vía habilitada por el jefe del Ejecutivo. Por mal que se pongan las cosas, sería tanto como rectificarle en su posición nacional y la instrucción es mantener la exigencia de que se active la necesaria modificación de la legislación ordinaria para poder actuar «de manera más eficaz, sin trabas jurídicas», para avanzar en los confinamientos selectivos que todos los Gobiernos dan por hecho que tendrán que seguir produciéndose hasta que haya una vacuna.

En general, dejando a un lado las lecturas de partido, los hechos confirman que las comunidades han tenido, y siguen teniendo, un problema para garantizar, sin la ayuda de las Fuerzas de Seguridad del Estado, el orden público, las cuarentenas y los confinamientos restrictivos que exige la segunda oleada del virus.

Algunas de ellas advirtieron de este riesgo cuando se abrió el debate sobre la continuidad del estado de alarma y el verano ha confirmado el coste de no dar abasto con sus policías locales, así como los problemas de coordinación con la Policía y la Guardia Civil al no existir ya un mando único. Salvo aquellas que tienen policías autonómicas, este problema de coordinación y de falta de efectivos es una queja que se escucha en la mayoría de las sedes autonómicas, aunque no levanten la voz porque el debate político se ha construido sobre la regla de que aquel que pida ayuda será señalado como un Gobierno ineficaz.

El hilo de comunicación con las delegaciones del Gobierno también ha tenido fallos importantes y esto ha afectado a la lucha contra el virus, de la misma manera que la falta de rastreadores o la imprevisión en la movilización de otros medios materiales y humanos. «No hace falta llegar a la situación de la Comunidad de Madrid para que sea evidente que tenemos un problema de coordinación policial. Necesitamos más trasvase de información y más apoyo de los Cuerpos de Seguridad del Estado», admiten en Castilla-La Mancha.

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España

Condenado un excandidato de Más Madrid a 9 años de prisión por violar a una alumna que se suicidó

Redacción

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El que fuera número uno de la candidatura de Más Madrid-Verdes Equo en la localidad de Villanueva de la Cañada, Enrique Antonio Salazar, ha sido condenado por los delitos de agresión y abuso sexual continuado contra cuatro de sus alumnas cuando ejercía como docente de matemáticas en el Instituto de Educación Secundaria Sapere Aude de Villanueva del Pardillo, según avanza El Español.

La sección número 15 de la Audiencia Provincial de Madrid le ha impuesto un total de diez años y seis meses de cárcel, según el fallo al que ha tenido acceso este medio. De ellos, nueve años corresponden al delito continuado de agresión sexual con penetración sobre una adolescente que aún no había cumplido los dieciséis, mientras que un año y medio se asignan al abuso sexual reiterado contra otra alumna. Para las dos restantes, el tribunal optó por multas de catorce meses sin privación de libertad.

Todos estos episodios ocurrieron a lo largo del curso escolar 2019-2020. Uno de los casos más graves afectó a Minerva Nieto Palacios, quien años más tarde, con solo veintiún años, decidió quitarse la vida. La joven había denunciado a su profesor por violación cuando contaba quince años, pero el procedimiento judicial se vio marcado por constantes retrasos hasta que, el 13 de mayo pasado, se dictó la resolución definitiva.

Además, el ahora exdocente arrastraba antecedentes penales ya extinguidos por un abuso sexual previo contra una menor de trece años. La sentencia detalla una serie de conductas que comenzaron con una broma aparentemente inocente: el 3 de octubre de 2019, una estudiante colocó sobre su mesa una corona con mensajes de tono sexual elaborada entre compañeros. Salazar se rio y le comentó a la chica que, a partir de los dieciséis, podía relacionarse con varones adultos. Al acabar la clase, se acercó y le advirtió que, aunque no fuera legal, «dos besos sí te podré dar», plantándole dos ósculos que la menor describió como pausados y perturbadores.

Con otra alumna, los acercamientos fueron similares: tras un comentario sobre su mayoría de edad, también recibió besos. A partir de ahí se instauró un patrón de cercanía excesiva: guiños, besos lanzados por los pasillos y llamadas privadas al aula. En una ocasión, con las luces apagadas y las persianas bajadas, la sentó frente a él, le tomó las manos y la acarició mientras hablaba de un examen. En otro momento le susurró «¿qué hago contigo, con lo que yo te quiero?», la besó con lengua y la colocó sobre sus piernas, tocándole el torso y las nalgas por encima de la ropa.

El episodio más grave tuvo lugar el 13 de diciembre de 2019. Minerva acudió al aula durante el recreo acompañada de una compañera, que quedó esperando fuera. Una vez dentro, en un ambiente en penumbra, el profesor le agarró las manos y le mencionó dos conversaciones pendientes. La primera giraba en torno a los dibujos y frases cariñosas que ella dejaba en la pizarra; la segunda, sobre sus estudios. Cuando la chica insistió, él se aproximó y le confesó que deseaba besarla, procediendo a hacerlo con lengua. Luego la invitó a sentarse sobre su pierna derecha, con las suyas entre las de él, y comenzó a manosearle los pechos y glúteos por encima de la ropa mientras la besaba de nuevo.

Al sonar el timbre para volver a clase, le pidió silencio y la víctima notó que había cerrado la puerta con llave. Preocupada, Minerva regresó minutos después para preguntar qué ocurriría ahora. Salazar respondió «ahora lo vas a entender», la sujetó por la cintura, volvió a cerrar con llave y la llevó hasta la mesa. Le bajó el pantalón y la ropa interior, la tocó en la zona genital y, tras bajarse él mismo los pantalones, la penetró vaginalmente hasta que ella le pidió que parara.

Cinco días más tarde, el docente le envió un mensaje preguntando por su ausencia: «Hola. Me han dicho que llevas un par de días malita. Espero que te recuperes pronto. Otra cosa: cuando te reincorpores me gustaría hablar contigo. A ver si mañana jueves vienes a clase y podemos hablar. Hasta mañana».

Como consecuencia directa de la agresión, la joven desarrolló un trastorno adaptativo con ansiedad, depresión y rasgos de personalidad no especificados. Los recuerdos le resultaban tan insoportables que decidió cambiarse el nombre por Minerva. Además, tuvo que abandonar el centro educativo pese a que el profesor ya no trabajaba allí. Sufrió ocho ingresos psiquiátricos en 2020, algunos prolongados, y manifestó repetidamente a sus familiares que no podía seguir adelante. Finalmente, puso fin a su vida a principios de agosto de 2025.

Respecto a las otras dos estudiantes, los hechos incluyeron tocamientos en brazos, pelo y cara, comentarios sobre su aspecto físico («vas muy guapa maquillada» o «qué guapa eres»), abrazos por detrás y besos en la mano durante correcciones de ejercicios, siempre acompañados de frases como «este año nos vamos a llevar muy bien» o elogios por su rendimiento académico.

Salazar había sido colocado en primer lugar de la lista de Más Madrid para las elecciones municipales de 2023 en Villanueva de la Cañada, formación liderada por Mónica García. Para entonces, los abusos ya se habían producido. Además de las penas de prisión, el tribunal le ha impuesto trece años de inhabilitación absoluta para cualquier actividad que implique contacto habitual con menores, diecisiete años de libertad vigilada y la prohibición total de acercarse o comunicarse con las víctimas y sus familias.

Sorprendentemente, en la actualidad continúa entrenando baloncesto con otros menores. En el plano civil, deberá indemnizar con 50.000 euros a la familia de Minerva por daños morales, 5.000 euros a la segunda víctima y 2.000 euros a cada una de las otras dos.

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